Señor director:

Como  Asociación Nacional de Funcionarios/as del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, no podemos dejar de manifestar nuestra profunda preocupación frente a la propuesta de reducción de recursos contemplada en el proyecto de Ley de Presupuestos publicada por CIPER, la cual tiene un impacto directo en la vida de niños, niñas y adolescentes que han sido gravemente vulnerados en sus derechos.

Resulta difícil comprender que, mientras se sostiene públicamente que la infancia es una prioridad para el país, se impulsen recortes en programas tan relevantes como Cuidado Alternativo, Diagnóstico Clínico Especializado, Adopción y Apoyo al Recién Nacido. Más aún cuando varios de ellos cuentan con evaluaciones favorables y constituyen herramientas fundamentales para garantizar protección, reparación y restitución de derechos.

La reducción de recursos en Cuidado Alternativo es particularmente preocupante. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que han debido ser separados de sus familias por orden de los tribunales debido a graves vulneraciones. Son ellos quienes requieren una mayor presencia del Estado, no una señal de debilitamiento de los programas destinados a su protección. La niñez más vulnerable no puede quedar expuesta a decisiones presupuestarias que generen incertidumbre sobre la capacidad de respuesta del sistema.

Como trabajadores y trabajadoras del Servicio conocemos de primera fuente la complejidad de los casos, la sobrecarga de los equipos, los desafíos permanentes para garantizar intervenciones oportunas y la necesidad de seguir fortaleciendo la red de protección. Por ello, nos preocupa que se pretenda justificar estos recortes bajo conceptos de eficiencia o reasignación, cuando lo que está en juego son derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.

Valoramos toda iniciativa destinada a fortalecer la prevención, la reparación y el trabajo con las familias. Sin embargo, creemos que la construcción de un sistema de protección robusto exige complementariedad y fortalecimiento integral, no la reducción de programas esenciales para financiar otros igualmente necesarios. La protección de la infancia no debe enfrentarse entre prioridades, sino consolidarse como una política de Estado coherente y suficientemente financiada.

En el marco de esta discusión parlamentaria, ANFUSEPNA hace un llamado a las autoridades y al Congreso Nacional a revisar estas decisiones y a garantizar que el presupuesto de la Nación destinado a la niñez refleje verdaderamente el compromiso que el país declara tener con sus niños, niñas y adolescentes.

La forma en que un Estado distribuye sus recursos demuestra cuáles son sus prioridades reales. Si la protección de la niñez es una prioridad nacional, ello debe expresarse con hechos concretos y no con recortes a programas que atienden precisamente a quienes más necesitan del apoyo, la protección y el cuidado del Estado.