Este martes el ministro de Seguridad, Martín Arrau, lamentó el fallo del Juzgado de Garantía de Iquique que ordenó devolver a los cuatro cabecillas del llamado clan Chen a la cárcel de Alto Hospicio. Estos habían sido trasladados al penal de alta seguridad La Laguna en Talca, en el marco de la “Operación Cancerbero”, centro penitenciario con estándares de seguridad más altos.

Según Emol, el ministro señaló que Londi Chen, Wu Chen, Wen Chen y Ziliang Chen serán devueltos “a otros recintos penitenciarios, con otras normas de seguridad donde están en su espacio de confort”. Arrau aprovechó la decisión judicial para potenciar la propuesta de una reforma constitucional de seguridad. Dijo que ésta serviría para que “cuando haya personas condenadas por crimen organizado y terrorismo, tengan un régimen penitenciario especial donde el juez, si decide que esa persona pertenecía a este tipo de organizaciones, no tenga incidencia en qué recinto cumple su condena ni de qué forma”.

En agosto de este año las defensas de los imputados, que están formalizados por asociación ilícita y lavado de activos por US$ 180 millones, interpusieron un recurso para revertir su traslado argumentando razones de arraigo familiar, lo que fue aceptado por el tribunal, según explicó Mega, pese a un informe de reconsideración de Gendarmería.

Los ciudadanos chinos habían sido trasladados a La Laguna en el marco de la «Operación Cancerbero» (Créditos: Álex Beltrán / Agencia Uno)

La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso modificó el registro de la reunión de lobby entre el delegado Manuel Millones y los representantes del proyecto Alto Santorini, entre ellos, el arquitecto Víctor Quiroz, hermano del ministro de Hacienda. Esta reunión cobró relevancia luego de que CIPER publicara que un mes después de esa reunión, la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso, que era dirigida por Millones, aprobara el proyecto inmobiliario. Lo anterior a pesar de que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) había presentado observaciones sobre el riesgo de remoción de masa en la zona, ya que el proyecto se emplaza cerca de las dunas de Concón, lugar donde sucedió el socavón de 2023 (lee aquí el reportaje).

CIPER revisó el registro de lobby de la delegación presidencial y estaba declarada una reunión entre las partes en la que se había conversado sobre el proyecto. Sin embargo, este registro ahora fue modificado y se incluyó una nota indicando que el delegado Millones y Víctor Quiroz no habían participado en la reunión. Además, se eliminó la referencia al tema del encuentro, que en un principio señalaba que tenía relación con el proyecto Alto Santorini,.

La unidad de comunicaciones de la Delegación envió a CIPER una fotografía de un “pantallazo” de un documento que sería el acta de la reunión (lee aquí el artículo).

Manuel Millones, delegado presidencial de Valparaíso (Créditos: Óscar Guerra / Agencia Uno)

La Contraloría General de la República (CGR) detectó $796.440 millones en saldos contables de organismos públicos y municipios que permanecían sin movimiento entre 2020 y 2024, y que continuaban inactivos a marzo de este año. Según informó La Tercera, del total, casi $642 mil millones corresponden a organismos del sector público y $154 mil millones al sector municipal. La información fue obtenida desde el Sistema de Contabilidad General de la Nación (Sicogen), administrado por la CGR.

El ente fiscalizador advirtió que la existencia de estos saldos sin movimientos no constituyen una irregularidad en sí misma, pero que la permanencia prolongada sí puede generar riesgos para la gestión de los recursos públicos.

Más del 90% de estos saldos corresponde a cuentas por cobrar, por lo que no se trata necesariamente de dinero disponible. Según la Contraloría, la antigüedad de estas deudas aumenta el riesgo de prescripción o que sean incobrables, con perjuicio fiscal.

(Créditos: Sebastián Beltrán / Agencia Uno)

La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Los Ríos calificó favorablemente el proyecto “Nuevo Desarrollo Inmobiliario Bahía Coique” en la comuna de Futrono, según informó el Diario Financiero. La iniciativa, impulsada por la empresa Inmobiliaria Arenas Blancas de la familia Piñera Morel, busca construir viviendas de uso vacacional a orillas del Lago Ranco, con una inversión de US$40 millones.

El proyecto ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en febrero de 2025 y había estado detenido por observaciones a la gestión hídrica y por exigencias arqueológicas del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), al encontrarse en un sector de valor patrimonial. Debido a una serie de hallazgos durante la evaluación, el CMN había solicitado a la empresa una modificación en porcentaje de rescate arqueológico. Además, durante el proceso de participación ciudadana, 80 personas hicieron observaciones por el impacto al ecosistema del lago, el paisaje y la biodiversidad.

Con la aprobación del SEA y para comenzar con la construcción, la empresa deberá ahora gestionar los permisos de edificación con la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Futrono.

Imagen referencial (Créditos: Osvaldo Soto / Agencia Uno)