Desde el Ministerio de Hacienda se ha dirigido una política para acelerar permisos ambientales de proyectos de inversión. La estrategia, encargada por el ministro Jorge Quiroz, consiste en un sistema de monitoreo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y su posterior análisis en un Comité de Proyectos en el SEIA, compuesto por las subsecretarías de Economía, Interior, Medioambiente y Hacienda. La instancia no cuenta con actas públicas. Como resultado de esta política se aprobó el proyecto inmobiliario Alto Santorini, que se desarrollará a metros de las dunas de Concón, del que es socio Víctor Quiroz, hermano del ministro. La iniciativa fue aprobada a pesar de que el Sernageomin estimó que requería un estudio sobre el riesgo de “remoción en masa”.

Víctor Quiroz no solo es uno de los propietarios de la oficina de arquitectura que diseñó el proyecto inmobiliario Alto Santorini, iniciativa que contempla una inversión de US$43,6 millones (cerca de $40 mil millones al valor de cambio actual). Además, ha sido su lobista. Y no solo eso, porque también es uno de los dueños del proyecto. Según los registros del Diario Oficial, él integra una sociedad junto a su esposa e hijos que controla el 50% de otra sociedad que, a su vez, tiene en sus manos el 24% del proyecto Alto Santorini. Así, su familia aparece como propietaria de un 12% de la iniciativa.

Alto Santorini pretende levantarse en una zona aledaña a las dunas de Concón. En 2023, producto del socavón que afectó a un edificio ubicado en el sector de dunas en Reñaca, su proceso de evaluación fue suspendido y se reanudó en julio de 2024, cuando la empresa volvió a presentar más antecedentes ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Valparaíso. Pero, 11 instituciones plantearon observaciones a su Estudio de Impacto Ambiental. En el gobierno de Gabriel Boric, los representantes del proyecto solicitaron en dos oportunidades ampliar el plazo de respuesta a esos reparos. De esta forma, el aplazamiento se extendió hasta el 31 de marzo de este año, es decir, hasta 20 días después de que Jorge Quiroz, hermano de Víctor Quiroz, ya había asumido como ministro de Hacienda del nuevo gobierno. 

Con su hermano convertido en uno de los ministros más influyentes del nuevo gobierno, Víctor Quiroz siguió haciendo lobby por su proyecto -se reunió, por ejemplo, con el delegado presidencial de Valparaíso-, se reanudó la tramitación ambiental de la iniciativa y se entregaron las respuestas a las observaciones. Pero, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) no levantó sus reparos. 

En paralelo, el ministerio que dirige Jorge Quiroz puso en marcha un plan contra lo que el actual oficialismo llama “permisología”. Se trata de un mecanismo para destrabar proyectos de inversión que llevan un largo tiempo en evaluación ambiental. Uno de los proyectos beneficiados es el de su hermano, el que finalmente ya se aprobó. Esto, con la particularidad que el Sernageomin no ha levantado su reparo, pues esa entidad considera que Alto Santorini aún no entrega un estudio específico sobre el riesgo de “remociones en masa” en el terreno. No obstante, el SEA de Valparaíso aprobó el proyecto, tras considerar que “la geomorfología no es un objeto de protección en el [Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental] SEIA”.

CIPER intentó tomar contacto con Víctor Quiroz a través de los números telefónicos disponibles en el registro del proyecto inmobiliario en el SEIA y del mail de contacto de su estudio de arquitectos, además de haber dejado un mensaje con la secretaria de esa oficina, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.

Imagen referencial Proyecto Alto Santorini en Concón (Fuente: Estudio de Impacto Ambiental “Edificio Alto Santorini”, marzo 2020).

EL MECANISMO DEL MINISTRO QUIROZ

Si bien el “bencinazo” y los índices de empleo han ensombrecido el desempeño del gobierno en materia económica, en ese campo al menos sí ha podido poner en marcha uno de sus principales objetivos: destrabar proyectos de inversión detenidos por su tramitación ambiental. Según destacó el presidente José Antonio Kast en la cuenta pública, sólo desde el 11 de marzo hasta el 1 de junio “han ingresado más de 22.000 millones de dólares a la inversión en Chile”.

Estos números son resultado de un plan creado por encargo del ministro Jorge Quiroz, el que consiste en hacer seguimiento a los tiempos que toma cada etapa de la tramitación ambiental de las iniciativas, junto a la creación de un “Comité de Proyectos en el SEIA”, en el que se exponen los resultados de este análisis. Allí participan de forma permanente los ministerios de Medio Ambiente, Interior, Economía y Hacienda. Este último lidera la instancia, define los temas a tratar y las autoridades sectoriales invitadas. 

En enero de este año, el propio Jorge Quiroz adelantó, en una entrevista con El Mercurio, algunos detalles del plan que preparaba para el nuevo gobierno: «Estamos construyendo un programa de gestión para advertir a cada ministro, con semanas de anticipación, cuándo algún subordinado debe emitir un informe y lo obliga a hacerse responsable de esa respuesta. Hoy, si un proyecto se detuvo por una observación ridícula, nadie se hace responsable, nadie controla el sistema, que es muy complejo. Eso requiere de una coordinación estrecha, que se hará desde Hacienda”.

Para conocer cómo ha operado la fórmula descrita por Quiroz y sus resultados, CIPER buscó antecedentes públicos y oficiales acerca de su funcionamiento. Pero, no se encontraron informes generados por este sistema o actas de lo expuesto o decidido en el Comité de Proyectos en el SEIA. 

Los únicos antecedentes oficiales acerca del plan son dos publicaciones en la cuenta de “X” (ex Twitter) de la Subsecretaría de Hacienda con fotos de las sesiones del Comité de Proyectos en el SEIA, del 5 de junio y el 3 de julio. Y la mención que hizo en su primera cuenta pública el Presidente Kast, en que destacó que en los primeros meses de su gobierno se resolvió el 60% de la inversión que estaba a la espera de la resolución de un recurso de reclamación:

“Esto no ocurrió al azar, pusimos en marcha una plataforma de seguimiento, con actualización diaria, que llegaba a los distintos ministros y a un comité de subsecretarios que sesionan cada dos semanas, para empujar una tras otra los proyectos que estaban detenidos«, dijo el Presidente.

A esto, se suman tres reuniones de lobby que registra Tomás Bunster, coordinador de Regulación Económica y jefe de coordinadores del Ministerio de Hacienda -encargado de desarrollar el programa de seguimiento- con los titulares de tres de los 51 proyectos de inversión calificados como prioritarios por este gobierno (vea aquí ese decreto). El asesor se reunió con los titulares de los proyectos: Volta, Kimal Lo Aguirre y Maratué, antes de que sus reclamaciones ambientales fueran resueltas por el Comité de Ministros. 

Desde el equipo de comunicaciones de Hacienda explicaron que la estrategia corresponde a un “sistema interno de información que reúne antecedentes públicos y de libre acceso disponibles en el SEIA. Su finalidad es conocer el estado de tramitación de los proyectos de inversión y apoyar el cumplimiento de los plazos que la ley fija a cada organismo”. Agregaron que se trata de una herramienta de gestión referida a tiempos y etapas administrativas. Ante la consulta respecto de si hay registros de las recomendaciones o acuerdos del comité de subsecretarios, no hubo respuesta.  

El sistema, liderado por Hacienda, “no es un órgano creado por ley y no tiene competencias ambientales”, recalcaron desde el equipo de comunicaciones del Ministerio de Economía. Desde la unidad de prensa de la cartera de Interior, agregaron que la información con que se trabaja “es pública y de libre acceso” en el sistema electrónico del SEIA y que “resolver sobre cada proyecto corresponde a los organismos técnicos que la ley designa” (lea aquí las respuestas completas).

La idea de monitorear los tiempos de la tramitación de proyectos de inversión relevante no es nueva, en el gobierno del presidente Sebastián Piñera se creó una oficina de grandes proyectos a cargo del Ministerio de Economía, el que sí cuenta con competencias ambientales. Respecto a la diferencia de ese sistema con el suyo, el ministro Quiroz dijo en El Mercurio que esa política no funcionó porque: “Economía debe golpear puertas en otros ministerios. Hacienda también golpea puertas, pero cuando no lo escuchan toca el timbre”.

En el gobierno de Gabriel Boric se creó la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (N° 21.770), que también busca acelerar la tramitación de proyectos de inversión. Esta incluye -entre otras medidas- la creación de un Comité Económico, liderado por la subsecretaría de Hacienda, que integra a Economía e Interior. Pero, en su artículo N°4, excluye de su aplicación a los permisos y proyectos que están siendo evaluados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Michel Figueroa, director de Chile Transparente, se refirió a las características del plan de Quiroz y, particularmente, a que no existan registros públicos de las reuniones del comité de subsecretarios y de las medidas que allí se resuelven: “Desconocemos los criterios que están teniendo en cuenta y que están utilizando para priorizar uno por sobre otro. Y eso puede dejar la puerta abierta al tráfico de influencias, las influencias indebidas o incluso a que veamos situaciones de conflicto de intereses que no estén quedando registradas”.

Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (Créditos: Óscar Guerra / Agencia Uno)

EL PROYECTO DEL HERMANO DEL MINISTRO

El 8 de julio de este año, el SEA de Valparaíso declaró ambientalmente favorable el Estudio de Impacto Ambiental para Alto Santorini, proyecto que registra entre sus titulares al arquitecto Víctor Quiroz. La iniciativa pertenece a Inmobiliaria Lote 21 SpA, constituida en junio de 2015. Según el registro vigente de composición de sociedades del SII, los actuales dueños de la empresa son tres sociedades: Inmobiliaria Vimac Limitada (38% de la propiedad), Inmobiliaria VMC Limitada (38%) e Inversiones M y E Limitada (24%). Esta última, pertenece -en partes iguales- a PW Inversiones Limitada y a Almar Inversiones Limitada. Y los controladores de Almar Inversiones -según su último registro en el Diario Oficial- son Víctor Quiroz (con el 70%), además de su esposa y dos hijos (que se dividen el 30% restante). 

Además de su participación en Inmobiliaria Lote 21, Víctor Quiroz ha tenido otros roles respecto a la iniciativa: junto a su socio Raúl Puelma, aparecen a cargo de su diseño, a través de su estudio Quiroz y Puelma Arquitectos. Y, en los meses previos a la decisión favorable del SEA de Valparaíso, el empresario sostuvo una intensa agenda de lobby, registrando 10 audiencias con autoridades de esa región. El 8 de junio, un mes antes de la resolución, se reunió con Manuel Millones, delegado Presidencial de Valparaíso -que representa al gobierno central- y presidente de la Comisión de Evaluación que aprobó el proyecto.

A pesar de la extensión del plazo para que los titulares del proyecto respondieran las observaciones de entidades públicas -que se cumplió cuando ya había cambiado el gobierno-, el Sernageomin mantuvo una objeción. En 2024, ese servicio había manifestado que el terreno presentaba “un peligro de remociones en masa del tipo deslizamientos, derrumbes y desprendimientos”. Por ello, solicitó “presentar un estudio específico del peligro de remociones en masa”. Tras revisar la nueva respuesta de la inmobiliaria, el 28 de abril pasado, el Sernageomin consideró que nuevamente no fue “posible descartar fundamentalmente la generación de impactos significativos ni riesgos para la seguridad de la población, en particular aquellos asociados a procesos de remoción en masa” (vea aquí esa resolución).

La observación de Sernageomin no fue resuelta. Pero, el SEA determinó no considerar el pronunciamiento de ese servicio:  

“La Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental no incorpora el pronunciamiento, dado que la geomorfología no es un objeto de protección en el SEIA, toda vez que, no se incluye entre los componentes del artículo 11 de la Ley 19.300, así como tampoco entre los artículos 5 al 10 del Reglamento del SEIA. Es por ello, que no se identifican ni predicen impactos sobre este atributo, pues su alteración no constituye un efecto, característica o circunstancia que implique el ingreso de un proyecto como EIA. Las remociones en masa son un fenómeno natural que puede potenciarse por acción humana, pero cuyo gatillar recae en condiciones naturales (lluvias extremas, terremotos u otros) en sitios con características específicas de sus suelos y pendientes” (vea aquí el documento). 

Finalmente, el 8 de julio de este año, el SEA de Valparaíso declaró ambientalmente favorable el Estudio de Impacto Ambiental del edificio Alto Santorini. Aunque no consideró la observación del Sernageomin en la evaluación ambiental, sí la incorporó como una condición para la operación del proyecto, pero dentro de un “Plan de Prevención de Contingencias y Emergencias por remoción en masa”. Esto significa que, a la fecha, no se conocen los posibles riesgos de un socavón en el sector en que se emplazará el proyecto y el conocimiento de aquello dependerá del plan que presente la propia empresa.

Los eventuales conflictos de intereses del ministro Quiroz con los negocios de su hermano no se reducen al mecanismo que destrabó la evaluación ambiental de este proyecto. Según informó El Mostrador, el ministro ha participado en discusiones en torno a la Ley Miscelánea -que beneficia a empresas inmobiliarias con incentivos tributarios y mecanismos de aceleración de proyectos-, sin haber transparentado en su Declaración de Patrimonio que su hermano integra Quiroz y Puelma Arquitectos, uno de los estudios más grandes de Viña del Mar en esa área, firma vinculada a las obras de grandes constructoras e inmobiliarias. De hecho, se trata de una oficina que participó en el proyecto del edificio Kandinsky, estructura que alcanzó notoriedad cuando se vio afectada por el socavón de 2023.