Señor director:

En las bases programáticas presentadas ante el Servel por el entonces candidato José Antonio Kast, el deporte ocupó 92 palabras de un documento de 38 páginas. En ellas se propuso principalmente el plan “Chile en Movimiento”, junto con medidas destinadas a fomentar la actividad física, mantener escuelas abiertas a la comunidad y promover espacios recreativos. Sin embargo, resulta difícil encontrar allí una política deportiva integral que establezca objetivos, financiamiento, instrumentos, metas e indicadores que permitan proyectar su desarrollo más allá de iniciativas particulares.

Noventa y dos palabras no determinan por sí solas la importancia que un gobierno otorgará a un sector. Pero sí constituyen una señal cuando esa brevedad programática posteriormente se acompaña de decisiones que parecen carecer de una mirada estratégica sobre el deporte y su institucionalidad.

En abril escribí en este mismo espacio que “el deporte también se pierde o se gana en la oficina”. Entonces planteaba que el problema no radica en que deportistas lleguen a cargos públicos, sino en creer que una trayectoria deportiva puede reemplazar las competencias necesarias para conducir una institución del Estado. La experiencia dentro de una cancha, una pista o un centro de entrenamiento puede aportar conocimiento y legitimidad, pero administrar un ministerio exige además comprender el ciclo de las políticas públicas, el presupuesto, la institucionalidad y la capacidad de diseñar, implementar y evaluar programas.

La llegada de Natalia Duco al Ministerio del Deporte, después de que Francisca Crovetto declinara asumir el cargo, volvió a instalar precisamente esa discusión. Más allá de los errores y controversias que marcaron su gestión y posterior salida, el problema sería reducir el análisis exclusivamente a su figura. Duco es también expresión de una práctica más profunda y transversal; entender el Ministerio del Deporte como una cartera donde el reconocimiento obtenido como deportista pareciera constituir, por sí mismo, una credencial suficiente para conducir la política deportiva nacional.

No se trata de negar el aporte de quienes conocen el deporte desde la práctica. Se trata de distinguir experiencia deportiva de gestión deportiva. Son conocimientos que pueden complementarse, pero no reemplazarse.

Esta diferencia importa porque el deporte no comienza ni termina en el alto rendimiento. Existe en la multicancha de un barrio, en una organización comunitaria, en un club amateur, en el deporte escolar, en las asociaciones locales y también en quienes intentan desarrollar una carrera profesional. Allí el deporte construye redes, genera espacios de encuentro y puede convertirse en una herramienta de cohesión social. Por eso requiere algo más que programas aislados o figuras reconocibles encabezando una institución.

El problema, además, trasciende a este Gobierno. El Estado chileno mantiene una deuda con el deporte barrial, comunitario, social, amateur y profesional. Mientras cada administración vuelva a comenzar desde sus propias prioridades, sin construir una política deportiva capaz de sobrevivir a los ciclos electorales, seguiremos administrando programas antes que desarrollando una verdadera política de Estado.

Las 92 palabras del programa pueden parecer una anécdota. Sin embargo, adquieren otro significado cuando se observa la dificultad para construir una mirada de largo plazo sobre el sector. El desafío no consiste simplemente en encontrar a la próxima figura deportiva capaz de ocupar el Ministerio. Consiste en preguntarnos qué institucionalidad queremos, qué objetivos debe perseguir y qué capacidades necesitan quienes la conducen.

Porque, como señalé anteriormente, el deporte también se pierde o se gana en la oficina. Y mientras no comprendamos que detrás de cada cancha, club o deportista también debe existir una política pública bien diseñada, seguiremos esperando resultados deportivos sin construir las condiciones institucionales que permitan alcanzarlos.