Señor Director:

El deporte también se pierde o se gana en la oficina. En Chile se ha vuelto una práctica recurrente designar a ex deportistas en posiciones de liderazgo dentro del Ministerio del Deporte. Su experiencia en el alto rendimiento, las dificultades de financiamiento y su relación con el Estado aporta una mirada valiosa, directa y muchas veces necesaria para comprender las brechas del sistema deportivo.

Sin embargo, dirigir un ministerio exige competencias distintas. No basta con conocer la disciplina desde la experiencia personal. La conducción institucional requiere dominio de la gestión pública, comprensión del ciclo de las políticas públicas, manejo presupuestario, conocimiento de la institucionalidad estatal y capacidad para articular programas que respondan de manera efectiva a las necesidades del país.

El Ministerio del Deporte fue creado en 2013 mediante la Ley N.º 20.686. Desde su instalación ha contado con ocho ministros y ministras, configurando una alternancia entre figuras provenientes de trayectorias políticas convencionales y representantes directamente ligados al deporte. Esta combinación ha mantenido abierto un debate de fondo sobre el carácter del cargo y su componente simbólico, en ocasiones por sobre su dimensión técnica y de gestión.

El problema no radica en la presencia de deportistas en cargos públicos. El problema aparece cuando la experiencia deportiva reemplaza, en lugar de complementar, las capacidades de gestión que el Estado requiere. La política pública no se sostiene solo en trayectorias personales, sino en capacidades institucionales que permitan diseñar, implementar y evaluar intervenciones con impacto real y sostenido.

Este punto se vuelve especialmente crítico al observar el contexto presupuestario. Para 2026, el presupuesto del Ministerio del Deporte alcanza $191.442.202 miles de pesos, equivalente a cerca del 0,2 por ciento del presupuesto nacional. A ello se suma una disminución real proyectada de 4,8 por ciento respecto de 2025, sin considerar la reducción adicional del 3 por ciento solicitada por Hacienda. Este escenario exige decisiones técnicas, priorización eficiente del gasto y una lectura estratégica del sistema. Aquí la experiencia en políticas públicas no es un valor accesorio, sino una condición mínima para conducir el sector.

Chile cuenta con profesionales y técnicos que han desarrollado su trayectoria en la gestión del deporte desde el Estado, con conocimiento profundo de sus prioridades, brechas territoriales y desafíos estructurales. Sin embargo, su participación en los niveles de decisión sigue siendo limitada frente a criterios que privilegian visibilidad pública por sobre capacidad técnica, debilitando la continuidad de políticas y la construcción de una mirada estratégica de largo plazo.

Se requiere avanzar hacia una lógica de Estado que trascienda los ciclos políticos y las designaciones de corto plazo, con políticas públicas que no se limiten al alto rendimiento, sino que integren el deporte como un componente central en las condiciones materiales de vida de la población, en salud, cohesión social y seguridad. Esto implica comprender el deporte no solo como competencia, sino como un espacio de disputa y desarrollo social que incide directamente en cómo la población vive, se organiza y sostiene sus condiciones de existencia. 

El desafío es claro. Equilibrar legitimidad sectorial con competencia profesional. Abrir espacios a ex deportistas que cuenten, o estén dispuestos a adquirir, herramientas de gestión pública, y al mismo tiempo integrar a especialistas en políticas públicas vinculadas al deporte que han sostenido el funcionamiento institucional durante años.

No se trata de excluir, sino de exigir idoneidad. Porque el desarrollo deportivo no solo se define en la práctica, sino también en la calidad de las decisiones que se toman desde el Estado.