El Presidente José Antonio Kast lideró este jueves una inédita reunión con los tres poderes del Estado, la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio Público para abordar el caso de los niños haitianos que se conoció tras un preinforme de la CGR dando cuenta de un eventual tráfico de menores. Ya hay una investigación abierta en fiscalía.

En La Moneda se sentaron en la misma mesa las presidentas de la Corte Suprema, Gloria Chevesich; y del Senado, Paulina Núñez; el primer vicepresidente de la Cámara, Felipe Camaño; el fiscal nacional, Ángel Valencia; el subcontralor, Víctor Merino; y los ministros Fernando Barros, Fernando Rabat, Francisco Pérez Mackenna, Martín Arrau, Claudio Alvarado y María Jesús Wulf, entre otras autoridades.

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, quien estará a cargo de coordinar las acciones del Ejecutivo, señaló que «se ha creado una fuerza de tarea para agilizar la búsqueda de información. Como Gobierno, para nosotros lo central es encontrar respuestas con urgencia y proteger a los niños y adolescentes que pudiesen haber sido objeto de vulneración».

Kast encabezó la reunión en La Moneda (Créditos: Prensa Presidencia)

La diputada republicana Macarena Santelices sufrió un revés ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que rechazó el reclamo que presentó contra la decisión del Servicio Electoral (Servel) de invalidar la totalidad de los gastos de su campaña al Gobierno Regional de 2024. El caso se originó por una factura de $160 millones emitida por la agencia The 975 SpA, vinculada a Felipe Costabal («El Yeti»), que fue presentada para reembolso electoral y anulada mediante una nota de crédito al día siguiente de la elección. Posteriormente, cuando Santelices recurrió al Tricel, la factura volvió a quedar vigente. El tribunal estimó que esta conducta “conspira contra la transparencia del gasto, impidiendo la labor fiscalizadora del órgano de control y, en consecuencia, a que el Servicio Electoral pueda, en el ejercicio de sus funciones, verificar dicho gasto dentro de los plazos”.

Además de la factura de The 975, el Tricel respaldó el rechazo de otras tres. Dos de ellas correspondían a servicios prestados por el estudio Abogados Montalva Limitada por labores asociadas a la administración electoral, funciones que la normativa reserva exclusivamente a personas naturales y no a sociedades. El tribunal concluyó que los servicios descritos coincidían con tareas propias e indelegables del administrador electoral. También se rechazó una factura de Prisa Media por propaganda electoral debido a que carecía de la firma del administrador de campaña. Con estos antecedentes, el Tricel ratificó íntegramente la resolución del Servel que negó el reembolso de los gastos de campaña de Santelices. Como el monto objetado superó el 20% de la rendición total —alcanzando un 38,16%—, la ley obliga a rechazar toda la cuenta electoral.

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Macarena Santelices, excandidata a gobernadora metropolitana (Créditos: Francisco Castillo / Agencia Uno)

La ministra en visita para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, condenó a los exintegrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Pedro Espinoza, José Zara y Raúl Iturriaga a 15 años de presidio como autores del homicidio calificado de Ronni Moffitt. Moffitt murió el 21 de septiembre de 1976 en un atentado con bomba en Washington D.C. en el que también falleció el excanciller del gobierno de Salvador Allende, Orlando Letelier.

La sentencia atribuye responsabilidad a la DINA, bajo la conducción de Manuel Contreras, en una serie de atentados cometidos fuera de Chile, entre ellos los perpetrados contra Bernardo Leighton en Roma (1975) y Carlos Prats en Buenos Aires (1974). Espinoza y Zara acumulan más de 100 condenas por violaciones a los derechos humanos.

El brigadier Pedro Espinoza (al fondo) en una imagen de archivo en Punta Peuco (Créditos: Rodrigo Sáenz / Agencia Uno)

Una encuesta realizada por Ipsos y la Fundación Iguales reveló que el 58% de los ciudadanos apoya una legislación que sancione los discursos de odio por orientación o identidad de género, y un 52% se manifiesta en contra de que se eliminen o restrinjan leyes que reconocen los derechos de las personas LGBTIQ+. El sondeo se realizó a mil personas en el marco del Mes del Orgullo de la Diversidad Sexual.

El estudio también mostró que un 31% considera que los discursos de odio han aumentado en redes sociales, lo que representa un alza de nueve puntos porcentuales respecto de mayo de 2025. Además, un 43% no cree que el actual gobierno esté haciendo lo suficiente para proteger los derechos de estas minorías.

Imagen referencial (Créditos: Diego Martin / Agencia Uno)