La llamada “Ley Longueira” -cuestionada por su origen marcado por cohecho y financiamiento político ilegal- debía ser reemplazada por el proyecto de nueva Ley de Pesca. Pero esta última iniciativa fue frenada a días de iniciado el gobierno de José Antonio Kast. A pesar de que pasó dos años de tramitación en el Congreso, el proyecto fue retirado y la Subsecretaría de Pesca argumentó que sería sometido a estudio. Consultados por CIPER, diputados y senadores oficialistas, junto a asociaciones empresariales del rubro, apoyaron el retiro, argumentando que la iniciativa generaba incertezas jurídicas para las pesqueras industriales. En tanto, parlamentarios de oposición y pescadores artesanales acusan que la paralización encubriría la intención de dar continuidad a los principales ejes de la “Ley Longueira”: que las licencias para las grandes empresas sigan siendo “renovables” y asegurar cuotas de pesca mayores para los industriales.

Créditos imagen de portada: Maribel Fornerod / Agencia Uno.

A dos semanas de iniciado el gobierno de José Antonio Kast, el pasado 26 de marzo, la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) anunció el retiro del proyecto de la nueva ley para ese sector productivo. Tras dos años de discusión en el Congreso, la iniciativa que pretendía entregar una mayor equidad entre la pesca artesanal e industrial frenó su tramitación. El proyecto había iniciado su camino legislativo en enero de 2024 con el objetivo principal de reemplazar la norma que hasta hoy regula al rubro, conocida como “Ley Longueira”, la que es cuestionada por su origen marcado por cohecho y financiamiento político ilegal. El caso Corpesca, que terminó con un senador, una diputada y el gerente de esa pesquera condenados, inició una cascada de antecedentes que revelaron cómo empresas y asociaciones gremiales de la pesca industrial financiaron a políticos que después legislaron a favor de ese mismo sector.

La norma vigente quedó desacreditada después de que la justicia investigó el financiamiento que gremios como la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) y la Federación de Industriales Pesqueros del Sur Austral (Fipes) proporcionaron a parlamentarios. Incluso, se detectó que el subsecretario de Pesca en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, el exdiputado Raúl Súnico (PS), mantuvo relaciones de este tipo: su cónyuge hizo boletas de honorarios para la Asipes, por una suma total de $33 millones, antes de que el asumiera ese cargo (vea el especial de CIPER sobre este tema).

CIPER consultó a la Subpesca sobre esta decisión de retirar el proyecto de ley impulsado durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric. Mediante un comunicado, el subsecretario Osvaldo Urrutia señaló que la prioridad es construir acuerdos amplios con todos los sectores pesqueros, ya que así, “se evitan improvisaciones que generen incertidumbre o afecten la competitividad de una actividad estratégica para Chile”. La posición de Urrutia es concordante con la de parlamentarios oficialistas y asociaciones pesqueras industriales que apoyaron el retiro del proyecto, bajo el argumento de que generaba incertezas jurídicas para las grandes empresas del rubro.

En tanto, parlamentarios de oposición y el gremio de los pescadores artesanales acusan que, al pausar la tramitación de la iniciativa, se buscaría dar continuidad a los dos aspectos cruciales de la cuestionada “Ley Longueira”: extender las actuales concesiones a las grandes pesqueras más allá de 2032 y asegurar cuotas de pesca mayores para los industriales.  

Créditos: Maribel Fornerod / Agencia Uno.

LA DISPUTA POR LA EXTENSIÓN DE LAS LICENCIAS

La “Ley Longueira”, que sigue vigente, le entregó licencias transables de pesca (LTP) de tipo A a empresas industriales, con una duración de 20 años, plazo que se cumple en 2032, pero con la particularidad de que son “renovables”, condición que se pierde sólo si la empresa es sancionada por incumplimientos laborales o por infracciones en su desempeño técnico (como, por ejemplo, realizar un desembarque superior al autorizado). Esto implica que el permiso puede ser, prácticamente, a perpetuidad. Y este tratamiento especial se justificaría porque se trata de empresas que argumentan tener un “derecho histórico” y que ya han hecho una gran inversión.

Las LTP las entrega la Subpesca y consisten en un permiso administrativo que concede a una empresa un derecho exclusivo para extraer una cuota de un determinado recurso marino. También hay LTP de tipo B, que se entregan a través de una subasta, donde puede competir la pesca artesanal.

El proyecto de ley que fue retirado por el gobierno introducía una modificación que ha sido resistida por las principales pesqueras industriales y por los parlamentarios de zonas donde ellas están asentadas. La iniciativa propone que las autorizaciones se concedan por 10 años y que las LTP clase A se otorguen solo por una cuota proporcional a los desembarques que efectivamente hagan las empresas. Esto, porque hoy los industriales que tiene LTA-A pueden “subarrendar” parte de su cuota a otras empresas. Pero, con el modelo propuesto y ahora paralizado, sólo podrían tener licencia por la cantidad que ellos desembarcan directamente, sin participación de terceros. Esto iría dejando libres nuevas fracciones de cuotas, las que se sumarían a las subastas de LTP-B. Y así, los derechos renovables o a “perpetuidad” irían dando paso a un sistema más competitivo en el que la pesca artesanal podría participar en condiciones más parejas.

CIPER revisó el documento en que la Subpesca argumentó sus motivos para retirar el proyecto. De los nueve puntos de ese texto, dos contienen reparos a las licencias transables de pesca (vea el documento de la Subpesca aquí).

​Congreso Nacional (Crédito: Archivo CIPER)

El documento de la Subpesca que justifica el retiro del proyecto de ley, indica que este pretendía reducir sustantivamente la participación de las empresas que mantienen licencias LTP-A. Esto, a juicio de la actual subsecretaría, constituye una “alta disrupción para titulares históricos” de licencias, lo que implicaría una “disminución del grado de certeza para invertir”. Algunas de las empresas que tienen licencias del tipo A son Corpesca y pesqueras que integran la gremial Pescadores Industriales del Bío Bío (ex Asipes), las que han sido investigadas por la justicia por financiamiento político ilegal.

“Los actuales titulares de las LTPA [licencias clase A] enfrentan una reducción significativa de su participación, lo que puede traducirse en menores ingresos, ajustes operativos, reconfiguración de sus estrategias productivas o incluso en el cierre de algunas plantas de proceso”, señala el documento de la Subpesca, siguiendo la misma argumentación de las empresas que reclaman contra la norma propuesta en el proyecto y de parlamentarios oficialistas.

En cuanto a las LTP-B, el proyecto proponía que uno de los criterios para adjudicarlas fueran las condiciones laborales ofrecidas por las empresas postulantes. Si se concreta, obligaría a estas pesqueras a mejorar la calidad del empleo. Sobre este punto, el documento de la Subpesca consideró que hubo “falta de detalle en criterios de adjudicación: el texto menciona criterios laborales, pero no especifica su ponderación ni metodología de aplicación”.

Por último, la Subpesca cuestionó que el Fondo de la Pesca Artesanal, una plataforma de protección social para apoyar a los pescadores en situación de informalidad laboral y permitirles contar con el pago de sus cotizaciones, fuera financiado “a costa del sector industrial”.

La cuestionada ley que rige actualmente entregó licencias y la mayor cantidad de cuotas de pesca al sector industrial. Sin embargo, las cuotas fueron modificadas con la Ley de Fraccionamiento que entró en vigencia a inicios de este año, impulsada por el gobierno de Gabriel Boric, redistribuyendo parte de las cuotas de captura hacia la pesca artesanal. La nueva normativa generó que las empresas Blumar, Friosur, Landes y Foodcorp demandaran al Estado por el recorte de sus cuotas de pesca, acusando expropiación. En respuesta al recurso, el pasado 22 de abril el Consejo de Defensa del Estado (CDE), señaló que “Blumar quiere apropiarse (despojando al poder legislativo) de la distribución legislativa entre pesca industrial y pesca artesanal para acrecentar su participación en el mercado” (vea esa repuesta).

LA POSICIÓN DE LOS PARLAMENTARIOS

A raíz del retiro del proyecto de ley, tras dos años de debate en el Congreso, CIPER consultó a seis parlamentarios que conforman o que han conformado las comisiones de Pesca y también contactó a nueve asociaciones de pesca sobre qué es lo que a su juicio se debería modificar. De las asociaciones, solo dos respondieron las consultas. 

Desde Pescadores Industriales del Biobío (ex Asipes), señalaron que: “Vemos la posibilidad de retomar un diálogo que se había tensionado y politizado en exceso, perdiendo completamente su foco técnico (…). La actividad requiere estabilidad y reglas claras para investigar, invertir, innovar y generar empleo, evitando nuevos ciclos políticos que paralicen decisiones estratégicas«. 

En tanto, el presidente de los industriales y armadores pesqueros de la Región de Coquimbo, Osciel Velásquez, se refirió al vencimiento de las concesiones de las licencias transables de pesca en 2032. Sobre estas licencias, señaló que “obedecen a derechos históricos. La industria o algunos empresarios han apostado por este negocio, han invertido en esto. Aquí lo importante es una carretera que te dé certeza, digamos, para poder moverse. Es fundamental tener la película clara en todos los sectores. Entonces, los derechos históricos son importantes, tanto para la pesca industrial como la pesca artesanal”.

En la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) señalaron que no darían declaraciones. Asimismo, se mandaron consultas vía correo electrónico al Presidente de FIPES, Carlos Vial, pero no hubo respuesta. En la Asociación de Armadores e Industriales Pesqueros de la Tercera y Cuarta Regiones (Asipac), indicaron que no harían declaraciones. Además, se consultó vía correo a la Asociación de Mitilicultores de Chile (AmiChile), a la Asociación Gremial de Industriales Pesqueros de la X y XI Regiones (Agipesca), a la Asociación Gremial de Operadores de Bacalao de Profundidad de Magallanes (Aobac) y a la Asociación Gremial de Palangreros de Alta Mar, pero hasta el cierre de este artículo no se recibieron respuestas de estas entidades. 

Fuente: Subsecretaría de Pesca.

CAMBIAR NORMAS QUE AFECTAN INVERSIÓN

Tras el retiro del proyecto, la Comisión de Pesca del Senado ha sesionado siete veces y su similar de la Cámara Baja en la misma cantidad de ocasiones. En estas instancias se han discutido las razones del retiro y los futuros proyectos e iniciativas para modificar la “Ley Longueira”. CIPER contactó a diputados y senadores de estas comisiones, para conocer sus puntos de vista sobre lo que debería incluir la nueva norma. 

Entre los parlamentarios oficialistas, el senador y presidente de la Comisión de Pesca del Senado, Carlos Kuschel (RN), indicó que un aspecto que se debía legislar era la acuicultura y cambiar las normas existentes que, a su juicio, son prohibitivas y no permiten la inversión. Según el senador, esto se debe a la burocracia para obtener permisos para las salmoneras y otras empresas que quieren invertir: “Cumpliendo ciertos requisitos, cualquiera debiera tener licencia, si usted quiere ser salmonera. Está totalmente cerrado para otros empresarios”, indicó el senador.

En cuanto a las licencias de pesca y el límite hasta 2032, agregó: “Soy partidario de generar certeza y regularidad para que las cosas permanezcan, que no se cambien a cada rato. Que las cosas de pesca se traten por pesca y no por medio ambiente”. 

Por su parte, Sergio Bobadilla (UDI), ex presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara Baja, explicó: “Lo fundamental es que el estado de derecho se tiene que respetar y se tienen que generar proyectos o iniciativas que den certeza jurídica”. En esta misma línea criticó la Ley de Fraccionamiento y sostuvo la tesis de que los cambios en las cuotas de pesca constituyen una expropiación: “Deben respetar las reglas del juego (…). Es un proyecto que expropió gran parte de derechos adquiridos por parte de muchas empresas de la industria pesquera”. Bobadilla ha sido cuestionado porque su consultora -Bobadilla & Crovetto- y también su exadministrador electoral, Rodrigo Chandía, recibieron pagos de pesqueras (vea ese reportaje aquí). 

En 2024, durante la tramitación del proyecto de Ley de Pesca, Bobadilla presentó 211 indicaciones copiadas textuales de un informe de la gremial empresarial Sonapesca (vea aquí). Su asesora legislativa hasta el año pasado, Antonella León, actualmente es asesora de gabinete de la Subsecretaría de Pesca.

En el Partido Republicano, el diputado Diego Vergara señaló estar de acuerdo con el retiro de la ley y no reformar por completo, lo que podría causar incertidumbre. En el caso de la pesca artesanal, agregó que se debía apoyar: “Pero a los chicos, a los que lo necesitan, y no para que saquen más pescado, porque nuestras pesquerías están en un estado delicado, sino para que puedan agregar más valor a lo que venden”. 

Desde la oposición, el senador Fidel Espinoza (PS) criticó el retiro del proyecto del gobierno anterior, calificándolo como inoficioso. “Lo están dilatando para que continúe la ley de Longueira y eso, lamentablemente, es un hecho que va a generar una polémica”.

Mediante redes sociales, el diputado Jorge Brito, quien fue parte de la comisión de Pesca durante la tramitación del proyecto retirado, señaló: “Vuelve la corrupta Ley Longueira nacida de los sobornos y el cohecho. Dos años de trabajo junto a las caletas de todo Chile que Kast está tirando a la basura” (vea esa declaración aquí).

El diputado y actual presidente de la comisión de Pesca, Alejandro Bernales (PL), comentó que existen molestias por el retiro, debido a que mantiene vigente la ley actual: “Ya ha generado ruido en muchos parlamentarios, porque es una ley que tiene efectivamente una carga muy negativa”. 

LEY DE FRACCIONAMIENTO

CIPER consultó con la Subpesca si va a proponer algún cambio a la Ley de Fraccionamiento: “Nuestra misión es aplicarla y ver cómo solucionamos dificultades propias para su implementación, proceso en el cual ya estamos trabajando en conjunto con todos los actores del sector”, aseguró por escrito el subsecretario . Sin embargo, el presidente del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), Hernán Cortés, indicó a CIPER que hay incertidumbre sobre si la actual administración hará o no modificaciones a las cuotas de pesca.

“Hay desconfianza total en lo que diga el gobierno, porque dice una cosa y hace otra. (…) yo del gobierno, no creo nada. O sea, si ellos me dicen que no van a tocar el fraccionamiento, puede ser un buen discurso para la galería, pero en cualquier minuto pueden venir por él”, explicó Cortés. Además, señaló que el retiro del proyecto de Ley de Pesca es un gran retroceso y que viene a favorecer a las grandes empresas: “El gobierno actual lo que viene a hacer es a cumplir un mandato de la industria pesquera, que es brindarles los derechos y los beneficios que obtuvo de mala forma a través de una ley corrupta como la Ley Longueira”.

Pablo Longueira, exministro de Economía del gobierno de Sebastián Piñera (Créditos: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno)

UNA LEY OPACADA POR LA CORRUPCIÓN

La Ley 20.657 es llamada “Ley Longueira” debido a que fue impulsada por el entonces ministro de Economía, Pablo Longueira. Fue promulgada en 2013 y ese mismo año comenzaron a aparecer las informaciones que demostraron que en su tramitación legislativa participaron parlamentarios que recibían pagos de empresas pesqueras. 

El primer caso fue el de Corpesca: en mayo de 2013 CIPER reveló que un asesor de la entonces diputada Marta Isasi reconoció haber recibido $25 millones de esa pesquera del Grupo Angelini, destinados a la parlamentaria. En ese artículo de CIPER, el gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, reconoció los pagos. En julio de 2012, en la sesión que aprobó las modificaciones a la Ley de Pesca, la diputada Isasi había apoyado de manera explícita todos los articulados que favorecían a la explotación industrial sin revelar su relación con Corpesca (vea ese reportaje de CIPER). 

Dos años después, en 2015, el entonces senador Jaime Orpis (UDI) apareció en el caso. Fue cuando su asesora Carolina Gazitúa admitió frente a los fiscales: “[Orpis] me cuenta que tuvo una reunión con un amigo de él, que era Francisco Mujica, gerente de Corpesca, y que ellos se habían ofrecido a pagarle una deuda de la campaña en que había sido reelecto senador (…) Me pregunta si tengo problemas en renunciar a ser su asesora del Senado y empezar a extender boletas para Corpesca. Yo le pregunté si eso me iba a traer algún problema y él me dijo que no” (vea ese reportaje aquí). 

En 2021 Orpis fue condenado por fraude al fisco y cohecho. En mayo de 2023 la Corte de Apelaciones de Santiago le dio la libertad condicional. La exdiputada Marta Isasi, en tanto, fue condenada por cohecho y el exgerente de Corpesca. Francisco Mujica, por soborno. La empresa pesquera, además, fue obligada a pagar una multa de 10 mil UTM (unos $515 millones a esa fecha).

Tras el caso Corpesca, la indagatoria judicial se amplió a gran parte de la industria pesquera. Se supo que la entonces senadora Jacqueline Van Rysselberghe (UDI) era pauteada por la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) cuando ella presidía la Comisión de Pesca en 2014 (vea ese reportaje aquí).

También se registraron vínculos entre parlamentarios y la Federación de Industriales Pesqueros del Sur Austral (Fipes). En julio de 2016 se revelaron los pagos de esta federación al exdirigente de los pescadores artesanales y entonces candidato a diputado, Iván Fuentes, por petición del exsenador Patricio Walker (DC) (vea ese caso aquí). También se informó que Fuentes hizo lobby para incluir en la Ley de Pesca una norma que benefició a empresas que lo financiaron. Pero, la fiscalía cerró esa investigación en 2017 por falta de antecedentes. Además, la Corte Suprema determinó sobreseer a Walker. Sobre ese fallo, destacó el voto de minoría de los magistrados Milton Juica y Jorge Dahm, quienes estimaron que ese dictamen daba pie a la “impunidad” (revise ese caso aquí).