Tras décadas de operaciones encubiertas, el director de la CIA ha lanzado a los cubanos un ultimátum abierto para que se produzcan cambios radicales en la isla, mientras el gobierno de Donald Trump planifica un inminente ataque.

Imagen de portada: John Ratcliffe, a la izquierda, en La Habana con las autoridades locales (CIA). 

El 14 de mayo, un avión Boeing C-40B Clipper de la Fuerza Aérea, con la inscripción «Estados Unidos de América» en el fuselaje, aterrizó en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Transportaba a una delegación de alto nivel de funcionarios de la CIA, encabezada por el director de la agencia, John Ratcliffe. Ratcliffe y su equipo se reunieron poco después con los dirigentes de la comunidad de inteligencia cubana, así como con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, quien desde febrero ha estado manteniendo conversaciones extraoficiales con la oficina del secretario de Estado, Marco Rubio. 

No se trataba de una reunión clandestina. La CIA publicó rápidamente fotos de la cita en X. Y tanto los cubanos como la CIA han emitido comunicados. Las conversaciones, según el Gobierno cubano, tuvieron lugar «en el contexto de unas relaciones bilaterales complejas… para contribuir a un diálogo político entre ambas naciones». Funcionarios de la CIA afirmaron que la misión de Ratcliffe era «transmitir personalmente el mensaje del presidente Donald Trump de que Estados Unidos está dispuesto a comprometerse seriamente en cuestiones económicas y de seguridad, pero solo si Cuba realiza cambios fundamentales».

La CIA cuenta con un largo historial de intentos encubiertos de cambio de régimen en Cuba: la Bahía de Cochinos, la Operación Mangosta y los complots de asesinato con el rifle ZR, entre otros. Pero esta misión abierta de la CIA bien podría convertirse en la guinda de esa infame historia. El viaje de Ratcliffe marca un punto de inflexión en los prolongados y punitivos esfuerzos de Estados Unidos por obligar a los dirigentes cubanos a ceder ante las exigencias de Washington de un cambio de régimen económico y político.

De hecho, el mensaje oficial que Ratcliffe llevó a La Habana fue un ultimátum del tipo «o lo hacen o se mueren». Según se informa, recordó a los cubanos lo que había ocurrido en Venezuela —las fuerzas especiales estadounidenses mataron rápidamente a 32 miembros del equipo de seguridad cubano e hirieron a decenas más— cuando el presidente Maduro no se tomó en serio las amenazas de Trump. Tal y como advirtió el director de la CIA a los cubanos, la ventana para el diálogo diplomático se cerrará pronto a menos que actúen conforme a las exigencias de cambio de EE. UU.; y el presidente Trump planea «hacer cumplir sus líneas rojas» si las negociaciones no producen los resultados que desea.

«DIPLOMACIA DE LA SUMISIÓN»

La misión de la CIA en La Habana se produce apenas un día después de que el ministro de Energía de Cuba, Vicente de la O Levy, reconociera públicamente que el país se ha quedado, prácticamente, sin gasolina. «No tenemos absolutamente nada de combustible (petróleo) ni nada de gasóleo», anunció el ministro en la televisión estatal la semana pasada. «No tenemos reservas», concluyó.

Privar al pueblo cubano del gas y la electricidad, junto con las funciones económicas básicas que estos permiten, ha sido el objetivo concertado de la política de privación energética extrema de Trump. Desde que las fuerzas especiales estadounidenses atacaron Caracas el 3 de enero, el gobierno norteamericano ha utilizado metódicamente amenazas y coacción para bloquear el acceso de Cuba a fuentes alternativas de petróleo, con la intención de matar de hambre al pueblo cubano, generar malestar popular y obligar a los dirigentes cubanos a capitular. «La estrategia de las negociaciones anteriores con Cuba ha consistido en ofrecer incentivos a La Habana», afirmó en una entrevista el profesor de la American University, William LeoGrande. «La estrategia de Trump es golpear a los cubanos con un palo hasta que se rindan», agregó.

Mientras el bloqueo petrolero causa estragos devastadores en el pueblo cubano, la administración Trump ha intensificado la guerra económica contra Cuba, centrándose en la inversión extranjera en la isla. El 1 de mayo, Trump firmó una nueva orden ejecutiva que amplía las restricciones a las interacciones comerciales con entidades cubanas y aplica «sanciones secundarias» a las empresas extranjeras que mantengan relaciones con agencias y funcionarios cubanos «bloqueados». El 7 de mayo, el secretario de Estado, Marco Rubio, designó a la corporación militar cubana GAESA, que administra gran parte de la economía cubana, como entidad bloqueada, junto con la empresa minera cubana MOA Nickel SA.

MOA se constituyó como parte de una empresa conjunta con el gigante minero canadiense Sherritt International, uno de los mayores inversores extranjeros en la isla, que durante décadas ha gestionado las operaciones mineras de níquel y cobalto en Cuba. Las nuevas sanciones secundarias obligaron inmediatamente a Sherritt a anunciar que cerraría sus operaciones mineras en la isla y a solicitar al Gobierno cubano la compra de su participación por US$ 277 millones. Dos empresas navieras internacionales, que tienen contratos a través de GAESA para transportar mercancías y suministros desde China, Europa y Oriente Medio a Cuba, también anunciaron esta semana que tendrían que suspender sus operaciones debido a las nuevas sanciones. Los analistas creen que las cadenas hoteleras españolas en la isla, Meliá e Iberostar, también pondrán fin a sus operaciones en breve.

Durante semanas, Marco Rubio ha exigido a Cuba que abra sus puertas a la tan necesaria inversión extranjera para estimular el desarrollo económico. Sin embargo, la política estadounidense está ahora diseñada explícitamente para ahuyentar a los grandes inversores de la isla y disuadir a otros de venir, lo que deprime aún más la economía cubana al tiempo que allana el camino para que los intereses corporativos estadounidenses dominen el futuro económico de Cuba una vez que se haya completado la «toma de control» de Trump.  

PREPARANDO EL TERRENO PARA UN ATAQUE DE EE. UU.

Para avanzar hacia ese objetivo, la administración Trump también ha intensificado sus amenazas de intervención militar contra la isla. A principios de este mes, CNN informó que «los vuelos de recopilación de información de inteligencia militar estadounidense se están multiplicando frente a las costas de Cuba» y de que «la Armada y la Fuerza Aérea de EE. UU. han llevado a cabo al menos 25 vuelos de este tipo utilizando aviones tripulados y drones» en las últimas semanas. Durante una reciente visita a Florida, el presidente Trump comentó que pronto podría posicionar el portaaviones USS Abraham Lincoln a menos de 100 metros de la costa de La Habana. En su fantasía de diplomacia de las cañoneras, el presidente predijo que los dirigentes cubanos se asustarían hasta someterse y simplemente se rendirían: «‘Muchas gracias’, dirían. ‘Nos rendimos’».

No cabe duda que el ejército estadounidense se está preparando para algún tipo de agresión, en caso de que el presidente decida que los dirigentes cubanos no han cedido lo suficiente a sus exigencias imperiales. Este lunes, algunas fuentes filtraron información clasificada sobre el limitado arsenal de drones de Cuba y sobre cómo podrían desplegarse en caso de un conflicto con Estados Unidos. Según informó Axios, esta información de inteligencia «podría convertirse en un pretexto para una acción militar estadounidense». Al final del artículo se señalaba: «Los funcionarios estadounidenses no creen que Cuba sea una amenaza inminente, ni que esté planeando activamente atacar los intereses estadounidenses». Pero el daño ya está hecho. Titulares como «Un informe de inteligencia sugiere que Cuba planea ataques con drones» y «Cuba acumula drones y elabora una lista de objetivos estadounidenses» circulan ahora por todo el mundo. 

Además, esta semana la administración Trump tiene previsto aprovechar el Día de la Independencia de Cuba para allanar aún más el terreno de cara a un ataque. Apenas unas horas después de que el director de la CIA abandonara La Habana, fuentes del Departamento de Justicia hicieron saber que Raúl Castro será imputado el 20 de mayo por su papel como ministro de Defensa en el derribo, el 24 de febrero de 1996, de dos aviones Cessna que, una vez más, habían penetrado en el espacio aéreo cubano. 

La destrucción de los aviones, que cobró la vida de cuatro jóvenes pilotos cubano-estadounidenses, fue injustificada e indebida; los pilotos de los MIG cubanos que derribaron los Cessna con misiles guiados por calor infringieron los protocolos internacionales de advertencia, interceptación y escolta de aeronaves civiles desarmadas. Pero los documentos históricos desclasificados muestran que el derribo no fue sin provocación. Se produjo tras más de un año de incursiones abiertamente provocadoras en el espacio aéreo cubano por parte del grupo de exiliados Hermanos al Rescate —liderado por un veterano de la Bahía de Cochinos, José Basulto, quien intentó asesinar a Fidel Castro a principios de la década de 1960— lanzando folletos insurreccionales sobre el campo cubano y La Habana. «Fue muy humillante», diría más tarde Fidel Castro a la revista Time. «Estados Unidos no lo habría tolerado si el espacio aéreo de Washington hubiera sido violado por avionetas». 

Bajo el liderazgo de Fidel, las autoridades cubanas advirtieron repetidamente a Washington que los sobrevuelos constituían una amenaza para su seguridad territorial que ninguna nación podía tolerar; utilizaron todos los canales de comunicación para presionar al gobierno de Bill Clinton para que detuviera los vuelos. Tanto los funcionarios de la Casa Blanca como los del Departamento de Estado de EE.UU. presionaron repetidamente a la Administración Federal de Aviación (FAA) para que le cortara las alas a Basulto, órdenes que fueron resistidas por la FAA por motivos burocráticos. «El Departamento de Estado está cada vez más preocupado por las reacciones cubanas ante estas violaciones flagrantes. También están preguntando a la FAA qué está haciendo esta agencia para prevenir o disuadir estas acciones (de Hermanos al Rescate)», reza un correo electrónico de la FAA registrado apenas un mes antes del vuelo fatal. «En el peor de los casos, uno de estos días los cubanos derribarán uno de estos aviones y más vale que la FAA tenga todo bien atado». 

Para la administración Trump, imputar al último líder superviviente de la revolución cubana por cargos falsos tiene todo el sentido desde el punto de vista político, psicológico y militar. Coincidiendo con el Día de la Independencia de Cuba, la imputación de Raúl Castro supondrá un gran éxito de relaciones públicas, además de un guiño político a la comunidad anticastrista de línea dura de Miami, que lleva años exigiendo que se le juzgue por autorizar los derribos aéreos. Dado que el gobierno estadounidense utilizó el mismo modelo de acusación para justificar su incursión en Caracas con el fin de capturar a Nicolás Maduro, una imputación contra Castro intensifica significativamente la guerra psicológica contra dirigentes cubanos para forzar su rendición. Además, la cortina de humo de los procedimientos legales permitirá a Trump eludir la Ley de Poderes Bélicos, como hizo en Venezuela, alegando ante el Congreso que las operaciones militares en La Habana no son un acto de guerra para derrocar al gobierno cubano, sino acciones que buscan la aplicación de la ley.

Hay que reconocer que los demócratas del Congreso, junto con algunos republicanos, han buscado frustrar los intentos de Trump de conquistar Cuba por la fuerza. Una resolución sobre poderes bélicos patrocinada por los senadores demócratas Tim Kaine, Adam Schiff y Rubén Gallegos «para ordenar la retirada de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de las hostilidades dentro de la República de Cuba o contra ella que no hayan sido autorizadas por el Congreso» fue rechazada por 51 votos contra 47 el 28 de abril. En una carta del 12 de mayo dirigida al secretario de Defensa Hegseth y al secretario de Estado Rubio, 33 miembros del Congreso instaron al gobierno de Trump a «levantar las medidas económicas coercitivas —incluido el bloqueo de combustible y las sanciones relacionadas— que están contribuyendo a la crisis humanitaria en Cuba», y a «abandonar los planes de los que se ha informado para una acción militar de EE.UU. contra Cuba». Según los firmantes, «Estados Unidos no debe responder a una crisis que está creando con políticas que agravan el sufrimiento, socavan el Estado de derecho y repiten los fracasos más graves de su pasado». 

Sin embargo, está claro que el Congreso no cuenta ni con los votos ni con el poder necesarios para frenar los intentos de Trump de provocar un cambio de régimen en Cuba.

Esto deja al gobierno cubano en la obligación de defenderse por sí mismo, a pesar de que el país ha llegado a un punto crítico de privaciones y frustración. Mientras en Cuba se extiende la sensación de un ataque inminente, el pasado fin de semana las autoridades comenzaron a distribuir un folleto de defensa civil de nueve páginas titulado «Guía familiar para la protección contra la agresión militar: Proteger, resistir, sobrevivir y vencer», con el fin de preparar a la ciudadanía de cara a las hostilidades estadounidenses. Entre sus instrucciones figuraban cómo buscar refugio durante un ataque aéreo, formación en primeros auxilios y el concepto de resistencia de tipo guerrillero en caso de que las tropas estadounidenses ocuparan la isla. «Nos estamos preparando para defendernos», declaró la embajadora de Cuba en Washington, Lianys Torres Rivera, en una entrevista con The Hill la semana pasada. «No queremos que mueran cubanos en Cuba», añadió, ni «ningún soldado estadounidense».