La lista elaborada por Hacienda propuso por escrito disminuir desde 2027 al menos un 15% del presupuesto para las pensiones del Sistema de Reparto, el Aporte Previsional Solidario de Vejez, el Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor, las Residencias de Protección para Mayores, las Residencias Comunitarias para Personas Mayores, el Fondo Subsidio ELEAM, el Bono Bodas de Oro y el Programa de Viviendas y Apoyos para Personas Mayores. El ministro Jorge Quiroz, además, recomendó eliminar el programa Más Adultos Mayores Autovalentes. Algunos de los recortes diseñados por Hacienda no esperaron hasta el próximo presupuesto. Ya este año se rebajó en $318 millones el financiamiento del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) y en otros $310 millones el programa Participación y Formación de Personas Mayores.

Créditos imagen de portada: Agencia Uno.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ordenó recortar este año $318 millones del presupuesto del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) y otros $310 millones del Programa de Participación y Formación de Personas Mayores. Al mismo tiempo, propuso “descontinuar” o “rebajar” desde 2027 otros $427 mil millones del financiamiento de nueve programas que benefician a más de 900 mil adultos mayores, como revela documentación oficial revisada por CIPER.

En detalle, Hacienda planteó por escrito –en una circular del 21 de abril– reducir en al menos un 15% las Pensiones del Sistema de Reparto, el Aporte Previsional Solidario de Vejez, el Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor, las Residencias de Protección para Mayores, las Residencias Comunitarias para Personas Mayores, el Fondo Subsidio ELEAM, el Bono Bodas de Oro y el Programa de Viviendas y Apoyos para Personas Mayores. Además, el ministerio recomendó eliminar el programa Más Adultos Mayores Autovalentes. 

Los ministerios a cargo de estos programas son Salud, Trabajo y Desarrollo Social. CIPER les consultó si ejecutarán estás recomendaciones y, de hacerlo, cómo se materializarán, puesto que algunas de ellas requieren de modificaciones legales para poder realizarse. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso) respondió que los presupuestos de los programas a su cargo no serán rebajados de forma inmediata, sino que primero pasarán a una evaluación de diseño. 

Por su parte, la Subsecretaría de Previsión Social –entidad dependiente del Ministerio del Trabajo– señaló, en relación a eventuales rebajas a las pensiones que fueron otorgadas por el antiguo sistema de reparto, que “los beneficios sociales que están otorgados por ley sólo pueden ser modificados en virtud de otra ley”. Respecto al oficio enviado por el ministro Quiroz, esta subsecretaría afirmó que este documento no es vinculante, remarcando que “se trata de sugerencias y recomendaciones, algo que el propio ministro Quiroz ha señalado públicamente”. 

Por último, la subsecretaría agregó que el gobierno “se ha puesto como meta la eficiencia de los recursos públicos en un contexto de estrechez fiscal y, por lo mismo, la Subsecretaría de Previsión Social está realizando cruces de datos e información, para verificar que quienes están recibiendo beneficios sociales desde el Estado, cumplan con todos los requisitos legales exigidos”.

Al cierre de este reportaje, el Ministerio de Salud no entregó una respuesta.

Asimismo, y en paralelo a recomendar estos recortes y descontinuaciones, Hacienda también sugirió rebajar un 15% del presupuesto de la Pensión Garantizada Universal (PGU), beneficio social que, en campaña, el entonces candidato presidencial José Antonio Kast prometió que no sería afectado (vea reportaje de CIPER sobre la propuesta de recorte a la PGU). 

Excluida la PGU del análisis, la mayor rebaja propuesta por Quiroz a planes sociales en favor de los adultos mayores apunta a las Pensiones del Sistema de Reparto, las que son cobradas por 546 mil personas con jubilaciones y montepíos provenientes del antiguo sistema previsional chileno.

REFORMA LEGAL

El exsuperintendente de Pensiones, Álvaro Gallegos, dijo a CIPER que un recorte que afecte a las pensiones del antiguo sistema de reparto requiere, inevitablemente, de una reforma legal, al tiempo que recordó que la última vez que estas pensiones fueron intervenidas fue en 1985, cuando el entonces ministro de Hacienda, Hernán Büchi, retuvo de forma parcial el reajuste de las pensiones del sistema de reparto. 

En términos legales, lo mismo sucede con el Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), que es un complemento económico mensual financiado por el Estado, el que fue diseñado para aumentar las pensiones de vejez más bajas de las personas pertenecientes al 60% más vulnerable de la población. Este beneficio fue reemplazado de manera general por la Pensión Garantizada Universal (PGU), pero se mantiene para 156 mil personas cuyo APSV es mayor a la PGU. El recorte recomendado por Quiroz establece una rebaja mínima de $66 mil millones en su presupuesto.

Otra de las rebajas más relevantes se relaciona con el Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor, el que beneficia a 900 mil personas. El objetivo de esta iniciativa es entregar alimentos fortificados con micronutrientes a los adultos mayores, con la finalidad de prevenir carencias nutricionales, mantener la funcionalidad física y promover un envejecimiento saludable.

RECOMENDACIONES SIN SUSTENTO TÉCNICO

Sin embargo y como observó CIPER, tampoco hay bases técnicas para las medidas propuestas por Quiroz. Al igual que en el caso de la rebaja de la PGU, las sugerencias del ministro de Hacienda para los restantes programas que atienden necesidades de personas mayores tampoco están basadas en evidencia económica o en informes formales de la Dirección de Presupuesto (vea el artículo de CIPER sobre la falta de sustento técnico en la recomendación de recorte de la PGU).

Por ejemplo, Quiroz propuso descontinuar el programa Más Adultos Mayores Autovalentes que beneficia a 183 mil personas, pese que éste fue “recomendado favorablemente” en una evaluación ex ante de 2021 y que presentó un desempeño medio en evaluaciones posteriores, las que destacaron el aumento de su cobertura, aunque detectaron la necesidad de fortalecer su focalización. Por cierto, como comprobó CIPER, en ningún informe hasta ahora se planteó eliminarlo como sugirió el ministro Quiroz en su circular del 21 de abril (ver último informe disponible). 

Respecto de la reducción en $322 mil millones en el presupuesto de las pensiones del sistema de reparto, tampoco existe ningún reporte técnico o legal que sustente esta medida. De hecho, este es un beneficio legal adquirido que no se puede eliminar o recortar sin un cambio legal. 

Hasta ahora, los estudios existentes se centran en análisis sobre su cobertura futura, la que debiera extinguirse con gradualidad. Un estudio del Instituto Libertad y Desarrollo –titulado “Desmitificando los Sistemas de Reparto y de Capitalización Individual”– estimó que en 2025 el gasto en este ítem equivalió a un 1,1% del PIB, cifra que se reducirá a un 0,06% en 2050.

Al igual que en el caso de la PGU, el gasto administrativo de este programa es de 0,13%, por lo que, aunque se eliminará todo el costo burocrático, una rebaja del 15% supondría reducir los pagos de las pensiones de forma inevitable (ver informe de la Dipres).

En relación al Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor, el último informe de la Dipres, que data de 2024, señala que el programa enfrenta un déficit financiero, debido a un aumento de la demanda. Es decir, el número de personas que tienen derecho a solicitar sus beneficios ha crecido más de lo esperado, por lo que esta situación empeoraría si se implementara la rebaja propuesta por Quiroz. También, el informe de la Dipres recuerda que este programa fue recomendado favorablemente en una evaluación ex ante de 2016 y que en 2020 se evaluó que había cumplido parcialmente sus objetivos. Asimismo, en el citado informe de 2024 se valora que no presenta problemas en el gasto administrativo (ver documento).

Por último, cabe destacar que hay otra serie de programas que el ministro Quiroz propuso “descontinuar” o “rebajar” y que también van en apoyo a personas mayores, aunque no son exclusivos para ellas. Entre ellos es posible mencionar los programas de Hospitalización Domiciliaria, Inmunizaciones, el Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en Atención Primaria, el Plan Nacional de Demencia y el de Cuidados Paliativos Universales en la Atención Primaria de Salud.