El gobierno confirmó que no va a tocar la Pensión Garantizada Universal (PGU), pero el oficio firmado por el ministro Quiroz dejó en evidencia que sí tenía en la mira recortar su presupuesto. CIPER revisó datos oficiales y comprobó que la decisión de Quiroz de pedir un 15% de rebaja en la PGU no tenía sustento técnico. El ministro intentó justificar su solicitud con dos argumentos: mejorar la eficiencia del gasto y prevenir fraude fiscal. Así, sugirió que la rebaja de 15% podía concretarse cortando “grasa” del sistema: ahorrando en costo administrativo y detectando pensiones mal otorgadas. Pero, los datos oficiales dejan sin piso ambos argumentos: el gasto administrativo total corresponde a menos del 1% del presupuesto del sistema, por lo que aún eliminando todo ese ítem quedaría un 14,9% por rebajar. Y el Instituto de Previsión Social informa que los antecedentes de quienes postulan a la PGU son cotejados con datos del SII, la PDI y las AFP, y que en todos los años de operación de este beneficio no han recibido denuncias de pensiones mal entregadas.

Los pagos a los jubilados a través de la Pensión Garantizada Universal (PGU) tendrían que haber disminuido en al menos US$800 millones anuales si se hubiese aplicado la sugerencia de recortar un 15% del presupuesto de esa política social que hizo el pasado 21 de abril, por escrito, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al Ministerio del Trabajo. Así lo indican los datos oficiales que revisó CIPER y que muestran que la solicitud de Quiroz no se podría haber cumplido sin rebajar los montos que se pagan a quienes reciben la PGU. Y así también lo confirmó a CIPER el exsuperintendente de Pensiones, Alvaro Gallegos. 

“De llevarse a efecto ese recorte [de 15% del presupuesto para la PGU], es imposible que no se dañe el derecho actual de los adultos mayores que reciben esta pensión. Sería un golpe a los hogares. Algo nunca visto desde el año 1985, cuando [el ministro de Hacienda] Hernán Büchi no aplicó el reajuste que correspondía a las pensiones fiscales”, ahondó Gallegos.

En abril pasado, el ministro Quiroz solicitó a todos los ministerios “descontinuar” 142 programas sociales –entre ellos, el de Alimentación Escolar– y, además, rebajar en al menos un 15% otras 260 iniciativas. Entre estas últimas se encuentra la PGU, beneficio social que es entregado a 2,2 millones de personas (vea el oficio enviado por Quiroz al Ministerio del Trabajo).

La propuesta de Quiroz contradice abiertamente la promesa de campaña del presidente José Antonio Kast, quien afirmó en reiteradas ocasiones que si llegaba al gobierno no recortaría la PGU. Por ello, la rebaja presupuestaria sugerida por Hacienda fue criticada por políticos de gobierno y oposición, luego de que ésta fuera revelada por CIPER (vea ese artículo). En todo caso, efectuar una reducción a la PGU requiere una modificación legal, la que debe ser aprobada por ambas cámaras del Congreso, en las cuales el gobierno no tiene mayoría absoluta, ni unanimidad en sus filas sobre este tema. 

El Director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, David Bravo, señaló que la pregunta pertinente “sería sobre qué bases se establece que podría haber un ahorro posible del 15%, pues evidentemente, eso no se hace por vía oficio, sino que requiere un cambio de ley, si se que quisieran cambiar los parámetros”.

En este contexto, CIPER revisó la solidez de los argumentos esgrimidos por el ministro Quiroz para proponer el recorte de la PGU. En detalle, el jefe de las finanzas públicas afirmó durante una conferencia de prensa que el gobierno sólo desea “buscar eficiencia y también prevenir el fraude social o el mal gasto” que pudiera existir en la administración de este beneficio. En otras palabras, el primer argumento de Quiroz es que la rebaja de 15% se podría alcanzar aumentando la eficiencia del sistema: recortando el gasto administrativo o lo que algunos llaman la “grasa” burocrática. Y su segundo argumento –prevenir el fraude– se refiere a detectar eventuales pensiones otorgadas a personas que no cumplen con los requisitos para contar con este beneficio. 

CIPER pudo confirmar que la recomendación del ministro Jorge Quiroz fue efectuada sin ningún informe técnico oficial que la respaldara. De hecho, ante las consultas de este medio, el propio Ministerio de Hacienda señaló que los instructivos firmados por Quiroz “corresponden al inicio del proceso ordinario y anual de formulación del Presupuesto 2027” y que sólo “se trata de evaluaciones técnicas preliminares sobre eficiencia y eficacia”, agregando que hasta ahora “no ha habido equipos trabajando” en cómo sería una eventual rebaja de la PGU (vea la respuesta del Ministerio de Hacienda).

COSTO DE ADMINISTRACIÓN

Desde que comenzó a funcionar la PGU en 2022, el Instituto de Previsión Social (IPS) ha mantenido un gasto bajo en administración del programa, en comparación con el dinero destinado a incrementar las pensiones de los chilenos, según registran los últimos tres informes disponibles de monitoreo y seguimiento de la Pensión Garantizada Universal realizados por la Dipres. 

Por ejemplo, según el reporte de la Dipres para 2024, ese año el presupuesto de la PGU totalizó $5,48 billones. De ese monto, se entregaron $5,47 billones en prestaciones de seguridad social. El resto, menos del 1% del presupuesto total, se gastó en personal, servicios de consumo y adquisición de activos no financieros (vea el informe de la Dipres sobre la PGU 2024). Es decir, que, aunque se eliminara todo el gasto asociado al costo administrativo, aún quedaría un 14,9% del recorte pedido por Quiroz sin financiar. Esto implica que, en caso de que se realizara la disminución presupuestaria de 15% recomendada por Hacienda, la mayoría del recorte debería provenir de una disminución de los pagos a los beneficiarios, como recalcó a CIPER el exsuperintendente Gallegos, porque no hay espacio para rebajas en el ítem de la gestión del sistema.

Esta proporción entre el gasto en pago de pensiones y el costo administrativo del sistema fue casi igual en los años 2022 y 2023, mientras que las cifras para 2025 aún no han sido publicadas (vea el informe de la Dipres de 2023 y el informe de 2022).

"FRAUDE SOCIAL"

En cuanto a la existencia de un eventual “fraude social”, como lo sugirió Quiroz, en la entrega de la PGU, CIPER consultó al Ministerio de Hacienda, al Instituto de Previsión Social (IPS) y a la Superintendencia de Pensiones, si disponían de antecedentes concretos respecto de pensiones que se concedieron a personas que no cumplían los requisitos para contar con este beneficio. 

En respuesta, desde comunicaciones del IPS señalaron que “no se han recibido este tipo de denuncias”. Por su parte, la Superintendencia de Pensiones se limitó a indicar que a ella sólo le corresponde “fiscalizar los procesos de concesión y pago” que realiza el IPS. Por último, Hacienda no entregó una respuesta concreta a la consulta, afirmando que los antecedentes sobre un presunto fraude “se encuentran en proceso de estudio y análisis” (vea acá las respuestas del IPS y de la Superintendencia de Pensiones).

Sobre lo mismo, el exsuperintendente Gallegos subrayó que, en realidad, “no existe ninguna evidencia sobre un eventual fraude” y que, además, “es altamente improbable que pueda existir, al menos en un nivel relevante, pues para recibir la PGU se chequean los datos de las personas desde distintas fuentes”.

Lo cierto es que, para ser beneficiario de la PGU, los requisitos son haber cumplido 65 años, pertenecer al 90% de menores ingresos de la población, tener una pensión base menor a $1.252.602 y acreditar residencia en Chile por un período mínimo de 20 años, a partir de los 20 años de edad. Además, el solicitante debe contar con al menos cuatro años de residencia en Chile desde los últimos cinco años a la fecha de solicitud del beneficio. 

Según explicó el propio IPS a CIPER, la entrega de la PGU se realiza después de chequear bases de datos de múltiples entidades públicas, entre las que se encuentran el Servicio de Impuestos Internos, las Administradoras de Fondos de Pensiones, las compañías de seguros, el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) y el Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social, entre otras.

MECANISMO DE ENTREGA

El pasado 3 de mayo, en el programa Estado Nacional de TVN, el ministro Quiroz volvió a referirse a la polémica recomendación de recorte a la PGU y cuestionó la forma en que se podía acreditar que quienes solicitan la PGU cumpliesen los requisitos, sugiriendo un eventual mal uso de recursos públicos (vea esa entrevista).

“Una cosa es la ley, la Pensión Garantizada Universal y otra cosa distinta es cómo se está aplicando la ley. Le voy a poner un ejemplo. La ley establece que el beneficio también se aplica a los extranjeros que llevan más de 20 años en el país. Pregunta, ¿cómo se acredita?”, cuestionó.

Ante esta duda del ministro, CIPER consultó al IPS cómo chequea la información que le permite a una persona ser beneficiaria de la PGU. La entidad explicó que los ingresos monetarios son informados desde distintas instituciones al IPS, para verificar el cumplimiento de los requisitos. Entre ellas, el Ministerio de Desarrollo Social (encargada del Registro Social de Hogares), el SII, las AFP, las compañías de seguros, las mutualidades de empleadores y los datos propios del IPS, correspondientes a sus pensionados. Entre los antecedentes que se recopilan en estas bases de información, se encuentran ingresos laborales, rentas de capital y jubilaciones, además de datos que permiten caracterizar socialmente al beneficiario, como si presenta discapacidad o enfermedades laborales, entre otros.

También, explicó el IPS a CIPER, se realiza una revisión anual general de los beneficiarios con más de tres años de antigüedad, para asegurar el cumplimiento continuo de los requisitos. Asimismo, la Superintendencia de Pensiones, entidad que fiscaliza a las AFP y al IPS, mantiene en su sitio web el cálculo que permite determinar si la persona puede acceder al beneficio (ver aquí).

Para el caso de extranjeros y chilenos que necesiten acreditar que han vivido más de 20 años en Chile, el IPS señaló a CIPER que esa información la chequean con la PDI, que mantiene registro de las entradas y salidas del país. Este procedimiento es complementado con la revisión de atenciones y pagos presenciales en ChileAtiende y con el chequeo del certificado de inmunización de los beneficiarios de la PGU.

En casos más específicos, según señala el artículo 14 de la Ley 21.419 que regula la PGU –como diplomáticos que realizan labores en el extranjero o exiliadas durante la dictadura–, ese periodo que estuvieron en el extranjero es contabilizado como lapso de residencia en Chile. En el caso particular de los exiliados, deben acreditar esta situación con un certificado emitido por el Ministerio de Justicia (vea acá esa normativa).

Para recibir continuamente la PGU, el beneficiario debe cumplir en todo momento los requisitos socioeconómicos establecidos en la ley, es decir, mantenerse dentro del 90% más pobre de la población y tener una pensión base menor de $1,2 millones. Asimismo, las personas pueden perder el beneficio cuando dejan de cobrar la pensión durante seis meses consecutivos; si no presentan antecedentes que verifiquen que sigue cumpliendo los requisitos establecidos por ley; o si permanece fuera de Chile por más de 180 días, ya sea de forma continua o discontinua durante un año calendario. 

Hasta ahora, solo se ha conocido una discrepancia informada, en diciembre de 2025, la que ya se resolvió sin haber detectado fraudes. Esto ocurrió a raíz de una mesa de trabajo con la PDI para cotejar datos migratorios, cuando el IPS notificó la extinción de su PGU a 7.293 personas que aparecían con más de 180 días fuera del país. Pero, tras los reclamos de beneficiarios que probaron no haber viajado, en enero de 2026 el IPS y la PDI tuvieron que dar explicaciones ante la Comisión de Personas Mayores de la Cámara de Diputados. Allí, el IPS informó que se dejó sin efecto la extinción del beneficio y se trabajó en el fortalecimiento para la verificación de residencia, con supervisión de la Superintendencia de Pensiones. 

Hasta hoy no hay denuncias de fraudes, indicaron a CIPER en el IPS, pero de manera permanente se sigue revisando la situación migratoria de personas que pudieron haber estado fuera de Chile más del tiempo que indica la norma y que podrían perder el beneficio.