La autora de esta columna comenta las señales que ha dado el gobierno respecto de aspectos relativos a los derechos humanos, como el Plan Nacional de Búsqueda o la mantención de los sitios de memoria. Sostiene que «si detrás de esta lentitud existiera la intención de asfixiar financieramente a los sitios de memoria bajo el argumento de la estrechez fiscal, ello equivaldría a que el Estado alemán dejara de financiar el mantenimiento y funcionamiento del campo de concentración de Sachsenhausen, en las cercanías de Berlín. A veces, los hechos hablan por sí solos, y las declaraciones pueden terminar reducidas a meras palabras de buena crianza».

Imagen de portada: Parque por la Paz Villa Grimaldi (Hans Scott / Agencia Uno). 

La semana pasada, el Subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia publicó en su cuenta de X el tenor de su presentación ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado. En ella, afirmó el compromiso con la continuidad del Plan Nacional de Búsqueda y con la iniciativa relacionada con los sitios de memoria vinculados a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.

Varias cuestiones llaman la atención. Desde la instalación de la nueva administración, más que referirse a la Verdad y la Justicia —pilar fundamental del Plan Nacional de Búsqueda—, se ha puesto el acento en la Memoria, resaltando una dimensión histórica asociada a un Nunca Más. Como sabemos, dicha dimensión se encuentra indisolublemente vinculada con la Verdad y la Justicia, y habiendo despejado que la nueva autoridad no daría marcha atrás, pese a la recomendación del ministro Quiroz de descontinuar o reformular el Programa de Derechos Humanos, tal como quedó consignado en el Oficio 16, otros temas parecen haber quedado en el olvido y, en ocasiones, fuera del radar de la opinión pública.

El ministro Rabat, en una entrevista, se refirió a la existencia de más de mil sitios de memoria y señaló que parte de su gestión consiste en respetar “los sentimientos de personas que han sufrido en materia de DD.HH.”. La Memoria, con mayúscula, es parte inherente de la obligación de reparación hacia las víctimas y sus familiares, pero también constituye una obligación dotada de un significado más amplio, que expresa aquella consigna del Nunca Más: la garantía de no repetición, cumple con el rol de prevenir futuras violaciones a los derechos humanos. Recordar, a través de la Memoria, supone el reconocimiento de los crímenes más atroces de la historia de Chile, aquellos que han dejado huellas profundas en la sociedad en su conjunto.

El respeto a la Memoria y a las políticas de Estado debe traducirse en hechos, tal como ha sostenido el subsecretario Mira, quien, en su calidad de autoridad política, debe asegurar el cumplimiento del Plan. Uno de sus ejes consiste en implementar medidas de reparación y garantías de no repetición del crimen de desaparición forzada, a través, entre otros mecanismos, de: “A. Promover la memoria en torno a las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura y las respuestas sociales a ellas”. Por cierto, la ejecución del Plan de Búsqueda, como política pública no responde sólo a la actuación de la Subsecretaría, pero la interpela.

Más allá de la presentación de una iniciativa en el Congreso —sin duda urgente y necesaria— destinada a establecer un nuevo modelo de financiamiento para los sitios de memoria, es de público conocimiento que la tramitación legislativa no necesariamente avanza con prontitud, salvo que el Ejecutivo le otorgue urgencia.

Algunos memoriales consisten en pequeñas placas adosadas a un camino rural que recuerdan la ejecución de personas como José Matías Ñanco, dirigente del sindicato de pescadores y pastor evangélico en la zona de Maiquillahue-Mehuín; Marta Ugarte, en la localidad costera de La Ballena; o las placas ubicadas en la acera de calle Morandé, a pasos del Ministerio de Justicia.

Podría sostenerse que, bajo la lógica del Oficio 16, estos espacios no implican un gasto público significativo. Sin embargo, otros sitios, como José Domingo Cañas, o el Estadio Nacional, en la comuna de Ñuñoa, requieren mantención permanente para asegurar su adecuado funcionamiento pues se trata de lugares que concurren tanto adultos como jóvenes, o chilenos y extranjeros. Estos lugares no solo constituyen espacios de reflexión, sino también huellas indelebles de crímenes que no pueden repetirse. Hoy, los hechos interpelan a evitar que aquello que existe termine erosionado o desmantelado, de facto, por la ausencia de financiamiento.

El espacio de memoria Villa Grimaldi, conocido como el cuartel Terranova, centro de operaciones de la DINA, es uno de los sitios afectados por la falta de recursos. En ese lugar se registró el paso de más de 4.000 prisioneros y prisioneras políticas, de los cuales 238 permanecen desaparecidos. Ese espacio constituye evidencia material de los crímenes, como lo muestran los rieles adosados a los cuerpos de quienes fueron arrojados al mar. Sin embargo, este sitio, al igual que muchos otros, se encuentra en una situación crítica para su funcionamiento, debido a que la administración no ha entregado, con meses de retraso, los fondos comprometidos en el presupuesto 2026, poniendo en riesgo cierto su continuidad operativa.

La rendición de cuentas y las auditorías son fundamentales para cualquier administración, pero la burocracia estatal no puede paralizar el funcionamiento de estos espacios. La Subsecretaría de Derechos Humanos cumple un rol clave de coordinación con los distintos servicios públicos, los cuales, mediante un trabajo interinstitucional, deben dar cumplimiento e implementación efectiva al Plan Nacional de Búsqueda.

Así, para que los hechos reflejen un compromiso real con la preservación de la Memoria —también con mayúscula—, se requiere una actuación inmediata, y no únicamente del servicio directamente competente, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Debe existir, además, un trabajo intenso de diálogo y colaboración destinado a buscar soluciones concretas entre servicios.

Si detrás de esta lentitud existiera la intención de asfixiar financieramente a los sitios de memoria bajo el argumento de la estrechez fiscal, ello equivaldría a que el Estado alemán dejara de financiar el mantenimiento y funcionamiento del campo de concentración de Sachsenhausen, en las cercanías de Berlín. A veces, los hechos hablan por sí solos, y las declaraciones pueden terminar reducidas a meras palabras de buena crianza.

El compromiso con la Memoria no puede quedar entregado a la expectativa de que, en un futuro incierto, existirá un mejor modelo de financiamiento. En tiempos de negacionismo, las contingencias y bloqueos legislativos son una advertencia de que dicha iniciativa podría incluso no llegar a buen puerto.