Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, declaró el 23 y 24 de abril recién pasado ante la fiscalía en la investigación de la llamada Trama Bielorrusa, reconociendo en la diligencia que recibió US$70 mil en tres pagos: US$15 mil, US$10 mil y US$45 mil de parte del abogado Eduardo Lagos, y que él presume que eran de parte del Consorcio Belaz Movitec (CBM). Migueles, quien está en prisión preventiva mientras se le investiga por cohecho, soborno y lavado de activos, explicó que pensó que estos pagos “eran una paleteada o un favor entre amigos”, y dijo que Vivanco nunca supo de estos pagos: “Si eso hubiera pasado, usted estaría frente a un eunuco, usted no tiene idea el nivel de rectitud que tiene Ángela (…) Ella nunca supo lo de la plata, nunca supo de eso, sino hasta la formalización y en estos seis meses no hemos hablado”.

El contenido de la declaración fue publicado por La Tercera, medio que agregó que Migueles dijo ante la fiscalía que él entendió que esos pagos eran porque el abogado de CBM, Eduardo Lagos, le pidió ayuda para enfocar la disputa entre Codelco y su cliente. Según su relato, “en algún momento yo le pregunté a Ángela (Vivanco) qué pasaba cuando una empresa chica era cesada en su contrato por una empresa grande, y ella me habla de la autotutela. Me quedó el concepto de autotutela, y eso es lo que le traspasé a Lagos. Después de eso hablo con Lagos y le digo que debieran ir por el lado de la autotutela”. Tras esto, Migueles recibió los pagos.

Respecto de Vivanco, CIPER publicó este jueves un artículo (puedes leerlo aquí) constando que ella hizo gestiones para el nombramiento de Carlos Swett como conservador de Bienes Raíces de Concón, algo por lo que Swett tuvo que declarar ante la fiscalía de Valparaíso, lo mismo que la ministra de la Corte de Apelaciones del puerto, Eliana Quezada. Esta última fue la que recibió una llamada de la exsuprema pidiéndole que vote por Swett como conservador, algo a lo que ella se negó.

Gonzalo Migueles en una audiencia en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago (Créditos: Víctor Huenante / Agencia Uno).

Hasta las cinco de la mañana de hoy se extendió la maratónica sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y, tal como se esperaba, la megarreforma del gobierno fue aprobada casi en su totalidad aprovechando la mayoría de votos del oficialismo en la instancia (ocho de 13). Los únicos artículos que se “cayeron” del paquete de normas que propuso el Ejecutivo son los relativos a la franquicia Sence (cuya eliminación había sido muy criticada por varios sectores) y la modificación a la Ley de Propiedad Intelectual. Todo lo demás, como la rebaja al impuesto corporativo de 27% a 23%, la exención del pago de contribuciones de la primera vivienda para mayores de 65 años , y el subsidio al empleo (otra medida muy cuestionada por su alto costo para el fisco), se mantuvo intacto.

Como el gobierno puso discusión inmediata al proyecto, este mismo jueves pasó a las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo para que éstas aprueben o rechacen las disposiciones de su competencia.

(Créditos: Óscar Guerra / Agencia Uno).

La Subsecretaría de Prevención del Delito publicó este jueves las cifras delictuales del primer trimestre del 2026 recopiladas por el Centro de Estudios y Análisis del Delito de esa repartición, a partir de las estadísticas de Carabineros y la PDI. Según el reporte, hubo una disminución de 13% en los robos violentos. Las mayores bajas se registraron en los robos con violencia e intimidación, con una caída de 16,9%, y en el robo violento de vehículos motorizados, con una baja de 18,3%.

La subsecretaria, Ana Victoria Quintana, señaló que “estas cifras nos ayudan a comprender la evolución de distintos fenómenos delictuales y focalizar los esfuerzos preventivos y la acción policial para frenar el avance de cada uno de ellos en el país”.

Cabe señalar que estas cifras corresponden al trimestre enero-marzo, y que por lo tanto los datos en su mayoría corresponden a la administración del expresidente Gabriel Boric.

(Créditos: Hans Scott / Agencia Uno).

CIPER reveló este jueves los detalles de la declaración que hizo ante la PDI el exdirector de Azul Azul, Juan Pablo Pavez, en el marco de la investigación por el caso Sartor. En ella, Pavez detalló los posibles vínculos entre Michael Clark y los exdueños de Huachipato y Ñublense, Victoriano Cerda, Marcelo Pesce y Patricio Kiblisky, afirmando que existe una “economía circular” entre esos clubes que perjudica a la “U” y que Clark gestiona “directamente” la compra de jugadores del club de Talcahuano, pagando “sobreprecio” por algunos.

Pavez declaró el 18 de julio del año pasado que “los vínculos y conflictos de interés entre este grupo de personas es obsceno”, dijo, refiriéndose a Clark, Cerda, Pesce y Kiblisky. Incluso, señaló que el socio principal de Sartor, Pedro Pablo Larraín, estaba al tanto de “la injerencia que Cerda tiene en nuestro club” y que “me juró que lo sacaría”. El exdirector también cuestionó si hubo un traspaso real de dinero entre Sartor y Clark, cuando este último adquirió las cuotas del fondo Tactical Sport, operación que lo convirtió inesperadamente en el máximo accionista de Azul Azul.

Puedes leer el artículo aquí.

Michael Clark, expresidente de Azul Azul (Créditos: Ernesto Guevara / Agencia Uno).