Juan Pablo Pavez fue director de Azul Azul de 2022 a 2026. Antes de abandonar la junta, brindó una de las declaraciones más explosivas que acumula el expediente del caso Sartor. Pavez detalló los vínculos que habría entre Michael Clark y los exdueños de Huachipato y Ñublense, afirmando que existe una “economía circular” entre esos equipos que perjudica a la “U” y que Clark gestiona “directamente” la compra de jugadores del club de Talcahuano, pagando “sobreprecio” por algunos. “Los vínculos y conflictos de interés entre este grupo de personas es obsceno”, dijo, refiriéndose a Clark, Victoriano Cerda, Marcelo Pesce y Patricio Kiblisky. Incluso, señaló que el socio principal de Sartor, Pedro Pablo Larraín, estaba al tanto de “la injerencia que Cerda tiene en nuestro club” y que “me juró que lo sacaría”. El exdirector también cuestionó si hubo un traspaso real de dinero entre Sartor y Clark, cuando este último adquirió las cuotas del fondo Tactical Sport, operación que lo convirtió inesperadamente en el máximo accionista de Azul Azul.

Entre las declaraciones que ha reunido la fiscalía en el caso Sartor, ninguna se refiere con mayor profundidad a la relación entre Azul Azul, Huachipato y Ñublense, como la de Juan Pablo Pavez, exdirector de la concesionaria que prestó testimonio en calidad de testigo el 18 de julio de 2025. Pavez formó parte de la junta directiva entre 2022 y 2026 en representación de la familia Schapira —la que mantuvo el 21% de las acciones de Azul Azul hasta enero de este año, cuando las vendió al abogado José Ramón Correa—, la oposición al bloque de Sartor y Clark. Públicamente, Pavez ha tildado a Clark de “títere” y “peón”. Y en su declaración, si bien no ocupó calificativos para referirse al actual controlador de Azul Azul, abordó extensamente las relaciones comerciales que este último ha tejido con los exdueños de Huachipato, Victoriano Cerda y Marcelo Pesce, y con el expropietario de Ñublense, Patricio Kiblisky.

La declaración de Pavez contrasta con las de funcionarios de Azul Azul que han trascendido hasta el momento, quienes señalaron que no tenían información sobre posibles vínculos entre esas personas y sus actividades comerciales. Además de aportar datos sobre los negocios de estos empresarios, Pavez cuestionó los montos que ha desembolsado la “U” por jugadores provenientes de Huachipato y Ñublense, acusando derechamente que el club ha pagado “sobreprecios” por algunos de ellos. Incluso, afirmó que el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, le habría confidenciado que no tiene injerencia en las negociaciones con el club de Talcahuano:

“Yo he mantenido varias conversaciones con [Manuel] Mayo, en las que él ha sido claro en manifestar que en el caso de Huachipato él no tiene ningún poder de negociación, pues para mí, esos pases los decide [Michael] Clark de la mano con [Victoriano] Cerda y [Marcelo] Pesce, quienes actuarían como sus ‘asesores’”.

Esta versión contradice la declaración que Mayo prestó ante la fiscalía cinco meses después, cuando afirmó que “la última palabra en compras es mía”.

Entre los movimientos señalados por Pavez se encuentra la contratación del extécnico de Huachipato, Gustavo Álvarez, quien dirigió a la “U” en 2024 y 2025. De acuerdo con el relato del exdirector de la concesionaria, “Cerda sugiere a Azul Azul, a través de Michael Clark” la llegada de Álvarez, “a quien a tres meses de terminar el torneo el mismo Cerda le había renovado el contrato incluyendo en éste una cláusula de salida de USD$800.000. Esta contratación se materializó, pagando Azul Azul este último monto, siendo primera vez en la historia que un club de fútbol nacional paga una cláusula de salida para contratar un técnico”. 

Respecto de Ñublense, Pavez cuestionó los pagos realizados por el jugador Nicolás Guerra. Este último fue recomprado por la “U” en 2023 por US$400 mil dólares, tras haberlo vendido en 2021 a Ñublense por US$130 mil. También mencionó la compra de Federico Mateos por US$200 mil, pese a que se encontraba libre y no era necesario abonar dinero al equipo de Chillán. “Dicho pago se efectuó sin otra razón que para ‘resarcir al club’”, sostuvo Pavez.

Además de referirse al traspaso de jugadores entre los tres equipos y a los negocios entre sus dirigentes, Pavez abordó la compraventa de cuotas del Fondo de Inversión Privado (FIP) Tactical Sports celebrada el 13 de diciembre de 2024 entre Sartor y Clark, que le permitió a este último hacerse con la totalidad del fondo y, por consiguiente, con el 63% de las acciones de Azul Azul. Al respecto, dijo que el directorio no se enteró del cambio de propiedad hasta el 20 de diciembre, a través de un comunicado público del club. “Aquello no fue revelado en la sesión de directorio realizada tan solo unos días después, el 19 de diciembre, lo que deja en evidencia la grotesca intención de Clark de ocultar la operación”, indicó.

Debido a la controversia que generó la noticia, Clark convocó a los directores a una reunión el 21 de diciembre de 2024. Antes de la cita, Pavez dijo que llamó al socio principal de Sartor, Pedro Pablo Larraín, para conversar sobre el asunto. “Larraín fue incapaz de justificar razonablemente la compraventa y el secretismo que la rodeaba, excusándose en que esta era ‘la única forma de salvar a la U’”, apuntó Pavez. 

El exdirector de la concesionaria afirmó que en la reunión se le preguntó a Clark por el origen de los fondos que habría desembolsado para comprar las cuotas, fijadas en US$5,7 millones, y que el expresidente de Azul Azul habría contestado que eran “‘recursos propios’”. Sobre este punto, Pavez dijo que “aún no existen antecedentes que acrediten que el pago efectivamente se hizo”, y que la información acumulada en la causa civil que Sartor mantiene abierta con BCI Corredor de Bolsa, apunta a que Clark “registró una cuenta por pagar y Sartor una cuenta por cobrar. Así, los ‘fondos propios’ de Clark serían falsos, inexistentes”.

Michael Clark en el Centro Deportivo Azul (CDA) (Fuente: Facebook Club Universidad de Chile)

NEGOCIOS FUERA DE LA CANCHA

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) estableció que Sartor Administradora General de Fondos (AGF) utilizó dinero de sus aportantes para beneficiar negocios relacionados con sus socios o directores –aportantes que ahora son acreedores y esperan recuperar al menos una parte de lo que invirtieron–. La trazabilidad de esos recursos fue lo que tocó la puerta de Azul Azul, pues el liquidador que nombró la CMF, Ricardo Budinich, expuso que Sartor compró el 63% de las acciones “triangulando” dinero de otros fondos que administraba en 2021. La CMF remitió los antecedentes al Ministerio Público, que investiga entrega de información falsa al mercado, negociación incompatible, administración desleal y que Clark no haya emitido una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) cuando tomó el control de la concesionaria.

Una de las entidades relacionadas que se habría beneficiado en desmedro de los aportantes, según lo detectado por la CMF, es Redwood Capital, propiedad de Clark. En su declaración, Pavez recordó que esta empresa de asesorías prestó servicios a Cellcorp, de Patricio Kiblisky; a Ñublense, cuando todavía estaba bajo el control del mismo empresario; y Nexus Chile Health, dueña de la Isapre Nueva Masvida (vea reportaje de CIPER sobre pagos entre Sartor y sociedades del grupo Nexus). Tal como reveló CIPER en 2022, los dueños de Nexus son socios de Victoriano Cerda y de miembros de la familia Kiblisky en RVX Asset Management, una sociedad constituida en Delaware (vea el reportaje).

Luego, Pavez detalló que Cellcorp “obtuvo financiamiento de parte de Sartor por un monto de USD$10.000.000” y que en 2019 “Sartor AGF otorgó un mutuo” a Ñublense, “el cual fue estructurado por nada más ni nada menos que Redwood Capital”.

A esta cadena de nombres agregó el de Ageco SpA y Aco SpA, dos sociedades constituidas por Marcelo Pesce que utiliza para invertir en conjunto con Victoriano Cerda. Ambas empresas mantuvieron créditos con fondos de Sartor y participaron de una iniciativa inmobiliaria en Miami, según declararon Pesce y Cerda ante la CMF (vea reportaje de CIPER). Esa inversión fue objeto de una reciente querella presentada por Toesca, que tiene a cargo la liquidación de algunos fondos de Sartor.

Cerda y Pesce estuvieron al mando de Huachipato entre 2014 y 2024. Ese año vendieron su participación a Hernán Rosemblum, exgerente general de Ñublense, quien financió la compra del club con un préstamo otorgado por un fondo de inversión estadounidense administrado por Kiblisky y Jacques Gliksberg, controlador de Nexus y socio de Cerda (vea reportaje de CIPER)

Luego de enumerar estos hechos, Pavez argumentó lo siguiente:

“En definitiva, todo lo que menciono permite advertir la existencia de un intrincado modelo de negocios, en el cual se repiten los mismos actores, como una constante: Sartor, Redwood Capital (Michael Clark), Patricio Kiblisky, Marcelo Pesce y Victoriano Cerda. Los vínculos y conflictos de interés entre este grupo de personas es obsceno. Y el corolario de esta ‘economía circular’ son las compras relacionadas entre clubes deportivos, en las que los sobreprecios en desmedro de Azul Azul son la tónica”.

"SOBREPRECIO" DE JUGADORES Y DT

A juicio de Pavez, la relación comercial entre Sartor, Clark, Kiblisky, Cerda y Pesce también se expresó en sus negocios más mediáticos: el fútbol.

“Al respecto, no es difícil observar que durante todo el periodo en que Sartor fue accionista mayoritario de Azul Azul a través del FIP Tactical Sport existieron diversas operaciones efectuadas con Ñublense en beneficio de este último. Solo a modo de ejemplo, en 2023 tuvo lugar la recompra del jugador Nicolás Guerra por USD$400.000, el cual había sido vendido a Ñublense por USD$130 mil, y la compra de Federico Mateos por USD$200.000, dinero que ingresó a las arcas del Club Deportivo Ñublense, en circunstancias que este jugador se encontraba libre y dicho pago se efectuó sin otra razón que para ‘resarcir el club’”, señaló inicialmente.

Luego, abordó los traspasos de jugadores provenientes de Huachipato, uno de los elementos que ha levantado mayores sospechas en torno a la relación entre estos equipos y sus dirigentes. En este caso, dijo Pavez, “los ejemplos abundan”. En primer lugar mencionó el caso de Ignacio Tapia, defensor que arribó a la “U” en 2022. Según Pavez, se adquirió el 50% de su pase por US$900 mil. Un año antes, dijo el exdirector, la totalidad de su pase “fue ofrecido al gerente deportivo de Azul Azul de ese entonces, Rodrigo Goldberg, en USD$400.000”. Y no había motivo aparente que explicara el aumento de su tasación.

“Ese mismo año se adquirió el 50 por ciento del pase de Israel Poblete a Huachipato por USD$650.000, jugador que se sabía, por su contrato privado, que quedaba libre en unos meses”, continuó Pavez.

También mencionó los casos de Jimmy Martínez y Jeisson Vargas. Sobre el primero afirmó que Azul Azul pagó a Huachipato US$950 mil por la mitad de su pase en 2019, y que devolvió el mismo porcentaje “sin pago a favor” en 2023. Sobre el segundo, dijo que el 50% de su carta fue comprada a La Calera en US$600 mil en 2022, “se fue un año a Al-Rayyan [Qatar] por la suma de USD$200.000, y luego a costo cero a Huachipato”.

Siguiendo un orden cronológico de los traspasos, Pavez siguió con el arribo del entrenador Gustavo Álvarez, quien –de acuerdo con su versión– firmó en la Universidad de Chile por expresa recomendación de Cerda:

“Victoriano Cerda sugiere a Azul Azul, a través de Michael Clark, la contratación del en ese entonces DT de Huachipato, Gustavo Álvarez, a quien a tres meses de terminar el torneo el mismo Cerda le había renovado el contrato incluyendo en éste una cláusula de salida de USD$800.000. Esta contratación se materializó, pagando Azul Azul este último monto, siendo primera vez en la historia que un club de fútbol nacional paga una cláusula de salida para contratar a un técnico. Importa aclarar que, según una entrevista a ESPN, Cerda comentó que se pagaría sólo una parte de la cláusula, pero, lo cierto es que Azul Azul terminó pagando casi la totalidad de los USD$800.000”.

Finalmente, Pavez aludió el caso de Gabriel Castellón, cuya mitad de pase fue adquirida por Azul Azul en 2024 por US$1,1 millones, “en circunstancias que se había informado a la prensa un valor” de US$412 mil; y el de Gonzalo Montes, por el que se pagó a Huachipato US$1,2 millones por el 50% de su carta, sumando las variables incluidas en el contrato.

Centro Deportivo Azul (Créditos: udechile.cl)

NEGOCIACIONES POR JUGADORES "GESTIONADAS POR CLARK"

Después de enumerar todos estos casos, el comentario final de Pavez fue contundente:

“Todas las operaciones reseñadas permiten concluir que en el mercado de pases de jugadores existe una forma de operar entre Azul Azul, Huachipato y también Ñublense, que perjudica a la primera. Y ello no obedece a otra cosa sino a que los dueños de los tres clubes, en la época en que se materializaron las operaciones, se encontraban relacionados a través de la propiedad de sus diversas compañías, las cuales eran asesoradas financieramente por Michael Clark a través de Redwood Capital y financiadas por Sartor. Lo anterior es obvio, toda vez que las negociaciones de estos jugadores fueron, en el caso de Universidad de Chile, directamente gestionadas por Clark. Ello puede ser confirmado por Andrés Weintrab, director de Azul Azul, y por Manuel Mayo Ubach, actual gerente deportivo de Azul Azul, a quien falsamente Clark sindicó como el encargado de traer jugadores al club”.

En esa línea, Pavez desclasificó conversaciones bilaterales con Mayo y Pedro Pablo Larraín, en las que habría quedado de manifiesto que el actual gerente deportivo de Azul Azul no participaría en las negociaciones por jugadores de Huachipato, y que Cerda tiene “injerencia” en Azul Azul, respectivamente:

“Yo he mantenido varias conversaciones con Mayo, en las que él ha sido claro en manifestar que en el caso de Huachipato él no tiene ningún poder de negociación, pues para mí, esos pases los decide Clark de la mano con Cerda y Pesce, quienes actuarían como sus «asesores». Y lo mismo he conversado con Pedro Pablo Larráin, que luego de darse cuenta de la injerencia que Victoriano Cerda tiene en nuestro club me juró que lo sacaría. Ya sabemos que Larraín salió del club antes que Cerda”.

Por último, el exdirector manifestó que “el resultado de todas estas operaciones es evidente: Clark, Cerda, Pesce, Kiblisky están concertados para extraer valor de Azul Azul para beneficio personal. Azul Azul ve disminuido su patrimonio en beneficio de este grupo de empresarios que se concertaron para tomarse el club y desfalcarlo”.

LA OPA QUE CLARK NO LANZÓ: "SALVATAJE A SARTOR"

El otro tema que ocupó gran parte de la declaración de Pavez fue la forma en que Clark tomó el control de Azul Azul en diciembre de 2024, cuando Sartor le traspasó el 90% de las cuotas del FIP Tactical Sport. Clark tenía en sus manos el 10% del fondo desde 2021 y habría pagado US$5,7 millones por el resto. 

Esa es la misma operación que la fiscalía investiga por haberse realizado sin una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) de por medio, un cuestionamiento que también levantó la CMF. En respuesta, Clark dijo que no correspondía hacerlo porque él adquirió cuotas de un fondo y no acciones. Sin embargo, la fiscalizadora se mantuvo firme en su posición argumentando que, de todas formas, el movimiento generó un cambio en la propiedad de Azul Azul.

Frente a estos hechos, Pavez dijo que el directorio se enteró de la compraventa por la prensa una semana después de haberse ejecutado, y que Clark afirmó haberla financiado con “‘recursos propios’”. Sin embargo, el exdirector manifestó dudas sobre si realmente existió un traspaso de dinero en la operación. Para ello, aludió a los antecedentes que se han reunido en la causa civil que enfrenta a Sartor con BCI Corredor de Bolsa. En simple, la empresa puja por la liquidación forzosa de Sartor y por el pago de una deuda que se empina, coincidentemente, por los US$5,7 millones. 

La línea de tiempo de ese caso es clave para comprender las dudas en torno a lo que ocurrió en paralelo con el FIP Tactical Sport. Los datos indican que en 2016 Sartor celebró con BCI Corredor de Bolsa un contrato de operaciones de compraventa a plazo de valores, conocidas en el mercado como “simultáneas”. Cuando la CMF intervino a Sartor a fines de 2024, la corredora le notificó que no renovaría esas operaciones y que debería pagar $5.699.773.640 para el 4 de diciembre de ese año. La gestora de fondos no cumplió. 

El 6 de diciembre, por correo electrónico, Sartor ofreció un nuevo contrato con tal de que la corredora renovara las operaciones. Para ello, puso en prenda las cuotas que mantenía en el FIP Tactical Sport, lo que fue aceptado. Sin embargo, los representantes de Sartor no se presentaron a la firma del acuerdo. La situación se repitió pocos días después, cuando habían alcanzado un nuevo arreglo, lo que colmó la paciencia de la corredora del BCI: mediante una carta fechada el 12 de diciembre de 2024, le informó a Sartor que había exigido su liquidación forzosa ante la justicia. Apenas un día después, Clark adquirió la totalidad del FIP Tactical Sport.

Pavez formuló el siguiente cuestionamiento:

“Si me preguntan a mí por lo que creo que explica esta adquisición encubierta de acciones por parte de Clark, diría que todo se reconduce a un salvataje a Sartor ¿Por qué? Porque Clark tuvo acceso a información privilegiada respecto del no pago, en el marco de operaciones simultáneas (…) que debía pagar al vendedor BCI Corredor de Bolsa S.A, el cual ascendía a USD$5.708.589.290 (con intereses) y su pago vencía el día 4 de diciembre de 2024. Tal conocimiento lo tuvo a través de una carta que BCI remitió el día 12 de diciembre de 2024 a Sartor, un día antes de la supuesta fecha de la compraventa de acciones de Azul Azul (…). Además, la carta hace referencia a que una de las soluciones que el acreedor BCI estuvo dispuesto a aceptar fue una prenda sobre cuotas del FIP Tactical Sport a cambio de renovar la simultánea vencida, contrato que estando listo para su firma no fue suscrito por Sartor”.

Continuando con esta línea, Pavez comparó la coincidencia de los montos involucrados en ambas operaciones: “Entonces, como se puede advertir, el precio de la compraventa señalada, de $5.708.589.290, es casi igual al valor que Clark -a través de su sociedad Inversiones Antumalal- ‘pagó’ el día siguiente por la compra de las cuotas de Tactical Sport a Sartor, en tanto adquirió la cantidad de 6.354.981 cuotas a un valor de USD $0.9, es decir, por un total de USD $5.700.000.000. Al mismo tiempo, en ese contexto ’salvar a la U’ significaba para Clark y compañía impedir que el BCI cobrara su crédito sobre las cuotas del fondo o las acciones de Azul Azul que subyacían a ella. Claramente, no querían salvar a la U, sino que sus negocios sobre ella”.

“Catalogar lo anterior de sospechoso es un eufemismo”, concluyó.