Señor Director:

Chile reconoció durante años que enfrentaba una verdadera emergencia habitacional. No fue una consigna política ni una exageración comunicacional. Fue la constatación de una realidad dolorosa: miles de familias viviendo allegadas, hacinadas, pagando arriendos abusivos o esperando durante décadas una vivienda digna.

Por eso se impulsó un Plan de Emergencia Habitacional discutido transversalmente en el Congreso Nacional y respaldado prácticamente por unanimidad. Incluso el gobierno anterior logró avanzar y superar metas, demostrando que cuando existe voluntad política sí es posible enfrentar seriamente el déficit habitacional.

Entonces hoy la pregunta es inevitable: ¿qué cambió?

¿Dónde están hoy los diputados y senadores que levantaban discursos sobre dignidad y derecho a la vivienda? ¿Dónde están quienes hablaban de emergencia habitacional como prioridad país? Porque si el propio Estado reconoció una crisis de esta magnitud, retroceder hoy no solo es una contradicción política: es una irresponsabilidad social.

Miles de familias organizaron su vida en torno a compromisos impulsados por el mismo Estado. Ahorraron durante años, sostuvieron sus comités, participaron en reuniones, movilizaciones y mesas de trabajo, confiando en una institucionalidad que hoy comienza a entregar señales profundamente preocupantes.

Y aquí surge un debate incómodo, pero completamente legítimo.

Mientras se debilita la vivienda social y se reducen subsidios, el mercado inmobiliario privado enfrenta miles de departamentos sin vender. Por eso resulta válido preguntarse si las prioridades habitacionales del país están comenzando a desplazarse desde la vivienda social hacia la reactivación del mercado inmobiliario privado.

Las familias tienen derecho a plantear esa duda.

Porque cuando ciertos sectores de la prensa comienzan a idolatrar autoridades y construir figuras casi intocables ante la opinión pública, muchas veces detrás de esa sobreexposición mediática se intenta instalar una peligrosa normalidad: que las familias deben resignarse, esperar más y aceptar retrocesos como inevitables.

Y lo más grave no es solamente el recorte económico. Lo más grave es cuando se pierde la empatía.

El actual Ministro de Vivienda posee formación técnica y experiencia profesional. Pero la vivienda no se construye únicamente desde planos, estadísticas o planillas Excel. También requiere sensibilidad social.

Empatía con la madre allegada.
Empatía con el trabajador que lleva años esperando.
Empatía con quienes sienten incertidumbre cada vez que escuchan hablar de reducción de subsidios.

La vivienda es estabilidad emocional, dignidad familiar y paz social.

Desde Peñalolén hacemos un llamado a la unidad de los movimientos, comités y dirigentes sociales. Este no es momento para divisiones ni competencias entre pobres. Es momento de actuar con responsabilidad y defender juntos el derecho de las familias a vivir dignamente.

Chile sabe perfectamente que después de un terremoto siempre vienen réplicas. Y cuando los movimientos son profundos, cuando el daño social se acumula y las autoridades no escuchan a tiempo, a veces las consecuencias terminan siendo mucho mayores.

La historia de nuestro país ha demostrado que ignorar durante demasiado tiempo el dolor, la incertidumbre y la desesperanza de las familias nunca termina bien.

Aún estamos a tiempo de corregir el rumbo.

Porque la crisis habitacional no se resuelve recortando vivienda social.