Uno de los funcionarios de Gendarmería en prisión preventiva por la Operación Apocalipsis -causa en la que se investiga corrupción en ese servicio penitenciario- denunció ante una jueza de garantía que ha sufrido amenazas dentro del penal. Según acusó ante la magistrada, fue intimidado por gendarmes activos para que no entregue antecedentes que involucren a nuevos funcionarios en la trama corrupta. Abogada defensora ratificó esa denuncia y presentó una querella en la que acusa que son dos los exfuncionarios que han sufrido agresiones -uno de ellos en un allanamiento a fines de marzo-, quienes, además de ser golpeados, habrían sido obligados a desnudarse y realizar sentadillas.

En el marco de una visita de inspección a la cárcel de Valparaíso, la jueza de garantía Daniela Herrera Faúndez escuchó un testimonio que puede ser crucial para la investigación por la Operación Apocalipsis, causa en la que hay 47 gendarmes en prisión preventiva por corrupción (vea ese artículo de CIPER). Fue uno de estos exfuncionarios encarcelados el que acusó ante la magistrada que estaba sufriendo amenazas por parte de gendarmes activos, los que, según dijo, lo estarían intimidando para que no entregue antecedentes que comprometan a otros funcionarios involucrados que, hasta ahora, han librado de la fiscalía. El denunciante presenta una fractura de costilla que atribuye a los apremios que habría sufrido al interior del penal. Su abogada, María Ignacia Barrera, ya ingresó una querella por estos hechos, la que se tramita en el 12°Juzgado de Garantía de Santiago.

La defensa acusa que al menos ocho órdenes de este 12° Juzgado de Garantía de Santiago habrían sido desobedecidas por Gendarmería. Se trataría de resoluciones que instruyen el traslado de dos internos, que son representados por la abogada Barrera, para evitar que corran riesgo de sufrir represalias al estar en contacto con internos comunes. Hasta hace una semana, ambos estaban recluidos en la cárcel de Valparaíso, a pesar de que se había ordenado su traslado al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS), medida cautelar fijada el 31 de diciembre pasado y que, según antecedentes expuestos en una audiencia realizada el 29 de abril último, no había sido cumplida por la institución carcelaria.

DESACATO, TORTURAS Y APREMIOS

En una querella ingresada por esa defensa al ya mencionado tribunal santiaguino, se sostiene que, además de ese incumplimiento, los dos imputados han sido objeto de agresiones por parte de personal de la propia institución. En un allanamiento realizado a fines de marzo, uno de ellos habría sido golpeado por funcionarios, resultando con una fractura en una costilla izquierda. El libelo agrega que ambos han sido obligados a desnudarse y efectuar sentadillas frente a sus excolegas. Además, al menos uno declaró ante la jueza visitadora Daniela Herrera haber recibido amenazas de funcionarios para no involucrar a otros gendarmes en la investigación.

Según María Ignacia Barrera, de Zúñiga e Infante Abogados, las amenazas y apremios ejercidos por otros funcionarios contra sus dos representados tendrían como finalidad “intimidarlos para impedir que declaren en contra de los altos mandos”.

La defensa de los dos gendarmes (cuyas identidades CIPER mantiene bajo reserva para evitar eventuales represalias) interpuso una querella por desacato, torturas y apremios ilegítimos o tratos degradantes en contra del director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez. Sin embargo, el 12° Juzgado de Garantía de Santiago se declaró incompetente para conocer la acción, argumentando que los hechos denunciados ocurrieron en Valparaíso, por lo que se resolvió remitir los antecedentes al Juzgado de Garantía del puerto.

La acción judicial también detalla que ambos imputados permanecían en el módulo 107 del penal porteño, sector identificado como “celdas de castigo”. Allí, según la querella, el 3 de febrero fueron agredidos por otros internos: uno sufrió una fractura de clavícula y el segundo una contusión en la mano izquierda. Pese a la gravedad de las lesiones, en el documento se afirma que Gendarmería demoró al menos un mes y medio en trasladarlos a un centro asistencial.

Un informe de visita al recinto, elaborado por el juez Lucas Ponce y fechado el 9 de enero, deja constancia de que al menos uno de los internos solicitó atención médica por una fractura. Sin embargo, de acuerdo con un parte médico revisado por CIPER, ese exfuncionario habría sido atendido recién el 24 de marzo.

(Créditos: Francisco Castillo / Agencia Uno)

INASISTENCIA E INCUMPLIMIENTOS

En al menos tres resoluciones dictadas por el 12° Juzgado de Garantía de Santiago respecto de la situación de estos exgendarmes, se ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público por el incumplimiento de la instrucción de trasladar a los internos al penal de Alta Seguridad, así como por la falta de entrega de los informes sobre su estado de salud cuando estos fueron requeridos. En dichas resoluciones se señala: “Remítanse los antecedentes al Ministerio Público a fin de que investigue la eventual comisión del delito de desacato, en atención al incumplimiento de las resoluciones firmes dictadas por este tribunal relativas al traslado de los imputados”.

El 29 de abril se realizó una nueva audiencia por la Operación Apocalipsis. El director nacional de Gendarmería fue citado para explicar por qué no se trasladó a los dos internos, pero no asistió. En la audiencia, liderada por la jueza Angélica Palacios Rioseco, también se ordenó nuevamente trasladar a los exfuncionarios a otro recinto penitenciario, advirtiendo que, si no se cumplía en un plazo de 24 horas, el director nacional puede ser acusado de desacato. Finalmente, los internos habrían sido trasladados a otra cárcel.

CIPER consultó a Gendarmería por la inasistencia de su director nacional y por el incumplimiento de órdenes judiciales. En el Departamento de Comunicaciones de la institución respondieron: «Actualmente la causa está en plena tramitación y su naturaleza es reservada, por lo que Gendarmería de Chile considera necesario resguardar su normal desarrollo».