El autor de esta columna hace un repaso de la historia del Crédito con Aval del Estado para confirmar su tesis de que es un cobro abusivo. Dice que «los números no mienten. Bajo una normativa adecuada, el Estado pudo haber financiado la educación de sus ciudadanos, mejorado las condiciones laborales de los trabajadores no calificados y aún así haber gastado menos dinero que lo que terminó pagándole a la banca. Lo que ocurrió fue un saqueo. Hoy ese saqueo lo están pagando con sobreprecio las familias chilenas y no solo el deudor del CAE».

Imagen de portada: Pablo Ovalle / Agencia Uno

Como abogado, no son pocas las veces en que me interpelan con la pregunta: «¿Por qué ayudas a los deudores a no pagar? Tienen que devolver lo que pidieron prestado«. La pregunta, formulada casi siempre con indignación moral, me resulta profundamente desagradable; no porque incomode, sino porque asume que lo que se firmó fue un trato justo. Por eso, y por única vez, explicaré por qué el Crédito con Aval del Estado fue y sigue siendo una política pública abusiva al servicio de la banca, y por qué su deudor tiene razones legítimas para negarse a seguir pagándola.

Primero, su conveniente y errático origen. Durante el gobierno de Ricardo Lagos, el ministro Sergio Bitar se equivocó (o al menos eso queremos creer). Se quiso aplicar la misma lógica de las concesiones y la tercerización de algunos servicios públicos al financiamiento de la educación: la banca prestaría a los estudiantes y el Estado actuaría como garante de pago. Era una gran promesa de gobierno, los acuerdos políticos estaban listos, pero a última hora la banca se hizo notar. Extorsionó para que cedieran en las condiciones que ella misma fijara; de lo contrario, no había acuerdo y la ley fracasaría. Así, el Estado de Chile terminó amarrado por décadas a condiciones que nadie había planificado desde el principio, sino que fueron consecuencia de una negociación en la que, por cumplir con una promesa de campaña, se terminó haciendo un trato con el diablo.

Segundo, intereses desde el día uno. El nuevo acuerdo incluía detalles de enorme peso: la deuda no solo sería reajustable en UF, sino que además se permitiría a la banca determinar los intereses aplicables al crédito. En buen castellano: el prestamista diría cuánto debes y cuánto le cobraría al Estado después. Eso se tradujo en intereses de entre el 4% y el 6% anual, aplicados sobre una deuda que se reajustaba y acumulaba intereses capitalizados desde el día en que el estudiante firmaba el pagaré al entrar a la universidad. El deudor estaba condenado desde el primer día: al terminar su carrera, el crédito ya era varios puntos porcentuales mayor que lo recibido. Ni hablar de cuánto más crecería mientras buscaba trabajo o ya laburando en su vida adulta.

Tercero, la banca lucra pero no trabaja. El diseño del CAE contemplaba que el banco realizara las labores de cobranza. Sin embargo, los bancos tomaron el camino corto: demandaban en juicio, notificaban al deudor y acreditaban la «incobrabilidad» con el mínimo esfuerzo posible, cumpliendo el trámite de la forma más rápida y simple para luego cobrarle al gran garante, el Estado. Este último, por contrato, no puede negarse.

Cuarto, la gran estafa. No contentos con ese mediocre sistema de cobro, los bancos incorporaron otra gran trampa al negociar la ley: pueden venderle la deuda al Fisco con sobreprecio. ¿Qué clase de aval está obligado a comprar la deuda del deudor? Ninguno. Simplemente deja de ser aval y pasa a ser codeudor solidario, obligado incluso a pagar un injustificable sobreprecio que, desde luego, se traslada a quien era estudiante. Usted, como posible deudor, ¿sabía que su aval no era un simple garante, sino que en los hechos era un codeudor solidario con facultad de pagar más por su deuda? Probablemente no. Se escudarán diciendo que nadie puede alegar desconocimiento de la ley, pero si la ley se llama Crédito con Aval del Estado y ese aval no es tal, al menos en su nombre ya hay un engaño.

Quinto, el arreglo a medias y gracias por nada. Tras las masivas movilizaciones estudiantiles de 2011, se consiguió que la tasa aplicable a todos los CAE fuera del 2%. En el papel suena bien, pero la letra chica hace inútil esa rebaja: para que fuera aplicable, había que estar al día en el pago de una deuda que, para esos días, ya podía haber crecido hasta un 35%. Para ilustrarlo con un ejemplo concreto: un estudiante que recibió $12.600.000 en marzo de 2006, considerando el reajuste UF más los intereses capitalizados desde el primer día, terminó su carrera en 2010, atravesó el período de gracia de 18 meses y llegó a agosto de 2012 (fecha de su primera cuota) debiendo $19.800.000 aplicando las tasas originales. Pagando puntualmente y con la tasa rebajada al 2%, ese metódico estudiante y ejemplar ciudadano terminará de liquidar su deuda en 2032, habiendo desembolsado en total $43.800.000. No faltará quien diga «al menos fue una rebaja», y sí, al menos no es la cifra más absurda de $62.800.000 que habría correspondido con la tasa original. Seguramente alguien espera que le agradezcan tamaña bondad. Solo para evitar malas interpretaciones: si ese préstamo hubiese sido entregado sin intereses y solo reajustable en UF, los $12.600.000 habrían sido apenas $15.800.000 en agosto de 2012, fecha en que se comenzó a pagar efectivamente. Y todo esto en el mejor escenario: el pagador perfecto, sin quedar cesante, sin que nadie en la familia enfermara y sin necesidad de endeudarse para tener casa o un auto.

Sexto, carreras sin regulación y un mercado laboral de explotación. A partir de 2006 se generó un boom de matrícula universitaria en todo el país. Grandes inversionistas nacionales: empresarios de larga data, la banca misma y políticos; se aventuraron al negocio educacional creando las más diversas instituciones de educación superior, con carreras a sobreprecio que prometían un futuro seguro y exitoso. Cumpliendo sus metas año a año, esos comerciantes se daban por satisfechos generando titulados que luego engrosarían las filas de empresas que, abrumadas por la sobreoferta de profesionales, menoscabaron remuneraciones y condiciones laborales. Pagar el CAE dejó de ser prioridad para esas familias, que primero debían cubrir los gastos básicos: supermercado, colegio, Isapre, etc.

Séptimo, el Estado ha quedado reducido a un algoritmo cobrador. En esta última etapa de la tragedia, vemos a un gobierno empecinado en cobrar deudas a una clase ya castigada: personas que durante años pagaron cuotas sin ver disminuir efectivamente su deuda, que tras una década de trayectoria laboral se preparaban para enfrentar los nuevos retos de la vida adulta: los gastos educativos de los hijos y el cuidado de los padres envejecidos; cuando no los propios problemas de salud u otras dificultades familiares graves. Nada de eso fue considerado por la Tesorería General de la República. Da lo mismo si quien padece una enfermedad es el propio deudor, si la familia atraviesa una crisis de especial consideración. Hoy es irrelevante que el CAE contemplara originalmente mecanismos de cobro que reconocían las vicisitudes de la vida. El patrón actual es un algoritmo ilegal diseñado negligentemente en las dos últimas semanas de marzo de este año, frío y deshumanizante, que ha generado angustia y desamparo en toda una clase trabajadora sin considerar sus realidades particulares. Desde Hacienda indican que la agresividad de cobro sólo recaerá en aquellas personas con ingresos superiores a 5 millones de pesos, sin embargo, haciendo gala de los múltiples anuncios fallidos, las demandas y retenciones de fondos han afectado de forma aleatoria a los mal denominados “contribuyentes” de este crédito civil, incluyendo a personas sin trabajo. En conclusión, las decisiones y la puesta en práctica de la medida, ha sido todo lo contrario a lo que debería ser una política pública; aunque no debería sorprender demasiado viniendo de un gabinete compuesto, vaya coincidencia, por representantes del sector privado.

Para quien escribe estas líneas, la educación es un derecho. Las personas tienen, en condiciones normales, una sola oportunidad en la vida para formarse, y la Ley 20.027 tomó esa necesidad para el provecho y lucro de la banca. Para quien escribe estas líneas, quien quiera estudiar algo debe poder hacerlo porque así lo desea, no porque lo ve como la única vía de escape hacia mejores condiciones laborales; porque esas condiciones deberían existir siempre, con independencia de la formación del trabajador.

Los números no mienten. Bajo una normativa adecuada, el Estado pudo haber financiado la educación de sus ciudadanos, mejorado las condiciones laborales de los trabajadores no calificados y aún así haber gastado menos dinero que lo que terminó pagándole a la banca. Lo que ocurrió fue un saqueo. Hoy ese saqueo lo están pagando con sobreprecio las familias chilenas y no solo el deudor del CAE.

Nunca le estuvieron devolviendo la plata al Estado. Nunca le estuvieron reembolsando al Fisco el dinero de los contribuyentes. Simplemente se ha seguido enriqueciendo a unos pocos.

Si no quieres pagar el CAE, por mí está bien. Yo sí te entiendo.

*El CAE es un contrato de crédito regido por la ley 20.027 y las demás normas civiles y comerciales aplicables. Lo aquí expuesto es una opinión y se enmarca en el ejercicio legítimo a expresarse. Nada de lo señalado constituye instigación a delito alguno, porque no pagar un crédito nunca lo ha sido.