El autor de esta columna responde a las críticas de la oposición al proyecto de «Escuelas Protegidas». Señala que la experiencia indica que la prevención no es suficiente para combatir la violencia en los colegios. Sostiene que «la verdad es que el castigo cumple un rol formativo en la educación cuando, justamente aplicado, ayuda a la reflexión y a la reforma de jóvenes que podrían terminar en muy malas vidas si no se les ayuda a enrielar su camino».

Imagen de portada: Cristofer Devia / Agencia Uno

El asesinato de la inspectora Victoria Reyes en manos de uno de sus estudiantes en un colegio de Calama, fue el hecho que levantó las alarmas sobre la profunda crisis de violencia que viven nuestros establecimientos educacionales. De acuerdo con la Superintendencia, 4 de cada 10 docentes en Chile declara haber sufrido una agresión verbal. Solo en marzo, se han registrado incidentes con armas de fuego en escuelas en las comunas de Curicó y Rancagua y de armas blancas en Chillán, Salamanca, Illapel y Coquimbo. A esto hay que sumar los ataques con bombas molotov en los liceos emblemáticos. Se puede seguir con los casos, pero los datos son que la violencia escolar es un fenómeno que crece cada año. Si no hacemos algo, corremos el riesgo de terminar como Estados Unidos, donde las matanzas en colegios son parte de los protocolos que un establecimiento educacional debe enfrentar. 

El gobierno propuso el proyecto de ley “Escuelas Protegidas”, que pretende frenar esta ola de violencia, grosso modo, con tres frentes: (1) revisar mochilas o sistemas de detectores de metales, (2) sancionar y prohibir el uso de capuchas y (3) quitar la gratuidad a los estudiantes que incurran en actos de violencia o destrucción de infraestructura pública. A quienes les parezca excesivo, deben tomar en cuenta que estamos en una situación extrema, para la que ya se han tomado medidas preventivas y punitivas, como los programas de apoyo psicosocial, de convivencia escolar y la ley de Aula Segura. Nada de eso ha sido suficiente, la violencia sigue creciendo. 

No sorprende que la oposición haya decidido ubicar el debate en la dicotomía prevención-contención. El gobierno de Boric centró su estrategia de combate del crimen en la prevención. El resultado, sin embargo, fue un desborde del crimen, especialmente el crimen organizado y un desorden migratorio. La causa de esta postura se encuentra en las viejas herencias del marxismo para el que el crimen es una consecuencia del modelo de explotación. Por eso, en la Unión Soviética, se pensaba, no podía haber crimen. Lamentablemente, Lenin se vio obligado a tener que buscar estrategias para enfrentarlo. El crimen prolifera tanto en el socialismo como en el capitalismo, el modelo de producción, por lo tanto, no define su existencia o desaparición. 

El gran problema de la discusión que la oposición está instalando, identificando medidas punitivas y formativas, es que está aplicando este marco ideológico, que no permite tomarle un peso formativo al castigo, que es uno de los fundamentos de la educación. Se afirma que las medidas del gobierno son de castigo, de ahí la frivolidad de algunos de tildar el proyecto de “Kastigo”, pero que el verdadero problema son las causas que llevan a un estudiante a cometer esos actos, entonces deberíamos poner la atención en la prevención, fortaleciendo la formación y la salud mental. Sin embargo, la formación y la salud mental ya son parte de los programas de los colegios, de ahí el énfasis en los programas de convivencia, se puede alegar que no son suficientes, pero no se puede negar que existan.

El argumento de la oposición está basado en una distinción que la historia ha mostrado ilusoria, no se puede combatir el crimen ni solo con medidas preventivas, ni solo con medidas punitivas. Tampoco, por lo tanto, se puede atender al problema de la violencia de la educación centrándose solo en los castigos o solo en la formación y salud mental. Si hacemos lo primero, los jóvenes no tendrán una justificación del orden que los rige y no se les trataría como lo que son: estudiantes, seres reflexivos, que van al colegio para aprender y formarse como personas. Si hacemos solo lo segundo, nos volvemos incapaces de detener una crisis de violencia que ya está desatada y sigue creciendo.  

Uno podría afirmar que un joven incurre en la violencia a los docentes, compañeros, etc., debido a su entorno, a problemas de salud mental o una mezcla de todos esos factores. Con todo, ¿acaso no tiene ninguna influencia que tengamos una educación sin castigos claros y efectivos? ¿Negarían que la sanción no tiene ningún rol que jugar en esta ecuación? 

Ahora bien, el verdadero problema, que ha intoxicado las reformas de convivencia escolar introducidas por los gobiernos de Bachelet y Boric, es que han tratado a los castigos y la formación como cosas separadas, se recurre al castigo cuando se han agotado todas las instancias o se le evade y se deja a los jóvenes perderse en sus desaciertos. Para que la educación tenga sentido, el castigo debe ser formativo, debe instar a la reflexión, a cambiar la actitud. Imagino un joven entrando a un colegio donde revisan las mochilas: ¿no creen que producirá algún grado de reflexión o de conciencia sobre el problema de la violencia? 

El castigo en la educación no cumple el mismo rol que en los sistemas penitenciarios; equipar a ambos produce una confusión. Confusión que, finalmente, tiene su raíz en una raigambre de pensamiento marxista que niega la necesidad de la contención y el castigo, pero ese mundo es tan imposible como el comunismo. La verdad es que el castigo cumple un rol formativo en la educación cuando, justamente aplicado, ayuda a la reflexión y a la reforma de jóvenes que podrían terminar en muy malas vidas si no se les ayuda a enrielar su camino.