El 7° Juzgado de Garantía reabrió la investigación por la muerte de un interno ocurrida en enero de 2018 en la cárcel Santiago 1, tras acoger una solicitud de la Fiscalía Occidente. El hombre, que estaba en prisión preventiva, murió dos días después de recibir una golpiza de dos gendarmes. Uno de los involucrados es Alex Vega Torres, dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup). El nombre de Vega también figura en la Operación Apocalipsis, investigación que ya suma 47 gendarmes detenidos. La reapertura se basa en nuevos antecedentes, entre ellos declaraciones de funcionarios que vinculan a Vega con la agresión fatal. Vega también fue uno de los 11 gendarmes sorprendidos en 2022 en un asado con alcohol y ketamina en una dependencia anexa al penal. A lo largo de su carrera, ha enfrentado al menos 11 sumarios administrativos.

Créditos imagen de portada: Víctor Huenante / Agencia Uno

El 18 de enero de 2018, dos funcionarios de Gendarmería propinaron una golpiza a un interno que se encontraba en prisión preventiva en el módulo 19 de la cárcel Santiago 1. El hombre, de 55 años, falleció dos días después, el 20 de enero a las 01:45, a causa de un traumatismo encéfalo craneano. La agresión fue registrada por las cámaras del recinto penitenciario.

Uno de los gendarmes involucrados era Alex Vega Torres, dirigente nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), gremio que debería ser disuelto una vez que se publique la reforma a Gendarmería promulgada el pasado jueves 9 de abril. El nombre de Vega también figura en el caso conocido como Operación Apocalipsis, una investigación sobre una red de corrupción que operaba en la cárcel Santiago 1. Hasta ahora, esa causa ha derivado en la detención de 47 gendarmes y, según las pesquisas del Ministerio Público, habría movilizado al menos $6.300 millones en tres años.

A pesar de la existencia del registro audiovisual de la agresión, la causa por homicidio en la que Vega figura como denunciado fue cerrada el 7 de enero de 2020, luego de que la Fiscalía Regional Centro Norte comunicó su decisión de no perseverar. Tras la aparición de Vega en el caso Operación Apocalipsis, en diciembre pasado, la Fiscalía Regional Occidente retomó las hebras de la indagatoria para evaluar la posibilidad de continuar con las diligencias. Este martes 14 de abril, el 7° Juzgado de Garantía acogió la solicitud del Ministerio Público, ordenando revocar la decisión de no perseverar y reabrir la investigación por el presunto homicidio del interno (vea ese documento).

La petición de reapertura fue ingresada al tribunal el viernes 10 de abril, según consta en el historial de la investigación disponible en el Poder Judicial. En ese documento se exponen las razones para reabrir la indagatoria por homicidio. Entre los antecedentes se menciona una declaración que forma parte del expediente de la Operación Apocalipsis, prestada el pasado 18 de marzo por un funcionario de Gendarmería.

De acuerdo con la solicitud —ingresada por el fiscal adjunto del equipo penitenciario de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, Sergio Soto—, el funcionario declaró que Vega manifestaba “reiteradamente tener poder en CDP Santiago 1, debido a su calidad de dirigente sindical, indicando incluso que en una oportunidad habría agredido a un imputado causándole la muerte, sin haber enfrentado consecuencias”.

El documento también da cuenta del testimonio de otro gendarme, también dentro del caso Operación Apocalipsis, prestado el pasado 8 de abril. Según se indica en la presentación, el funcionario relató que en 2018 “el suboficial Vega Torres habría participado en un incidente con un interno del CDP Santiago 1, a quien golpeó con un objeto contundente en la cabeza, quien falleció posteriormente”.

La solicitud además incorpora detalles de la autopsia elaborada por el Servicio Médico Legal en este caso. A partir de ese informe se concluyó que las lesiones que sufrió el hombre eran compatibles con la acción de un elemento contuso “de superficie amplia y alargada, aplicado mediante percusión, provocando deformación de la estructura craneana”. El informe añade que se trataba de lesiones necesariamente mortales y que existían huellas de contención y lucha, en ausencia de lesiones de defensa. En definitiva —se agrega en la solicitud— la muerte del interno correspondía “a una de carácter violento”.

Según registros de prensa de 2018, en primera instancia desde Gendarmería se habría informado a la familia que el reo había caído desde un camarote. Sobre ese punto, el documento ingresado por la Fiscalía Occidente señala que los antecedentes médicos “permitieron descartar que el traumatismo cráneo encefálico se produjera por una caída accidental de la víctima, estableciéndose, por el contrario, que la muerte fue consecuencia de un golpe con un objeto contundente de alta energía”.

El escrito también indica que, en su momento, el Ministerio Público resolvió comunicar su decisión de no perseverar en la investigación, “ya que, con los antecedentes recabados a esa fecha, no se había podido determinar el autor de esas lesiones, lo que incluso implicó que no se formalizara a ninguna persona por estos hechos”.

CIPER intentó ubicar a Vega a través de la Anfup y de otras asociaciones gremiales de Gendarmería, pero no fue posible contactarlo. También se enviaron correos al abogado que lo representó inicialmente en la investigación por la muerte del interno. Aunque el profesional respondió en un primer momento, tampoco se logró concretar ese contacto.

LOS ANTECEDENTES DE VEGA

El nombre de Vega ya había surgido en la audiencia de formalización de 47 funcionarios de la misma cárcel Santiago 1, todos detenidos a mediados de diciembre en el marco de la Operación Apocalipsis, acusados de presuntos delitos de corrupción. Fue el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, quien, al exponer antecedentes vinculados a lavado de dinero atribuido a uno de los gendarmes formalizados, mencionó una serie de depósitos, algunos de los cuales habrían sido realizados por Vega. Actualmente, este último también es investigado en esta causa (lea el artículo de CIPER: “Crimen organizado: 42 gendarmes de Santiago 1 son indagados por cobrar por el ingreso de visitas indocumentadas, alcohol y drogas”).

Según una respuesta entregada a CIPER por Gendarmería, vía Ley de Transparencia, Alex Vega acumularía al menos 11 procesos sumariales durante su trayectoria en la institución. Sin embargo, el episodio que más cerca lo situó de la destitución ocurrió en agosto de 2022, cuando el entonces director regional metropolitano de Gendarmería, coronel Leonardo Barrientos, realizó una ronda en el penal Santiago 1. En una dependencia anexa encontró a 11 funcionarios, entre ellos a Vega, participando en una actividad no autorizada: un asado con música a alto volumen y consumo de alcohol. En el lugar también se hallaron envoltorios con restos de ketamina.

En esa investigación interna, la fiscalía administrativa de Gendarmería propuso la destitución de los 11 involucrados, la máxima sanción. No obstante, tras conocerse el resultado del sumario, los funcionarios iniciaron una huelga de hambre y recurrieron a la Contraloría General de la República para impugnar la medida. El órgano contralor resolvió la controversia en marzo de 2025, concluyendo que la destitución no se “ajustaba al mérito del proceso” (lea ese artículo: “Los argumentos de la Contraloría para frenar destitución de 11 gendarmes sorprendidos en un asado con alcohol y drogas en Santiago 1). 

El nombre de Vega no solo ha aparecido vinculado a la Operación Apocalipsis y al asado, sino también a otra situación irregular: en 2008 fue condenado por apremios ilegítimos contra un interno del penal Colina II. De acuerdo con los antecedentes judiciales, Vega —junto a otros funcionarios— obligó al recluso a desnudarse y a desplazarse en punta y codo mientras lo golpeaban. Por esos hechos recibió una condena de 541 días de reclusión y la suspensión de cargos u oficios públicos por el mismo lapso. La pena, sin embargo, fue sustituida por un régimen alternativo.