Señor Director:  

La ministra de la Mujer y Equidad de Género solicitó la renuncia de Priscilla Carrasco, directora nacional de SernamEG, quien se encuentra en tratamiento por cáncer de mama triple negativo. Luego se anunció la imposibilidad administrativa de ejecutarla mientras ella hace uso de su licencia médica, pero no una reconsideración de la decisión. No deja de ser desconcertante, y para muchos doloroso, que una persona en estas condiciones sea removida de su puesto laboral y que parte importante de la discusión pública esté centrada en si esta medida es o no legal o si se ajusta a la normativa vigente. 

Cuando una situación humana así de compleja se analiza primero desde su legalidad, la conversación ya se desplazó de lugar. La ley es el piso mínimo de una sociedad, no su estándar ético. 

Lo que esta decisión devela es otra forma más profunda de desvinculación: la que tenemos como sociedad con el cáncer (en plena “alerta sanitaria”), con la vulnerabilidad y el sufrimiento. Porque aun cuando la legislación establece que las personas con cáncer no deben sufrir discriminación laboral, una persona enferma desvinculada que recurre a la justicia podría obtener una indemnización, pero no necesariamente la posibilidad de reintegrarse a su trabajo ni de conservar las condiciones laborales asociadas a ese empleo: seguros de salud, continuidad previsional o estabilidad económica en medio de una enfermedad. 

Y no. No estamos solo frente a una desvinculación laboral. Estamos frente a las resistencias que aparecen cuando el cáncer irrumpe en un sistema que protege la productividad y el rendimiento incluso por sobre las personas.