Señor Director:

Soy padre de un estudiante con diagnóstico TEA del Liceo Particular Salesiano Manuel Arriarán Barros, de La Cisterna. El caso de mi hijo muestra cómo un niño con NEE puede quedar atrapado entre decisiones de un colegio confesional y respuestas contradictorias del propio sistema.

El 18/11/25 denuncié ante la Superintendencia de Educación irregularidades en el proceso evaluativo y de promoción de mi hijo, señalando que no se estaban aplicando adecuaciones reales en asignaturas clave. Paralelamente ingresamos un recurso de protección, aún en tramitación.

El 6/02/26, el DEPROV Sur emitió un informe técnico-pedagógico que, validó el actuar del colegio y dio por cumplida la normativa en el caso de mi hijo. Ese informe se transformó en el respaldo principal del colegio y fue utilizado para sostener, incluso en sede judicial, que “todo estuvo bien”. En esa etapa, yo comencé a desconfiar de la imparcialidad del procedimiento. Esa desconfianza quedó registrada en solicitudes presentadas ante la Contraloría General de la República, donde pedí copias de actos administrativos, así como el registro del contacto telefónico del 22/01/26, día en que la funcionaria Norma Acosta se comunicó conmigo en calidad de supervisora a priori a conocer un levantamiento completo de los antecedentes. También solicité saber qué información tuvo a la vista para elaborar su informe.

El 25/03/2026, a causa de mis solicitudes, la SEREMI de Educación, tras revisar todos los antecedentes, emitió un nuevo informe técnico-pedagógico. En él, concluyó que las barreras presentes en las evaluaciones no permitieron demostrar sus conocimientos y que no fueron consideradas sus características psicológicas y cognitivas. El mismo documento ordenó reformular las asignaturas observadas, aplicar evaluaciones diversificadas y determinar sólo después la promoción en función de los logros obtenidos.

La primera pregunta de interés es: ¿cómo un informe provincial puede validar el actuar y, semanas más tarde, el mismo sistema concluir que el proceso fue deficiente?
La segunda pregunta es: ¿qué ocurre cuando, el Colegio intenta desplazar la conversación hacia un nuevo proceso sin resolver primero lo ocurrido en 2025?, es decir, sin ejecutar la secuencia que el propio documento oficial fija.

A esta contradicción se suma un antecedente contractual: el 22/12/25 el colegio suscribió conmigo un contrato de prestación de servicios en el que se señala expresamente que mi hijo “cursará 4° Básico B el 2026”. Ese contrato, define el curso para este año y lo obliga a velar por el cumplimiento de su Reglamento, hoy convivo con la negativa a resolver, de manera coherente con el informe regional, y la situación académica 2025.

No hablo de cualquier colegio, sino de uno salesiano que se presenta como proyecto educativo pastoral inspirado en la espiritualidad. Sin embargo, frente a un alumno con NEE, la respuesta ha sido una repitencia sostenida primero en evaluaciones que el propio Mineduc cuestiona, luego de un informe provincial hoy desmentido, y ahora en una resistencia a ejecutar las medidas que la autoridad ordena.

Yo le preguntaría la opinión a Monseñor Lorenzelli (Salesiano), presidente del Área de Educación de la Conferencia Episcopal.

Esto es una alerta sobre cómo el sistema puede contradecirse frente a un niño con TEA, y sobre cuán lejos debe llegar una familia para que se cumplan, las promesas de inclusión y debido proceso.