Señor Director:

Como estudiante de la Universidad Finis Terrae, no puedo sino sentir una profunda decepción tras escuchar al rector de mi institución, Juan Eduardo Vargas. En su reciente entrevista con Ramón Ulloa, afirmó que la gratuidad es apenas un «alivio financiero» y que no ha mejorado el acceso. Es un diagnóstico ciego. Reducir una conquista social a una simple transacción de ahorro familiar es no entender lo que pasa fuera de las oficinas de rectoría.

El Rector dice que la masificación ya estaba hecha con becas y créditos. Pero omite un detalle: ¿a qué costo? Mientras la gratuidad cubre hoy a más de 612.000 estudiantes, el sistema de créditos que él defiende se cae a pedazos. En este marzo de 2026, la ejecución de garantías del CAE superó el 60% en desertores. No es solo un problema de los deudores; el Estado ha tenido que asumir costos millonarios al año solo pagar las garantías a los bancos por deudas que nadie puede cobrar. Eso sí es una bomba de tiempo, y no el proyecto FES.

Los datos desmienten su teoría de que el acceso no mejoró. En 2025 se comprobó que la gratuidad aumentó la matrícula inmediata de los egresados de liceos técnico-profesionales en un 3,8 % en el sector vocacional y un 2 % en universidades (estudio Pensamiento Educativo, Universidad Católica). Para esos miles de jóvenes, la gratuidad no fue un «descuento» en el arancel; fue la única llave para entrar a un sistema que antes los filtraba por plata.

Es curioso. La misma rectoría que reclama «autonomía» frente al Estado, es la que lidera demandas ante el TDLC exigiendo más fondos públicos para competir con las universidades tradicionales. Quieren los recursos de todos los chilenos, pero les molesta la regulación y la transparencia salarial.

Para el 60% más vulnerable, la educación dejó de ser una deuda de 20 años para convertirse en un derecho. Negar ese avance es negar la movilidad social de toda una generación. El Rector Vargas debería mirar más las salas de clases y menos los balances financieros.