Mineras y pesqueras recibieron $6.700 millones en subsidios pese a prohibición legal

En la siguiente columna su autor indica que entre las mineras beneficiadas están Quiborax y Cosayach, ligadas a las familias Fosk y Errázuriz, ambas con negro historial ambiental y autorizaciones en curso sin licitación para explotar litio en los salares Ascotán y Coipasa. Por el lado de las pesqueras hay cinco empresas beneficiadas, ligadas a las familias Angelini, Fernández y Del Río, mientras financiaban ilegalmente a políticos para pautear una Ley de Pesca que aún sigue vigente.

Créditos imagen de portada: foto referencial / Salvador Pedrini/ Agencia Uno

En los primeros dos capítulos de esta investigación se expuso a las empresas salmoneras que recibieron $28.598 millones en subsidios a la mano de obra en zonas extremas mientras infringieron derechos laborales (ver Subsidios a la mano de obra parte I), y cómo 13 de estas empresas debieron devolver $183 millones a la Tesorería General de la República por acceder ilegalmente al beneficio, a pesar de lo cual dicho organismo no denunció el posible fraude al fisco como lo exige la ley (ver Subsidios a la mano de obra parte II). 

En este tercer capítulo se exponen un conjunto de empresas mineras y pesqueras que, en total, recibieron $6.717 millones en subsidios a la mano de obra entre 2004 y 2023, aun cuando el artículo 1 de la Ley N°19.853 excluye de forma explícita del beneficio a estas actividades extractivas por tener contratados a más de 100 trabajadores directa o indirectamente -en el caso de las mineras- y por dedicarse a la pesca reductiva, que consiste en producir subproductos como aceite y harina en base a la extracción de peces y krill -en el caso de las pesqueras-, condiciones con las que cuentan todas estas empresas.

Fuente: elaboración propia en base a datos de la TGR obtenidos por Ley de Transparencia.

INCUMPLIMIENTOS DE EMPRESAS MINERAS

Según la información disponible en el Servicio de Impuestos Internos (SII), las mineras Quiborax, ACF Nitratos e IMERYS Minerales, solo por la vía de contratación directa registraron más de 100 trabajadores durante periodos en que recibieron subsidios a la mano de obra (ver gráficos).

A esto habría que sumar una cantidad indeterminada de trabajadores subcontratados en una industria con altos niveles de externalización, pero difícil de determinar con exactitud por la ausencia de datos de acceso público en la materia.

1) Quiborax S.A. – Familia Fosk

Es por lejos la más beneficiada. Recibió $3.575 millones en subsidios a la mano de obra entre 2004 y 2023 para cubrir el equivalente al 17% de un total de 107 mil salarios, pese a registrar en todos los años una cantidad mucho mayor a 100 trabajadores contratados directamente (ver gráfico), por lo cual nunca debió ser beneficiada con estos recursos públicos.

Fuente: Datos disponibles en el Servicio de Impuestos Internos.

Quiborax pertenece a la familia Fosk -quienes también son dueños de la pesquera Landes- y su actividad consiste en extraer ulexita para producir ácido bórico que luego es usado como fertilizante.  

La empresa concentra su actividad en los yacimientos ubicados en el Salar de Surire en la región de Arica y Parinacota, y también en el salar de Ascotán en la región de Tarapacá. En este último, mantiene una solicitud de un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) junto a Codelco, la cual ya cuenta con consulta indígena finalizada, proceso que se enmarca en la Estrategia Nacional del Litio y que ha sido cuestionado por no incluir una licitación pública.

Esta alianza público-privada se dio a pesar de que Quiborax mantenía una demanda del Consejo de Defensa del Estado por 37 años de daño ambiental irreparable en el Salar de Surire, además de una denuncia de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por eludir la evaluación ambiental en una zona que fue declarada Monumento Natural en 1983 por ser uno de los principales sitios en América del Sur para la reproducción de tres especies de flamenco y que, de acuerdo a la Convención de Washington -ratificado por Chile en 1967-, no se pueden realizar actividades productivas.

Según constató una investigación de CIPER y Mongabay, Quiborax contó con ayuda de la CONAF de Arica durante el segundo gobierno de Piñera, bajo la gestión de Héctor Peñaranda, para flexibilizar las restricciones establecidas en los permisos ambientales y así poder extraer mineral desde zonas restringidas, generando serios efectos sobre el ecosistema. Esas gestiones incluyeron documentos de CONAF elaborados por Quiborax.

Desde septiembre de 2024 que el Primer Tribunal Ambiental mantiene restricciones a las operaciones de Quiborax como parte de medidas cautelares ante el daño ambiental del Salar de Surire.

2) ACF Nitratos S.A. – familia De Urruticoechea

Recibió $441 millones en subsidios entre 2004 y 2023 para cubrir el 17% de 13.831 salarios para extraer caliche y producir nitrato de potasio y de sodio destinado a la exportación. Según la información disponible en el SII, de los años que hay registro y de la cantidad de trabajadores contratados, solo en 2011 y 2020 no se acredita una cantidad mayor a 100 trabajadores directos (ver gráfico), por lo cual en todos los demás años no debió recibir subsidios.

Fuente: Datos disponibles en el Servicio de Impuestos Internos.

Según su perfil de Linkedin, la empresa contaría con una cantidad mucho mayor de trabajadores, que oscilaría entre los 500 y 1.000 empleados, lo cual reafirmaría su impedimento para acceder a subsidios.

Desde noviembre de 2020, ACF Nitratos S.A. pasó a llamarse ACF Baquedano S.A., luego de una reestructuración de las empresas del grupo ACF Minera S.A., propiedad de la familia De Urruticoechea, de origen vasco y con larga historia de explotación salitrera en el norte de Chile.

Fuente: https://acfbaquedano.cl/about-us/

3) Cosayach – Grupo Errázuriz

Cinco de las empresas que forman parte del grupo Cosayach registran en conjunto $397 millones recibidos en subsidios a la mano de obra entre 2004 y 2023 para cubrir el 17% de 15.274 salarios: SCM Corporación Desarrollo del Norte; Cosayach Exportadora; SCM Cosayach Yodo; SCM Compañía de Salitre y Yodo Cala Cala y SCM Compañía de Salitre y Yodo Soledad. 

Cosayach pertenece al Grupo Errázuriz y reúne a una serie de empresas que, de manera conjunta, se dedican a la extracción y refinamiento de yodo y nitratos en yacimientos ubicados en la región de Tarapacá, las cuales también recibieron subsidios a la mano de obra a pesar de no reunir los requisitos legales.

Según los datos del SII, estas empresas prácticamente no registran trabajadores contratados directamente entre los años 2004 y 2023, pero según un informe de fiscalización de Sernageomin de noviembre de 2022 (ver Anexo N°6), solo la planta de producción de Yodo Soledad de Cosayach, ubicada en la comuna de Pozo Almonte, tendría al menos 495 trabajadores subcontratados a través de siete empresas distintas. A eso se sumarían los trabajadores de otras faenas, como Cala Cala, donde otro informe de la empresa de 2014, presentado a la SMA en el marco de un proceso sancionatorio,  da cuenta de una actividad de inducción patrimonial realizada a 93 trabajadores que se desempeñan solo en los pozos de extracción, lo cual daría cuenta de una dotación total muy por encima de 100 trabajadores.

La empresa mantiene una solicitud de un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) en el Salar de Coipasa a nombre del Consorcio Caliche Kairós y Cosayach Caliche, la cual fue acogida a trámite y actualmente se encuentra en etapa de consulta indígena.

Fuente: página web de Cosayach.

4) IMERYS Minerales Chile SpA – Groupe Bruxelles Lambert

Recibió un total de $395 millones entre 2004 y 2023 para cubrir el 17% de 11.564 salarios para extraer diatomitas en la mina Carol en la región de Arica. Además, la empresa tiene otros dos yacimientos, Tana y Tiliviche en la región de Tarapacá, según el mapa minero de la Sociedad Nacional de Minería.

Fuente: Datos disponibles en el Servicio de Impuestos Internos.

De todos los años en los que recibió subsidios a la mano de obra, en los años 2015, 2016 y 2020, solo por la vía de contratación directa registró más de 100 trabajadores, según los datos disponibles del SII, por lo cual no debió recibir recursos fiscales. Esto sin considerar la cantidad de trabajadores subcontratados, que podría ser incluso mayor.

IMERYS fue fundada por la familia Rothschild, y su principal accionista actualmente es el Groupe Bruxelles Lambert, un holding de origen belga con inversiones en distintos sectores de la economía a nivel mundial.

RESPUESTA DE LA TESORERÍA POR SUBSIDIOS A LAS MINERAS

Para saber bajo qué justificación legal estas empresas recibieron subsidios por esta ley a pesar de que la misma las excluye, se realizó una consulta a la Tesorería. En su respuesta, el organismo dijo que, en el caso de las empresas mineras con más de 100 trabajadores, aunque el artículo 1° de la Ley 19.853 las excluye de manera explícita, tres empresas fueron incorporadas bajo excepciones legales: Quiborax S.A. y ACF Nitratos S.A. porque “ambas operan en zonas extremas con impacto socioeconómico crítico”, mientras Imerys Minerales Chile SpA fue incluida porque “su actividad se enfoca en minerales no metálicos”.

Lo cierto es que la exclusión al beneficio tiene rango de ley y para ser modificada requiere de la aprobación del Congreso, y hasta hoy eso no ha ocurrido. Esto fue consultado nuevamente a la Tesorería, a quien se le pidió copia de las autorizaciones sobre Quiborax y ACF Nitratos, sin obtener una respuesta pese a las insistencias.

Tampoco existió una respuesta sobre Imerys, ya que la exclusión del subsidio no diferencia por tipo de mineral a extraer, sino solo por el umbral de tener a más de 100 trabajadores contratados directa o indirectamente, por lo cual la Tesorería no tiene la facultad legal para definir excepciones sobre empresas específicas sin existir una modificación legal en el Congreso, que tampoco ha existido en esta materia.

Respecto a las empresas Cosayach del grupo Errázuriz, la Tesorería no tuvo pronunciamiento que justificara la entrega del beneficio durante todos estos años.

INCUMPLIMIENTOS DE EMPRESAS DE PESCA REDUCTIVA

La pesca reductiva se refiere a la extracción de peces que son procesados para generar subproductos, como es la harina y aceite de pescado, principalmente de especies como la sardina y anchoveta, destinada como suministro alimentario para otras industrias, como la del salmón, la cual contribuye de forma importante a la proyección de crecimiento de la acuicultura mundial para 2032, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La industria del salmón, que demanda altos niveles de aceite y harina de pescado, es una de las causas de la sobreexplotación de algunas especies en Chile y también a nivel mundial, lo cual está representando un problema de seguridad alimentaria para comunidades costeras en distintas latitudes, tal como lo expone un estudio publicado en la revista Science Advances. 

Luego de revisar los datos de la Tesorería, fue posible identificar que al menos cinco empresas que se dedican a la pesca reductiva o que forman parte de su cadena productiva, recibieron subsidios a la mano de obra en distintos años: Camanchaca (familia Fernández), Golden Omeda, Orizon y Serenor (familia Angelini) y Pesca Chile (familia Del Río).    

1) Camanchaca 

Los subsidios recibidos por Camanchaca se distribuyen entre Camanchaca S.A. ($852 millones) y Compañía Pesquera Camanchaca ($15 millones), empresas parte del grupo que, entre otras actividades, se dedican a la pesca reductiva en el norte y sur del país, con una planta de proceso de harina y aceite de pescado en Iquique y otra en Coronel. 

Camanchaca concentró el 13% del total de la harina de pescado y el 6% del aceite de pescado exportado desde Chile en 2024, equivalente a ventas por US $70 millones y US $25 millones, respectivamente. Cifras relevantes si se considera que Chile exportó el 19% de la harina de pescado y 67% del aceite de pescado a nivel mundial ese año, según la memoria anual de la empresa.

Pero estas cifras, que son fruto de las altas cuotas de pesca que tiene Camanchaca, no cayeron del cielo, primero hubo que pautear a algunos parlamentarios en lo que se conoció como el financiamiento ilegal de la política durante la tramitación de la Ley de Pesca promulgada en 2012, más conocida como Ley Longueira, mientras paralelamente recibía estos subsidios del Estado.

Según una investigación de CIPER, en 2013 el directorio de Camanchaca decidió donar vía Servel $45 millones en candidaturas políticas, y su filial Camanchaca Pesca Sur (en sociedad con Pesquera Bio Bio, de la familia Stengel) otros $30 millones a través de un mecanismo que, por la donación, les permitió acceder a beneficios tributarios.

En 2017, un asesor de la ex senadora Van Rysselberghe declaró que la entonces presidenta de la UDI venía siendo financiada por la Asociación de Industriales Pesqueros del BíoBío (Asipes) desde el año 2000, y que Camanchaca, socia de Asipes, financió su campaña de 2013 con $5 millones de pesos.

Camanchaca actualmente es controlada por los hijos de su fundador, Jorge Fernández Valdés, quienes se mantienen como los principales accionistas de la empresa que también recibió millonarios subsidios a la mano de obra en zonas extremas por su filial Salmones Camanchaca.

2) Golden Omega 

Recibió $650 millones en subsidios entre 2011 y 2023 para cubrir el 17% de 18.430 salarios. Según la memoria anual de la empresa, esta se creó en 2009 para participar en la cadena productiva que comienza con la extracción de anchoveta, luego es procesada para elaborar aceite de pescado y finalmente, a partir de este subproducto, concentrados de omega-3 que luego son comercializados.

Según la información de la propia Tesorería, Golden Omega ha recibido subsidios a la mano de obra en la región de Arica y por la Categoría de Actividad Económica (CAE) de “industria” y “elaboración de aceites y grasas de origen marino”, a pesar de que esta última actividad está literalmente excluida del beneficio. 

Sus principales accionistas son Orizon S.A. y Corpesca S.A., compañías que pertenecen a Empresas Copec S.A, propiedad del grupo Angelini, también involucrado en el financiamiento ilegal al senador Jaime Orpis (UDI) y la diputada Marta Isasi (UDI), en lo que se conoció como el caso Corpesca,  que incluyó delitos de cohecho y fraude al fisco y que prontamente rindió frutos para la empresa, según consta en investigaciones de CIPER.

3) Servicios y Refinerías del Norte (SERENOR) 

Recibió $84 millones para cubrir el 17% de 3.030 salarios entre 2006 y 2010 v destinados a prestar servicios de refinación de aceite de pescado, adquirir aceite de pescado para su posterior venta y prestar servicios de control de calidad y análisis, según señala un documento de su matriz, Corpesca.

En 2021 la empresa fue disuelta y absorbida por Corpesca, pesquera del grupo Angelini, el cual agrupa sus distintos negocios productivos bajo el holding Nutrisco, que a su vez es parte del conglomerado Empresas Copec que controla la bencinera Copec, forestal Arauco, Abastible y Terpel.

4) Orizon 

Orizon recibió $10 millones en subsidios para cubrir 310 salarios el año 2013. La empresa posee las marcas Petmarine (alimento para perros y gatos) y Orizon Smart Nutrition (harina de pescado en base a jurel, caballa, sardina y anchoveta). Su producción la basa en pesca artesanal (sardina y anchoveta para producir harina y aceite) e industrial (jurel, para producir conservas, congelados, harina y aceite).

Al igual que Golden Omega y Serenor, Orizon también pertenece al grupo Angelini. Surgió en 2010 fruto de la fusión entre South Pacific Korp (Angelini) y Pesquera San José, filial de Coloso (Lecaros Menéndez). Esta última, empresa que solicitó la rebaja tributaria por donaciones vía Servel, mecanismo utilizado para financiar de forma reservada candidaturas políticas.

5) Pesca Chile 

Recibió $298 millones para subsidiar 8.064 salarios entre 2015 y 2023 para extraer krill en aguas antárticas a través de su embarcación Antarctic Endeavour, y luego producir harina de krill en su planta ubicada en Punta Arenas, producto destinado a alimentar la creciente industria mundial del salmón.

El krill es una especie clave para mantener en equilibrio el ecosistema antártico, ya que es un alimento esencial para las ballenas, pingüinos, focas y aves marinas. A pesar de eso, en 2025 por primera vez la pesquería de krill debió cerrar anticipadamente al agotar su cuota de extracción anual de 620 mil toneladas. 

Pesca Chile S.A. pertenece desde 2014 a Grupo Inder, que controla los negocios pesqueros y salmoneros de José Luís Del Río Goudie, cuya familia también tiene negocios en el rubro automotriz, inmobiliario, agrícola y el retail. 

Al igual que Asipnor en la zona norte y Asipes en el Bío Bío, la Federación de Industrias Pesqueras del Sur Austral (Fipes) -controlada por Del Río Goudie- financió ilegalmente a políticos en el contexto de la tramitación de la Ley de Pesca de 2012, como el ex diputado Iván Fuentes, logrando pautear una indicación que permitió que los pescadores artesanales vendieran el 100% de su cuota al sector industrial, medida que sigue vigente.

Recientemente, en abril de 2025, el Sernapesca denunció a Pesca Chile por la captura y muerte de una ballena jorobada mientras realizaba faenas de pesca de krill en las cercanías de las Islas Orcadas del Sur.

Descripción: ballena jorobada enmallada en embarcación de Pesca Chile. Fuente: Sernapesca.

RESPUESTA DE LA TESORERÍA POR SUBSIDIOS A LA PESCA REDUCTIVA:

En el caso de las empresas de pesca reductiva, la Tesorería agregó que “según pronunciamientos de la División Jurídica de la TGR (2018 y 2024), la exclusión aplica solo a empresas productoras de harina o aceite de pescado para uso industrial. Las empresas consultadas se dedican a acuicultura y procesamiento de alimentos, actividades no cubiertas por la exclusión auditados”.

Pero al revisar información disponible en los sitios web de las mismas empresas expuesto en el apartado anterior, estas cinco compañías sí participan en la extracción, procesamiento y/o elaboración de subproductos en base a peces extraídos del mar y no cultivados, por lo cual no debieron acceder a subsidios.

También se solicitó copia de los pronunciamientos de la División Jurídica de la Tesorería que dejan constancia de estas especificaciones sobre la exclusión del beneficio, pero tampoco hubo respuesta del organismo, pese a las insistencias.

¿INSTRUMENTO DE FOMENTO PRODUCTIVO O DE REDUCCIÓN DE COSTOS EMPRESARIAL?

Cuando el año 2002 se tramitó la ley que bonifica la mano de obra en zonas extremas, varios parlamentarios criticaron la lógica detrás del subsidio por responder a una concepción obsoleta de fomento productivo, pudiendo llevar a un uso ineficiente de recursos públicos. Eso fue hace veintitrés años atrás, y pese a que en ese entonces se aprobó una vigencia hasta 2012 cuyo gasto sería decreciente para dejar de existir en 2013, ha sido prorrogado una y otra vez.

Pese a todos estos antecedentes y luego de casi 50 años de ejecución del subsidio a la mano de obra, ya sea vía DL 889 -vigente desde 1975- o Ley 19.853, la Dirección de Presupuestos (DIPRES) del Ministerio de Hacienda no ha realizado ninguna evaluación sobre la eficacia del gasto público a través de este instrumento.