Caso Seguros CODELCO: el montaje estatal de un fraude inexistente

Señor Director:

En enero de 2020, CODELCO interpuso una querella criminal por un supuesto fraude de 22 millones de dólares en pólizas de seguros colectivos. Acusó a dirigentes sindicales de Chuquicamata y Radomiro Tomic, a la aseguradora Chilena Consolidada y a la empresa G&S de integrar una “triangulación fraudulenta” destinada a estafar a la estatal. La acusación se basó en un informe irregular de COCHILCO (DF-M/04/2019), construido sobre un estudio interno de la propia CODELCO —Dirección de Proyectos de Salud—, es decir, de la entidad investigada. Ese hecho configuró un conflicto de interés flagrante: el organismo fiscalizador utilizó antecedentes producidos por quien debía ser fiscalizado. Así nació una hipótesis falsa de sobreprecio que derivó en despidos, querellas y una persecución judicial y mediática sin sustento.

Veinte días después de presentada la querella, el 8 de febrero de 2020, la aseguradora Chilena Consolidada se autodenunció ante la CMF, reconociendo errores administrativos y restituyendo íntegramente los fondos. Sin embargo, el 24 de agosto de 2020, CODELCO firmó una transacción extrajudicial que exoneró expresamente a la aseguradora, retirándole toda arista penal. Aun así, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó otra querella en diciembre de 2020, intentando sostener artificialmente un caso ya cerrado. La Resolución Exenta Nº 7932 de la CMF (23-12-2021) sancionó a Chilena Consolidada solo por hechos derivados de su autodenuncia, reconociendo que actuó como corredora directa de las pólizas y declaró utilidades contables legítimas, sin vínculo alguno con la hipótesis de COCHILCO. La única sanción real del caso desmintió el montaje penal que CODELCO validó.

El Oficio Nº 20496 de la CMF (12-02-2024) confirmó que el Sindicato Radomiro Tomic nunca contrató las pólizas A-1482071 y A-1482074, que fueron suscritas directamente por CODELCO-División Codelco Norte.

El 2 de mayo de 2025, la Fiscalía comunicó su decisión de no perseverar en la causa RIT 139-2020, reconociendo la inexistencia de delito. Lo más indignante fue el actuar de CODELCO, que ni siquiera fue capaz de defender su propia querella. La empresa guardó un silencio vergonzoso e infame, demostrando que todo su actuar previo fue un montaje político-administrativo sin sustento legal. Luego, la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, en forma unánime, ofició al presidente del directorio, Máximo Pacheco, solicitando reparar el daño causado. Su respuesta fue evasiva y cobarde.

A ello se suma el rol de la Contraloría General de la República (CGR). De acuerdo con la Ley N° 10.336, artículos 1°, 3°, 9°, 16 y 20, la Contraloría ejerce control jerárquico y técnico sobre COCHILCO, debiendo autorizar sus informes y fiscalizar su legalidad. COCHILCO no podía emitir un informe con efectos públicos sin dicha supervisión. Pese a ello, la Contraloría guardó silencio ante un documento manifiestamente ilegal y un conflicto de interés evidente. Su omisión no fue un descuido: fue una violación directa a su mandato legal, que permitió un montaje estatal.

Hoy permanece vigente la querella RIT 2469-2024 por calumnia y obstrucción a la justicia contra abogados de CODELCO y autores del informe COCHILCO. Los tribunales han rechazado sus intentos de sobreseimiento, evidenciando lo vergonzoso de sus defensas.

Decenas de trabajadores y ex dirigentes sindicales fueron despedidos por “falta de probidad”, sin derecho a defensa ni indemnización. Los Sindicatos N.º 1 y N.º 2 de Chuquicamata, junto a ex dirigentes de Radomiro Tomic, mantienen una demanda ante la OIT por prácticas antisindicales de CODELCO.

El Caso Seguros CODELCO demuestra cómo un informe ilegal, un control omitido y una Contraloría complaciente bastaron para destruir vidas, encubrir responsabilidades y quebrar la confianza en el Estado de Derecho en Chile.