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RESIDENCIAS EN LAS QUE VIVÍAN NO LOS RECIBEN DE VUELTA POR FALTA DE CUPOS O PORQUE TIENEN PERFILES COMPLEJOS
17.04.2025
A pesar de estar en condiciones de alta médica de centros psiquiátricos, niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (ex-Mejor Niñez) se ven obligados a permanecer en estos recintos, no por motivos de salud, sino por problemas estructurales en las residencias. El déficit de cupos, la falta de residencias especializadas, junto al cierre de algunas de estas, y el rechazo a recibir jóvenes con problemas de salud mental, han dejado a algunos menores atrapados en un limbo institucional, sin el entorno necesario para su adecuada recuperación y desarrollo. El siguiente reportaje fue elaborado por alumnas de Periodismo de la UC y ha sido seleccionado como finalista del Premio Periodismo de Excelencia 2024, en la categoría universitaria.
“Me siento peor estando acá́, me siento bien, estable, y el no poder irme me genera mayor ansiedad, ya no quiero estar más encerrada y debo comenzar a tener una vida más normal”. Esas fueron las palabras de la adolescente de 16 años –a quien llamaremos Karen, para proteger su identidad– a su abogada. La menor había sido declarada en condiciones de alta médica, pero permanecía retenida en la Unidad Hospitalaria de Cuidados Intensivos de Psiquiatría del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, de Temuco.
Karen fue ingresada en la Unidad de Corta Estadía el 5 de enero de 2024, luego de una crisis que la llevó a auto infligirse cortes en los brazos con un trozo de vidrio. Aunque el equipo médico le dio el alta casi un mes después, fue mantenida 61 días adicionales en internación debido a que su antigua residencia solicitó su reubicación, y no existían más cupos en otros hogares de la zona.
Tras un recurso de amparo interpuesto por el Programa Mi Abogado, la situación de Karen llegó a manos de la Corte Suprema. De manera similar, durante 2023, otros dos casos de adolescentes obligados a permanecer en centros psiquiátricos fueron llevados a las Cortes de Apelaciones de Punta Arenas y Antofagasta.
Estos acontecimientos no son aislados, a través de entrevistas a expertos y trabajadores, tanto actuales como antiguos, del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (ex-Mejor Niñez), y de solicitudes de información por transparencia dirigidas a esa misma entidad y al Ministerio de Salud, se identificaron para este reportaje cuatro casos de menores de ex Mejor Niñez que han sido mantenidos en centros psiquiátricos, sin requerirlo. Sin embargo, se estima que este número puede ser mayor al documentado.
A tres años de la implementación del Servicio, se ha podido observar un déficit en la disponibilidad de plazas, un aumento en los problemas de salud mental de los menores y algunos de ellos rechazados por sus perfiles ‘problemáticos’.
La llegada de Mejor Niñez en octubre de 2021 trajo consigo cambios y transiciones en el sistema de protección de menores en Chile. Desde asumir el resguardo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes hasta el completo cierre de los Centros de Administración Directa (CREAD), gatillado en 2016 por la muerte de Lissette Villa –la menor de 11 años que fue asfixiada en el intento de ser contenida por sus cuidadoras–, el nuevo sistema ha tratado de implementar un modelo que deje atrás los errores cometidos por el antiguo Servicio Nacional de Menores (Sename).
Sin embargo, la historia de Karen evidencia un problema estructural en Chile: según Pamela Canessa, coordinadora regional del programa Mi Abogado de la región de Valparaíso, muchos menores bajo la tutela de ex-Mejor Niñez permanecen en instituciones psiquiátricas incluso después de recibir el alta médica, «esperando un cupo en residencias”. Esta estadía, que debería ser de corta duración en los hospitales, se ha convertido en una situación prolongada, “e incluso los jueces autorizan esto porque –los niños– estarían en un lugar seguro (…), versus que decreten el egreso del hospital y, como no hay residencia, queden en la calle”, afirma.
El caso de una adolescente de 17 años –a quien llamaremos Valentina–, que fue ingresada en la Unidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Hospital Clínico Magallanes de Punta Arenas tras un intento de acabar con su vida en septiembre de 2023, refleja el mismo problema. A pesar de que los médicos le dieron el alta cinco días después de ser ingresada, permaneció hospitalizada 22 días más debido a la escasez de cupos en la residencia RVA Magallanes. Así, Valentina quedó atrapada en un sistema que no tenía lugar para ella, siendo forzada a mantenerse en internación.
Los problemas de salud mental tienen un profundo impacto en los niños, niñas y adolescentes al cuidado de ex-Mejor Niñez, y la carencia de servicios especializados que puedan atender sus necesidades agrava las condiciones de estos jóvenes. De acuerdo con la resolución 947 de la Cámara de Diputados, del 10 de julio de 2023, “uno de cada dos niños, niñas y adolescentes (NNA) que viven en estas residencias, está afectado por algún problema de salud mental (55%)”. Asimismo, según un estudio de la Defensoría de la Niñez de junio de 2024, en donde se hicieron 656 encuestas a niños, niñas y adolescentes de entre 10 a 18 años bajo cuidado del Estado, se revela que dentro de las principales preocupaciones que tienen, están los problemas de convivencia en las residencias y “los problemas de salud mental (consumo problemático de drogas), falta de tratamientos, lo cual influye en problemas de convivencia y violencia”.
Las residencias no cuentan con apoyo psiquiátrico dentro de los propios establecimientos, sino que, en caso de urgencia o necesidad, los menores deben acudir a los hospitales o centros de salud mental externos, junto a todo lo que eso conlleva: por ejemplo, largas listas de espera, corta oferta de profesionales especializados y pocos cupos de horas médicas o de internación.
Imagen referencial (Fuente: servicioproteccion.gob.cl)
Una funcionaria de ex-Mejor Niñez, que solicitó la reserva de su identidad, explica que: “En particular el tema de salud mental siempre ha sido complejo, porque tenemos un déficit nacional de psiquiatras infanto-juveniles». En ese sentido, en la misma encuesta de la Defensoría de la Niñez a menores bajo protección del Estado también se expresa la necesidad de contar con profesionales y especialistas: “Se demandan recintos especializados de rehabilitación personal en las residencias especializadas en salud mental y/o efectivizar el principio de prioridad en la atención al servicio público”.
Blanquita Honorato, directora ejecutiva de la Fundación Candelaria Apoya, organización que se dedica a jóvenes que están por egresar de los programas de Cuidado Alternativo de ex-Mejor Niñez, ha sido testigo de cómo estos menores, una vez que se consigue la internación, no pueden retornar a una residencia: “El problema es que los niños se internan y después las residencias cierran u ocupan su cupo en otro niño, o el mismo sistema le manda a otro niño”. Y, de este modo, ocurre una “sobrepoblación de niños en el sistema de internación de salud mental”, explica.
Los datos solicitados vía Ley de Transparencia para este reportaje acreditan que, para finales de 2023, 1.299 niños y niñas de 10 a 17 años bajo protección del servicio egresaron de alguna internación psiquiátrica. También, para ese mismo año, el promedio de días de estadía fue de 21,7, siendo el máximo de 168. Sin embargo, al momento de ser solicitado el dato de la cantidad de menores que han sobrepasado su estadía luego de ser dados de alta, el servicio respondió que esa cifra no ha sido registrada en los egresos hospitalarios en ninguno de los tres años de funcionamiento de la institución.
Entre los casos documentados, se identificó una acción de amparo acogida por la Corte de Apelaciones de Antofagasta durante el primer semestre de 2023. Según Loreto Puentes, coordinadora regional del Programa Mi Abogado, dicho recurso involucró a una adolescente que se mantuvo hospitalizada durante 100 días adicionales, pese a estar en condiciones de recibir el alta médica. En este fallo, la Corte, tras considerar el estado de la menor que fue expresado ante el Tribunal de Familia de Antofagasta, fue tajante al afirmar que su mantención en el Hospital Regional de Antofagasta “constituye una perturbación en sus derechos a la libertad personal y seguridad individual consagrados en el artículo 19 Nº7 de la Constitución Política de la República”.
El equipo de este reportaje intentó comunicarse en más de una ocasión con la Defensoría de la Niñez para obtener declaraciones sobre este tema, sin embargo, no entregaron comentarios al respecto.
La cantidad de menores que han ingresado al cuidado alternativo de residencias ha ido en considerable aumento durante los últimos meses. Desde marzo de 2023 a octubre de 2024, han ingresado 388 niños a residencias, siendo así un total de 4.965 menores que viven en estos establecimientos a lo largo del país. El fenómeno anterior, ha permitido transparentar la inminente escasez de plazas en los hogares de menores, problema que ha significado reprochables condiciones de vida para los niños y adolescentes.
“Frente a toda esa situación caótica, la falta de oferta ha significado una sobrepoblación de las residencias y fórmulas absolutamente inaplicables desde nuestro punto de vista por la improvisación (…). Ya se habló que van a poner camas nido o camarotes, lo cual se dijo que nunca más iba a pasar después del Sename”, menciona Yury Contreras, tesorero nacional de la Asociación Nacional de Trabajadores del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (ANTRAP), haciendo referencia a las malas experiencias del uso de camarotes en residencias del Sename, como el caso de una menor de 16 años, en Temuco, en 2012, que se quitó la vida utilizando uno de estos muebles.
Las “fórmulas absolutamente inaplicables” que menciona el dirigente de la ANTRAP se ven traducidas en el informe realizado por el Poder Judicial del segundo semestre de 2023, donde se revela que el 40% de las residencias colaboradoras y de administración directa de Mejor Niñez se encuentran en hacinamiento. Es decir, 90 de los 245 hogares de menores a lo largo del país están con sobrecupo.
Imagen referencial (Fuente: servicioproteccion.gob.cl)
Ese fue el motivo por el cual el servicio ex-Mejor Niñez le negó el reingreso a Valentina a una residencia, pues “no existirían en la actualidad plazas disponibles para realizar el ingreso de la niña a la RVA Magallanes”, menciona la sentencia de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Esto, debido a que el hogar administrado por la Fundación Niño y Patria se encontraba en su máxima cantidad de ingresos ocupados, provocando así que la menor de 17 años tuviera que extender su estadía en la Unidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Hospital Clínico Magallanes.
Sin embargo, las razones detrás de la prolongación de la estadía de los menores bajo protección de Mejor Niñez en centros psiquiátricos no son meramente porque el sistema residencial no da abasto con la cantidad de niños que ingresan a los programas de cuidados alternativos, sino que otra de las consecuencias de la transición al nuevo sistema de protección es el progresivo cierre de residencias del servicio. Blanquita Honorato reconoce la disminución de la oferta residencial en los últimos años: “Desde 2021, de las residencias de adolescentes con las que nosotros trabajamos ya han cerrado cinco, contando la quinta región”.
Fue a principios de enero de este año cuando Aldeas Infantiles SOS Chile anunció a través de un comunicado en su página web, el próximo cierre de seis de sus residencias, afectando así a 120 niños, niñas y adolescentes que quedarán sin lugar donde vivir. A su vez, durante el año 2023, se registró que 23 de los proyectos residenciales dejaron de funcionar, y para finales de 2024, se espera que otros 15 hogares cierren, según datos citados por La Tercera (vea acá ese artículo).
La falta de cupos y los cierres de residencias no son las únicas razones por las que los niños, niñas y adolescentes no pueden retornar a sus hogares u obtener disponibilidad en hogares del servicio, puesto que, otra realidad que enfrentan estos menores es la negación de cupos debido a su perfil. Algunos son considerados “problemáticos” por las residencias, dada la complejidad de su salud mental. Es por esto que prefieren no lidiar con ellos.
El caso de Karen en el Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco, que fue mencionado a comienzos de este reportaje, refleja el rechazo que enfrentan los niños de características más complejas. La internación de la menor ocurrió luego de que llegara a su residencia en un presunto estado de consumo de drogas, amenazando con quemar la casa. Acto seguido, destruyó muebles, loza y utensilios de cocina, más tarde, tiró sillas hacia el ventanal, por lo que las educadoras evacuaron al resto de las niñas del hogar.
Una fuente cercana, que pidió la reserva de su identidad, indicó que, una vez que Karen recibió la atención de acuerdo con sus necesidades, el psiquiatra señaló que debía volver al sistema residencial, pues no tenía justificación médica para permanecer allí. El equipo de este reportaje tuvo acceso a los documentos con los cuales la residencia de la adolescente solicitó el cambio de hogar ante el Tribunal de Familia. “No era que hubiera inexistencia de plaza, de cupo. Ella tenía su cupo, pero definitivamente no la querían recibir (…). El organismo colaborador señaló: ‘o esta niña no ingresa acá o nosotros dejamos la residencia’ (…) ¿Qué creen ustedes que ocurrió? No la dejaron entrar, ¿Y por tanto? Se quedó un tiempo en el hospital”, agregó la fuente.
Teresa Izquierdo, presidenta de la Fundación Focus y miembro del directorio de Juntos por la Infancia, describe otra situación similar: un menor ingresado al Hospital del Salvador de Valparaíso, tras problemas de ira y por intentos de abuso sexual a otros menores de su anterior hogar, fue asignado a una de sus residencias, motivo por el cual se vieron en una encrucijada: “Tú dices, ‘yo lo recibo y puede abusar de otro joven’. Tú a veces no estás en condiciones de recibirlo, no por mala onda, no por negligencia, sino porque tú te declaras no capaz de hacerlo”.
La situación descrita no solo ocurre porque los menores presentan problemas de violencia, sino también por la complejidad de su condición. Una profesional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que pidió resguardar su identidad, conoció un caso que ocurrió a mediados de 2024: un menor de 12 años –a quien llamaremos Martín para proteger su identidad– con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y una discapacidad mental moderada, ingresó al Hospital de Rengo por una desregulación emocional. Luego, tras su alta médica, pasó aproximadamente 60 días en el establecimiento sin requerirlo.
Imagen referencial (Fuente: servicioproteccion.gob.cl)
Según el correo electrónico que intercambió el hospital y el servicio el 29 de julio, Martín “solo está en este establecimiento por motivos proteccionales (52 días a la fecha), no siendo el lugar más apto para un niño que requiere otro tipo de cuidados y acorde a sus necesidades”. La profesional del servicio que identificó el caso menciona que “no era la idea que estuviera tanto tiempo, porque finalmente el chiquillo terminó descompensándose al interior del hospital porque estaba aburrido, porque estaba encerrado”. En ese mismo correo, se detalla la condición del menor debido a esta larga estadía forzada: “Desde el miércoles al domingo han ocurrido tres episodios; donde se descompensó, agredió al personal e intentó fugarse”.
Finalmente, a través de una resolución del Juzgado de Familia de Rengo, a Martín lo recibieron en el Pequeño Cottolengo de Rancagua, pese a las disputas entre el equipo de la residencia y el servicio “dado que no cumple el perfil”, pues el hogar está destinado para menores con una discapacidad severa-profunda, lo cual, no es su caso.
“Especial preocupación manifestó la Defensoría de la Niñez, principalmente por la indebida planificación y ejecución de los cierres de algunas residencias (…), como también la falta de oferta especializada con la que quedan algunas regiones ante esta situación con el consecuente impacto en los niños”, fueron las palabras de la institución en un comunicado de prensa de julio de 2023, confirmando de esta manera la inminente carencia de hogares en el sistema.
Una situación que desencadena no solo el caso de Martín, sino que también otros, como los que relata Carolina Valdivia, coordinadora regional del Programa Mi Abogado de la región de Atacama: “En el caso de Copiapó, si el niño tiene 15 años o es una niña, no tiene dónde estar en la región. Hay que desarraigarla de acá y mandarla a Vallenar, Freirina o a Chañaral, porque faltan ofertas referentes a las etapas y al sexo de los niños”.
De este modo, la falta de una red de apoyo integral y de residencias especializadas para los menores bajo cuidado del Estado ha generado que algunos de ellos queden atrapados en hospitales psiquiátricos sin tener la necesidad médica de estar ahí. La funcionaria de Mejor Niñez que solicitó la reserva de su identidad, es concluyente respecto a las múltiples carencias del sistema: “La realidad que tenemos en estos momentos es esa, en donde por un lado no tenemos cupo, por otro lado, tenemos un servicio que tampoco responde a las necesidades de los niños, y una falta de recursos también desde lo público. Entonces, se trabaja con lo que se tiene y tratando de ver la forma cómo poder responder a la necesidad de ese niño”.
(*) Este reportaje fue realizado por las estudiantes Camila Ginouves y Martina Adasme en la sección del profesor Pedro Ramírez del curso Taller de Periodismo Avanzado de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
