La que fue presentada como la “vedette” de la propaganda electoral de este año, una impresora en PVC que el candidato compró para sí, nunca pasó por las instalaciones de la ex Machasa, como se ha dicho hasta ahora. Fue la Editorial Los Andes –de propiedad del candidato– la que pagó US$ 100 mil a una empresa de Sonda para importar la máquina, que imprime desde la empresa XL Print, ligada a El Mercurio. La fiebre por el PVC, material con el que se hacen las palomas y letreros monumentales, ha cambiado el mercado de los impresores de propaganda electoral.

Más de tres mil millones de pesos, según las estimaciones más conservadoras, es lo que están consumiendo esta vez las candidaturas presidenciales y parlamentarias en el rubro más codiciado y eficaz de la propaganda política: la impresión en PVC, ese material plástico, poroso y medio brillante del que están hechas la mayoría de las piezas publicitarias que son la punta de lanza de toda campaña. ¿Ha visto esos grandes afiches impresos dispuestos a lo largo de las principales calles del país? Son las famosas “palomas” de PVC ¿Y esos enormes avisos de 12 por 4 –y hasta 12 por 8 metros– en las azoteas de edificios de las grandes ciudades, instalados en gruesos postes y hasta apostados en las carreteras? Esos son los “monumentales”, del mismo material.

El PVC es hoy un arma estratégica de cualquier campaña electoral y Sebastián Piñera lo comprendió rápidamente. Mezclando su olfato político con su talento para los negocios, el candidato de la derecha compró su propia máquina para imprimir PVC. Hasta ahora se ha dicho que la trajo de Corea del Sur –primero se sostuvo que era en China– y que ésta trabaja desde las instalaciones de Machasa, la ex fábrica textil que el empresario compró para Chilevisión. Una verdad a medias, pues la imprenta nunca ha estado ahí.

Tras una amplia ronda de consultas a ejecutivos de industrias gráficas, otros actores del mercado y personeros allegados al comando del abanderado opositor, CIPER descubrió una operación bastante más compleja que nuevamente abre preguntas sobre el estrecho vínculo entre las decisiones políticas y empresariales del candidato.

La ruta de la ya famosa impresora parte efectivamente en Corea del Sur y llega a Chile a través de Microgeo S.A. No se instala en la ex fábrica de Machasa, sino que es trasladada a la comuna de Huechuraba, donde la opera XL Print, una empresa en cuya propiedad participa El Mercurio.

Microgeo, la importadora de la máquina, es una filial de Sonda, el holding tecnológico cuyo controlador y presidente es Andrés Navarro, un viejo amigo de Sebastián Piñera. Participó activamente en su campaña presidencial de 2005, provocando molestia en la Concertación, a la que había apoyado financieramente hasta entonces.

El propio Navarro dijo después a revista Qué Pasa, en agosto de 2008, que “aprendí una lección: hay que separar los negocios de la política. No quiero participar en política mientras esté activo en los negocios”. En esa misma ocasión, Navarro afirmaba que no participaría en la actual candidatura de Piñera. De todos modos Navarro se involucró indirectamente en política a través Microgeo, pues la de Piñera no fue la única imprenta que importó para la campaña (Ver recuadro).

Quienes conocieron los detalles de la transacción relatan que las consultas y cotizaciones por la imprenta comenzaron a fines del año pasado; inicialmente fue por tres máquinas, pero se llegó a un acuerdo por una sola, a comienzos de 2009. No fue Piñera como persona natural, ni tampoco su comando, los que firmaron los documentos de compraventa a Microgeo. Fue Editorial Los Andes, de propiedad del candidato y estrechamente ligada tanto a Fundación Futuro como a Bancard, una de las principales plataformas de operaciones empresariales del candidato.

Bancard, Editorial Los Andes y Fundación Futuro funcionan en el mismo edificio donde se encuentran los cuarteles generales de Piñera: Apoquindo 3000. Bancard está en el piso 17, mientras que las otras dos entidades se ubican en el piso 19. Entremedio, en el piso 18, está la oficina del candidato.

Editorial Los Andes fue bautizada con ese nombre el 3 de agosto de 1995, en una operación en que el 99,9% de su propiedad quedó en manos de Inversiones Santa Cecilia S.A., el otro vehículo de inversión de Piñera. Quince días más tarde, Editorial Los Andes adquiría el 99,9% de Compañías de Industrias y Desarrollo Limitada, que en el mismo acto se convertía en Bancard S.A.

Fundación Futuro también es más que simple vecina de piso de Editorial Los Andes. Y no sólo porque hasta el teléfono que publican en las Páginas Blancas es el mismo, sino porque sus identidades se confunden. En una de las modificaciones que sus dueños le hicieron a la editorial, en 1997, establecieron que para fines comerciales, bancarios, tributarios, y financieros podrá usar indistintamente uno cualesquiera de los nombres de fantasía “Fundación Futuro S.A.” o “Fundación Futuro”. Además, en el Diario Oficial figuran numerosas escrituras y solicitudes de registro de marcas comerciales hechas por la Editorial Los Andes a favor de la Fundación Futuro.

Es difícil dilucidar cuál es exactamente la relación que existe hoy entre ambas y por lo tanto no se sabe si la Fundación Futuro está de alguna forma ligada a la adquisición de la imprenta. De acuerdo a sus estatutos, la fundación no tiene fines de lucro y sólo puede cumplir funciones culturales y educacionales. Esto, pese a que se sabe que tiene una activa participación en la realización de sondeos políticos para Piñera. Para aclarar estos puntos, en la fundación dijeron que había que hablar con Santiago Valdés –administrador electoral de Piñera y gerente de Finanzas de Bancard–, pero éste no contestó los llamados ni los recados que se le dejaron.

Otro camino habría sido revisar las memorias de la Fundación Futuro para ver si hay pistas sobre su relación con Editorial Los Andes, pero en septiembre último la fundación rechazó que la Subsecretaría de Justicia entregara dichos documentos a CIPER, que los había pedido por intermedio de la Ley de Transparencia. El caso está detallado en este reportaje y la controversia a la espera de ser dirimida por el Consejo para la Transparencia.

No era Machasa

Microgeo importó directamente desde Corea del Sur la máquina elegida, una DGI Polajet PS3204D, sólo cuando Editorial Los Andes le hubo pagado por adelantado y al contado US$100 mil –y no US$300 mil, como se ha dicho hasta ahora– que costó. Luego estuvo por lo menos dos meses embalada en las dependencias del comando presidencial de Piñera, ubicado en Apoquindo 2921.

–Al comienzo se pensó que era llegar y hacerla funcionar sola, pero en el camino se dieron cuenta que era mucho más complicado: operar la máquina requiere de condiciones especiales, de suministros, mantención y personal– aclara un personero de RN.

Entre abril y mayo últimos, la máquina Polajet fue trasladada a las instalaciones de una las principales empresas que se dedican a la impresión en PVC y grandes formatos, y que también suele trabajar para campañas políticas: XL Print. Desde entonces imprime allí la propaganda para Piñera –y también la de los candidatos RN-UDI que aparecen con él–, la cual se termina de montar, ahora sí, en la ex Machasa.

CIPER le pidió formalmente al comando de Piñera que explicara su relación con XL Print, pero la respuesta oficial fue que no contestarían. Y los ejecutivos de XL Print también optaron por el mutismo. Probablemente haya que esperar que se haga pública la rendición legal de Piñera para saber cuál es el trato y si la compra de la imprenta es incluida como gasto de campaña o si se trató de uno de sus negocios privados. Ese escenario abre varias fórmulas posibles, que incluyen la facturación a una empresa del candidato o a XL Print.

Algunos de los que conocieron el procedimiento comentaron a CIPER que la explicación para el vínculo con XL Print hay que buscarla en dos nexos estratégicos de la empresa. Primero, entre sus dueños figura Pablo Amunátegui, hijo del abogado y ex vicepresidente de RN, Miguel Luis Amunátegui. Otro de sus socios es Rodrigo Guzmán, casado con la ex secretaria de Agustín Edwards, Julia Kennedy.

Esto último podría no ser pura coincidencia. En el website de XL Print se señala que la firma “es parte de Grupo Sur, empresa ligada a El Mercurio S.A.P.”, y también cuenta que el grupo de empresas El Mercurio “a principios del 2006 deciden entrar en la propiedad de la compañía”.

Un tercer propietario de XL Print es Rodrigo Tuset Ortiz, quien comparte el directorio de Inversiones Tricahue con tres empresarios muy cercanos a Piñera. Ahí están José Cox Donoso, dueño de CMB Prime, socio del candidato RN en Axxion –uno de sus motores de inversión junto a Bancard- y uno de los principales recaudadores de fondos para su campaña; Juan Eduardo Errázuriz, su amigo y ex aliado de Eduardo Frei; y Ricardo Bachelet, primo de la Presidenta, también dueño de CMB y no menos amigo de Piñera.

En XL Print el representante del comando de Piñera es Ramiro Sáez, quien depende del área de operaciones del centro de campaña del candidato, encabezado por Jorge Pinochet y secundado por Robinson Aranda, hasta marzo pasado director de la Corporación Cultural de Ñuñoa y asesor del alcalde Pedro Sabat. Con la presencia de Sáez, Pinochet se asegura que la Polajet cumpla con su objetivo, especialmente luego de que se registraran algunos problemas con la mantención del aparato, que debe funcionar 24 horas al día.

Tanto XL Print como su otrora matriz, el Grupo Sur, tienen buenos contactos con municipios liderados por alcaldes de RN, como Lo Barnechea y Vitacura. El año pasado, la Contraloría le pidió a ambos jefes comunales que explicaran el alto número de “permisos precarios” que los dos municipios le habían otorgado a la firma para instalar publicidad; se trata de una modalidad en que el jefe comunal puede asignar directa y discrecionalmente espacios por el tiempo que estime conveniente.

La impresora Polajet, en todo caso, no es la única fuente de propaganda de Piñera. Los que conocen su funcionamiento estiman que imprime alrededor de 800 metros cuadrados diarios, por lo que operaría en modo “producción”, según sus especificaciones técnicas: entre 37 y 45 metros cuadrados por hora. Rinde aún más, pero a mucho menor calidad. “Dentro de las grandes, es una de las chicas”, dice un profesional que la conoce.

–La máquina es más que nada para salir de urgencias, como imprimir a última hora para una actividad que se te viene encima, sin depender de terceros– explica desde el comando de Piñera un entendido en el asunto.

Para cubrir el resto del flujo de propaganda, buena parte de las otras máquinas de XL Print también imprimen para la misma campaña, pero sin abandonar su clientela tradicional. Allí hay al menos otras cinco máquinas: cuatro que trabajan sobre telas PVC y otra que imprime sobre madera u otras superficies rígidas. Esta última es la que permite fabricar los ahora tan de moda “Bigboys” o reproducciones a escala natural del candidato.

Ha sido tanta la demanda, comentan en este mercado, que hace dos fines de semana XL Print debió derivar parte del trabajo a otra empresa: EFE. Allí se imprimieron, sólo en un fin de semana, al menos tres mil palomas para Piñera. Fuera de XL Print, para el candidato de la derecha también imprime la firma Airbrush, cuyas impresoras rinden entre 40 y 120 metros cuadrados por hora. Su gerenta de ventas, Ana María Pinochet, indica que trabajar para una campaña “es desgastante” y que no pueden dejar de lado a sus clientes tradicionales.

El reinado del PVC

Más duradero y vistoso que los tradicionales lienzos y afiches en papel y cartón, el PVC se consagró como el principal medio de propaganda en esta contienda. Su impacto en el mercado es tal, que hay empresas que apostaron por comprar máquinas nuevas para enfrentar la demanda electoral, tal como lo hizo Piñera.

El negocio ha cambiado desde aquella lejana –y fallida– campaña de Joaquín Lavín a diputado por Las Condes (1989), cuando la propaganda en PVC debutó en Chile con su recordado slogan de “El Gallo de Pelea”: entonces el metro cuadrado costaba US$ 100, importado e impreso desde Estados Unidos, mientras que hoy apenas ronda entre los $1.700 y $2.000 (US$3 – US$4). Y a mayor volumen, mejores precios.

No sólo han cambiado los costos. Lo estratégico del negocio y sus frecuentes lazos con los candidatos han generado interesantes nexos entre estos proveedores y sus “clientes”, tanto en el mercado del PVC como en la ya no tan demandada propaganda en offset.

Apenas se avecina una campaña política, los candidatos tratan de adelantarse a sus rivales, para cerrar un acuerdo con alguna de las diversas imprentas del rubro. En sentido contrario ocurre lo mismo: hay firmas que comienzan a contactar a partidos políticos y clientes individuales hasta cinco meses antes de que arranque la campaña. Como la crisis provocó una caída en el mercado de la publicidad, este año se apuraron aún más.

En la industria gráfica y en los diversos comandos consultados por CIPER se estima que las cuatro mayores empresas del rubro que se dedican a campañas –XL Print, Imagen Publicitaria, Cordillera y 3F– imprimen, por lo bajo, unos 100 mil metros cuadrados al mes, para una clientela de candidatos que dura cuatro meses. Así, sólo los candidatos que imprimen con dichas firmas han gastado unos $2.720 millones. A eso hay que sumar la veintena de otras empresas medianas y pequeñas del mismo rubro (que superan largamente los $700 millones), para un total de $3.400 millones.

En este cálculo no entran la impresión en papelería –offset– y cartones, ni menos los costos de arrendar espacios para monumentales y otro tipo de propaganda gráfica.

Un candidato a diputado, por ejemplo, no se “despliega” en la calle con menos de 2 mil palomas, lo que implica unos 4 mil metros cuadrados y casi $7 millones en el caso de las palomas de dos metros cuadrados; si se trata de las piezas de 4 metros cuadrados –el formato más grande en este tipo– los costos se doblan. Los números son apenas una mínima referencia, ni comparable con el frenético consumo de PVC en campañas que todos los días dan de baja afiches destruidos por sus rivales, como ocurre en Providencia, Ñuñoa y la Quinta Región Costa.

El panorama es muy distinto en la campaña presidencial. Por razones de presupuesto, tanto Jorge Arrate como Marco Enríquez-Ominami no han privilegiado el PVC, a diferencia de Eduardo Frei y Sebastián Piñera.

Antes de discutir cualquier contrato, la mayoría de los proveedores exige que quede clarísimo cómo le van a pagar. No es lo mismo imprimir para grandes marcas de retail, por ejemplo, que para candidatos que no se sabe si ganarán o perderán. Hay varias condiciones de pago, partiendo por la más dura: todo al contado y por anticipado. Otra opción es cobrar un porcentaje por adelantado y el resto contra entrega. En ambos casos, si el “cliente” no tiene tanta solvencia, optará por un crédito o apostará al anticipo del Servicio Electoral (Servel).

Desde que existe Ley de Gasto Electoral también se maneja otra fórmula: imprimir y después cobrar cuando el candidato o partido reciba la devolución que el Servel entrega en proporción a los votos obtenidos. Pero ésta se concreta aproximadamente en marzo del año entrante, y no todas las imprentas tienen espaldas financieras para esperar. Otras no confían en que eso ocurra, y optan por lo más seguro: convienen con el cliente que éste les firme un poder que les garantice que el Servel les pagará directamente el monto adeudado.

Esta última fórmula da la opción de factorizar la deuda. La imprenta si está muy urgida por liquidez, puede llevar el mismo poder ante un factoring o entidad bancaria reconocida por la Superintendencia de Bancos y cobrar de inmediato, pero al costo de perder un porcentaje del total.

La demanda es tal, que algunas empresas están dedicadas casi exclusivamente a los postulantes al Parlamento, aunque por lo general siguen trabajando para su clientela habitual: retail y grandes empresas.

La arriesgada apuesta de Frei

Los dos principales adversarios de la presidencial se las arreglan de maneras muy distintas. El candidato de la Concertación hizo una apuesta arriesgadísima, que acarreó serios problemas a sus asesores y les obligó a cambiar planes a mitad de camino. Según explicaron recaudadores y personeros que manejan el asunto, se comenzó por jugar todas las fichas a una sola empresa: 3F.

Esta última fue la que puso en graves aprietos el despliegue de propaganda de Frei, como ya informara CIPER el pasado 17 de noviembre. El comando tuvo serios problemas para pagarle a tiempo a la firma, lo que dependía de uno de los anticipos que entrega el Servicio Electoral. Como dichos fondos se retrasaron, 3F retuvo –a comienzos del mes pasado– la entrega de palomas y otras piezas publicitarias.

Aunque el impasse se solucionó, el comando optó por dejar de depender solamente de esa firma y además contrató los servicios de una segunda empresa. Un personero del comando desdramatizó el conflicto con 3F, afirmando que ésta firma “estaba ya comprometida con otras campañas, así que finalmente sólo nos hacen dípticos y trípticos”, y que el resto lo dejaron en manos de la otra imprenta.

3F ya había tenido graves problemas con RN, que le había contratado la impresión de la mayoría de su propaganda para las municipales del año pasado. El partido alegó después que la imprenta no cumplió con el acuerdo y a fines de 2008 la demandó, exigiendo el pago de perjuicios por $2 mil millones. 3F se quejó que el asunto era al revés, y que la colectividad le había quedado debiendo. La pugna judicial fue dura y los intentos por llegar a un avenimiento fueron infructuosos hasta fines de agosto pasado, pero súbitamente ambas partes desistieron el 11 de septiembre último. Consultados por este episodio, los dueños de 3F se negaron a responder.