La Fundación Horizonte Ciudadano, creada por la expresidenta Michelle Bachelet, analizó la propuesta de Ley de Presupuesto del gobierno y detectó que pretende recortar recursos en 48 programas sociales enfocados en población vulnerable. La rebaja, según el estudio, suma un total de $325 mil millones. Estos resultados contrastan con la promesa de campaña del Presidente José Antonio Kast, acerca de que rebajaría el gasto fiscal sin recortar beneficios sociales. En medio de la discusión parlamentaria sobre el proyecto, CIPER consultó a expertos sobre los programas sociales afectados por las reducciones propuestas, los que están ligados a educación, infancia y subsidios al empleo. Otras iniciativas relevantes, a juicio de los especialistas, para las que el gobierno sugirió recortes se refieren a desarrollo regional, medioambiente, investigación, cultura y deporte.

Según un estudio realizado por la Fundación Horizonte Ciudadano, vinculada a la expresidenta Michelle Bachelet, la propuesta de Ley de Presupuesto 2027 despachada por el gobierno incluye rebajar recursos al menos a 48 programas sociales enfocados en población vulnerable. El informe señala que estos recortes suman un total de $325 mil millones. Parte de estos programas, indica el análisis, abordan iniciativas que apoyan a niños, personas en situación de discapacidad y adultos mayores (vea aquí la nómina de programas sociales afectados por recortes realizada por la fundación). Estos resultados contrastan con la promesa de campaña del Presidente José Antonio Kast, quien se comprometió a rebajar el gasto fiscal en US$6 mil millones sin afectar beneficios sociales. 

CIPER consultó a cuatro académicos especializados en Ciencia Política, Economía y Comunicación Política sobre la propuesta presupuestaria 2027, los programas sociales impactados y el rol de la política fiscal en el escenario económico actual. Dentro de los programas sociales abordados, se mencionaron algunos relacionados con educación, como Yo elijo mi PC y Liceos Bicentenario. También subsidios al empleo joven y de la mujer, programas ligados a las infancias, personas en situaciones de discapacidad y adultos mayores. 

Además de programas sociales, fueron mencionados otros que a juicio de los especialistas también son relevantes y que tenían como objetivo impulsar la descentralización del país, fondos para pueblos originarios, para investigación científica, cultura, deporte, medioambiente, Ley Cholito y también recortes al financiamiento del Servel. A inicios de octubre, CIPER publicó que la propuesta del gobierno incluye recortes a programas clave para infancias vulnerables por $34 mil millones (vea ese reportaje aquí) y a fondos para el área de cultura y derechos humanos (vea aquí).

Los académicos indicaron que realizar ajustes a programas de beneficios sociales en medio del difícil escenario económico que vive el país es preocupante, porque se necesitan programas municipales de fomento del empleo, además de subsidios y mecanismos para la recuperación de la actividad económica.

48 PROGRAMAS SOCIALES 

Investigadores de la Fundación Horizonte Ciudadano revisaron 80 programas sociales y analizaron sus variaciones en relación al presupuesto del año pasado. Tito Bofill, coordinador de estudios de la fundación, señaló que del total revisado detectaron “48 programas relativos a derechos sociales para grupos vulnerables, los cuales son recortados en $325.765 millones en el actual proyecto. Pasan de $1.006.114 a $680.438 millones, una caída de -32,4%. Es decir, se pierde casi 1 de cada 3 pesos”. 

Según los análisis realizados por un equipo de cinco personas, los programas sociales más afectados son los subsidios al empleo joven y de la mujer, los que se fusionan en un subsidio unificado con menos recursos e implican un recorte de $104.407 millones. 

 Luego se encuentra la eliminación del programa Yo elijo mi PC para estudiantes de enseñanza básica, sin contar con un reemplazo, implicando un recorte de $35.798 millones. También aparecen recortes a otros programas sociales focalizados en infancia, como el de residencias y familias de acogida, los que, según estimaciones de la Fundación Horizonte Ciudadano, implicarían un recorte de $21.979 millones; el de jardines infantiles financiados vía transferencia de fondos, en que se disminuirán $20.058 millones, y el de diagnóstico clínico de niños vulnerados, con $15.824 millones menos.

Otros académicos que han revisado la propuesta presupuestaria llegan a conclusiones similares. Gabriel Valenzuela, economista de la Universidad Adolfo Ibáñez, concuerda con que el programa Yo elijo mi PC es uno de los más impactados: «Lo van a eliminar porque está mal evaluado para educación, pero ¿por qué no lo trasladaron a Desarrollo Social si están diciendo que es un beneficio social?». Por su parte, Gustavo González, doctor en economía por la Universidad de Chicago y profesor asistente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, agrega sobre este mismo programa: “Me llama la atención una eliminación tan radical, basada en algo que no ha estado bajo escrutinio público”. 

González añade el impacto del recorte al programa de Liceos Bicentenario: “Hay una crisis importante en la educación pública, donde ya no hay liceos de excelencia, salvo un par de casos puntuales. No hay un impulso importante a la educación pública como alternativa para una parte importante de la población, que queda con menos oportunidades por estos recortes”.

En materia de programas sociales asociados a empleo, el cientista político Danilo Herrera destacó la eliminación de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu): “Lo de Prodemu me parece lamentable, porque no hay una explicación razonable. Si un servicio público funciona mal o no está cumpliendo, es rol del gobierno de turno mejorar esa política y esas prestaciones para que los beneficios lleguen a los públicos objetivos”, aseveró el socio director de Factor Crítico. 

A su vez, González suma los programas de Envejecimiento Activo y el de Apoyo a la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, que también serán eliminados, a pesar de contar con una recomendación favorable tras su evaluación en la Dirección de Presupuestos (Dipres): “Cuando se hace una evaluación social de proyectos, si hay un retorno positivo y una recomendación favorable, indica que es provechoso para el país que el Estado gaste en ello, porque existe un retorno positivo en el largo plazo”, dijo el académico. 

Mirando el escenario general, Herrera enfatizó que tras conocerse el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, el Presidente Kast no pudo concretar su promesa de campaña de que recortaría el gasto fiscal en US$6 mil millones sin afectar derechos sociales: “El recorte que prometió el presidente no ocurrió este año. No sé si va a ocurrir el próximo. El presidente dijo [en septiembre del año pasado] que lo juzgáramos en 18 meses, es decir después de la discusión de presupuesto”. Efectivamente, el 25 de septiembre del año pasado, en plena campaña electoral, el entonces candidato Kast fue consultado en un seminario Clapes-UC sobre cómo haría este ajuste fiscal de US$6 mil millones: “Me podrán juzgar a los 18 meses y ahí pídanme el cargo. Me juzgará la ciudadanía y los parlamentarios”, respondió. 

OTROS REAJUSTES RELEVANTES

Además de los programas sociales con impacto directo en poblaciones vulnerables, existen otras iniciativas que también tuvieron reajustes y que, a juicio de los expertos, son relevantes. Danilo Herrera, por ejemplo, puso el énfasis en instituciones con un rol asociado al medioambiente y cambio climático, como Conaf y Senapred, que cobró mayor relevancia tras el reciente aluvión en Las Condes: “Este gobierno no cree en la crisis climática, por ende, entiende que esto no es importante. Ahí creo que hay un problema relevante ideológico. La gestión forestal de la Conaf bajó un 13%, el plan de acción de eficiencia energética bajó un 23%, la Agencia de Eficiencia Energética bajó un 56%, el capítulo completo de la subsecretaría de Medio ambiente bajó un 10%. Son cuestiones importantes a nivel de cambio climático que no está mirando el gobierno”. 

Herrera, además, enfatizó los recortes en investigación, cultura y deportes, y destacó que no ha habido una explicación técnica respecto de esta decisión. “El rector de la Universidad Católica ha sido super enfático en el tema de investigación, el Consejo de Rectores también. De la Llera [rector de la UC] está acusando recorte en investigación y en aporte directo a la UC, pero también hay un aporte de universidades estatales que lo reducen 10%. En cultura, el pase cultural lo bajaron a la mitad […]. Bajamos casi 60% en bibliotecas públicas. La infraestructura deportiva también bajó muchísimo, a un 67%. Yo entiendo que quizás las prioridades del gobierno no estén ahí, pero a lo mejor uno esperaría una explicación y eso es lo que viene ahora en el debate legislativo”, dijo.

Sobre el reajuste al programa de Mejoramiento de Bibliotecas Públicas, Gustavo González señaló: “Llama muchísimo la atención, sobre todo si queremos seguir educando a la población, fomentar la lectura y evitar que se pierda la capacidad de comprender la información que se recibe, que en Chile es bastante baja”. Además, su preocupación por los efectos de los recortes también se extiende a la educación superior y el financiamiento a la investigación. “Si el país quiere formar capital humano avanzado, desarrollar investigación propia o aumentar su complejidad y sofisticación, es importante que las universidades tengan un buen nivel de financiamiento. Estos recortes ciertamente no van en esa dirección”, dijo González. 

Los académicos también expresaron preocupación por la situación en regiones. Desde la Fundación Horizonte Ciudadano, Tito Bofill sostuvo que el proyecto de ley tiene un enfoque centralista “dada la baja importancia que le entrega a las regiones, sus municipalidades y la gestión que estas realizan para su población. El recorte de 35% al programa de Desarrollo Local (Prodesal) de INDAP (-$17.667 millones) o el recorte general de 12,5% en promedio a las regiones (en donde 14 de 16 comunas pierden por sobre el -10% de sus recursos) son solo algunos de los puntos clave a observar en este presupuesto”. Bofill estima que “el ajuste no solo supone una reducción de recursos, sino también un retroceso en los esfuerzos de descentralización, al limitar la capacidad de alcaldes, alcaldesas y gobernadores regionales para definir prioridades y responder a las demandas de sus comunidades”.

Gabriel Valenzuela señaló que, en el caso de los presupuestos regionales, percibe una incongruencia entre la propuesta presupuestaria y el relato del gobierno sobre promover el empleo y la necesidad de salir de la crisis: “Se recorta el presupuesto de los principales impulsores de la creación de nuevos empleos a nivel local, como los gobiernos regionales. Como ellos manejan presupuestos y pueden aprobar programas sociales, son un canal directo de generación de empleo. Recortar sus presupuestos podría ser incluso contraproducente». Enfatiza que sólo respecto del presupuesto de gobiernos regionales «sería una caída de entre $250 mil millones y $270 mil millones. Eso, básicamente, es una contracción del 6%».

Bofill destacó también programas enfocados a pueblos originarios, como el fondo de Tierras y Aguas Indígenas, con un recorte de $28.877 millones y el de Desarrollo Territorial Indígena (programa del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, INDAP), con una disminución de $23.272 millones. 

En cuanto a otros casos, como el del financiamiento al Servicio Electoral (Servel), el académico Gustavo González señala la relevancia que tiene el servicio en el resguardo de la democracia: “En esta época de abundante desinformación en las redes sociales, tener un servicio electoral que funcione de forma rápida, transparente, eficiente y sin errores es sumamente importante para mantener la confianza en el sistema democrático. Parece no haber existido una ponderación adecuada de la importancia de sostener bien este servicio público”. 

Por último, la Ley 21.020, conocida como Ley Cholito, que regula la tenencia responsable de animales de compañía, es otro de los programas que Gustavo González destaca, con un recorte del 86%.

ESCENARIO ECONÓMICO ACTUAL

Todos estos ajustes se proponen bajo un escenario en que los indicadores de desempleo y crecimiento económico causan preocupación entre los analistas económicos. Un marco en el que una parte importante de la población puede necesitar los programas de beneficios sociales. Según datos del INE, la Tasa de Desocupación Nacional (trimestre junio-agosto) alcanzó el 9,6%. Y los indicadores del Banco Central muestran que el IMACEC (Índice Mensual de Actividad Económica) de agosto cayó un 1,0%, determinado por la caída de la producción de la minería que disminuyó 17,4%. Sobre este escenario, Gabriel Valenzuela señala: “Faltan programas municipales de empleo y subsidios, que son medidas clásicas cuando la economía está en una situación como la actual».

Tito Bofill señala que la composición del ajuste presupuestario resulta especialmente preocupante considerando el actual escenario económico: “La propuesta concentra las reducciones en instrumentos que tienen una incidencia directa sobre la generación de empleo, la inversión productiva y la dinamización de la economía”. 

En esta misma línea, el académico Gustavo González agregó: “Había un poco de margen para avanzar en la estabilización, pero sin hacerlo al ritmo actual, porque hay otras prioridades que requieren gasto público: la estabilización del empleo, la recuperación de la actividad económica y la mantención de ciertos programas sociales con efectos a largo plazo. Hay que tratar de conciliar esas prioridades (…). Se podría haber hecho un esfuerzo mayor por gastar más para ayudar a estabilizar la actividad económica”. 

Sobre el rol de la política fiscal en este escenario, González argumenta que debería ayudar a estabilizar la demanda agregada. “Cuando el consumo y la inversión van a la baja, el rol del fisco es actuar en la dirección contraria, incurriendo en un déficit fiscal o gastando más para estabilizar la demanda agregada y el empleo, pero sin poner en riesgo las finanzas públicas ni generar inflación. Por eso digo que hay que hacer un ajuste fiscal, pero que su magnitud podría haber sido un poco menor este año”, concluye.

Sobre el rol de la política fiscal en el escenario actual, Gabriel Valenzuela estima que debería ser expansiva: “Sin embargo, no puede ser tan expansiva como uno querría, porque el déficit existe y el endeudamiento del Estado también. Debería orientarse más a focalizar recursos para revitalizar la economía que a recortar porque sí».