El autor de esta columna sostiene que el PCC no se expande como una pandilla sino como un sistema de gobierno, con registros, jerarquías y reportes diarios a Brasil. A partir de su experiencia de 23 años investigando a la organización en São Paulo, advierte que la operación en Chile no basta: hay que vigilar quién reemplaza al «general de país», qué ocurre en los penales y por dónde circula el dinero. Y recomienda que “el paso siguiente es institucionalizar el intercambio de información con Brasil, porque el registro que permitió identificar a la célula chilena está en São Paulo y seguirá actualizándose allí”.

Imagen de portada: Víctor Huenante / Agencia Uno

El 28 de septiembre, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur y la Brigada Antinarcóticos de la PDI detuvieron a 20 personas vinculadas al Primer Comando de la Capital (PCC): 13 dentro de recintos penitenciarios, cinco fuera de ellos y dos en flagrancia. Hubo allanamientos en 24 domicilios de tres regiones y en nueve recintos penales.

El nombre de la operación, “Sintonía 1533”, combina dos elementos del vocabulario interno del PCC. «Sintonía» es el término que la organización usa para designar las instancias encargadas de coordinar sus distintas áreas y funciones. «1533», leído como 15-3-3, es una representación numérica de la sigla PCC: en el alfabeto portugués tradicional de 23 letras, anterior a la incorporación oficial de la K, la W y la Y, la letra P ocupaba la posición 15 y la letra C, la tercera. Así, P-C-C corresponde a 15-3-3.

El jefe nacional contra el Crimen Organizado de la PDI, Erick Menay, habló de «maniobras de reclutamiento, de iniciación y de bautizo», y los antecedentes de la causa conocidos ese mismo día e informados por CIPER, completan el cuadro: fichas de ingreso llamadas «catastro», un «Libro Blanco» con todos los miembros, un «Libro Negro» con los infractores, reportes diarios a Brasil registrados en un «tabuleiro», un formulario para pedir ayuda económica a la sede central y un «general de país» a cargo de la estructura chilena.

Cuatro días después, el fiscal regional Héctor Barros detalló el tamaño de esa estructura: la fiscalía conoce a más de 30 integrantes del PCC, reconoce que hay más y los ha detectado en penales desde Arica hasta Punta Arenas. El primer bautizado conocido en Chile es de 2019. Según el fiscal, la célula recibía droga a través del PCC en Bolivia e intentó traer armas desde Brasil para asaltar bancos y empresas de valores.

UNA ORGANIZACIÓN QUE SE DOCUMENTA A SÍ MISMA

Trabajé más de 23 años en la Policía Civil de São Paulo, en sus divisiones de crimen organizado y narcotráfico, investigando directamente al PCC. Durante años, el PCC fue tratado como una pandilla de presos, un asunto que le correspondía a la administración penitenciaria. Mientras tanto, la organización ya reclutaba, cobraba cuotas y daba órdenes fuera de las cárceles. El costo de esa lectura equivocada se pagó en 2001, con la megarrebelión simultánea en 29 cárceles del estado. En mayo de 2006, la organización paralizó la mayor ciudad de Brasil con ataques coordinados contra policías, buses y edificios públicos. Yo estaba de turno esa semana, y lo que vimos desde adentro fue una orden ejecutada con disciplina, transmitida desde las cárceles y cumplida en la calle.

El PCC nació el 31 de agosto de 1993 en una penitenciaría del estado de São Paulo, menos de un año después de la masacre del Carandiru, en la que la Policía Militar mató a 111 reos durante un motín. Sus fundadores redactaron un estatuto y adoptaron el lema «Paz, Justicia y Libertad». El relato fundacional fue de protección: el preso que se afiliaba dejaba de estar solo frente a otros presos y frente al Estado. Sobre esa base construyó algo que las pandillas carcelarias nunca tuvieron: un sistema de gobierno. Hacia 2019, el Ministerio Público brasileño estimaba más de 30.000 bautizados, con presencia en penitenciarías de los 27 estados del país.

Ese sistema tiene rituales y reglas reconocibles. El ingreso se hace por un bautismo: el candidato necesita al menos dos padrinos, miembros que responden por él, y desde entonces pasa a ser llamado «hermano». Las decisiones se toman en instancias llamadas sintonías, organizadas por función (disciplina, finanzas, apoyo jurídico) y por territorio, desde un penal hasta un país. Quien responde por un sector o territorio es el «geral»; traducido en Chile como «general», el término sugiere un rango militar que la organización no usa. En mensajes de enero de 2025 recogidos en el informe policial, uno de los imputados se presenta en portugués como «Geral do Chile». Los conflictos entre miembros se resuelven en «debates» internos, con sanciones que van de la multa a la expulsión y, en casos graves, la muerte. En Chile, los nuevos miembros ya tenían que conocer ese estatuto, con 50 reglas, 45 de ellas sobre disciplina.

En las investigaciones en que participé, la evidencia más productiva rara vez fue la droga. Fueron los celulares y las anotaciones incautados a los propios investigados, porque el PCC exige registro, y lo que se registra se puede incautar. El caso chileno siguió la misma ruta. En 2021, la policía brasileña incautó un dispositivo con fichas de bautismo de integrantes en distintos países, entre ellos un grupo de chilenos. En 2022, el Ministerio Público de São Paulo envió esa información a la PDI, con diez integrantes identificados en Chile.

Con esos datos, la PDI intervino teléfonos y llegó a los grupos de WhatsApp que el PCC usa para impartir instrucciones y recibir reportes de integrantes en más de 20 países. Los números de esos grupos tenían códigos para Brasil (68), Paraguay (42), Bolivia (15), Portugal (10), Argentina (9) y Chile (8). Un código de país identifica la línea; la residencia y la afiliación de quien la usa quedan por establecer.

LOS INDICADORES QUE CHILE LEYÓ A TIEMPO

Lo que hace distinto el caso chileno es la etapa en que fue interrumpido. El fiscal regional dijo que la estructura ya había empezado a funcionar y justificó actuar temprano con la experiencia del Tren de Aragua, que se expandió en Chile a través de mercados: extorsión, trata de personas y secuestros. El PCC, cuando se expande, lo hace primero a través de la membresía. Instala un encargado, abre fichas, exige reportes y solo después construye negocios sobre esa base.

El testimonio de un recluso bautizado en una cárcel chilena muestra cómo se obtiene esa membresía. Lo invitó otro interno, ya miembro, a quien la organización ayudaba con dinero. El bautizo fue una videollamada grupal con su padrino y encargados para América Latina, que le preguntaron por consumo de drogas, familiares en el delito, pertenencia a otra facción y si alguna vez había matado por dinero. Después entró a un grupo de WhatsApp donde debía reportar a diario dónde estaba y qué pasaba en su penal.

Cada elemento del expediente corresponde a una función de gobierno. El bautismo con «referencia» y padrinos controla el ingreso, mientras el catastro y el “Libro Blanco” forman el registro de personal. La supervisión descansa en el reporte diario y el tabuleiro. Según el informe policial, el tabuleiro contaba los miembros de cada penal, anotaba qué recintos se habían reportado en la mañana, la tarde y la noche, y listaba los celulares comprados con dinero de la organización. El formulario de ayuda económica, aprobado por una comisión en Brasil y pagado en criptomonedas, funciona como tesorería. Las sanciones pasan por el “Libro Negro”, y la jefatura territorial corresponde al «general de país», subordinado a la Sintonía de los Estados y Países.

Más de 30 bautizados, repartidos entre penales del norte y del sur, con un encargado local y un canal de reporte a São Paulo, ya constituyen una unidad administrativa. El mismo ciclo se observó en Paraguay: según una investigación académica financiada por el Conacyt, los primeros paraguayos fueron bautizados en las cárceles en 2012 y hoy la organización está en casi todas sus penitenciarías. Chile interrumpió ese ciclo en una fase que Paraguay detectó tarde.

LO QUE SIGUE EN PIE

Entre los más de 30 integrantes que conoce la fiscalía y los 20 detenidos quedan al menos diez fuera de la operación, y el propio fiscal admite que hay más. La organización está diseñada para sobrevivir al encarcelamiento de sus miembros, porque nació en la cárcel. Tres cosas merecen seguimiento en los próximos meses.

La primera es la sustitución del «general de país». En la lógica del PCC, un «geral» detenido sigue en su función, y uno que deja de reportar es reemplazado. El informe policial registra un caso: en septiembre de 2023, el encargado para Chile quiso expulsar a un integrante preso en Puente Alto porque había dejado de reportarse. Si el tabuleiro chileno sigue actualizándose desde los penales después de esta operación, la célula sigue existiendo.

La segunda es la disciplina al interior de los penales. El PCC gobierna primero el módulo: impone reglas de convivencia, media conflictos, fija prohibiciones y cobra por la protección que ofrece. En São Paulo, la señal más temprana de consolidación fue la caída de los homicidios dentro de las unidades penitenciarias donde la organización asumió el control: la violencia pasó a ser una decisión administrativa de quien gobierna el penal. El fiscal regional también mencionó pedidos de intervención del PCC en disputas. Si eran ajenas a la organización, la célula chilena ya arbitraba conflictos de terceros, y eso marca el umbral en que una facción empieza a gobernar fuera de sus filas.

La tercera es el flujo financiero. El expediente describe un caso de junio de 2025: tras el homicidio de un familiar de un integrante, las boletas de la funeraria se enviaron a la «Sintonía de Ayuda», y los encargados para Chile pidieron a la «Sintonía General» que autorizara el pago. Cada pago aprobado en Brasil deja rastro, y ofrece a la Unidad de Análisis Financiero y a la fiscalía un objeto de rastreo más estable que cualquier cargamento.

El paso siguiente es institucionalizar el intercambio de información con Brasil, porque el registro que permitió identificar a la célula chilena está en São Paulo y seguirá actualizándose allí.