CIPER revisó las historias detrás del “Archivo Berrutti”, una colección de documentos de la inteligencia militar uruguaya que hasta ahora permanecían casi inexplorados. Los registros revelan operaciones conjuntas de las dictaduras del Cono Sur contra opositores, aún antes del Plan Cóndor. También hay evidencia de espionaje permanente a artistas, con una preocupación casi obsesiva por el poeta Mario Benedetti, además de intelectuales chilenos, como Ariel Dorfman. Los documentos muestran que la preocupación de la inteligencia uruguaya por Chile es anterior al golpe de Estado de 1973, así como su inquietud por las acciones de la Logia P-2 en Montevideo.

El llamado “Archivo Berrutti” es una colección de documentos de inteligencia castrense microfilmados y descubiertos en instalaciones militares durante la gestión de Azucena Berrutti al frente del Ministerio de Defensa de Uruguay, entre 2005 y 2008, pero que fueron mantenidos lejos del escrutinio público por casi dos décadas. CIPER accedió a esta documentación y, uniendo trabajo periodístico con herramientas de inteligencia artificial, procedió a revisar parte de este acervo histórico, cuya información se mantiene inexplorada en su mayoría.  

Los documentos analizados por CIPER serán incorporados ahora a “Papeles de la Dictadura”, la plataforma de consulta pública que es una iniciativa de este medio en conjunto con el CIP.UDP y que pone a disposición de los ciudadanos miles de registros de la época del régimen militar (acá puede ingresar y explorar los archivos de “Papeles de la Dictadura”).  

Estos informes y registros fueron producidos casi en su totalidad por el Servicio de Información de Defensa (SID), actual Dirección Nacional de Inteligencia de Estado (DINACIE) de Uruguay. En dichos rollos se encuentran actas de personas detenidas, reportes de allanamientos, resúmenes de escuchas telefónicas, comunicados oficiales, expedientes administrativos, fichas de líderes de izquierda, memorándums sobre diversos asuntos, recortes de prensa, solicitudes de información, órdenes de captura y reproducciones de publicaciones incautadas, entre una amplia variedad de textos.

Es decir, estos archivos proporcionan evidencia de los crímenes cometidos contra los derechos humanos durante la dictadura uruguaya (1973-1985), incluyendo detenciones generalizadas, procesamientos arbitrarios contra civiles en la justicia militar, secuestros transfronterizos en el marco del Plan Cóndor, desapariciones y persecuciones socioeconómicas masivas de personas opositoras, a través de la inclusión en listas negras, entre otras acciones.

Pero también revelan información sobre operaciones en y con otros países del Cono Sur latinoamericano, con registros del seguimiento en Chile a líderes de izquierda de diversos países de la región aún antes del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 (vea ese documento).

Estos registros reafirman que estos tratos crueles, inhumanos y degradantes no fueron aleatorios, sino que se articularon como componentes de un sistema deliberado, organizado y sistemático de terrorismo de Estado, impulsado desde los más altos mandos del país y en ocasiones en colaboración con otros gobiernos dictatoriales del Cono Sur.

La colección registra, además, las justificaciones ideológicas que el régimen uruguayo enarboló en sus comunicaciones internas para desarrollar sus acciones, presentándolas siempre como una defensa necesaria de la nación contra los movimientos revolucionarios de influencia foránea. Es decir, una perspectiva asentada en la doctrina de seguridad nacional y su concepción del enemigo interno, como muestra documentación revisada por CIPER (vea uno de esos registros).

A modo de ejemplo, en estos rollos microfilmados es posible observar que, además de etiquetar a las personas, los servicios de seguridad uruguayos dedicaron importantes recursos a mapear las estructuras opositoras, incluso fuera de sus fronteras, como ocurrió con grupos que operaban en Chile (vea uno de esos documentos). 

Las transcripciones de los interrogatorios revelan un proceso metódico para identificar jerarquías y roles dentro de las organizaciones que eran objeto de vigilancia. En ocasiones, esta información fue utilizada en los procesos judiciales llevados a cabo por la Justicia Militar en Uruguay.

El volumen y la extensión cronológica del archivo subraya la escala de la operación de inteligencia. De hecho, los documentos hallados abarcan desde 1964 hasta 2004. Es decir, hasta dos décadas después de la recuperación de la democracia en Uruguay. 

Al igual que en el caso chileno, es importante destacar que esta vasta acción de vigilancia y control tuvo una dimensión internacional, debido al exilio masivo de ciudadanos uruguayos. 

De hecho, el régimen desplegó un sistema de espionaje internacional que incluyó desde la recopilación de expedientes personales hasta la interceptación de comunicaciones de quienes vivían en condición de extrañamiento. Todo esto con la finalidad de neutralizar la disidencia a escala global. Es decir, los sistemas establecidos para monitorear y clasificar personas en Uruguay no eran solo una preocupación interna (ver documento). Más bien, el régimen comprendió que las comunidades exiliadas podían convertirse en poderosas voces de denuncia, capaces de movilizar a gobiernos extranjeros y organizaciones de derechos humanos en su contra. 

En consecuencia, rastrear las palabras, movimientos y asociaciones de sus ciudadanos en el extranjero se convirtió en una prioridad estratégica, con el objetivo de impedir la consolidación de un frente antidictatorial a nivel mundial. Y en ese camino la cooperación con las dictaduras conosureñas, a quienes llaman “gobiernos amigos”, estuvo presente (ver documentos). 

De hecho, en la documentación aparece información relevante sobre historias como el secuestro y hallazgo de los niños uruguayos Julien-Grisonas en Chile; las operaciones logísticas del grupo Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros en nuestro país antes del 11 de septiembre de 1973; el secuestro de Lilian Celiberti y Universindo Rodríguez, en Brasil; las operaciones de la «Cábala», una organización previa al Plan Cóndor, y las filtraciones de seguridad desde la embajada de Argentina en Chile a Uruguay, entre otros temas.