Desde 2010, al menos 270 médicos han sido demandados por abandonar o incumplir su Periodo Asistencial Obligatorio (PAO), mecanismo establecido para que aquellos profesionales que adquirieron una especialidad financiada por el Estado, retribuyan el beneficio trabajando en el sistema público. Las demandas, presentadas por los servicios de salud en los tribunales civiles, buscan recaudar más de $37.711 millones por el cobro de multas asociadas a quienes no cumplen. Pero, según registros del Poder Judicial, apenas se ha logrado el pago de un 2,8%, es decir, $1.053 millones. La normativa no solo establece esas multas, también estipula que los infractores no pueden ser contratados ni designados en cualquier cargo de la administración del Estado por un periodo de seis años. CIPER constató que, al menos, 45 de estos profesionales regresaron a trabajar al servicio público, diez de ellos mientras aún se encontraban inhabilitados. Además, otros seis especialistas prestaron servicios al Estado a través de sociedades médicas, pese a mantener deudas por el PAO y encontrarse dentro del período de inhabilidad.

Créditos imagen de portada (fondo): Agencia Uno.

En 2018, el Servicio de Salud de Magallanes financió con $86 millones la especialización en dermatología de un médico en la Universidad de Chile. Como ocurre con todos los beneficiarios de estas becas, el profesional debía retribuir esa inversión mediante el Periodo Asistencial Obligatorio (PAO), trabajando el doble del tiempo que duró su formación, o sea, seis años, como especialista en el sistema público. 

El 14 de julio de 2023, tras cumplir dos años y tres meses de su PAO en el Hospital Clínico de Magallanes, el especialista presentó su renuncia, argumentando deficiencias en las condiciones laborales de la unidad. Entre ellas, denunció incluso agresiones de pacientes contra el personal de salud.

Su salida no solo dio origen a una demanda por incumplimiento de contrato, sino que, según el escrito presentado por el Servicio de Salud de Magallanes, dejó al hospital regional con un solo dermatólogo, reduciendo a la mitad su capacidad de atención. A noviembre de 2023, cuando se interpuso la demanda, la lista de espera de dermatología en ese establecimiento superaba los 471 pacientes.

El PAO es la obligación legal que tienen los médicos que recibieron financiamiento estatal para cursar sus especializaciones, de trabajar en algún establecimiento de salud pública como retribución al beneficio. Quienes lo incumplen enfrentan el cobro de una multa y la imposibilidad de ser contratados o designados en cualquier cargo de la administración del Estado por un periodo de seis años. Entre los médicos que no completan el período de permanencia obligatoria en el sistema público, existen más situaciones que los casos de abandono del Periodo Asistencial Obligatorio. También hay quienes renuncian durante el período de formación o que son eliminados por bajo rendimiento académico, entre otros casos.

Desde agosto de 2018, la penalización de inhabilidad corre únicamente para los casos de incumplimiento por parte de los profesionales y no ante los casos de eliminación por rendimiento académico o faltas a las normas por parte del centro formador. En esas últimas situaciones, existe únicamente la obligación de reembolsar los gastos del programa incrementados en un 50%.

CIPER revisó las demandas presentadas en los tribunales civiles del país por los 29 servicios de salud, tanto en tramitación como con sentencia firme, identificando que, desde 2010, al menos 270 especialistas han enfrentado causas judiciales por presuntos incumplimientos en su Periodo Asistencial Obligatorio. De ellos, 125 abandonaron el PAO, 50 renunciaron durante la beca, 93 fueron  eliminados por rendimiento académico y dos por otro tipo de incumplimiento. 

Créditos: José Humberto Campos / Agencia Uno.

En total, los servicios de salud han demandado la restitución de $37.711 millones. Pero, de acuerdo con los registros de esas causas alojadas en el Poder Judicial, hasta la fecha solo se han recuperado $1.053 millones, lo que equivale a aproximadamente el 2,8% del monto total reclamado. La cifra, sin embargo, está incompleta, ya que deja fuera a aquellos profesionales que también dejaron el sistema, pero contra quienes jamás se ejercieron acciones legales. Además, según la revisión, parte importante de estas causas terminan archivadas o sin movimiento, porque los servicios de salud no insisten con las acciones judiciales. 

También se detectaron 45 médicos que, pese a haber incumplido el PAO, volvieron a trabajar en el sistema público. Al menos diez lo hicieron mientras seguían inhabilitados y mantienen deudas que, en algunos casos, superan los $340 millones. Por los servicios de esos profesionales, organismos públicos han desembolsado cerca de $298 millones en remuneraciones, mientras ninguno de esos especialistas ha saldado su multa. Además, CIPER identificó que otros seis médicos han prestado servicios al Estado durante el período de inhabilidad a través de sociedades médicas, las que han facturado más de $10.338 millones.   

El sistema PAO fue diseñado para asegurar la llegada de especialistas a las zonas con mayor déficit. En la Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales del Senado, la presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada, señaló que los incumplimientos representan menos del 3% de los becarios. El vicepresidente del gremio, en tanto, Mauricio Osorio, advirtió que “la pérdida para una región extrema de que no llegue un especialista es mucho más significativa que la plata”. Ese porcentaje impacta especialmente a las regiones con menor dotación médica. Según cifras presentadas por la ministra de Salud, May Chomali, en una sesión de esa misma comisión realizada el pasado 6 de mayo, existen territorios con apenas 1,7 médicos por cada mil habitantes. Un ejemplo es Arica y Parinacota, donde la ausencia de un especialista puede alterar completamente la planificación asistencial (vea informe presentado en la comisión).

En el caso del médico de Magallanes, el servicio de salud demandó el cobro de una garantía por 6.439 UF —casi $235 millones a la fecha de la presentación de la demanda—, monto que el especialista había suscrito como garantía para responder en caso de no iniciar o abandonar anticipadamente su PAO, pero la causa terminó con una conciliación, y el profesional solo debió pagar $90 millones. CIPER contactó al médico por correo electrónico y a través del teléfono de la clínica donde atiende pacientes. Desde ese centro informaron que el especialista contestaría eventualmente, pero hasta el cierre de este reportaje eso no ocurrió.

CIPER consultó también al Ministerio de Salud sobre las deudas por el incumplimiento del PAO. A través de un comunicado, desde esa cartera aseguraron que están trabajando en centralizar los procesos de cobranza y en una modificación legal que permita hacer efectivas las cauciones de manera más rápida, con el objetivo de reducir los tiempos de recuperación de los recursos adeudados al Estado (revise el comunicado). 

Mientras que desde la cartera de Hacienda señalaron que “el resguardo de los recursos públicos es un principio fundamental de la gestión fiscal” de ese ministerio. Y agregaron que, “en este tipo de materias, las acciones que correspondan deben desarrollarse conforme a las competencias y procedimientos establecidos en la normativa vigente”.

LOS CASOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD

Según el listado de 270 causas judiciales revisadas por CIPER, 72 deserciones se concentran en tres servicios de salud: Viña del Mar-Quillota (26 casos), O’Higgins (24) y Metropolitano Norte (22). El dato es relevante, porque los dos primeros figuran entre los servicios con más fallecidos en listas de espera No GES durante 2024, con 2.254 y 1.856 personas, respectivamente. Incluso, el Servicio Metropolitano Norte registró el mayor tiempo promedio de espera para una primera consulta de especialidad No GES al cierre de 2025: 589 días. Aunque las deserciones no se relacionan directamente con las razones detrás de estas cifras, sí reflejan las dificultades del sistema para retener a los especialistas (vea documento del Minsal).

El director del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (SSVQ), Haroldo Faúndez, atribuyó las 26 deserciones a que es uno de los servicios de salud con mayor población a cargo en el país. Hasta el año pasado, ocupaba el tercer lugar a nivel nacional, con más de un millón de personas inscritas (revise la Cuenta Pública sobre 2025 del SSVQ). Según dijo a CIPER, las deserciones se mantendrían dentro de los rangos esperados considerando la magnitud del servicio, pero lamentó las pérdidas y enfatizó que detrás del otorgamiento de una beca existe una planificación orientada a responder a las necesidades de salud de la población, por lo que las deserciones terminan afectando directamente a las listas de espera de los hospitales. 

CIPER conversó con profesionales y autoridades que intentan explicar las causas detrás de las deserciones. Felipe García es médico general y ha trabajado siempre en el sistema público, conoce en profundidad el Servicio de Salud de Arica, el de Valparaíso y también el de Viña del Mar-Quillota. Si bien él no recurrió al PAO al egresar, sí conoce la realidad de la mayoría de sus colegas y explica que muchas veces quienes cursan una especialidad no se fijan en la región en la que deberán devolver la beca al aceptarla, lo que evidencia un bajo nivel de compromiso con la zona en la que deberán ejercer. Otros apuntan a instrumentales precarios, roces con los equipos médicos y sueldos bajos frente al sacrificio de radicarse en zonas extremas. Sobre eso, la presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada, señaló en la Comisión Especial de Zonas Extremas del Senado que en el sistema privado los médicos suelen ganar el doble o el triple que en el sector público. 

Hospital Clínico de Magallanes (Créditos: Minsal)

Tras ser consultada sobre los especialistas que incumplen el Periodo Asistencial Obligatorio, Arriagada hizo hincapié en que su rol como asociación gremial está más enfocado en aquellos médicos que al cumplir los seis años no se quieren quedar en la zona donde ejercieron. “Yo me fijaría más bien en el resto de los que sí cumplen y por qué no se quedan. Parece que ahí tenemos muchas más posibilidades de intervenir”. 

El exsubsecretario de Redes Asistenciales durante el primer y segundo gobierno de Sebastián Piñera, Luis Castillo, también fue consultado y señaló que se debe priorizar las condiciones laborales de los médicos sobre la penalización financiera: “No podemos quedarnos solamente en los pagos de la fianza de más de $100 millones, sino que tiene que ser un pago incentivador que permita que los médicos especialistas cuando vayan a la provincia, se sientan bien y se queden ahí”.

De acuerdo con el informe presentado por el Minsal en la Comisión de Zonas Extremas del Senado en mayo de 2026, hay zonas críticas donde la fuga de médicos que decide no quedarse se dispara, como es el caso del Servicio de Salud de Chiloé, donde la tasa de profesionales que no permanece en el sistema público tras cumplir su PAO alcanza el 33,3%, es decir, uno de cada tres especialistas formados por el Estado opta por abandonar la red  (vea ese informe).

Según ese documento, hasta abril del 2026 se registraba un total de 4.662 médicos especialistas cursando programas asociados al PAO y el porcentaje de retención de los profesionales en la Red Asistencial de Servicios de Salud alcanzaría el 81,7%. El problema surge cuando se trata de zonas extremas como el caso de Chiloé.  

SOCIEDADES MÉDICAS: EL OTRO CAMINO PARA LOS ESPECIALISTAS

Al menos 79 de los 270 especialistas identificados como deudores del PAO constituyeron sociedades vinculadas a la prestación de servicios médicos tras obtener su especialidad. CIPER revisó los registros de estas empresas en Mercado Público para determinar si figuraban como proveedoras del Estado y detectó que, al menos, ocho de esos deudores utilizaron esta vía para suscribir contratos con organismos públicos. Seis de ellos, incluso, lo hicieron mientras se encontraban en su período de inhabilidad.

De acuerdo con los registros de Mercado Público, el Estado ha desembolsado al menos $10.338 millones en órdenes de compra con estas sociedades. Aunque la mayoría de las empresas ha prestado servicios a distintos servicios de salud, hasta la fecha solo uno de los ocho médicos involucrados ha reintegrado parte de la multa derivada del incumplimiento del PAO.

Una especialista en Mastología realizó su formación con una beca financiada por el Servicio de Salud Reloncaví. Según la demanda civil presentada por ese organismo el 2 de febrero de 2026, el convenio establecía que debía cumplir su Período Asistencial Obligatorio (PAO) en el Hospital de Puerto Montt hasta abril de este año. El mismo escrito sostiene que la profesional habría presentado su renuncia de manera «voluntaria e intempestiva» y «sin causa justificada» el 8 de octubre de 2024.

Por eso, en el documento presentado por el organismo se solicita que la profesional pague 6.462 UF por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio que suscribió (cerca de $244 millones de esa época). Además, se señala que, según una resolución del Servicio de Salud Reloncaví fechada el 14 de julio de 2025, la especialista habría sido inhabilitada por seis años para ser contratada o designada en cualquier cargo de la Administración del Estado. 

Aunque la exfuncionaria no aparece en registros públicos ocupando algún cargo en el Estado, sí figura como proveedora de organismos públicos a través de dos sociedades: Servicios de la Salud Boram SpA y Boram RP Servicios de Salud SpA. En conjunto, ambas empresas han facturado al menos $8.835 millones a instituciones públicas, entre ellas el Servicio de Salud de Reloncaví y el Hospital de Puerto Montt. De hecho, en 2025 —el mismo año en que el Servicio de Salud resolvió su inhabilitación—, una de sus sociedades se convirtió en el principal proveedor del Hospital de Puerto Montt, con transacciones que habrían superado los $3.364 millones según la página web de datos abiertos de Mercado Público.

Para este artículo se contactó a la profesional, quien no contestó las preguntas enviadas. 

Créditos: CIPER

Entre los últimos antecedentes presentados por ella en el proceso judicial está la solicitud de cese de PAO que presentó en mayo de 2024 al director del Hospital de Puerto Montt. En ese documento sostiene que cumplió íntegramente las obligaciones derivadas de sus dos procesos de especialización. El primero se desarrolló entre abril de 2011 y marzo de 2014, durante su Etapa de Destinación y Formación, mediante una comisión de estudios. Esto generó un período asistencial obligatorio de seis años, que —según el documento— se cumplió parceladamente entre abril de 2014 y marzo de 2022. 

Entre octubre de 2016 y septiembre de 2018, la médica realizó una segunda especialización en cirugía oncológica de mamas. Por este proceso, sostiene haber cumplido su PAO entre marzo de 2022 y abril de 2024 y, por tanto, no mantener saldo pendiente.

Sin embargo, en los registros disponibles del Poder Judicial sus abogados señalaron un argumento distinto para defenderla. En abril pasado, sostuvieron que el cobro de la suma reclamada sería desproporcionado, pues la obligación fue “cumplida en un porcentaje muy elevado, equivalente aproximadamente al 85% del periodo asistencial obligatorio”. En ese escrito, la defensa también rechaza que la renuncia haya sido presentada “sin causa justificada”. Según sus argumentos, el texto de renuncia del 8 de octubre de 2024 señala que esta fue presentada “para dar cumplimiento a la nueva Ley de Compras Públicas 21.634, por motivos de probidad”, ante los “eventuales conflictos de interés” que pudieran surgir entre funcionarios públicos y proveedores del Estado. 

Pese a que en ese escrito no se menciona, ese argumento puede relacionarse a que, mientras la profesional figuraba como funcionaria del Hospital de Puerto Montt en registros de Transparencia Activa, también vendía servicios al organismo a través de una de las sociedades antes mencionadas. 

Hasta la fecha, el caso no ha sido zanjado por la justicia civil. Si bien el pasado 10 de junio se realizó un intento de conciliación, el acta de esa audiencia señala que este no habría tenido éxito.

*Este reportaje fue realizado por los estudiantes Catalina Riquelme y Catalina Letelier, en la sección de la profesora Catalina Olate del curso Taller de Periodismo Avanzado, de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile.