La autora de esta columna comenta que el arriendo de infraestructura a productoras externas, como muestra el caso de PorcelTV, es parte de una transformación más amplia de la industria televisiva. Agrega que el caso de TVN plantea, además, una pregunta sobre los límites y usos de la infraestructura de una empresa pública. Sostiene que «el problema no es que la empresa de televisión y multimedia diversifique las fuentes de ingreso y utilice sus metros cuadrados e infraestructura con tal de cumplir con su mandato legal de autofinanciarse. Tal vez, más bien, el problema es si en sus dependencias se producen contenidos de streaming estridentes, agresivos, que coquetean con la desinformación e incendian el debate público digital para lo cual parece apostar PorcelTV».

CIPER contó hace poco que PorcelTV SpA, una empresa de producción de contenidos vía streaming y redes sociales, arrienda infraestructura a TVN. Pero lo medular de la noticia era que el dueño de PorcelTV, Leonardo Prieto, fue socio de negocios hasta hace muy poco de Felipe Costabal, el director de la Secretaría de Comunicación (SECOM) y responsable de la campaña que llevó a Kast a la presidencia. El mismo Prieto se ha referido a los montos y el alcance del contrato de arriendo.

La trenza gatilla razonables sospechas de eventuales conflictos de intereses o de un eventual trato privilegiado entre ex socios (TVN cuenta con una política sobre esto y sobre tratos con Personas Expuestas Políticamente). Sin embargo, TVN no depende estructural ni políticamente de la SECOM ni de otras oficinas gubernamentales (no al menos formalmente) y, como empresa pública, no está obligada a responder solicitudes de acceso a información pública, a diferencia de servicios e instituciones públicas como la misma SECOM, como bien lo explica la nota de CIPER. 

En efecto, la ley núm. 20.285 de acceso a información pública obliga a las empresas públicas, como TVN, a cumplir con los principios de transparencia activa y a informar a la Comisión del Mercado Financiero (CMF) “la misma información a que están obligadas las sociedades anónimas abiertas”. Sin embargo, no están obligadas a responder solicitudes de información. 

Los intentos por ensanchar las prácticas de transparencia de empresas como TVN se remontan a inicios de los 2010s: Por entonces, solicitamos las actas del directorio donde constara la decisión y los fundamentos del órgano colegiado de no emitir el documental El diario de Agustín (2009), a pesar de haber adquirido los derechos y en la práctica impedía que se emitiera por otras pantallas. La solicitud de información fue denegada. Incluso, el Congreso no ha tenido mejor suerte en acceder a información que sustente la designación, por ejemplo, de director ejecutivo. Sé de esfuerzos de otros investigadores en tensar este camino, sin resultados positivos. 

La expectativa de que las empresas públicas estén obligadas a responder solicitudes de información pública es comprensible, aun cuando reciban poco o nada de financiamiento público directo, como es el caso de TVN que sólo recibe un subsidio para sostener su señal cultural, NTV, y por un período determinado. Esta expectativa es razonable, digo, sobre todo pensando en que otros organismos autónomos, como las universidades públicas, que reciben un porcentaje ínfimo de su presupuesto directamente del erario público, sí están obligadas a responder a solicitudes de acceso a información. 

Pero quisiera desplazar el foco de atención de este nudo de relativa opacidad a la reorganización de la infraestructura de los canales de televisión en el contexto mayor de los cambios a la industria audiovisual. En efecto, la estrategia comercial de venta de activos o arriendos de infraestructura no es exclusiva de TVN, sino que de la industria televisiva en general. 

LA NUEVA “TORTA”

Para 2015, la televisión en Chile capturaba casi un tercio de la inversión publicitaria. Hoy, apenas roza el 20%. Es decir, menos de dos de cada 10 pesos que se invierten en publicidad en medios va a la televisión. En algún momento, la televisión se llevaba la mitad de la “torta”. Esos tiempos dorados de la industria televisiva ya se fueron. Hoy, la mitad de la inversión publicitaria la arrastran soportes digitales y no es que financien medios nativos digitales, sino que se concentran abrumadoramente en Google o Facebook. 

Adicionalmente, los canales de televisión forman parte de un ecosistema audiovisual mayor y global que produce y emite en distintas plataformas, transnacional y desterritorializadamente. Se trata de un fenómeno ya estructural desde la irrupción de Netflix en el continente (como servicio disponible desde el 2011 y con su primera oficina en México, en 2019) y su impacto en el consumo y en las audiencias, pero también en una dimensión menos visible, el de la producción: el modelo plataformizado de producción audiovisual busca locación y producción local pero con capacidad de “viajar” globalmente; busca lugares y ecosistemas donde resulte más barato producir pero con equipos hiper profesionales en una suerte de maquila audiovisual global. Las empresas de televisión locales han tratado, con más o menos éxito o impacto, desarrollar sus propios sistemas de video on demand (VoD), como Mega Go, entre otros. 

Así, como lo hemos documentado desde hace ya varios años, los canales de televisión abierta dejaron de ser los principales actores en la producción de contenidos no sólo de ficción, sino que, como demuestra el caso de PorcelTV, también de no ficción. Los canales han acentuado su rol como pantallas de distribución y han diversificado sus otras estrategias de financiamiento, como la monetización de sus archivos, lo que es muy relevante para TVN o Canal 13 que cuentan con más décadas de producción de archivo audiovisual en el contexto nacional. De ahí los esfuerzos puestos en TVN Play, TVN 3 o REC TV que dan nueva vida (e ingresos) al archivo. El uso y revitalización de otros activos, como la infraestructura, se vuelve también crucial. El auditorio de TVN así como la sala de Canal 13 para espectáculos en vivo están abiertos para terceros. 

El edificio histórico de Canal 13, en Providencia, tiene unos 30 mil metros cuadrados para una empresa que ya no tiene área dramática desde 2018, por ejemplo, y buena parte de sus equipos técnicos (camarógrafos, sonidistas, entre otros) están subcontratados a través de los servicios de Secuoya. En el caso de CHV, de acuerdo a sus estados financieros, arrienda los terrenos de la ex fábrica Machasa. En el caso de TVN, solo el edificio en Santiago tiene más de 57 mil metros cuadrados (sin área dramática desde 2019), descontando las instalaciones de la red de concesiones que cubre de Visviri a la Antártica y los centros regionales allí donde aún mantiene oficinas (pues éstas también han ido desapareciendo, en venta o ya liquidados, o fusionándose con canales de universidades locales). 

Los estados financieros de las empresas concesionarias de los canales de televisión abierta (Canal 13 SpA, Televisión Nacional, Compañía Chilena de TV-La Red, Megamedia S.A. y Red Chilena de TV-Chilevisión) no registran los ingresos por arriendo de estudios o estacionamientos de manera desglosada; pero, en general, se consideran en “Otros ingresos” (junto a venta de productos, envasados, venta de activos, etc.). Para tener una idea de la magnitud, estos “Otros ingresos” equivalen para Canal 13, por ejemplo, un tercio de lo que recibe por publicidad en pantalla abierta (2025). En el caso de TVN, la proporción es mayor pero, también, porque la infraestructura de cobertura nacional es mayor y recibe por ley un subsidio para mantener la señal cultural de NTV. 

Así, los canales de televisión chilenos, otrora centrales como fuentes de producción en el audiovisual chileno, hoy son unos de los tantos actores que pueblan este ecosistema más bien diverso y fragmentado. 

Como lo hemos señalado, las empresas de la industria audiovisual tienen, en general, un tamaño mediano o pequeño; es decir, que facturan 2.400 UF o menos al año, con unas pocas excepciones que facturan 4 mil UF o más y que, además, tienen en promedio cinco trabajadores. Una treintena de empresas forman parte de la Asociación de Productores de Cine y Televisión (APCT), otras 44 son socias de la Asociación de Productores Independientes (API). Esta diversidad de actores audiovisuales muchas veces graban en instalaciones que arriendan a un canal producciones que, luego, se transmiten por las pantallas de la competencia y que, luego, tienen segunda pantalla en servicios de streaming. 

UNA TEVÉ PÚBLICA PARA EL PÚBLICO Y DE SERVICIO PÚBLICO

Sostener una infraestructura pública, creada y construida desde fines de los 60s (estaciones, antenas, red…) para conectar a toda la nación, implica que, a la fecha, TVN cuenta con 238 concesiones que abarcan desde Visviri, en el norte, hasta la Antártica; cuenta con más de 40 plantas transmisoras (ver memoria anual 2025). Esa infraestructura requiere mantención y su explotación incluye su arriendo o acuerdos de uso y explotación con distintas organizaciones de la industria audiovisual local. Ya lo explicó muy bien hace poco más de un año la entonces directora ejecutiva de TVN, Susana García, en una entrevista con Tele13 Radio en 2025: TVN cuenta y sostiene una infraestructura con propósitos de conexión y desarrollo nacional, que el resto de la industria no tiene y eso cuesta dinero.

TVN mantiene una asociación estratégica con la Fundación de Orquestas Juveniles de Chile que, de hecho, funciona en las dependencias del canal en Providencia. Entonces, tal vez, el problema no es que la empresa de televisión y multimedia diversifique las fuentes de ingreso y utilice sus metros cuadrados e infraestructura con tal de cumplir con su mandato legal de autofinanciarse. Tal vez, más bien, el problema es si en sus dependencias se producen contenidos de streaming estridentes, agresivos, que coquetean con la desinformación e incendian el debate público digital para lo cual parece apostar PorcelTV. Pero esa sería otra discusión.