El ministro en visita para causas de Derechos Humanos, Álvaro Mesa, comunicó que la mujer ubicada en Argentina en septiembre de 2025 por un reportaje de CHV corresponde a Bernarda Rosalba Vera Contardo, quien está consignada en la lista de detenidos desaparecidos del Informe Rettig. El magistrado informó a los familiares de Vera sobre el resultado del examen de ADN que elaboró el Servicio Médico Legal en virtud de los datos que tienen almacenados en el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados de ese organismo.

El Poder Judicial dio a conocer que “en la diligencia, se informó que los antecedentes científicos acreditaron una probabilidad de identificación de la señora Bernarda Rosalba Vera Contardo superior al 99,9999%”. Según el Informe Rettig, Vera fue vista por última vez en octubre de 1973 tras haber sido detenida en Trafún y se presumía que había sido ejecutada cerca del río Toltén. Ese caso es conocido como la “masacre de Liquiñe”, en la que, según acreditó la justicia, un destacamento de Carabineros ejecutó sumariamente a 15 obreros de la zona.

Parlamentarios de la UDI anunciaron que solicitarán al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que la familia de Vera restituya los montos recibidos de parte del Estado por su condición de “detenida desaparecida”. En tanto desde la oposición indicaron que esta confirmación valida el hecho de que el Plan Nacional de Búsqueda continúe. La senadora Fabiola Campillai (FA) indicó en Emol que casos como éste y el de Luis Pino Soto, quien no estaba en la lista por un error en su nombre, son “dos casos, de más de mil: eso no cuestiona el registro de detenidos desaparecidos, confirma que todavía falta toda la verdad».

Bernarda Vera cuando fue encontrada por CHV (Créditos: reportaje CHV)

Luego de que el ahora removido subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, diera positivo a un test de drogas, el Presidente José Antonio Kast firmó un proyecto de reforma constitucional que ingresará la próxima semana al Congreso, para establecer que las autoridades deban realizarse el mismo examen obligatoriamente.

La iniciativa busca que quienes den positivo al consumo de sustancias ilícitas sean destituidos de sus cargos. Entre ellos, ministros, subsecretarios, senadores, diputados, alcaldes y concejales. Sin embargo, no contempla al Presidente de la República, jueces, fiscales ni autoridades de la Contraloría. Esto, según se explicó, porque tienen normas especiales para abandonar sus cargos.

El Presidente dijo durante la ceremonia que “en esto tenemos que ser inflexibles, porque el riesgo para nuestra democracia es muy alto. Lo hemos visto en otras naciones que no se anticiparon a situaciones como esta y lo han pagado muy caro. Nosotros aún estamos a tiempo”.

El Presidente junto a los ministros García (izquierda) y Alvarado (derecha), tras firmar el proyecto (Créditos: Sebastián Beltrán / Agencia Uno)

Este lunes se llevó a cabo la audiencia de formalización contra dos exfuncionarios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) por el megaincendio del 2 de febrero de 2024 en Valparaíso. La Fiscalía Regional de Valparaíso apunta al exjefe del Departamento de Protección contra Incendios Forestales de Conaf Valparaíso, Juan Atienza, y al comandante de Incidentes en el Puesto de Mando Unificado designado de esa jornada, Luis Correa Jiménez, como responsables de la muerte de 138 víctimas fatales tras el siniestro por su demora en lanzar la alerta.

La fiscalía formalizó a los exfuncionarios por cuasidelito de homicidio por no haber emitido tempranamente alertas de evacuación de los sectores afectados por el fuego. La semana pasada, CIPER dio cuenta de que no solo se demoraron 57 minutos en hacerlo, sino que, además, se modificó la bitácora de Conaf con posterioridad para falsear la hora de la emisión de las alertas.

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, señaló en la audiencia que los imputados no cumplieron “con el deber reglamentario de informar a Senapred acerca de la dirección de avance del fuego, ni solicitaron la activación de la alerta SAE tan pronto tomaron conocimiento a eso de las 17:40 horas que el fuego se había extendido al Fundo Siete Hermanas con riesgo cierto de propagación a sectores poblados de Viña del Mar y Quilpué”. Incluso, señaló que de haber informado de manera oportuna el avance del incendio, monitoreado por Conaf, las víctimas habrían tenido una ventana de 57 minutos “para huir del peligro letal de las llamas y los gases tóxicos emanados de la combustión”.

Daños tras incendio en el sector El Olivar en Valparaíso el 2024 (Créditos: Diego Martín / Agencia Uno)

Reportea reveló nuevos chats albergados en el teléfono del abogado Luis Hermosilla en los que se comunica con el exfiscal Manuel Guerra y, en otros, con el entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick. Se trata de 12 mil páginas de mensajes por WhatsApp, que fueron incorporados por la fiscalía a la investigación contra Guerra, en los que quedó en evidencia cómo Guerra y Hermosilla hablaban entre otros del caso de Santiago Valdés, y cómo algunos de estos diálogos eran reenviados a Chadwick. Valdés fue administrador electoral de Sebastián Piñera en una de sus campañas electorales y fue investigado por la emisión de facturas falsas a empresas como SQM y Aguas Andinas, además de delitos tributarios relacionados al caso Penta. En los chats también se hacen referencias a conversaciones por la plataforma Telegram, las cuales según el reportaje están alojadas en el celular de Hermosilla y todavía no han sido periciadas.

En esa época, en que Chadwick era ministro del Interior, Hermosilla se desempeñaba como asesor de ese ministerio y Guerra estaba a cargo de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. La fiscalía, a cargo de Guerra, indagaba en esa época si es que las maniobras de Valdés en SQM, por ejemplo, habrían servido para financiar la campaña de Piñera. En los chats queda registro de cómo Hermosilla hablaba con Chadwick sobre Guerra a través de Telegram. Cuando se conoció el acuerdo fallido entre la fiscalía y Valdés, Hermosilla le escribió a Chadwick:

Hermosilla: “Hago algo en relación con esta noticia con MG? (“MG” se refiere a Manuel Guerra).
Chadwick: “Bueno … cuanto? (sic)”
Hermosilla: “Ok”
Hermosilla: “Hablé. Me mandará un número”

Manuel Guerra está siendo investigado por cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto, por presuntamente haber entregado información reservada a Hermosilla y actuar en favor de personeros de la derecha en causas judiciales, como el caso de la Minera Dominga.

Chadwick y Hermosilla en el Congreso, durante la acusación constitucional al primero, en 2019 (Créditos: Sebastián Beltrán / Agencia Uno)