La autora de esta columna profundiza en el significado de la declaración de Daniel Ortega de que ya no habrá más elecciones en Nicaragua. Dice que esto es un llamado de alerta para el resto de los países. Sostiene que «Nicaragua no representa el regreso de las dictaduras del siglo XX. Representa algo más inquietante: la consolidación de un autoritarismo capaz de utilizar las propias reglas de la democracia para vaciarla desde dentro».

Imagen de portada: Daniel Ortega en su última visita a Chile, en 2013 (Pablo Ovalle / Prensa Cumbre / Agencia Uno)

Durante gran parte del siglo XX, América Latina aprendió a identificar las dictaduras por sus símbolos más visibles: tanques en las calles, militares en el poder, estados de excepción y suspensión de las libertades. La democracia moría de forma abrupta. Hoy, en cambio, el autoritarismo ya no necesita irrumpir violentamente. Le basta con erosionar, paso a paso, las instituciones que sostienen el Estado de derecho hasta vaciarlas de contenido. Nicaragua representa quizás el ejemplo más acabado de este fenómeno.

La declaración de Daniel Ortega el pasado 19 de julio, al afirmar que «en Nicaragua no volverá a haber elecciones», no marcó un quiebre, sino que confirmó de manera explícita un proceso de concentración del poder que llevaba casi dos décadas desarrollándose ante la mirada de la comunidad internacional.

La paradoja histórica resulta difícil de ignorar. Ortega fue uno de los líderes de la Revolución Sandinista que en 1979 derrocó a Anastasio Somoza bajo la promesa de recuperar la democracia y terminar con una dinastía familiar. Casi medio siglo después, Nicaragua vuelve a estar gobernada por otra familia. Rosario Murillo no solo ocupa la copresidencia, sino que el aparato estatal ha sido reorganizado para garantizar la continuidad política del clan Ortega-Murillo, reproduciendo aquello que el sandinismo prometía erradicar.

Sin embargo, el caso nicaragüense no puede entenderse únicamente como la historia de un líder que concentró poder. Es, sobre todo, la historia de una democracia que fue perdiendo lentamente cada uno de sus contrapesos. La captura del Poder Judicial, el control absoluto del Congreso, la subordinación de los organismos electorales, la persecución de periodistas, el cierre de universidades y organizaciones civiles, la cancelación de partidos políticos y la expulsión o desnacionalización de opositores fueron ocurriendo de manera gradual. Cada medida parecía excepcional; en conjunto, terminaron eliminando cualquier posibilidad de alternancia democrática. Hoy, Freedom House clasifica a Nicaragua entre los regímenes menos libres del mundo, con apenas 14 puntos sobre 100 en su índice de derechos políticos y libertades civiles.

Las cifras humanitarias revelan otra dimensión del deterioro. Desde la represión de las protestas de 2018, cerca de 200 mil nicaragüenses han huido hacia Costa Rica y más de 440 mil personas se encuentran refugiadas o solicitando asilo en distintos países, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). No se trata únicamente de una crisis política, sino también de un profundo proceso de expulsión social.

Lo más inquietante es que nada de esto ocurrió mediante un golpe de Estado. Ortega regresó al poder en 2007 por la vía electoral y, desde entonces, utilizó mecanismos legales, reformas constitucionales y mayorías parlamentarias para desmontar, una tras otra, las barreras que limitaban el poder presidencial. La legalidad fue utilizada para vaciar de contenido a la democracia. El resultado es un régimen que durante años mantuvo elecciones sin competencia real y que hoy ha decidido prescindir incluso de esa apariencia.

Más que una anomalía, Nicaragua constituye un caso extremo de una tendencia que atraviesa diversas democracias contemporáneas: el desplazamiento desde el autoritarismo de ruptura hacia el autoritarismo de erosión institucional. El poder ya no necesita destruir el sistema; le basta con apropiarse gradualmente de sus mecanismos de control hasta volverlos irrelevantes.

El verdadero peligro de Nicaragua no radica únicamente en Ortega. Radica en la falsa tranquilidad con la que el resto de América Latina observa su historia como si fuera una excepción. No lo es. Las democracias no suelen desaparecer cuando cierran el Congreso o cuando los militares ocupan las calles. Para entonces, la democracia ya ha sido derrotada. Mueren mucho antes: cuando los jueces dejan de ser independientes, cuando la oposición deja de competir en igualdad de condiciones, cuando la prensa deja de fiscalizar y cuando la ciudadanía termina aceptando que las libertades pueden sacrificarse en nombre de la estabilidad, la seguridad o el orden.

Nicaragua no representa el regreso de las dictaduras del siglo XX. Representa algo más inquietante: la consolidación de un autoritarismo capaz de utilizar las propias reglas de la democracia para vaciarla desde dentro. Ese es el verdadero fantasma que hoy recorre América Latina. No llega con uniforme ni anuncia golpes de Estado. Llega mediante reformas legales, discursos polarizantes y la normalización de la concentración del poder. Y cuando finalmente deja de haber elecciones, la democracia ya llevaba años convertida en una simple escenografía.