El incidente se produjo porque Provida calculó mal lo que debía transferir a estas personas como Excedente de Libre Disposición, al momento en que ellas se pensionaron. Estos jubilados cobraron un monto superior al que debían recibir, pero sus pensiones fueron estimadas por debajo de lo que correspondía. Ante una consulta de CIPER, la administradora reconoció los hechos y señaló que ya contactó a los afectados. Uno de estos pensionados cobró $233 millones en excedentes y entabló una demanda contra Provida por dañar el cálculo de su pensión: pide $1.429 millones, basado en el déficit mensual que sufriría durante toda su expectativa de vida, cuyo tope es de 110 años, como los establecen las tablas de mortalidad de la Superintendencia de Pensiones para los cálculos del sistema.

AFP Provida transfirió por error un total de $1.593 millones a 39 de sus afiliados en 2025, según reconoció el propio gerente general de esa empresa, Santiago Donoso Húe, en una carta dirigida en abril de este año al superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez Huerta. El problema surgió como consecuencia de una falla registrada durante un proceso de renovación tecnológica realizado el año pasado en los sistemas informáticos de la compañía, lo que derivó en la alteración del cálculo del Excedente de Libre Disposición (ELD) de un grupo de afiliados que se pensionaron en agosto de 2025.

En el documento enviado a la Superintendencia, AFP Provida reconoció que, además de las 39 personas que recibieron pagos en exceso, hubo otros 13 casos en los que el pago no alcanzó a ser cursado, pero sí fueron mal calculadas sus pensiones.

De hecho, en su carta ante la Superintendencia, la administradora clasificó a los afectados en dos universos distintos. Un primer grupo lo integran quienes recibieron un Excedente de Libre Disposición erróneo y cuyas primas de renta vitalicia ya fueron transferidas a las Compañías de Seguros de Vida (CSV). El otro lo componen un total de 13 personas que solicitaron el cálculo, pero cuyo excedente no alcanzó a ser pagado. 

Dentro de este último subgrupo, en 10 casos la prima de renta vitalicia ya fue traspasada a la aseguradora, mientras que en los tres restantes se encontraban pendientes tanto el traspaso de la prima como el pago del excedente al momento de la autodenuncia por parte de AFP Provida (vea la autodenuncia).

Consultada por CIPER, la administradora de pensiones reconoció los hechos y recalcó que, una vez detectada la situación, se realizó “una revisión caso a caso para determinar el impacto efectivo [del error] y definir las acciones de regularización para cada afiliado”, incluyendo “el recálculo de los montos involucrados” y “el contacto directo con los afiliados para informarles de la situación y su tratamiento” (ver declaración).

Si bien CIPER consultó a Provida sobre cómo solucionaron la contingencia con este grupo de afiliados, la AFP no entregó detalles sobre los casos. No obstante, CIPER detectó que, como consecuencia de esta falla, uno de estos afiliados interpuso una demanda judicial por $2 mil millones contra esta administradora de pensiones, la que sigue en curso.

MEDIDAS DE LA SUPERINTENDENCIA

En tanto, la Superintendencia de Pensiones, consultada por CIPER, detalló que instruyó a Provida informar los hechos a los afectados e intentar que devolvieran el dinero mal transferido.

Para las personas que cobraron el ELD y cuya prima de renta vitalicia ya fue transferida a la aseguradora, la superintendencia instruyó a la administradora explicar por escrito la contingencia, precisando el monto pagado en exceso y la pensión corregida si estos afiliados optan por restituir los fondos. Es decir, la decisión de devolver el dinero quedó radicada a voluntad de cada beneficiado.

Respecto de afiliados con la prima ya transferida, pero que no alcanzaron a cobrar los excedentes de libre disposición, el ente fiscalizador instruyó a Provida a traspasar el monto correcto a las aseguradoras y tomar contacto con los afectados.

En relación con los casos en que no hubo pago de excedentes ni dinero transferido a las aseguradoras, la superintendencia instruyó a la AFP a calcular correctamente los montos e informar a los afiliados que tienen la opción de desistir del trámite, si así lo desean.

Por último, la Superintendencia de Pensiones confirmó a CIPER que la administradora de pensiones está ejecutando las medidas requeridas y descartó la recepción de autodenuncias de otras AFP por fallas similares en el sistema previsional (ver respuesta de la Superintendencia de Pensiones). 

Superintendencia de Pensiones (Fuente: Ministerio de Hacienda)

UNA DEMANDA MILLONARIA

Pero la situación no está cerrada, como señaló AFP Provida en su comunicado y planteó la autoridad. La investigación realizada por CIPER permitió detectar que, en al menos un caso, esta inconsistencia derivó en una demanda judicial por un total de $2 mil millones contra esta administradora de pensiones.

La demanda fue interpuesta por el afiliado Ignacio Fernández Astete, representado por la Fundación Valídame y el abogado Yamir Rivera.

El recurso, ingresado ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, exigió la restitución de 35.000 UF (unos $1.429 millones de pesos) por daño patrimonial. Además, este pensionado solicitó el pago de otros $500 millones por daño moral, debido al grave error operacional denunciado.

En su denuncia, Ignacio Fernández Astete señaló que todo el proceso de gestión de su pensión de invalidez fue tramitado por AFP Provida.

El demandante, pensionado por invalidez total definitiva, gestionó su traspaso a renta vitalicia inmediata sobre la base de los datos proporcionados por la AFP. Durante el trámite, Provida autorizó el retiro del máximo de Excedente de Libre Disposición (ELD), unos $233 millones (ver carta de Provida). Sin embargo, en junio de 2026, la empresa admitió por carta que sus sistemas incurrieron en una falla.

Fernández alega que, al autorizarse un retiro de excedente mayor al legalmente permitido, el capital para su renta mensual sufrió un recorte. Mientras la pensión correcta debía alcanzar las 33,46 UF mensuales, Fernández percibe hoy 12 UF al mes (24 UF los primeros 48 meses por un pacto de doble pago), por lo que calcula que sufrirá un perjuicio permanente de 21,46 UF al mes durante toda su expectativa de vida, de 110 años, según la ley.

El cálculo del daño patrimonial alegado en la demanda por 35.000 UF (aproximadamente $1.429 millones al momento de la presentación) se fundamenta en la cuantificación del déficit mensual que sufrirá el afiliado durante toda su expectativa de vida. Y para proyectar el monto total del perjuicio económico, la defensa del demandante consideró la edad del trabajador al momento de jubilarse por invalidez (46 años y 5 meses) y la expectativa de vida tope de 110 años fijada en las tablas de mortalidad de la Superintendencia de Pensiones para cálculos actuariales.

Al multiplicar el déficit de 21,46 UF mensuales por los 63 años y siete meses de sobrevida restante (equivalentes a unos 763 meses), la acción judicial determinó que el perjuicio patrimonial acumulado asciende exactamente a las 35.000 UF solicitadas como indemnización.