Una paciente que se sometió a un trasplante de riñón en la Clínica Alemana se querelló contra ese centro asistencial. Según la versión expuesta en la acción judicial, la operación se realizó el 4 de noviembre de 2024 y 11 días después una biopsia arrojó que el riñón presentaba una trombosis arterial y extensa necrosis, por lo que debía ser retirado de inmediato. Pero, agrega la querella, no fue removido hasta el 9 de abril de 2025, generando daños físicos y una respuesta inmunológica severa, lo que dejó a la paciente con un 2% de probabilidades de recibir de manera exitosa un nuevo trasplante. CIPER confirmó que el donante tenía Covid.

“¿Cómo es posible que una paciente que ingresó a Clínica Alemana de Santiago por una dolencia menor, sin antecedentes médicos relevantes, termine hoy con un brazo inutilizado para procedimientos médicos esenciales, un trasplante perdido y con apenas un 2% de probabilidad de acceder a un nuevo riñón?”. Así comienza la querella presentada en el 4°Juzgado de Garantía de Santiago contra la Clínica Alemana, tres médicos “y todas aquellas personas que resulten responsables, sea en calidad de autores, cómplices o encubridores del cuasidelito de lesiones graves gravísimas”. 

La paciente, de 49 años, expone en la querella que, por negligencias de la institución y sus profesionales, su trasplante de riñón resultó fallido, provocándole daños y reacciones adversas que la dejaron con apenas un 2% de probabilidades de recibir de forma exitosa un nuevo órgano. Además, en la querella se relata que sufrió una lesión grave en un brazo en el curso del tratamiento. 

Según los antecedentes que pudo revisar CIPER, el 4 de noviembre de 2024 la paciente se sometió a un trasplante de riñón. Su donante fue un paciente fallecido de 39 años quien, al momento de su deceso tenía Covid. 

Es necesario aclarar que trasplantar un órgano proveniente de un donante fallecido no implica ningún riesgo para el receptor, y es una práctica común. Además, fuentes que conocen los antecedentes de este caso dijeron a CIPER, bajo reserva de su identidad, que se pueden hacer trasplantes de riñones aportados por donantes con Covid, tal como ocurrió varias veces durante la pandemia. Sin embargo, según la querella, debe acreditarse que la enfermedad esté inactiva y no haya riesgo para el receptor. 

En este caso, la condición de Covid positivo del donante fue informada previamente a la paciente. Pero el problema, según se indica en el recurso judicial, es que la enfermedad no fue debidamente acreditada como inactiva. CIPER consultó a la clínica por estos antecedentes, pero su área de comunicaciones señaló que no habría respuesta, debido a que se trata de datos, a juicio de ese centro médico, que vulneran el derecho a la privacidad de los datos de salud de los involucrados.

El 15 de noviembre, 11 días después del procedimiento, el resultado de una biopsia renal indicó: “Tejido cortical y medular renal con trombosis arterial y extensa necrosis compatible con infarto” (vea ese resultado). 

La querella afirma que nunca se explicaron las causas de la necrosis y pérdida total de funcionalidad del órgano, y que “pese a existir indicación médica para la extracción del órgano trasplantado no viable, dicha intervención no fue realizada oportunamente…”. Esta versión señala que durante cinco meses se mantuvo el riñón en el cuerpo de la paciente, para lo que tampoco hubo explicaciones. Recién a principios de abril de 2025 fue removido. CIPER tuvo acceso al estudio que se hizo al riñón ya retirado, el que confirma la necrosis y un “infarto renal anémico, extenso” (vea el resultado de ese examen). 

Para que un trasplante renal no sea riesgoso, según la Guía de Práctica Clínica de Trasplante Renal, del Ministerio de Salud, el paciente debe presentar un Panel Reactivo de Anticuerpos (PRA) menor a 20%. Pero, luego de ser retirado el riñón necrótico, de acuerdo a un informe del Instituto de Salud Pública (ISP) de fecha 15 de mayo de 2025, la paciente habría desarrollado un aumento al 98% (vea ese informe), lo que la querella describe como una “situación que, desde el punto de vista médico, reduce prácticamente a cero la posibilidad de acceder a un nuevo trasplante renal…”. 

Al ser consultada, la Clínica Alemana envió un comunicado a CIPER, afirmando que “el trasplante, procedimiento en el que fue previamente advertida la posibilidad de pérdida del órgano, estuvo a cargo de especialistas altamente calificados y que todas las actuaciones se realizaron de acuerdo con los protocolos médicos vigentes y la evidencia científica” (vea el comunicado).

La paciente también se querelló por lesiones en su brazo. Según el documento, en mayo de 2024 se le indicó que debía realizarse una fístula arteriovenosa, como preparación para una eventual diálisis. Este procedimiento, de acuerdo a la querella, se ejecutó sin una ecografía Doppler vascular previa, la que, según la misma acción legal, era un “examen indispensable para la adecuada evaluación del sistema vascular del paciente”. Y agrega que, como consecuencia, se realizaron dos intervenciones fallidas, en las que la fístula “se tapó” y debió retirarse. Producto de esto, hoy el brazo no puede ser utilizado para hemodiálisis y la paciente debe iniciar ese tipo de procedimiento “mediante catéter venoso central, con mayores riesgos y una significativa afectación en su calidad de vida”, afirma la querella. 

CIPER contactó a la abogada de la paciente, Susana Borzutzky, quien señaló que “lo más grave de este caso no es solo la negligencia que ha colocado a nuestra clienta al borde de perder la vida y la ha dejado a la deriva luchando por sobrevivir. Lo escalofriante es la indiferencia, la falta de humanidad y la ausencia total de autocrítica frente a lo ocurrido”. Añadió que “confiamos en que las instituciones encargadas de investigar y juzgar estos hechos imprimirán la máxima celeridad a este proceso, porque la gravedad de lo ocurrido exige verdad, responsabilidad y justicia”. 

Por su parte, el comunicado de la Clínica Alemana concluye: “Junto con lamentar que el resultado de la intervención no haya sido el esperado, informamos que estamos colaborando con el Ministerio Público para acreditar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los médicos tratantes y de la Clínica”.