El Presidente José Antonio Kast pidió este martes la renuncia a los subsecretarios de Seguridad, Andrés Jouannet, y de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana. En su reemplazo, el mandatario designó a María del Pilar Giannini y a Gonzalo Guerrero, respectivamente. Este reordenamiento dentro del Ministerio de Seguridad Pública se da a dos semanas desde la incorporación del ministro Martín Arrau tras la salida de Trinidad Steinert.

Durante esta misma jornada, Arrau fue hasta el Senado para presentar el “Plan Operativo Seguridad Pública 2026-2030”. La iniciativa contempla tres ejes: prevención, enfocado en anticiparse al delito a través de programas focalizados, especialmente en los menores de edad vulnerables que son reclutados por el crimen organizado; recuperación del control territorial, el que buscará imponer el estado de derecho en la Macrozona Sur y las tomas en el norte del país, y gestión institucional, orientado a fortalecer las capacidades del Estado “aumentando la dotación policial, modernizando los sistemas de inteligencia, fortaleciendo la coordinación institucional y consolidando una sola línea de mando para el Sistema de Seguridad Pública”, indicó el gobierno en un comunicado.

Jouannet saliendo hoy de La Moneda luego de que se le pidiera la renuncia (Créditos: Sebastián Beltrán / Agencia Uno)

La fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron un operativo esta madrugada que culminó con la detención de 20 personas vinculadas al Tren de Aragua. Dieciocho tenían órdenes de detención vigentes y otras dos fueron detenidas en flagrancia. El fiscal regional metropolitano sur y jefe del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros, señaló que la indagatoria comenzó a raíz del quíntuple homicidio de Lampa en 2024.

Según reveló CIPER, la red criminal funcionaba con cuatro niveles: recaudadores de “vacunas” y extorsiones; “abonantes” que depositaban el efectivo en cuentas bancarias; “presta-cuentas”, entre ellos un ejecutivo del Banco Santander, y sociedades comerciales de fachada que enviaban los fondos al extranjero (vea el reportaje completo aquí).

CIPER reveló que el operativo logró la captura de José Carlos Pérez Asencio, un ejecutivo del Banco Santander investigado por colaborar con el Tren de Aragua. Pérez, de nacionalidad venezolana, sería una pieza clave de la organización en Chile, ya que habría facilitado varias cuentas bancarias a sus miembros. Entre ellas, cuentas en los bancos Falabella y Scotiabank, las cuales habrían sido utilizadas para recibir fondos que provenían de la organización criminal e introducirlas al mercado formal entre 2022 y 2025 (vea esa nota aquí).

Este caso da cuenta de la presunta infiltración del Tren de Aragua en el sistema bancario formal. Según la investigación, el ejecutivo habría participado en el lavado de dinero proveniente de diversas actividades ilícitas, entre ellas el cobro de extorsiones a comerciantes.

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, y el fiscal nacional, Ángel Valencia, con evidencia obtenida en la Operación Tokio (Créditos: Víctor Huenante / Agencia Uno)

La Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto “Escuelas Protegidas” con 105 votos a favor, 46 en contra y ninguna abstención. La iniciativa establece que quienes sean condenados por delitos graves que atenten contra la integridad física de los miembros de la comunidad escolar, contra la infraestructura del establecimiento o por el uso de armas, quedarán inhabilitados por cinco años para usar el beneficio de la gratuidad universitaria. Asimismo, permitirá que sostenedores y directivos de los centros educativos revisen las mochilas de los estudiantes en los casos que contemple la normativa. El cuerpo legal también contempla sanciones para quienes lideren o participen en paralizaciones de clases.

El oficialismo logró sacar adelante la iniciativa con el apoyo de la Democracia Cristiana, mientras que las bancadas del Frente Amplio, PS, PPD y PC votaron en contra del proyecto.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, valoró la aprobación de la iniciativa y explicó que el objetivo es que quienes cometen delitos en el contexto educativo, “ya sea contra la vida o contra la propiedad, queden inhabilitados de poder acceder al beneficio de la gratuidad. Eso no implica que no van a poder ingresar a la educación superior. Lo único que implica es que no van a poder hacerlo en virtud de este beneficio por un plazo de cinco años, y también quienes, digamos, cometan delitos posteriores a haber adquirido el beneficio quedarán sujetos a la misma inhabilidad».

Los ministros de Educación, María Paz Arzola, y de Segpres, José García Ruminot, hoy en el Congreso durante la votación (Créditos: Hans Scott / Agencia Uno)

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago determinó el sobreseimiento definitivo del gobernador metropolitano, Claudio Orrego, en el marco del Caso Procultura, en el que se indaga el millonario convenio entre el Gobierno Regional Metropolitano y la fundación liderada por el psiquiatra Alberto Larraín. El Ministerio Público investigaba a Orrego por delitos de fraude al fisco, pero no logró acreditarlos.

La Corte de Apelaciones había rechazado la solicitud de desafuero que presentó la Fiscalía Regional de Antofagasta en contra del gobernador. Orrego valoró la decisión del tribunal y su abogado defensor, Ciro Colombara, señaló que el fiscal regional Juan Castro Bekios fue condenado en costas de manera personal por “grave negligencia de sus funciones y notorio desconocimiento del derecho de la conducción de la investigación”.

Claudio Orrego, gobernador metropolitano (Créditos: Víctor Huenante / Agencia Uno)