El autor de esta columna analiza el reciente cambio de gabinete desde la perspectiva del desgaste del sistema político. Sostiene que «tal vez allí resida el verdadero significado de este episodio. El ajuste ministerial más rápido desde 1990 probablemente diga menos sobre una administración particular que sobre una transformación más amplia de las democracias actuales. Gobiernos elegidos con mandatos contundentes, pero incapaces de consolidar autoridad antes de comenzar a erosionarse».

Imagen de portada: Lukas Solís / Agencia Uno. 

Sesenta y nueve días.

Eso alcanzó a durar intacto el primer gabinete de José Antonio Kast antes de enfrentar el ajuste ministerial más rápido desde el retorno a la democracia. La salida de Trinidad Steinert y Mara Sedini, junto a la reconfiguración que incorpora a Claudio Alvarado, Martín Arrau y Louis de Grange, difícilmente puede interpretarse solo como una corrección administrativa. El episodio adquiere otra dimensión precisamente por su velocidad.

La política chilena conoció períodos de rotación ministerial vertiginosa durante la República Parlamentaria, cuando la estabilidad de los gabinetes dependía de alianzas parlamentarias extraordinariamente frágiles. Más de un siglo después, el cuadro es distinto, aunque no completamente ajeno. Ya no se trata de ministros derribados por combinaciones congresales efímeras, sino de administraciones que comienzan a erosionarse antes incluso de concluir su instalación política.

ORDEN FRÁGIL

La excepcionalidad del episodio no radica únicamente en el número de días. También importa el contexto. El ajuste ocurre sin una recesión severa, una derrota plebiscitaria o un escándalo de corrupción capaz de desfondar estructuralmente al Ejecutivo. El deterioro apareció antes de que La Moneda alcanzara a consolidar una forma reconocible de conducción.

Buena parte de la campaña republicana se sostuvo sobre una promesa relativamente simple: restaurar autoridad en un país fatigado por años de inseguridad, fragmentación y desgaste político. El gabinete original respondió bastante bien a esa lógica. Predominaron perfiles técnicos, independientes, empresarios y figuras de confianza presidencial, varios de ellos con escasa experiencia política visible. La apuesta parecía orientada menos a construir un comité político robusto que a proyectar disciplina administrativa y control desde el centro presidencial.

Las primeras grietas aparecieron justamente allí donde el oficialismo esperaba exhibir mayor fortaleza. Seguridad, coordinación y conducción terminaron convirtiéndose rápidamente en focos de desgaste. Kast debió intervenir personalmente para ordenar vocerías, contener conflictos y respaldar ministros debilitados cuando la administración ni siquiera alcanzaba todavía los cien días.

Durante años, el Presidente construyó su capital político menos desde el carisma personal —del que nunca dispuso en abundancia— que desde una imagen de firmeza, disciplina y restauración del mando político. El diseño inicial del gabinete prolongó esa misma lógica: ministros técnicamente funcionales, políticamente discretos y subordinados a una conducción fuertemente centralizada en La Moneda.

Algo de esa tensión ya había sido advertido hace más de un siglo por Max Weber al describir la distancia que suele abrirse entre liderazgos construidos sobre autoridad y las exigencias bastante menos épicas de la administración cotidiana. Gobernar no consiste únicamente en fijar dirección. También exige absorber conflictos, distribuir costos, sostener negociaciones largas y coordinar estructuras estatales que rara vez funcionan con la velocidad imaginada durante las campañas.

Sería difícil sostener que figuras como Trinidad Steinert o Mara Sedini no tuvieron responsabilidad en el rápido deterioro inicial de la administración. Ambas acumularon errores visibles de instalación, manejo político y conducción comunicacional que terminaron debilitando tempranamente al Ejecutivo. Concentrar toda la explicación en deficiencias personales, sin embargo, impediría observar algo más delicado: varias de esas fragilidades parecían venir incorporadas en el diseño original del proyecto republicano.

DIAGNÓSTICO ESTRECHO

Desde el inicio, el oficialismo dejó claro cuáles serían sus dos ejes prioritarios: seguridad y transformación económica. Allí se encontraba el núcleo doctrinario más reconocible del proyecto. Varias de las reformas impulsadas desde Hacienda remitían directamente a la tradición inaugurada por “El Ladrillo”: confianza intensa en el mercado, ambición estructural y una visible incomodidad frente a las negociaciones y gradualidades que históricamente han acompañado las grandes reformas chilenas.

Las primeras alertas respecto de la velocidad y viabilidad de ese programa no provinieron únicamente desde la oposición. El Fondo Monetario Internacional proyectó para 2026 un déficit cercano al 2,5% del PIB y advirtió que la deuda pública podría superar el 45% del PIB hacia 2028 si no se profundizaban los ajustes fiscales. El Banco Central, por su parte, redujo sus proyecciones de crecimiento y advirtió un escenario de incertidumbre mayor al habitual, acompañado además de presiones inflacionarias persistentes.

Más allá de la discusión económica inmediata, comenzaba a quedar expuesta otra dificultad: la posibilidad de que el nuevo gobierno hubiera interpretado la crisis chilena desde un diagnóstico demasiado estrecho. Seguridad, crecimiento y disciplina fiscal aparecían como respuestas suficientes frente a un malestar que también arrastra fatiga institucional, debilitamiento de intermediaciones políticas y erosión prolongada de legitimidad pública.

FATIGA PRESIDENCIAL

Hace tiempo que las democracias dejaron de conceder largos períodos de instalación. La antigua “luna de miel” presidencial prácticamente desapareció bajo dinámicas de vigilancia permanente, presión digital y fiscalización inmediata. Pierre Rosanvallon lleva años describiendo ese fenómeno como una mutación silenciosa de la legitimidad democrática: gobiernos sometidos desde el inicio a un entorno de sospecha continua donde la autoridad electoral ya no garantiza estabilidad política duradera.

Chile parece haberse incorporado plenamente a esa lógica. Le ocurrió a Sebastián Piñera después del estallido social. También a Gabriel Boric durante sus complejos meses de instalación y deterioro en seguridad. Ahora alcanza a Kast incluso antes de completar cien días en La Moneda. Ya no parece una anomalía.

Buena parte de la política chilena comenzó a operar sobre una contradicción incómoda. Las campañas presidenciales se volvieron cada vez más personalizadas y emocionalmente intensas, mientras los márgenes reales de conducción política se reducían bajo congresos dispersos, coaliciones débiles y negociaciones permanentes. El Presidente aparece entonces como una figura sobrecargada: concentra expectativas desmesuradas, pero dispone de herramientas crecientemente limitadas para ordenar el sistema.

Algo de esa tensión atraviesa hoy a La Moneda. Kast terminó obligado a intervenir personalmente en conflictos que, en contextos políticos más estables, probablemente habrían sido absorbidos por ministros con mayor peso propio o coaliciones más cohesionadas. Décadas atrás, Juan Linz identificó parte de esa fragilidad al estudiar presidencialismos donde las capacidades reales de articulación comenzaban a quedar muy por debajo de las expectativas depositadas sobre el Ejecutivo.

Las democracias rara vez se deterioran mediante colapsos espectaculares. Mucho más frecuente resulta observar un desgaste lento de las capacidades de coordinación, intermediación y construcción de acuerdos duraderos. Coaliciones que pierden cohesión, administraciones que consumen rápidamente su capital político y sistemas institucionales cada vez menos capaces de sostener mínimos períodos de estabilidad.

Steven Levitsky y Daniel Ziblatt han trabajado precisamente sobre ese tipo de erosiones graduales: democracias donde la dificultad para gobernar comienza a transformarse menos en una excepción que en una condición persistente.

Resulta difícil ignorar cierta ironía política en todo esto. Un gobierno que llegó denunciando improvisación, debilidad y desorientación de sus antecesores terminó enfrentando, en apenas sesenta y nueve días, síntomas sorprendentemente similares. La promesa de restaurar autoridad chocó rápidamente con un hecho bastante menos épico y mucho más persistente: la complejidad de gobernar un sistema político fatigado, desconfiado y sometido a presión permanente.

Tal vez allí resida el verdadero significado de este episodio. El ajuste ministerial más rápido desde 1990 probablemente diga menos sobre una administración particular que sobre una transformación más amplia de las democracias actuales. Gobiernos elegidos con mandatos contundentes, pero incapaces de consolidar autoridad antes de comenzar a erosionarse.