El autor de esta columna sostiene que «Chile no necesita convertir cada terreno húmedo en un santuario. Pero sí necesita que quienes ejercen el poder político y la jurisdicción ambiental comprendan la diferencia entre un ecosistema y un malentendido. En un país con crisis hídrica, expansión urbana, pérdida de biodiversidad y eventos climáticos extremos, esa distinción no es un tecnicismo académico. Es una condición básica de adaptación».

Imagen de portada: humedal Río Maipo (Sócrates orellana/ Agencia Uno). 

Cuando quien ejerce el poder ejecutivo reduce un ecosistema complejo a «terreno mojado», no está describiendo una ley: está moldeando cómo la ciudadanía la entiende. Declaraciones recientes sobre la Ley de Humedales Urbanos lo ilustran con claridad. Y esa diferencia importa.

Un humedal no es simplemente un terreno mojado. De acuerdo con la legislación chilena, en línea con la Convención Ramsar, los humedales son extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua —naturales o artificiales, permanentes o temporales, dulces, salobres o saladas— incluyendo extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros. Esa definición es amplia, y por eso genera incomodidad. Pero su amplitud no es un error: responde a la naturaleza misma de estos ecosistemas. Los humedales existen en zonas de transición. No son completamente terrestres ni completamente acuáticos. Cambian con las estaciones, con las lluvias, con las mareas y con los usos humanos. A veces son espectaculares; otras veces parecen apenas un bajo húmedo, una vega, un estero o un suelo saturado que la ciudad aprendió a ignorar.

La pregunta correcta, entonces, no es si “todo lo húmedo” puede ser humedal. La pregunta es qué condiciones ecológicas permiten reconocer uno: presencia de vegetación hidrófita, suelos hídricos con mal drenaje, un régimen hidrológico de saturación permanente o temporal. No se trata de una impresión visual ni de una ocurrencia administrativa, sino de identificar relaciones entre agua, suelo, vegetación, temporalidad y funcionamiento ecológico.

Cuando esa definición técnica entra al espacio público, suele ser reducida a caricatura. Para algunos, “humedal” se convierte en sinónimo de obstáculo: una palabra que amenaza proyectos, inversiones y permisos. Para otros, es casi una categoría sagrada, como si nombrarlo resolviera automáticamente su protección. Ambos usos empobrecen la discusión. El concepto de humedal no debería usarse como arma arrojadiza ni como contraseña moral. Debería usarse como una invitación a mirar mejor.

Chile tiene más de 70 mil humedales catastrados, que cubren cerca del 7,4% del territorio nacional. Salares, vegas, bofedales, turberas, riberas, estuarios, lagunas costeras, marismas, tranques y embalses forman parte de una geografía donde el agua no siempre aparece como río caudaloso o lago turístico. Muchas veces aparece como humedad persistente, como suelo saturado, como vegetación adaptada, como memoria hídrica que conforman la historia ambiental del territorio.

Reconocer esa diversidad no significa que cualquier lugar húmedo deba ser declarado humedal urbano. La propia Ley 21.202 no declara automáticamente todos los humedales ubicados dentro de límites urbanos: requiere tramitación de oficio o a solicitud municipal, y la declaración no elimina el dominio sobre la propiedad ni habilita el ingreso a terrenos privados. Estas precisiones importan. Pero usarlas para minimizar el problema es otro error. El hecho de que una ley requiera procedimientos no significa que la sociedad comprenda mejor los ecosistemas que busca proteger.

¿SABEMOS DECLARAR HUMEDALES MEJOR DE LO QUE SABEMOS EXPLICARLOS?

Esa brecha es, ante todo, educativa. Mientras el debate público pregunta si la ley frena o no el desarrollo, la educación ambiental debería formular una pregunta anterior: ¿qué nos impide reconocer un humedal cuando lo tenemos frente a los ojos? Históricamente, muchos humedales fueron tratados como terrenos baldíos, zonas insalubres, obstáculos para la urbanización o reservas de suelo disponibles para rellenar. Esa historia no desaparece por decreto. La ley puede cambiar el estatuto jurídico de un ecosistema, pero no cambia automáticamente la cultura que lo desprecia.

Desde la esfera educativa, no basta con enseñar que los humedales regulan inundaciones, almacenan carbono, sostienen biodiversidad o depuran aguas. Todo eso es cierto. Pero también necesitamos aprender a percibirlos. A entender que un humedal puede no parecer una postal: que puede tener barro, juncos, insectos, agua estancada, bordes difusos y variaciones estacionales. Que su valor no siempre coincide con la estética urbana dominante desde el antropocentrismo. Los humedales no solo prestan servicios ecosistémicos tienen valor por sí mismo; producen experiencias, memorias y formas de pertenencia territorial. 

Por eso, la discusión sobre humedales debería ser también una discusión sobre formación docente, currículum escolar y ciudadanía ecológica. ¿Cuántas escuelas conocen el humedal más cercano? ¿Cuántos municipios vinculan sus declaratorias con programas educativos permanentes? La Ley de Humedales Urbanos incluye, entre sus criterios de sustentabilidad, la educación ambiental y la investigación para la protección de estos ecosistemas. Ese punto debería estar al centro del debate, no al margen. Si la ley se entiende solo como restricción, siempre será políticamente vulnerable. Si se entiende como parte de una política de aprendizaje territorial, puede convertirse en una herramienta para construir mejores ciudades y comunidades.

El discurso presidencial revela una tensión mayor: la dificultad de traducir conocimiento ecológico en sentido común público. Un bosque no es solo un conjunto de árboles. Un glaciar no es solo hielo. Un río no es solo agua que corre. Y un humedal no es solo humedad. Al mismo tiempo, la ciencia también debe asumir su responsabilidad: explicar mejor. Una definición técnicamente correcta puede ser socialmente insuficiente si no logra dialogar con quienes habitan y trabajan en esos territorios.

Chile no necesita convertir cada terreno húmedo en un santuario. Pero sí necesita que quienes ejercen el poder político y la jurisdicción ambiental comprendan la diferencia entre un ecosistema y un malentendido. En un país con crisis hídrica, expansión urbana, pérdida de biodiversidad y eventos climáticos extremos, esa distinción no es un tecnicismo académico. Es una condición básica de adaptación.

La discusión sobre humedales no debería reducirse a si una ley está bien o mal redactada. El punto es más profundo: qué tipo de sociedad queremos ser frente al agua. Una que solo la ve cuando falta, cuando inunda o cuando impide construir. O una capaz de reconocerla como parte de sistemas vivos que sostienen territorios, comunidades y futuros posibles.

No todo lo húmedo es humedal. Esa precisión es necesaria. Pero la imprecisión también opera en sentido inverso: cuando quienes tienen el poder de moldear la opinión pública reducen ecosistemas complejos a terrenos con barro, el costo no lo paga la ley, lo pagan los humedales.