El autor de esta columna defiende el valor para el país de la mantención de los Institutos y Núcleos Milenio, cuya existencia queda en duda por las recomendaciones presupuestarias del Ministerio de Hacienda. Sostiene que «un país que renuncia a producir conocimiento propio sobre sus conflictos y transformaciones pierde capacidad de anticipación, de aprendizaje y de conducción democrática. Se vuelve más vulnerable a respuestas simplistas, a políticas mal calibradas, a decisiones tomadas sin comprensión suficiente de sus efectos sociales. Se vuelve, en definitiva, menos libre. Sostener los Institutos y Núcleos Milenio no es defender un interés corporativo ni el privilegio de un grupo académico. Es defender una infraestructura pública de conocimiento sin la cual el país queda peor equipado para conocerse, para nombrarse con precisión y para decidir —de manera más informada, más crítica y más democrática— su propio futuro».

Imagen de portada: Anid.cl

Hay decisiones que parecen técnicas y son, en realidad, filosóficas. La eventual descontinuación de los Institutos y Núcleos Milenio, deslizada en las recomendaciones presupuestarias del Ministerio de Hacienda, pertenece a esa categoría. No se trata de ajustar una partida entre muchas: se trata de decidir si Chile seguirá invirtiendo en la capacidad de comprenderse a sí mismo.

El Programa Milenio cubre un amplio espectro disciplinario, desde las ciencias exactas y naturales hasta las humanidades. Todas sus líneas son valiosas. Pero existe una dimensión de ese espectro que resulta particularmente estratégica para la vida democrática: aquella que tiene por objeto la propia sociedad. Las ciencias sociales no estudian fenómenos externos al ser humano; estudian las formas en que las personas se organizan, se gobiernan, se excluyen o se reconocen. Su objeto de estudio es, en última instancia, nuestra capacidad de vivir juntos. Y esa capacidad necesita, para sostenerse, instituciones estables que la examinen con rigor y continuidad. Los Institutos y Núcleos Milenio en el área social son, en Chile, la expresión más desarrollada de esa condición.

EL ESPEJO QUE PERMITE VERNOS

El antropólogo y médico Didier Fassin, titular de la cátedra «Questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines» del Collège de France —donde acaba de publicar el libro Leçons de ténèbres (2025), derivado de su curso sobre las formas de la violencia— lleva años argumentando algo que debería resonar en este debate. Las ciencias sociales no se limitan a describir el mundo: lo interrogan. Producen una crítica en el sentido más profundo del término: no la crítica como queja o impugnación, sino como examen de las condiciones que hacen posible que ciertas desigualdades, ciertos ejercicios del poder y ciertas formas de violencia sean vividas como naturales, como inevitables, como simplemente lo que hay. Las ciencias sociales hacen visible la contingencia de lo que se presenta como necesidad. Y esa visibilidad es una condición de la libertad política.

Desde esta perspectiva, la democracia no es sólo un procedimiento electoral ni un conjunto de instituciones formales: es también un régimen de conocimiento. Una democracia que no examina sus mecanismos de exclusión, que no se pregunta cómo se construyen sus jerarquías sociales, que no investiga sus propias formas de violencia —policial, estructural, simbólica—, está en riesgo de reproducir exactamente aquello que dice querer superar. La investigación social rigurosa no es un lujo cultivado en las universidades: es una condición de salud democrática.

CONOCIMIENTO PROPIO PARA PROBLEMAS PROPIOS

Chile atraviesa transformaciones profundas y simultáneas: conflictos en distintos contextos locales y regionales del país, crisis de representación, aumento de la violencia y el crimen organizado, desigualdades persistentes, profundas transformaciones en la composición sociodemográfica de la sociedad —nacen menos niños, crece la población mayor, se reconfiguran los hogares y los vínculos generacionales, se intensifican las demandas de cuidado y emergen nuevas formas de desigualdad—, masivos flujos migratorios, tensiones socioambientales, digitalización disruptiva y desconfianza en las instituciones. Ninguno de estos fenómenos puede comprenderse adecuadamente con categorías importadas de manera mecánica desde el Norte Global, ni con diagnósticos de corto plazo formulados al ritmo de la contingencia mediática. Comprender estos procesos —y en particular las transformaciones demográficas y sus consecuencias sobre el bienestar, los cuidados y la cohesión social— requiere capacidades sostenidas de investigación interdisciplinaria, capaces de interpretar causas, anticipar consecuencias y orientar respuestas públicas ajustadas a nuestras realidades.

El conocimiento no es neutral respecto de su lugar de producción. Cada sociedad necesita producir sus propios marcos de comprensión: investigación sensible a sus brechas de clase, género, territorio y origen; capaz de dialogar con comunidades, organizaciones sociales y servicios públicos; enraizada en las trayectorias específicas de sus conflictos y transformaciones. Eso es precisamente lo que hacen los Institutos y Núcleos Milenio en Ciencias Sociales: producir conocimiento de frontera desde la realidad del país, no sobre ella desde afuera. Su aporte, sin embargo, va más allá de cada investigación particular. Estas iniciativas han contribuido a consolidar una forma de infraestructura científica para Chile: una infraestructura hecha de equipos, trayectorias, redes, formación doctoral y posdoctoral, vínculos internacionales y capacidades de interlocución pública. En un país donde la investigación suele depender de esfuerzos fragmentados y trayectorias individuales, la asociatividad científica no es un complemento administrativo, sino una condición para producir conocimiento robusto, situado y socialmente relevante.

Existe además un argumento estrictamente pragmático. El conocimiento generado por las ciencias sociales tiene retornos que no se miden en el ciclo presupuestario anual. El economista Kenneth Arrow demostró hace décadas que el conocimiento es un bien público con externalidades positivas que los mercados tienden a subfinanciar porque quien lo produce no puede apropiarse de todos sus beneficios: los efectos se difunden hacia actores que no pagaron por generarlos. La misma lógica se aplica al financiamiento estatal cuando se orienta por criterios de corto plazo: una investigación que estudia durante cinco años cómo se transforma la vida comunitaria bajo presión del crimen organizado no produce un «retorno» cuantificable al cierre del ejercicio. Pero sin esa investigación, las políticas públicas que llegan a esos territorios carecen del sustrato empírico necesario para ser eficaces. El costo no aparece en la línea de gastos del presupuesto: aparece, años después, en la ineficacia costosísima de intervenciones mal calibradas.

MÁS QUE PAPERS: LA INFRAESTRUCTURA REFLEXIVA DE UN PAÍS

Evaluar a los Institutos Milenio y Núcleos únicamente por su producción de artículos científicos indexados es como evaluar un hospital público por el número de consultas que atiende al día, sin preguntarse por la salud pública que sostiene. Se mide un medio, no un fin. El aporte real de estos centros consiste en formar investigadoras e investigadores jóvenes; construir bases de datos longitudinales que ningún proyecto individual podría sostener; desarrollar metodologías mixtas; producir diagnósticos que alimentan el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas; y articular redes interdisciplinarias e internacionales que multiplican la capacidad analítica del país.

El historiador francés Pierre Rosanvallon ha argumentado que la democracia contemporánea requiere, junto a sus instituciones representativas, una potente infraestructura de conocimiento crítico: instancias capaces de vigilar el poder, de nombrar las injusticias, de restituir complejidad a debates que la política electoral necesariamente simplifica. Los institutos de investigación en ciencias sociales cumplen parte de esa función. Son un componente de lo que Rosanvallon llama la contrademocracia: el conjunto de mecanismos que permiten a una sociedad ejercer vigilancia sobre sí misma, corregir sus propias derivas y enriquecer la deliberación pública con conocimiento riguroso.

LO QUE SE DESTRUYE NO SE RECONSTRUYE

Descontinuar programas de investigación asociativa —sean Institutos y Núcleos Milenio u otros instrumentos equivalentes— no implica simplemente cerrar una línea presupuestaria. Significa desarmar equipos formados durante años, interrumpir series de datos que sólo tienen sentido en el tiempo, y debilitar las relaciones de confianza con actores sociales y comunidades de distintos contextos y realidades del país que un equipo investigador tarda una década en construir. La confianza que una comunidad deposita en un grupo de investigación no se licita. Tampoco se recupera de un año para otro una red internacional de colaboración, una escuela metodológica, o la capacidad instalada para responder con rigor y rapidez a situaciones de crisis.

En ciencias sociales, los problemas complejos exigen tiempo. Comprender los cambios en la violencia urbana, la erosión de la legitimidad institucional, los conflictos que emergen en distintas realidades locales o las transformaciones de la participación democrática requiere observación sostenida, trabajo comparado y acumulación paciente de evidencia. El financiamiento fragmentado y discontinuo no resuelve ese desafío: lo agrava. Obliga a recomenzar una y otra vez, impide consolidar equipos y favorece diagnósticos apresurados. Justamente lo contrario de lo que un Estado responsable necesita para gobernar con información.

Hay algo más que vale la pena defender: los programas de investigación asociativa son, por su propia naturaleza, espacios de diversidad. En ellos se reúnen personas con distintas trayectorias, disciplinas, orientaciones y formas de mirar el mundo. Esa diversidad no ocurre espontáneamente ni se improvisa: requiere instrumentos capaces de sostener equipos, redes y confianza en el tiempo. Lo que está en riesgo, por tanto, no es sólo una iniciativa específica, sino las condiciones institucionales que hacen posible producir conocimiento colectivo, plural y relevante para el país.

UNA DECISIÓN SOBRE EL TIPO DE PAÍS QUE QUEREMOS SER

El debate abierto por Hacienda debería convertirse en una oportunidad para preguntarse en serio qué tipo de capacidades quiere proteger Chile. Si creemos que el desarrollo no se juega sólo en los indicadores macroeconómicos, sino también en la solidez de nuestras instituciones, en la calidad de nuestras políticas y en la vitalidad de nuestra democracia, entonces la investigación social de largo plazo no puede ser tratada como un gasto prescindible. Es, por el contrario, una inversión en la capacidad del país para entenderse a sí mismo.

La alternativa es conocida y costosa: depender crecientemente de marcos explicativos importados, de consultorías episódicas, de diagnósticos desanclados de las realidades locales. Un país que renuncia a producir conocimiento propio sobre sus conflictos y transformaciones pierde capacidad de anticipación, de aprendizaje y de conducción democrática. Se vuelve más vulnerable a respuestas simplistas, a políticas mal calibradas, a decisiones tomadas sin comprensión suficiente de sus efectos sociales. Se vuelve, en definitiva, menos libre.

Sostener los Institutos y Núcleos Milenio no es defender un interés corporativo ni el privilegio de un grupo académico. Es defender una infraestructura pública de conocimiento sin la cual el país queda peor equipado para conocerse, para nombrarse con precisión y para decidir —de manera más informada, más crítica y más democrática— su propio futuro.

Una sociedad que se niega los instrumentos para examinarse a sí misma no ahorra: se empobrece.