El senador Manuel José Ossandón declaró, en octubre de 2024, en la indagatoria al exfiscal Manuel Guerra: “Debe investigarse la relación entre el alcalde Carter y este señor Guerra, pues había una causa por más de $20 mil millones que se investigó por el señor Guerra, y que quedó en nada. Lo extraño de esa situación es que después Guerra y otras personas de su círculo fueron contratadas en la Municipalidad de La Florida”. Hace dos semanas, el dictamen judicial que puso en prisión preventiva a Guerra estableció que él habría hecho favores que luego le habrían sido retribuidos con contratos de trabajo. En La Florida, Guerra fue contratado después de que la fiscalía regional que él dirigía investigó a la corporación municipal de esa comuna, una causa en la que el exfiscal, antes de dejar el Ministerio Público, autorizó una Decisión de No Perseverar. En sus chats con Luis Hermosilla, el exfiscal escribió que tuvo una reunión “discreta” con Carter cuando la indagatoria en La Florida estaba en marcha. El exalcalde y actual senador confirmó a CIPER que ese encuentro se realizó.

El senador Manuel José Ossadón declaró en la causa donde se investiga al exfiscal Manuel Guerra. Lo hizo el 17 de octubre de 2024 y ese testimonio, hasta ahora, no se había hecho público. CIPER tuvo acceso a esa declaración y constató que en ella el parlamentario hizo una denuncia que generó varias diligencias todavía en curso: pidió que se investigara la relación de Guerra con el actual senador republicano y exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter:   

“Debe investigarse la relación entre el alcalde Carter y este señor Guerra, pues había una causa por más de $20 mil millones que se investigó por el señor Guerra y que quedó en nada. Lo extraño de esa situación es que después Guerra y otras personas de su círculo fueron contratadas en la Municipalidad de La Florida”, fue lo que dijo el senador Ossandón. El parlamentario se refería a un proceso en el que se investigó el destino de fondos administrados por la Corporación Municipal de La Florida (Comudef).

En los chats entre Manuel Guerra y Luis Hermosilla –que forman parte de la causa contra el exfiscal por cohecho, violación de secreto y prevaricación–, hay uno del 3 de abril de 2018, en el que Guerra le contó al penalista que Carter le pidió que lo recibiera reservadamente: “Yo lo recibiré hoy en la fiscalía en forma discreta como él mismo lo pidió”. La reunión ocurrió 12 días después de que la PDI llegó a la Municipalidad de La Florida para citar al entonces edil a declarar, diligencia que finalmente nunca se concretó. 

Carter, en conversación con CIPER, confirmó que la reunión con Guerra se realizó y dijo que su objetivo era reclamar porque la fiscalía había allanado la municipalidad sin haber pedido, previamente, que se le entregaran de manera voluntaria los antecedentes que estaba buscando (vea acá la transcripción completa de las respuestas de Carter a las preguntas de CIPER). 

En todo caso, los datos de la causa que afectó a la Comudef no fueron incluidos en la formalización que terminó ahora con Guerra en prisión preventiva. En la resolución que lo privó de libertad, el juez del Cuarto Tribunal de Garantía, Guillermo Rodríguez, estableció que el exfiscal ocupaba su cargo para generar un “crédito corruptivo”, con el que después –tras dejar el Ministerio Público– encontró trabajo. “Los hechos muestran un patrón denominado Estructura de Crédito Corruptivo. Las infracciones de deber generan una deuda que el imputado cobra o intenta cobrar en un momento posterior”, señaló el magistrado, agregando que esa estructura se verifica con “la obtención de un beneficio laboral concreto al abandonar el cargo”. 

En su dictamen, el juez Rodríguez se refería, en particular, a la contratación de Guerra en la Universidad San Sebastián, empleo que consiguió inmediatamente después de haber salido de la fiscalía (vea el artículo de CIPER “Resolución del juez que dejó en prisión preventiva al exfiscal Guerra mencionó 24 veces al exministro Chadwick”). Sin embargo, hay otros trabajos administrados por políticos que obtuvo Guerra después de dejar el Ministerio Público: fue contratado por la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (AMSZO) y por las municipalidades de Providencia y La Florida. Es en este último empleo donde el senador Ossandón pidió a la fiscalía poner la lupa.       

Carter fue imputado por la Fiscalía Metropolitana Oriente a partir de febrero de 2018, luego de que la Contraloría General de la República (CGR), entonces a cargo de Jorge Bermúdez, emitió un duro informe tras auditar el ejercicio contable de enero de 2016 y a junio de 2017 de la Comudef. 

Entre otras cosas, la CGR identificó un déficit de $20 mil millones (el mismo monto que Ossandón mencionó en su declaración). Y también la presunta malversación de casi $3 mil millones de fondos destinados a Salud y Educación –$735 millones para atención primaria salud y educación y $2.224 millones del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP)–, los que no se registraron en la cuenta exclusiva para esos gastos, sino en otra, donde el dinero quedaba a disposición para todo tipo de fines. Aunque la municipalidad se defendió señalando que esos dineros no se extraviaron, sino que fueron mal registrados debido a errores puntuales de funcionarios, la Contraloría mantuvo su cuestionamiento porque la Comudef no adjuntó “los ajustes a las cuentas corrientes objetadas”.

CRONOGRAMA DE LA INDAGATORIA

Después de conocido el dictamen judicial que indica que Guerra pudo haber hecho favores en las causas que estaban bajo su responsabilidad, obteniendo a cambio un “beneficio laboral” posterior, CIPER reconstruyó el cronograma de la investigación que afectó a la Comudef y cómo, años después, el exfiscal fue contratado en un cargo especialmente creado por el entonces alcalde Carter. La siguiente es la línea de tiempo de los hechos más significativos de esta historia: 

• El 9 de febrero de 2018 ingresó el informe de la Contraloría a la Fiscalía Metropolitana Oriente, entonces dirigida por Manuel Guerra. 
• El 22 de marzo de 2018, la PDI llegó hasta la Municipalidad de La Florida para ubicar y citar a declarar a Rodolfo Carter, pero no lo encontró. 
• El 3 de abril de 2018, según un chat que Guerra envió a Luis Hermosilla, el entonces fiscal regional Oriente se reunió con Carter: “Yo lo recibiré hoy en la fiscalía en forma discreta como él mismo lo pidió”, le escribió al penalista. 
• El 5 de junio de 2018, con autorización del tribunal, el subalterno de Guerra que llevaba directamente la causa, el fiscal Carlos Ramírez, incautó computadores, correos electrónicos del alcalde Carter y de toda la plana mayor de la Comudef, entre otros antecedentes. 
• El 23 de enero de 2020, la PDI evacuó un informe en el que los policías advierten que les faltaban cartolas bancarias de la cuenta donde se alojaron los fondos de Educación, lo que no hizo posible realizar un análisis contable. 
• El 17 de agosto de 2020, sin haber cerrado el análisis contable y sin haber tomado declaración a Carter –principal imputado a partir de una querella interpuesta por concejales opositores de la comuna–, la fiscalía notificó por correo a los intervinientes que no perseveraría. Ese mensaje indicaba que Guerra –quien aún era jefe de la Fiscalía Regional Oriente– había autorizado la Decisión de No Perseverar (DPN). Pero, los querellantes solicitaron diligencias y evitaron el cierre de la causa, la que se extendería hasta abril de 2023. 
• El 17 de junio de 2021, aún bajo la jefatura de Guerra, la Fiscalía Oriente evacúa un informe de elaboración propia que, en contraste con el informe de la PDI de enero de 2020, concluyó que “no había encontrado transgresiones a la ley” (lea ese informe). 
• El 1 de agosto de 2021 se hace efectiva la renuncia de Manuel Guerra al Ministerio Público.
• El 5 de agosto de 2021, cuatro días después de que Guerra concretó su renuncia, el fiscal encargado de la indagatoria, Carlos Ramírez, materializa ante el tribunal la DPN, pero el juez no permite el cierre porque había diligencias pendientes. Una de ellas era tomar declaración a Carter, lo que nunca ocurrió. 
• El 3 de abril de 2023, finalmente, bajo la dirección de la actual fiscal regional Oriente, Lorena Parra, la causa se cerró definitivamente.
• En noviembre de 2023, siete meses después de cerrado el caso, Guerra fue contratado como Fiscal de la Gente de la comuna de La Florida. Su nombre fue propuesto por Carter al Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil (Cosoc) .   

 Aunque en sus repuestas a CIPER, el senador Carter recalcó que la DPN no la adoptó Guerra, lo cierto es que el exfiscal fue el que autorizó la decisión de no perseverar, como lo demuestra el correo recibido por los intervinientes en agosto de 2020. Además, Guerra guardaba gran cercanía con el fiscal que estaba directamente a cargo del caso: Carlos Ramírez. En sus chats con Hermosilla, Guerra escribió “Carlos es cercano a mí”. Lo hizo 23 días después de que Ramírez comunicó al tribunal que quería cerrar el caso de La Florida. Carlos Ramírez tenía también en sus manos la investigación al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. Y cuando esa indagatoria aún no era pública, Guerra ya conocía detalles de la misma que compartió en sus chats con Hermosilla.

La llegada de Guerra a La Florida es un episodio que el Ministerio Público intenta reconstruir porque, según registros y testigos de ese arribo, Carter primero hizo un concurso para que el (Cosoc) eligiera al nuevo Fiscal de la Gente. Pero, en una sesión de ese consejo pidió declarar desierto el concurso para presentar un nuevo candidato. Una vez que el Cosoc declaró desierto el concurso, Carter mostró su carta: Manuel Guerra, quien terminó siendo nombrado.

"PERSONAS DE SU CÍRCULO"

El senador Ossandón también dijo en su declaración que personas del círculo del exfiscal Guerra habían llegado a trabajar a la municipalidad. Esa información fue complementada con la declaración de la exadministradora municipal de La Florida, Janett Fernández, quien fue mujer de confianza de Carter por años, pero con quién hoy está distanciada. 

En su testimonio, Janett Fernández dijo que en 2021 vio a Carter reunido con Guerra, en la oficina de este último. También dijo que, tiempo antes de esa reunión, Carter le había pedido a ella que se contratara en la municipalidad a la periodista Ariella Orrego. Esta última, según su CV, trabajó en la Fiscalía Oriente entre mayo de 2019 y marzo de 2020. 

Orrego señaló a CIPER que ella consiguió un puesto en la estructura de comunicaciones de la Municipalidad de La Florida en mayo del año 2020, tras enviar directamente su CV a Carter, descartando que el exfiscal haya tenido algo que ver. La periodista confirmó que es cercana a Guerra desde que ambos coincidieron en la universidad y que él la llevó a trabajar a la Fiscalía Oriente. 

CARTER: "HUBO UNA REUNIÓN QUE YO PEDÍ"

CIPER tomó contacto con el ahora senador Rodolfo Carter, para saber cuál fue el objetivo de la reunión que sostuvo con el exfiscal 12 días después de que la PDI llegó por primera vez a buscar información a la municipalidad. El exedil admitió que la reunión se relacionó con la causa: 

“Efectivamente, hubo una reunión que yo pedí ese año de 2018, no por una citación a declarar, sino porque no nos habían pedido formalmente la entrega de la información, que es lo que corresponde. Lo primero era pedir la información. No la pidieron. El fiscal Ramírez, creo que era el que llevaba la causa, y llegaron con televisión y con la PDI sin habernos pedido la información antes. Entonces, yo le representé al fiscal que me parecía impropio, porque se daba una imagen de que nosotros no queríamos colaborar en circunstancias de que no teníamos noticias de la solicitud”, fue parte de las respuestas de Carter para CIPER. 

Pero, esta versión de Carter no se condice con los antecedentes del caso, porque los registros de la indagatoria muestran que la PDI sí requirió la entrega voluntaria de información al menos 12 días antes de la reunión entre Guerra y Carter. Así lo acreditan una orden de investigar del 15 de febrero de 2018 y un correo enviado por la PDI el 31 de mayo de ese mismo año. Ambos documentos recogen esa diligencia realizada el 22 de marzo para obtener información de manera voluntaria. Esa gestión fue comandada por el comisario Iván Crisóstomo y en ella también se habría intentado ubicar a Carter para citarlo a declarar. Pero, hasta la fecha del correo, no hubo entrega de antecedentes. El único allanamiento registrado por la prensa ocurrió, con orden judicial, el 5 de julio de 2018, tres meses después de la reunión entre Guerra y Carter (vea los reportes de Mega y Radio Bío Bío sobre ese allanamiento).  

Este es el correo en que la PDI informa a la fiscalía que concurrió a citar a Carter y a solicitar la entrega voluntaria de información el 22 de marzo de 2018.

Carter hizo hincapié en que la Decisión de No Perseverar fue adoptada definitivamente dos años después de que Guerra dejó la jefatura de la Fiscalía Oriente, cuando Lorena Parra ya ejercía ese cargo. También destaca que él nunca imaginó todo lo que hoy se sabe de Guerra cuando fue contratado en la municipalidad, agregando que la Contraloría descartó un eventual conflicto de interés en esa contratación “ni aun en forma potencial” (lea ese escrito de la CGR que envió Carter a CIPER). El exalcalde señaló, además, que no sabía por qué nunca declaró. Y resalta que, en los propios chats de Hermosilla con Guerra, queda en evidencia que él no tenía una relación de amistad con el exfiscal: 

“Nos enteramos muchos años después por una filtración de audios de las conversaciones que tenía este señor con Hermosilla y con el exministro Chadwick. Yo no tenía cómo saberlo, nadie tenía cómo saberlo. Y yo tampoco sabía que él se refería a mí en términos brutalmente peyorativos, que el país entero conoció. Por tanto, eso desmiente que yo tuviese una relación de confianza, cercanía o de amistad con este personaje. Yo simplemente lo conocía como fiscal, una persona que era bastante respetuosa con los alcaldes, cada vez que nos recibió, y tenía un prestigio ganado dentro de los alcaldes”, dijo (lea la conversación completa de CIPER con Rodolfo Carter). 

CIPER también intentó conseguir la versión de Manuel Guerra, por lo que tomamos contacto con su abogado, Felipe Polanco, pero este señaló que no responderían consultas sobre la materia. Asimismo, se intentó contactar –vía llamada telefónica y mensajes por Whatsapp– al exfiscal Carlos Ramínez, sin recibir respuesta hasta el cierre de este reportaje. 

LA DECISIÓN DE NO PERSEVERAR

El 17 de agosto de 2020, la fiscal Gloria Vásquez –quien subrogaba por esos días al fiscal Carlos Ramírez– escribió a los intervinientes en la causa un correo en el que señaló que el fiscal regional (Manuel Guerra) había autorizado que se presentará una Decisión de No Perseverar (DNP) en la investigación sobre Comudef. “Le aprovecho de informar que desde la Fiscalía Regional nos autorizaron la decisión de DNP”, dice el mensaje. Según registros de la causa, los querellantes, reclamaron porque, a su juicio, se habían realizado escasas diligencias. 

“Nos llama la atención la poca concurrencia de testigos”, dice el escrito presentado tres días después de que la fiscal manifestara que iban a cerrar la investigación. Y agrega: “Tampoco se citó al principal imputado en la presente investigación, Sr. Rodolfo Carter, ni mucho menos a los miembros del Directorio y Secretario (s) General (es) de COMUDEF. 

CIPER tuvo acceso a la declaración que la excolaboradora de Carter, Janett Fernández, entregó en la causa que ahora se sigue contra Guerra. Esa indagatoria es dirigida por el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, y en ella también se indaga su contrato en La Florida. 

“Rodolfo Carter seguía preocupado y era porque la causa estaba abierta por mucho tiempo y esto era un tema recurrente cuando se lo sacaban en cara sus adversarios políticos y esto lo reclamaba permanentemente y quería que se pusiera término al proceso. La demora venía dado porque la PDI debía hacer un informe contable y supe que no lo hizo y terminó haciéndolo la misma fiscalía, lo cual me pareció extraño”, dijo Janett Fernández al Ministerio Público. 

El informe al que se refiere la excolaboradora de Carter fue hecho, en mayo de 2021, por el analista de la Fiscalía Oriente, Cristián Palma. Este análisis determinó que no había transgresiones a la ley en la gestión contable de la Comudef (lea ese informe), a diferencia del que realizó el Laboratorio de Criminalística Central de la PDI, en enero de 2020, en cuyas conclusiones se menciona que no es posible dar con el destino de los gastos por falta de información contable y un manejo desprolijo de fondos. CIPER no logró identificar si el informe elaborado por la Fiscalía Oriente tenía información nueva con la que no contó el análisis de la PDI. 

Respecto al Fondo de Apoyo para la Educación Pública (FAEP), el informe de la PDI de 2021 concluye: 

“Se observó que el Mineduc habría realizado transferencias de fondos a Comudef en el año 2016 por la suma de $2.223.944.792, ingresando esos dineros a la cuenta corriente en Banco BBVA, situación que no se pudo verificar por cuanto no se aportaron las cartolas bancarias de esa cuenta corriente”.

Una de las conclusiones más críticas de ese análisis tiene que ver con los saldos que no corresponden a la naturaleza de las cuentas contables analizadas: “Del análisis realizado a estas cuentas contables, se desprende que, tanto para las áreas de Educación y Salud, no existe acuciosidad, prolijidad ni respeto por las normas contables vigentes. No es aceptable que 23 cuentas contables de las cuentas corrientes bancarias mantengan saldo acreedor al cierre de los ejercicios”, señala. 

En el escrito elaborado por el abogado que representó a los querellantes, Santiago Trincado, que fue enviado a la fiscalía para solicitar diligencias y evitar la DNP notificada en agosto de 2020, se hace referencia a lo que la PDI pedía para terminar su análisis: “Lo que es más preocupa es la actitud tomada por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente respecto del Informe Pericial Contable del Laboratorio de Criminalística Central N° 23 /2020 de fecha 23 de enero 2020, evacuado por Luis Núñez Salgado, Profesional Perito Sección Contabilidad, el cual es categórico respecto de la falta de información (cartolas cuentas corrientes, oficio del Ministerio de Salud, entre otros) para determinar elementos esenciales del peritaje contable”, dice. 

Luego, aluden específicamente a los fondos educacionales: “El Informe Pericial señala que se habrían transferido los montos por el Ministerio de Educación a una cuenta corriente distinta a la de destinación exclusiva de esos fondos, y que de los $2.223.944.792 que fueron transferidos a una cuenta general de administración, que es para fines administrativos y no para fines educacionales, como lo destaca el mismo Perito Contable. Igual de grave es que los $2.223.944.792 siquiera estaban contabilizadas por la COMUDEF y que no se logró acreditar con los antecedentes que se cuentan hasta el momento el destino final de esos aportes, que perfectamente pudieron haberse gastado en otros fines desde la cuenta de administración siendo que su utilización es de destinación exclusiva para fines educacionales”.  

Por su parte, los abogados de Carter y de la Comudef, señalaron desde un inicio que, a su juicio, no había delito en los antecedentes que la Contraloría hizo llegar al Ministerio Público. La defensa de la corporación admitió, sin embargo, que había desorden en la corporación, relacionado con cheques protestado. Y respecto a los aportes de Educación que ingresaron a otra cuenta, explicaron que solo fue un error y que no había dinero extraviado. 

Sus conclusiones se basaron en un informe encargado por la municipalidad a Deloitte –hubo otro realizado por Asesorías HGAC, también pedido por La Florida–, que cuestionaron el trabajo del Lacrim: 

“Señala [el informe de la PDI] que en la correspondiente cuenta contable de la cuenta de administración central, no aparece contabilizado el aporte FAEP. Concluye el propio informe que hay dos posibilidades: que dicho traspaso de fondos no esté contabilizado o que esté contabilizado en otra cuenta. Esta segunda es la explicación correcta. Así lo ratifica el informe de Deloitte (octubre de 2018), al consignar que estos aportes fueron registrados erróneamente en la cuenta de administración central; y que posteriormente se efectuaron las correcciones contables a la cuenta correspondiente a Subvenciones de la Subsecretaría de Educación, según los siguientes comprobantes”. 

Alrededor de siete semanas después de que el informe elaborado por la Fiscalía Oriente señaló que no había transgresiones a la ley en las cuentas de Comudef, el fiscal Carlos Ramírez ingresó al tribunal la decisión de terminar con la causa. Cinco días antes, Guerra había abandonado el Ministerio Público. Esa decisión la mantuvo la fiscal regional Lorena Parra y fue aprobada por el Juzgado de Garantía el 6 de mayo de 2022, apelada por los querellantes y ratificada por la corte de Santiago el 3 de abril de 2023.

CARTER SOBRE GUERRA ANTE EL COSOC: "TIENE CLARO LO QUE QUIERE"

En 2023, el entonces alcalde Carter decidió crear la “Defensoría de la Gente”, un programa municipal destinado a prestar asesoría jurídica a vecinos víctimas de delitos de alta connotación. Para encabezar la iniciativa, se ideó el cargo de Fiscal de la Gente, el que sería seleccionado por el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (Cosoc) a través de un concurso público. 

Según reveló en octubre de 2024 el medio de verificación de datos Fast Check, Carter solicitó al Cosoc declarar desierto el concurso y, una vez que eso ocurrió, propuso nombrar a Manuel Guerra. Lo anterior quedó plasmado en el acta de sesión extraordinaria N°6 del Cosoc, del 19 de octubre de 2023 (vea el acta). Ese documento consigna que el alcalde “estima que se debe dar de baja el proceso anterior, y proponerles un nombre nuevo, muy bueno, que es lo que se necesita; sin embargo se debe dar por cerrado colectivamente el proceso anterior por respeto a la institucionalidad”. Así, Carter no entregó el nombre del candidato ni su currículum antes de declarar desierto el concurso. 

Cuando el concurso fue declarado desierto por unanimidad, el alcalde volvió a tomar la palabra: “Don Rodolfo Carter comenta que se contactó al exfiscal de la Zona Oriente de Santiago, don Manuel Guerra, abogado con mucha experiencia y energía. Es una persona joven y a la vez con muchos conocimientos, que además tiene claro lo que se quiere hacer, conoce el sistema procesal penal y fue fiscal jefe de la Zona Sur Oriente. Comenta que don Manuel Guerra se encuentra presente para que los consejeros lo conozcan, y le solicita integrarse a la sesión para conversar con los consejeros”. Finalmente, fue aprobado de manera unánime.

Manuel Guerra ingresó a la Municipalidad de La Florida en noviembre de 2023, percibiendo un sueldo bruto de $4,5 millones mensuales. Fue contratado a honorarios, una modalidad que le permitió seguir haciendo clases en la Universidad San Sebastián (USS).