El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció este lunes en distintas entrevistas a canales de televisión un alza histórica del combustible a partir del jueves 26 de marzo: la bencina de 93 octanos subirá $370 por litro, mientras que el diésel aumentará $580. En paralelo, anunció siete medidas para amortiguar el impacto de este incremento por el alza del precio internacional del petróleo a raíz de la guerra en el Medio Oriente. Antes de anunciar el alza, dijo a Mega que “estamos enfrentando a nivel mundial la crisis más grande del petróleo desde los años 70. En solo tres semanas ha subido un 60%. Y esta guerra nos encuentra con una situación de estrechez fiscal enorme (…) En esa circunstancia, tenemos que tomar decisiones duras. Ante situaciones históricas, respuestas históricas”.

Quiroz señaló que el gobierno decidió aplicar una opción que le permite la normativa del Mepco (Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles) para igualar el precio local al internacional, argumentando que la crisis obligó al Ejecutivo a gastar hasta el momento US$220 millones, que el costo semanal proyectado es de US$160, y que absorber toda el alza podría llegar a costar US$4.000. El Mepco seguirá funcionando igual tras esta alza.

Entre las medidas anunciadas por Quiroz está el congelamiento de las tarifas del transporte público en el Sistema Red, en Santiago, hasta el 31 de diciembre de este año. Para regiones dijo que se dispondrán los “recursos para que se contenga el alza del transporte público”. Al mismo tiempo, el precio de la parafina bajará al precio de febrero recién pasado y se mantendrá congelado durante el otoño e invierno.

Además, el ministro de Hacienda informó que para los taxis y colectivos habrá una subvención de $100 mil mientras dure la contingencia, con un plazo máximo de seis meses. En ese mismo rubro, el gobierno anunció que el Banco Estado abrirá una nueva línea de crédito preferencial para renovar la flota con electromovilidad. Para los camioneros, que ya tienen subvenciones, solo anunció mejoras en la seguridad vial.

(Créditos: Hans Scott / Agencia Uno)

La Contraloría General de la República (CGR) informó que 910 funcionarios públicos y municipales con prohibición para realizar apuestas ejecutaron transacciones bancarias con juegos de azar por un total de $11.490.456.871, entre enero de 2024 y junio de 2025. Esto, pese a que la normativa que establece la autorización, funcionamiento y fiscalización de casas de juegos, prohíbe que los trabajadores del Estado que custodian fondos fiscales realicen apuestas en casinos.

Según el informe de la CGR el funcionario que más dinero apostó fue un suboficial de la Fuerza Aérea que puso en juego $1.040 millones. Los otros dos empleados del Estado que encabezan el listado son un directivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), con poco más de $622 millones, y un oficial administrativo de la Tesorería General de la República que gastó más de $507 millones.

El organismo liderado por Dorothy Pérez realizó un cruce de información entre el registro de funcionarios que administran o custodian fondos públicos y antecedentes remitidos por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) que dan cuenta de los clientes y operaciones realizadas en estos recintos. La Contraloría enviará la nómina de trabajadores implicados a la SCJ para que instruya los procedimientos sancionatorios correspondientes. Al mismo tiempo, remitirá la información obtenida a los distintos servicios públicos y municipios para que determinen eventuales responsabilidades administrativas tras la apertura de sumarios. También, serán enviados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para los fines que consideren pertinentes.

(Créditos: Sócrates Orellana / Agencia Uno)

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, tuvo que salir al paso este lunes de las versiones de prensa que indican que fue ella la que solicitó la salida de la jefa de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña, y que la solicitud habría sido una “pasada de cuenta” por diferencias que tuvieron cuando la secretaria de Estado era la fiscal regional de Tarapacá. Al salir de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Steinert no negó haber tenido participación en la salida de Peña de la PDI, pero atribuyó la medida a una decisión institucional: “Yo no tengo rencillas con nadie, al contrario, lo que tenemos que hacer el día de hoy es trabajar por Chile. Y en eso estoy (…) Ella llevaba más de 30 años de servicio y por lo tanto se le solicita el retiro de la institución”.

Bío-Bío publicó un oficio reservado de la ministra Steinert al director de la PDI, Eduardo Cerna, fechado el 13 de marzo, dos días después de asumir. En él solicita información sobre los funcionarios que trabajaron bajo su dirección en la investigación del “Clan Chen” y que fueron trasladados por la institución, pidiendo el fundamento de esa acción. Este hecho habría marcado, según la versión de prensa, la animadversión de Steinert contra Peña. Una semana después de ese oficio, habría pedido la salida de la entonces número tres de la institución, la que se materializó ayer domingo.

Ministra Trinidad Steinert durante la Comisión de Seguridad en la Cámara este lunes 23 de marzo (Créditos: Óscar Guerra / Agencia Uno)

El director nacional del Servicio Nacional de Migración (Sermig), Frank Sauerbaum, señaló que no existe un plazo para expulsar a migrantes irregulares. Consultado al respecto afirmó: “No podemos saberlo, porque es imposible saber si vamos a tener una relación consular con Venezuela durante estos días”. Aunque fue el Presidente José Antonio Kast quien lo designó, las declaraciones de Sauerbaum contradicen lo anunciado por el mandatario en su última campaña electoral. Fue en el debate presidencial de Anatel de diciembre pasado, cuando el entonces candidato aseguró que a los más de 300 mil migrantes irregulares “le quedan 92 días para que dejen nuestro país libremente”.

Sauerbaum detalló que de un total de cerca de 330 mil personas en situación irregular, solo 37 mil cuentan con decretos firmados y otras 100 mil están en proceso administrativo. Ante ello, indicó que si no existen resoluciones firmes, no es posible concretar expulsiones, según constató Bío-Bío.

El director del Sermig destacó la falta de recursos para llevar a cabo las expulsiones: “El año pasado se aprobaron solo $4 mil millones para expulsiones y no hubo mayores recursos”. Agregó que buscarán alternativas de financiamiento y coordinación.

Director del Sernamig, Frank Sauerbaum, afirma que no hay plazos para expulsión de migrantes (Créditos: Óscar Guerra / Uno Noticias)