El 30 de agosto de 2022, once funcionarios de Gendarmería fueron sorprendidos en un asado, con alcohol y ketamina, en una dependencia anexa a la cárcel Santiago 1. Un sumario interno determinó destituirlos. Sin embargo, la Contraloría frenó esa decisión, al considerar que la sanción no se ajustaba “al mérito del proceso” porque, entre otras cosas, el sumario no pudo establecer el consumo de alcohol de forma individual. Entre los involucrados está el dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, Alex Vega, cuyo nombre ya había sido mencionado en el caso de la Operación Apocalipsis, una investigación por corrupción en la que se detuvo a 47 gendarmes. Finalmente, la sanción por el asado fue rebajada a una multa del 20% de la remuneración mensual de los funcionarios.

La noche del martes 30 de agosto de 2022, pasadas las 22:30, el entonces director regional metropolitano de Gendarmería, coronel Leonardo Barrientos, realizó una ronda en el penal Santiago 1. En una de las dependencias anexas a la cárcel encontró a 11 funcionarios en una actividad no autorizada: un asado, con música a alto volumen y consumo de alcohol. El caso fue mediático, porque en el lugar había también dos envoltorios de nylon con polvos de colores. El análisis del Centro de Especialidad de Adiestramiento Canino (CEAC) determinó que se trataba de ketamina.

Entre los gendarmes sorprendidos esa noche se encontraba Alex Vega Torres, dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup). El nombre de Vega ya había surgido en la audiencia de formalización que involucró a 47 gendarmes de la misma cárcel Santiago 1, los que fueron detenidos a mediados de diciembre pasado en la Operación Apocalipsis, acusados de presuntos delitos de corrupción. Fue el fiscal metropolitano Occidente, Marcos Pastén, quien al detallar antecedentes vinculados a lavado de dinero atribuido a uno los gendarmes formalizados, mencionó en su exposición una serie de depósitos, algunos de los cuales fueron hechos por Vega (lea el artículo de CIPER: Crimen organizado: 42 gendarmes de Santiago 1 son indagados por cobrar por el ingreso de visitas indocumentadas, alcohol y drogas).

Alex Vega es dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), el sindicato más numeroso de Gendarmería, con cerca de seis mil suboficiales afiliados. Incluso, según Bio bío, de los 47 funcionarios formalizados por el Ministerio Público en diciembre pasado, al menos 38 pertenecían a esa asociación gremial. 

Por el asado con consumo de alcohol y presencia de Ketamina se abrió un sumario administrativo, investigación que concluyó en abril de 2023. En esa indagatoria interna no se formularon cargos por el hallazgo de la droga, ya que no se acreditó que los funcionarios la hubieran consumido. En todo caso, la fiscalía administrativa de Gendarmería propuso la destitución de los 11 involucrados, la máxima sanción. La recomendación, que había sido ratificada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fue acogida por el entonces director nacional, Sebastián Urra.

Pero, tras conocerse el resultado del sumario, los funcionarios investigados iniciaron una huelga de hambre y recurrieron a la Contraloría General de la República (CGR) para impugnar la dura sanción. El órgano contralor zanjó la controversia en marzo de 2025: la destitución no se “ajustaba al mérito del proceso”. Ahora, CIPER accedió a la resolución de la Contraloría sobre ese reclamo, cuyo detalle hasta ahora era desconocido. 

En el documento de la CGR, fechado el 24 de marzo pasado, se consigna que, si bien a partir de los antecedentes del expediente administrativo quedó demostrado que “los inculpados asistieron ‘durante sus horas de descanso’ a una celebración en el ‘Sector de Casas Fiscales’, con música a alto volumen y en presencia de botellas de alcohol”, no era posible atribuirles responsabilidad individual en el consumo de esas bebidas. Ello, bajo “los exigentes estándares jurisprudenciales de certeza indispensables para hacer procedente la medida de destitución”. 

La resolución agrega: “si bien los hechos podrían configurar una infracción administrativa, lo cierto es que la entidad de la sanción aplicada a los afectados no se condice con lo que efectivamente se encuentra acreditado en el proceso”. Particularmente, y a pesar de que quedó acreditado que había alcohol en el asado, la Contraloría objetó que la investigación no pudo comprobar que los sumariados, a nivel individual, hayan consumido esas bebidas.

Esa decisión obligó a recalibrar las sanciones. Según información recopilada por CIPER, el 14 de abril de 2025, tras la conclusión de la Contraloría, Gendarmería dictó una nueva resolución que dejó sin efecto la destitución de los gendarmes. 

El 9 de mayo de ese mismo año, el director regional metropolitano resolvió imponerles la suspensión del empleo por tres meses, con el pago del 50% de su remuneración mensual. Pero los funcionarios presentaron un nuevo recurso y la sanción volvió a modificarse. Finalmente, a los 11 gendarmes se les aplicó únicamente una multa equivalente al 20% de su remuneración mensual.

CIPER tomó contacto con el Departamento de Comunicaciones de la Contraloría para consultar por los argumentos de la resolución. Desde el organismo respondieron que, por tratarse de un caso que podría ser materia de investigación, no se referirán al tema. También se consultó a Gendarmería por los fundamentos de la sanción final aplicada a los funcionarios y por la situación actual de Vega dentro de la institución, pero en la institución declinaron pronunciarse al respecto.

Para este artículo también se intentó enviar consultas a Vega a través del correo de la Anfup, pero hasta el cierre de este artículo CIPER no tuvo respuesta a esas preguntas.

LA RESOLUCIÓN DE LA CONTRALORÍA

En la resolución de la CGR, se recogieron los principales argumentos del reclamo presentado por los funcionarios: que no había pruebas suficientes, que la sanción era desproporcionada y que los hechos no configuraban una falta tan grave como para justificar la expulsión. Además, según ese documento, los gendarmes reclamaron que “los hechos irregularmente atribuidos no infringieron gravemente el principio de probidad administrativa, no acreditándose afectación a la imagen pública institucional de la entidad penitenciaria”. También dejaron constancia de que, a su juicio, el proceso buscaba responsabilizar especialmente al sargento segundo Alex Vega Torres por “su postura crítica de la gestión del alto mando penitenciario, en su calidad de dirigente gremial”.

Aunque la Contraloría descartó que el sumario se hubiera instruido con el objetivo de perjudicar a Vega, sí hizo una precisión relevante: debido a su condición de dirigente gremial, la resolución que disponía su destitución debía ser enviada al propio organismo contralor para su ratificación. De hecho, el fuero sindical no solo es relevante para las indagatorias internas, sino también en el caso de investigaciones penales. De hecho, el pasado 26 de febrero La Tercera dio a conocer que al menos dos de los 47 funcionarios de Gendarmería formalizados en diciembre pasado continúan activos, pese a encontrarse en prisión preventiva.

La resolución del órgano fiscalizador aborda otros dos elementos de fondo del sumario instruido por Gendarmería. Señala que, si bien en el expediente existen antecedentes para establecer responsabilidades administrativas, la responsabilidad disciplinaria es individual y no puede presumirse respecto de un grupo completo, como —según el análisis del órgano contralor— ocurrió en este procedimiento.

La resolución sostiene: “Atendido lo expuesto, no es posible determinar conforme la indagación llevada a cabo, que los sumariados, a nivel individual, hayan estado consumiendo dichas bebidas alcohólicas o se hayan encontrado en un estado de intemperancia incompatible con sus obligaciones funcionarias”.

Además, el documento indica que en el sumario no se ponderaron circunstancias agravantes o atenuantes. Al menos tres de los once funcionarios registraban antecedentes disciplinarios previos, pero, según la propia resolución, “dicha circunstancia no fue considerada por la autoridad de la administración activa a efectos de diferenciar la aplicación de medidas disciplinarias respecto a cada inculpado”.

Finalmente, Contraloría concluye que “en el sumario en examen queda de manifiesto que la sanción expulsiva aplicada a los reclamantes no se conduce con el mérito del proceso, y puntualmente, con el principio de culpabilidad y de proporcionalidad, afectando de ese modo su eficacia jurídica”.

APREMIOS ILEGÍTIMOS

Aunque Alex Vega no integra la nómina de los 47 formalizados por la Operación Apocalipsis, su nombre apareció en la investigación del Ministerio Público por los ya mencionados depósitos que hizo a uno de los funcionarios involucrados, los que, según la fiscalía, forman parte de movimientos sin justificación clara en las cuentas del gendarme que fue detenido. Según publicó El Mercurio en diciembre pasado, esa mención lo sitúa bajo la mirada de los persecutores.

El nombre de Vega no solo ha aparecido vinculado a la Operación Apocalipsis y al asado, sino también a otra situación irregular: en 2008 fue condenado por apremios ilegítimos contra un interno del penal Colina II. De acuerdo con los antecedentes judiciales, Vega —junto a otros funcionarios— obligó al recluso a desnudarse y a desplazarse en punta y codo mientras lo golpeaban. Por esos hechos recibió una condena de 541 días de reclusión y la suspensión de cargos u oficios públicos por el mismo lapso. La pena, sin embargo, fue sustituida por un régimen alternativo.