UE sanciona a Latam por colusión; Contraloría aclara que Ley Karin aplica a trabajadores a honorarios del Estado, y Chevesich dice que les “avergüenza” la crisis del Poder Judicial

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirmó la sentencia que dio por acreditada la colusión a “escala mundial” en contra de Latam y LAN Cargo por haberse coordinado con otras 11 empresas aéreas para fijar los precios de servicios de transporte de mercancías, específicamente, en los recargos por combustible y seguridad.

La resolución emitida el pasado 26 de febrero establece que las compañías deberán pagar 2,2 millones de euros (equivalentes a $2,2 mil millones) por hechos ocurridos entre 2003 y 2006. El TJUE determinó que la práctica fue una “infracción única y continuada”, en la que participó Air Canada, Air France-KLM, British Airways, Lufthansa, Japan Airlines, Cathay Pacific, Singapore Airlines, KLM, Martinair, Cargolux y SAS Cargo Group, compañías que también serán sancionadas.

La sentencia concluye 15 años de litigio. Las empresas chilenas habían apelado a la multa que la Comisión Europea dictó en 2010 y también a la resolución de 2017. Este nuevo fallo, además, obliga a Latam a pagar los costos del extenso proceso judicial.

Tribunal de la Unión Europea multa a Latam por colusión (Créditos: Diego Martín / Agencia Uno)

La Contraloría General de la República (CGR) aclaró en un dictamen de febrero pasado, que la ley que contempla la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo, conocida como Ley Karin, también aplica para aquellos trabajadores que están contratados en modalidad de honorarios en organismos públicos.

A través de un dictamen emitido el 20 de febrero pasado -y que Bío Bío publicó hoy- el ente contralor indicó que los trabajadores a honorarios sí podrán acceder a las medidas de resguardo propias de la ley cuando presenten denuncias por acoso. Esto es, tener la posibilidad de interponer recursos ante la autoridad del servicio correspondiente; recurrir a la Contraloría en el caso que sus derechos o garantías hayan sido vulneradas; y quienes cuenten con el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, tendrán la opción de acceder a prestaciones médicas como, por ejemplo, atención psicológica temprana.

El dictamen ratifica que si el denunciado es un funcionario regido por los estatutos administrativos o el Código del Trabajo, deberá instruirse un sumario correspondiente. Y si la persona denunciada es un trabajador a honorarios, la autoridad deberá iniciar una investigación para verificar los hechos, pudiendo evaluar el término anticipado del convenio, cuando esa facultad sea parte del contrato.

Controlaría aclara que trabajadores a honorarios del sector público pueden recurrir a la Ley Karin (Créditos: Francisco Paredes / Agencia Uno)

Durante la cuenta pública del Poder Judicial, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, se refirió a la crisis que se vive al interior de los tribunales más importantes del país, tras las expulsiones de los exsupremos Ángela Vivanco, Sergio Muñoz y Diego Simpertigue, además de los exmiembros de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa y Verónica Sabaj.

Chevesich se refirió a los hechos de corrupción que gatillaron la salida de los jueces: “Nos avergüenza, nos genera conmoción y dolor, lo que resiente en forma especial el ánimo de miles de funcionarios que día a día, con esmero y entrega, son el rostro directo del Poder Judicial frente a una sociedad cuya confianza ha sido defraudada. Comprendemos y empatizamos absolutamente con esos sentimientos”.

La ministra hizo ver que los procesos internos funcionaron, aunque en algunos casos fue el Congreso el que determinó remociones: “Tanto en el ámbito disciplinario como ético se pusieron en ejecución los procesos que han contribuido al esclarecimiento de estas situaciones, culminando con la desvinculación de algunos integrantes de la judicatura”. Y agregó: “En otros casos, fue el Congreso Nacional el que, conociendo de los mismos, adoptó los procedimientos y decisiones propias previstas por la Constitución”.

Presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, en la cuenta pública del Poder Judicial (Créditos: Víctor Huenante / Agencia Uno)

El exjefe del Departamento de Protección contra Incendios Forestales (Deprif) de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Juan Atienza, declaró ante la PDI que en medio del megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso en 2024, fue ignorada una alerta que emitió la torre de vigilancia “Charlie” sobre la presencia de un foco en el Fundo Siete Hermanas, ubicado en el Parque Nacional Lago Peñuelas. A juicio de Atienza, de haber considerado el aviso, se habría adelantado en 43 minutos la evacuación de las poblaciones afectadas por el siniestro en Quilpué y en 59 minutos la de los habitantes de Viña del Mar. La diligencia es parte de la investigación a cargo del fiscal Claudio Rebeco por cuasidelito de homicidio.

El Mercurio consignó que las alertas SAE para evacuar Viña del Mar fueron dadas a las 18:39 horas de ese 2 de febrero del 2024, pero el comandante de Incendios, Luis Correa, admitió que a las 17:40 horas, ya sabía que el fuego se dirigía a esa ciudad. Esto, porque cinco minutos antes la torre de vigilancia “Charlie” habría detectado un foco de fuego causado por pavesas -que son brasas trasladadas por el viento- y uno de los vigilantes, Fernando Concha, había visto un foco secundario en la zona que, según dijo, “llevaba un avance rapidísimo hacia Viña del Mar”. Atienza afirmó que ese día él no se enteró de este antecedente.

El jefe de Planificación del Incendio, Erick Ortega, había sobrevolado el lugar en un helicóptero a las 17:25 y le confirmó a Correa que el fuego iba en la dirección planeada. Según cálculos de esa hora, se esperaba que tomara un rumbo hacia una zona sin vegetación, descartando que hubieran otros focos en el Fundo Siete Hermanas.

Exjefe de Conaf declaró que ignoraron alerta de incendio en 2024 (Créditos: Lukas Solís / Agencia Uno)