Corte rechaza desafuero de Orrego; tribunal ordena que fiscal Parra declare por chats con Hermosilla, y decretan prisión preventiva para integrante de la WAM

Los 24 ministros que integraron durante esta jornada el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazaron la solicitud de desafuero contra el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, investigado en el caso Procultura.

La Fiscalía Regional de Antofagasta buscaba remover la inmunidad de la autoridad para formalizarlo por su vínculo con la ONG Procultura. Bajo el mando del fiscal Juan Castro Bekios, el Ministerio Público investiga al exalcalde DC por autorizar el traspaso de $1.683 millones desde el Gobierno Regional Metropolitano (GORE) a la fundación que dirige el psiquiatra, Alberto Larraín. Esto para la ejecución del programa de prevención del suicidio “Quédate”. Aunque la fiscalía todavía puede recurrir a la Corte Suprema, la señal del tribunal de alzada es un duro revés para el futuro de su investigación.

En su solicitud de desafuero, la fiscalía sostuvo que el gobernador habría cometido delitos de fraude al fisco, malversación y usurpación de funciones. También que la elección de la Fundación Procultura generó un perjuicio fiscal, patrimonial y social, al no contar con la experticia ni las competencias técnicas para llevar a cabo el convenio. Por eso mismo, acusan que Orrego habría abusado de su cargo, y de su función pública al escoger a esa ONG.

El abogado a cargo de la defensa de Orrego, Ciro Colombara, manifestó su satisfacción tras la resolución y señaló que ha quedado absolutamente claro que “no ha habido conducta penalmente reprochable de ningún tipo”. Y agregó: “Hubo un error gravísimo en la fiscalía de Antofagasta al imputar una conducta inexistente al gobernador, Claudio Orrego, al desprestigiarlo, durante meses, hubo filtraciones interesadas parciales. Hubo un intento de mutación de su imagen, pero siempre todas las decisiones judiciales nos dieron la razón”.

Al salir de la sala del tribunal de alzada, el fiscal también a cargo del caso, Cristián Aguilar, aseguró que aún no conocen el contenido de la sentencia, la cual estará disponible en los próximos días.

Rechazan desafuero para el gobernador metropolitano Claudio Orrego (Créditos: Hans Scott / Agencia Uno)

Este martes, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago resolvió extender por 60 días la investigación del denominado Caso Factop, causa que había sido cerrada el pasado 16 de enero, cuando el Ministerio Público comunicó el término de las diligencias.

En esa audiencia, la defensa del abogado Luis Hermosilla a cargo de su hermano, Juan Pablo Hermosilla, pidió que se cite a declarar a la fiscal Lorena Parra. El tribunal acogió la solicitud y, dentro del plazo de reapertura, ordenó al Ministerio Público tomarle declaración en calidad de testigo a la fiscal que justamente encabeza dos investigaciones penales que involucran al abogado.

En el teléfono del penalista existen intercambios entre la fiscal Parra y Hermosilla donde consta que él apoyó su designación como autoridad regional. La defensa busca que se incorporen a la carpeta antecedentes vinculados a esas gestiones.

Hermosilla está imputado por soborno, delitos tributarios, lavado de activos y tráfico de influencias. Sobre este último delito, Juan Pablo Hermosilla señaló a T13 lo siguiente: “La misma estructura de hechos que se le imputa a él [Luis Hermosilla], en esa formalización, son hechos que ella misma realizó con Luis”.

A fines de agosto de 2024, Parra reconoció que, en el contexto de su postulación para dirigir la Fiscalía Regional Oriente, envió su currículum a Hermosilla y le solicitó que lo distribuyera entre distintos ministros.

Pero el 30 de enero pasado, luego de que el tribunal rechazara modificar su arresto domiciliario total, Hermosilla sostuvo públicamente que la fiscal “está mintiendo” respecto de la naturaleza de sus comunicaciones. Afirmó que Parra no solo le envió su currículum, sino que le pidió intervenir ante ministros de corte cuyos nombres, según dijo, ella misma le proporcionó. “Ella omite los hechos y esos hechos son importantes que sean parte de la causa”, señaló.

El Ministerio Público había solicitado una pena que en total asciende a 14 años de cárcel.

Tribunal ordena que fiscal regional oriente, Lorena Parra, declare como testigo en causa de tráfico de influencias (Créditos: Francisco Flores / Agencia Uno)

El Juzgado de Letras y Garantía de Carahue decretó prisión preventiva para uno de los imputados del asesinato de Manuel Huenupil, un comunero mapuche asesinado por un grupo armado en mayo de 2022, en la comuna de Carahue.

La Fiscalía Regional de La Araucanía confirmó que se trata de Sergio Henríquez Valenzuela, a quien acusan de ser el líder de la organización Weichán Auka Mapu (WAM). El Ministerio Público le imputa los delitos de homicidio simple y porte ilegal de armas. Esto, tras mantener una orden de detención en su contra desde septiembre de 2024.

Según la versión de la fiscalía, el día del asesinato la víctima junto a dos hijos se encontraba realizando limpieza en el predio “La Suerte”, perteneciente a la Forestal Mininco, lugar donde se emplaza la comunidad a la cual ellos pertenecen -“Quidiqueo Huenupil”- y que está ubicada en la comuna de Tirúa.

El relato señala que primero arribaron tres individuos que interactuaron con la víctima y se fueron. Y que horas más tarde, cuando los comuneros se desplazaron hasta un cruce, los mismos sujetos volvieron en vehículos acompañados de al menos 20 personas que portaban armas de fuego. Habrían intimidado a los comuneros perpetrando disparos. Ante ello, la víctima y su familia huyeron en una camioneta, pero una de las balas impactó en la espalda de Huenupil mientras conducía, provocando su muerte.

La fiscalía apunta en su orden de detención a que el predio estaba en disputa. El tribunal otorgó 90 días de investigación, periodo en que Henríquez deberá permanecer en prisión.

(Créditos: Leonardo Rubilar / Agencia Uno)