Vivanco deberá continuar en prisión preventiva; gobierno promulga Ley de Cuidados, y Servel ha recibido más de 1.300 denuncias por afiliaciones no consentidas

De manera unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la prisión preventiva para la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, imputada por delitos de cohecho y lavado de activos por la denominada trama bielorrusa. La exmagistrada se encuentra recluida en la cárcel de mujeres de San Joaquín desde su detención el 25 de enero pasado.

Tras ser formalizada, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de privación de libertad a la que su abogado, Jorge Valladares, apeló sin éxito esta jornada. Entre otras cosas, la defensa de Vivanco esgrimió que a la fecha el Ministerio Público no cuenta con un peritaje patrimonial a sus bienes para sostener las imputaciones.

Tras la decisión del tribunal, la fiscal regional de Los Lagos a cargo de la causa, Carmen Gloria Wittwer, señaló que la Corte de Santiago “acoge y refuerza” la investigación que su equipo ha llevado adelante: “[Los] antecedentes y evidencias obtenidas hasta el momento, acreditan la existencia de los delitos y la participación de la imputada”.

En paralelo, también ante el tribunal de alzada capitalino, Luis Hermosilla logró rebajar la medida cautelar de arresto domiciliario total que había decretado el Cuarto Juzgado de Garantía, a arresto domiciliario nocturno. Esto, por su eventual participación en el Caso Factop, que se generó a partir del audio que en noviembre de 2023 reveló CIPER (vea aquí ese reportaje).

Ahora Hermosilla deberá cumplir arresto en su domicilio entre las 22:00 horas y las 06:00 horas cada día, mientras se mantenga esa medida en su contra. El abogado que representa al penalista, Julián Parada, señaló que la decisión del tribunal se debe a que “no hay ningún antecedente de que Luis Hermosilla no haya colaborado, de que haya incumplido o de que esté generando un riesgo para la investigación”.

Ángela Vivanco durante la segunda audiencia de formalización (Créditos: Lukas Solis / Agencia Uno)

El Presidente Gabriel Boric celebró en el Palacio de La Moneda la promulgación de la nueva ley que reconoce el derecho al cuidado de personas y que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC), entidad que busca concretar una coordinación intersectorial de apoyo a estos cuidados. Según pretensiones del gobierno, esta iniciativa proyecta alcanzar los 100 centros comunitarios de cuidados a marzo de 2026, superando los 66 centros que actualmente funcionan en el país. Además, el Ejecutivo anunció que 6.200 personas serán atendidas en la versión inicial del servicio.

Según ese anuncio, a través del programa Chile te Cuida, los cuidadores recibirán herramientas para abordar el autocuidado, contarán con atenciones garantizadas para su salud mental para que, por ejemplo, ayuden a combatir el aislamiento y soledad. Además, existirá la Credencial de Persona Cuidadora, la que será parte del Registro Social de Hogares y que busca identificar a las personas cuidadoras informales no remuneradas.

En la instancia, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, hizo un llamado a que la nueva administración de José Antonio Kast, le dé continuidad a la política pública: “Su implementación debe comenzar este mismo año y confiamos en que quienes asuman la próxima administración darán continuidad y proyección a este sistema, entendiendo que las necesidades de las familias cuidadoras son permanentes y requieren respuestas sostenidas en el tiempo», sostuvo.

Presidente Gabriel Boric durante la celebración de la promulgación de la Ley de Cuidados (Créditos: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno)

Un reportaje publicado por CIPER reveló que, entre 2023 y 2025, el Servicio Electoral (Servel) ha recibido 1.369 denuncias por afiliaciones a partidos políticos sin consentimiento. La lista la encabeza el Partido Social Cristiano, le sigue Amarillos por Chile, Demócratas y Evópoli. El 79% de los reclamos que acumulan esos partidos se registraron durante el periodo de las primarias oficialistas de junio de 2025, proceso en el que solo podían votar militantes de partidos que presentaron candidatos para esa elección, y también independientes (vea aquí el reportaje completo).

Son 32 los conglomerados que cuentan con este tipo de denuncias, pero 11 de ellos registran más de 30 reclamos. Además de los cuatro que lideran la lista, esta se completa con el Partido de la Gente (PDG), el Partido Alianza Verde Popular (PAVP), Renovación Nacional (RN), el Partido Popular (PP), la Unión Demócrata Independiente (UDI), el Partido Humanista (PH) y la Federación Regionalista Verde Social (FRVS). De ellos, ocho podrían ser disueltos, pues en la última elección parlamentaria no alcanzaron la representación mínima que estipula la ley.

Hasta octubre del año pasado, el Servel había enviado al Ministerio Público 774 denuncias recibidas por la institución, por posiblemente constituir el delito de suplantación de identidad, ya que el 90% de las afiliaciones se realizan con Clave Única. Desde la fiscalía señalaron que todas fueron derivadas a las fiscalías regionales respectivas para ser investigadas.

(Créditos: Víctor Huenante / Agencia Uno)