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RADAR DE CIPER: LA SELECCIÓN DE LAS NOTICIAS MÁS RELEVANTES DE LA ÚLTIMA JORNADA
03.02.2026
A continuación, te entregamos un resumen de los hechos más relevantes hasta las 21 horas del martes 3 de febrero del 2026 seleccionados para ti por el equipo CIPER.
Tras cuatro jornadas de audiencia, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la petición del Ministerio Público sobre otorgar prisión preventiva para el director de la Fundación Procultura, Alberto Larraín, y la representante legal de esa ONG, María Constanza Gómez, luego de ser formalizados por fraude al físco. El juez Patricio Álvarez decretó únicamente la medida cautelar de arraigo nacional para los imputados. La resolución del tribunal propinó un duro golpe para la Fiscalía Regional de Antofagasta, organismo que bajo el mando del fiscal Juan Castro Bekios, obtuvo autorización para la detención de Larraín, Gómez y otras dos imputadas en el caso.
De acuerdo a la resolución, el tribunal estableció que la fiscalía no logró acreditar la existencia de delitos, ni que los imputados tuvieran ánimo de defraudar al fisco. En un comunicado, el Poder Judicial sostuvo que la medida cautelar se debe a que “no hay antecedentes concluyentes del concierto entre todos ni que representen un peligro para la seguridad de la sociedad”.
La investigación apunta a eventuales delitos de fraude al fisco a partir del millonario traspaso de $1,6 millones tras firmar un convenio entre el Gobierno Regional Metropolitano (GORE) y la ONG, para la ejecución del programa “Quédate” que estaba orientado a la prevención del suicidio. El tribunal otorgó a la fiscalía 90 días para investigar.
Según constató La Tercera, el fiscal Cristián Aguilar apuntó hacia el rol del GORE al señalar que “la fundación operaba constantemente con una estrategia coordinada e impulsada desde las más altas esferas del Gore Metropolitano para asignar proyectos financiados con fondos públicos“.
Alberto Larraín durante en la cuarta jornada de formalización del Caso Procultura (Créditos: Lukas Solis / Agencia Uno)
Bío-Bío constató que la defensa de la exministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, acusó que la fiscalía habría usado información falsa para justificar el allanamiento a su domicilio y solicitó la nulidad de la resolución que autorizó esa diligencia. Ese allanamiento concretado el 14 de enero pasado (lea la nota de CIPER), se realizó a partir de que semanas antes, en una solicitud de entrega voluntaria, la exjueza fingió el robo de un celular para que no fuera incautado.
La exsuprema está siendo investigada por tráfico de influencias en una de las aristas del caso Hermosilla y que lleva adelante la Fiscalía Regional de Valparaíso.
Según publicó Reportea el 29 de enero pasado, Letelier denunció ante Carabineros que le robaron su celular a las afueras de su domicilio. El asalto habría ocurrido justo la noche anterior a que la fiscalía le solicitara su teléfono. Sin embargo, la PDI investigó los hechos y tras revisar las cámaras del sector, elaboró un informe donde se señala que no se pudo establecer que lo denunciado por la exministra haya efectivamente ocurrido. En ese informe también consta que los policías hablaron con el conserje del edificio donde vive Letelier, quien negó haber visto salir o entrar de la propiedad en el horario en que podría haber ocurrido el asalto. En el escrito además, se señala que tras el robo, el chip de Letelier fue traspasado a otro dispositivo, el que de acuerdo a los registros de Movistar, ahora es propiedad de Barbara Quintana, hija de Letelier y ministra de la Corte de Apelaciones de Rancagua.
El abogado de Letelier, Rodrigo Piergentili, solicitó la nulidad de esa incautación, sosteniendo que hay datos falsos en el informe de la PDI. Esto, porque el IMEI (número identificador del celular) que se cita en ese escrito, no coincide con el dispositivo asociado a Quintana. Argumentó, además, que el conserje no vio a Letelier salir porque, como es habitual, ella usó la salida de vehículos y no la puerta principal donde se encuentra el mayordomo.
El próximo 9 de marzo, el Séptimo Juzgado de Garantía revisará la nulidad que requirió la defensa. Asimismo, el juez Cristián Azócar autorizó que se oficie a Movistar para que esa empresa entregue información respecto al dispositivo de interés.
Exministra de la Corte Suprema María Teresa Letelier (Créditos: sitio web Poder Judicial)
La Corte Suprema ratificó la absolución del excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, y su cónyuge, Anita Pinochet, en una causa donde se acusa lavado de activos vinculada al delito de malversación de caudales públicos.
La Segunda Sala del máximo tribunal rechazó los recursos de nulidad que presentaron el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado para impugnar la sentencia del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que absolvió a los acusados en agosto del 2024.
El fallo sostiene que las pruebas presentadas durante el juicio no fueron suficientes para acreditar que Fuente-Alba y Pinochet incorporaron al sistema formal el dinero que provenía de la malversación de caudales públicos. De esa forma, resolvieron que «las sentenciadoras interpretaron correctamente el delito de lavado de activos». La fiscalía acusaba que el excomandante desviaba de manera sistemática fondos públicos, para realizar depósitos fraccionados, inversiones y pagos en efectivo para blanquear el dinero.
La Segunda Sala la integró el ministro Manuel Antonio Valderrama, las ministras María Angélica Repetto y María Cristina Gajardo, y los abogados integrantes Pía Tavolari y Juan Carlos Ferrada. Este último, fue el único en dar un voto disidente y así dar inicio a un nuevo proceso judicial al considerar que se impusieron exigencias excesivas para acreditar el delito.
Excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba (Créditos: Francisco Paredes / Agencia Uno)
