Las verdaderas cifras del caso SQM: 10 condenados, 132 acogidos a salida alternativa, $4.600 millones recaudados por el fisco y 8 absueltos

Aunque tras el fallo absolutorio en el juicio oral del caso SQM se multiplicaron las críticas a esa investigación, lo cierto es que ese proceso dejó 10 condenados por emitir boletas falsas, los que fueron sentenciados con evidencia similar a la que ahora se desestimó; 132 imputados que aceptaron una salida alternativa por la solidez de la evidencia que enfrentaban; $3.700 millones recaudados por el fisco por multas a 28 empresas que rectificaron sus declaraciones ante el SII una vez que se inició la investigación y $2.550 millones pagados por SQM tras pactar con la fiscalía la suspensión del procedimiento contra esa empresa. La investigación comprobó que había un mecanismo para financiar ilegalmente a políticos, desde la UDI al PS. De hecho, SQM pagó US$30 millones en Estados Unidos por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Y el exgerente de la minera, Patricio Contesse, confirmó ante los fiscales que la fórmula existió: “Estimé que era necesario apoyar la actividad política bajo cierto marco que iba más allá del Servel”.

Créditos imagen de portada: Patricio Contesse (Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno) / Pablo Longueira (perfil de Facebook) / Marco Enríquez Ominami (Luis Bozzo / Agencia Uno). Fondo SQM (Agencia Uno)

Este miércoles 22 de octubre el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Santiago absolvió a los últimos ocho acusados por el Ministerio Público en la causa por el financiamiento ilegal a la política desde las arcas de la minera SQM. El resultado desató una ola de críticas a la fiscalía, pero lo cierto es que, después de casi 11 años, la causa deja un balance que también incluye 10 condenados; 132 imputados que aceptaron una salida alternativa debido a solidez de la evidencia; $3.700 millones recaudados por el fisco gracias a los pagos hechos por 28 empresas que rectificaron sus declaraciones de impuestos después de que se inició la investigación y $2.550 millones que la propia SQM aceptó pagar después de pactar con la fiscalía la suspensión del procedimiento contra esa empresa. De este último monto, $900 millones fueron para el fisco y el resto para fundaciones de beneficencia. De esta manera, la recaudación fiscal total como efecto del caso SQM fue de $4.600 millones.

Más allá de los cuestionamientos a la labor de la fiscalía que se han escuchado en las últimas horas, lo cierto es que la investigación comprobó, sin lugar a dudas y con amplia evidencia, que había un mecanismo para financiar ilegalmente a políticos, desde la UDI al PS, a través de boletas o facturas ideológicamente falsas. El propio exgerente general de la minera, Patricio Contesse, lo confirmó en 2018, cuando declaró ante los fiscales: “Estimé que era necesario apoyar la actividad política bajo cierto marco que iba más allá del Servel”. Ahora, el mismo Contesse y algunos de los que recibieron su “apoyo” por fuera del marco legal, fueron absueltos.    

La causa que esta semana recibió su sentencia de primera instancia involucró a una amplia gama de políticos, desde la UDI al PS, y llegó a acumular más de 180 procesados, la mayoría personas que emitieron boletas falsas -por trabajos que nunca hicieron- que eran pagadas por SQM, dinero que finalmente financiaba actividades políticas de manera ilegal. Entre los últimos acusados, ahora absueltos, se cuentan el mencionado exgerente Contesse, el exsenador y exministro Pablo Longueira (UDI) y el candidato presidencial, Marco Enríquez Ominami. 

La causa pasó por diferentes fiscales en la década que duró, quienes lograron develar detalles del financiamiento político ilegal proporcionado por la minera que era controlada por el yerno del dictador Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou. 

Ese mecanismo ilegal funcionó por muchos años en la oscuridad. La causa judicial probó que fue utilizado en las campañas presidenciales de Eduardo Frei y Michelle Bachelet, y lo mismo respecto a un nutrido grupo de parlamentarios y partidos políticos. Así lo reconocieron muchos de los involucrados en la causa, incluido el gerente Contesse, de acuerdo a lo que declaró ante la fiscalía en 2018, según publicó La Tercera: “Mi propósito fue hacer ayudas políticas”, sostuvo el ejecutivo de mayor confianza de Ponce Lerou.

El terremoto abrió el camino para que otras empresas rectificaran sus registros contables ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), retirando boletas y facturas relacionadas con políticos, por supuestos trabajos de los que no había pruebas que se hubiesen prestado. Por esa vía, al menos 28 empresas hicieron rectificaciones y pagaron multas que, hasta 2020, le habían permitido al fisco recaudar más de $3.700 millones (vea ese reportaje). 

Además, SQM aceptó pagar $2.550 millones tras negociar con la fiscalía la suspensión del procedimiento contra esa empresa, como persona jurídica, lo que se concretó en 2018. De ese monto, $900 millones fueron para el fisco y el resto se entregó a cuatro fundaciones de beneficencia. Si se suman estos $900 millones con los $3.700 millones recaudados por el SII tras las rectificaciones hechas por 28 empresas, en total el fisco recibió $4.600 millones como efecto de la investigación abierta contra SQM. Entre las empresas que rectificaron figuran Celulosa Arauco, Empresas Copec y Abastible (del grupo Angelini), Ripley Corp, Corpbanca (el banco que pertenecía al grupo Saieh), Cencosud (controlado por Horts Paulmann), Banco BCI (controlado por la familia Yarur) e Inversiones Newport (del grupo Said). 

Otra prueba de que el mecanismo ilegal sí existió tuvo lugar en Estados Unidos. Frente a la justicia de ese país, SQM reconoció el fraude por boletas falsas para financiar políticos y debió pagar multas que superaron los US$30 millones por haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (vea ese reportaje de CIPER).

Créditos: Agencia Uno

DISPUTA EN EL MINISTERIO PÚBLICO

El inicio de la causa, a comienzos de 2015, estuvo liderado por el exfiscal Carlos Gajardo. Bajo su mando se logró el acceso a los registros contables de SQM, donde comenzaron a aparecer los nombres que desataron la crisis en los partidos involucrados. Hasta ese momento, el financiamiento ilegal a la política lo protagonizaba el Grupo Penta y sus millonarios traspasos a la UDI. Pero con SQM ese terremoto se expandió hasta el PS, pasando por RN, el PRI, la DC y el PPD. 

En ese momento, la fiscalía apostó por abordar los hechos como delitos tributarios. Esa vía parecía la mejor alternativa frente a la legislación de la época, que establecía que los delitos por financiamiento ilegal de campañas prescribían al año, por lo que ese tipo de ilícitos ya no se podían imputar. El gran problema del camino tributario era que la facultad de perseguir esos delitos recaía exclusivamente en el SII, por lo que, sin denuncias o querellas del servicio, la fiscalía no podía acusar. Ese escenario desató una disputa dentro del SII, frente a las presiones que ejerció el gobierno de Michelle Bachelet para que la investigación no avanzara (vea ese reportaje de CIPER). 

Las presiones también tuvieron repercusiones en el Ministerio Público, donde hubo intentos de apartar al fiscal Gajardo. Para frenar la polémica, en una decisión inédita el fiscal nacional de la época, Sabas Chahuán, asumió la causa de SQM y también la de Penta. En esos últimos meses de la gestión de Chahuán la investigación avanzó a paso firme. 

A esa altura, ya figuraban como receptoras de fondos de SQM –investigadas por la fiscalía y denunciadas por el SII– personas y sociedades relacionadas con los exsenadores Jorge Pizarro (DC), Jovino Novoa (UDI), Fulvio Rossi (PS) y Andrés Allamand (RN), el exdiputado Roberto León (DC), el exalcalde Pablo Zalaquett (UDI) y el entonces embajador en Paraguay Alejandro Bahamondes (exvicepresidente del PPD). También había aparecido una sociedad de Cristián Warner, hombre de confianza de Marco Enríquez Ominami (PRO).

Cuando Sabas Chahuán concluyó su periodo a cargo de la Fiscalía Nacional, a fines de 2015, asumió ese puesto Jorge Abbott, quien en su discurso ante el Senado (que votó para elegirlo) aseguró que el Ministerio Público no investigaría si el SII no presentaba querellas, además de mostrar su preocupación por las filtraciones a la prensa y la importancia de la “prudencia” en los fiscales, lo que se entendió como un reproche a Gajardo.

Tras asumir como fiscal nacional, Jorge Abbott le entregó la causa al entonces fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez. 

(Créditos: Victor Huenante / Agencia Uno)

LAS PRIMERAS CONDENAS

En 2016 se concretaron las primeras salidas alternativas para varios de los llamados “boleteros” vinculados a figuras conocidas. A lo largo del caso, más de 132 personas fueron beneficiadas por esa vía, con lo que evitaron condenas y enterraron para siempre los detalles sobre quién terminó recibiendo el dinero, pues la suspensión condicional permite a los imputados librar del juicio sin asumir responsabilidad por los delitos ni aclarar dudas no resueltas en la investigación (vea aquí el listado completo de los suspendidos condicionalmente).

Además de los 132 beneficiados con salidas alternativas, la causa acumuló 69 involucrados que fueron sobreseídos por prescripción de los delitos (vea esa nómina completa).

En 2017, el fiscal Gómez consiguió nueve de las diez condenas logradas por el Ministerio Público a lo largo del caso, todas a través de juicios abreviados: los involucrados reconocieron parte de los hechos a cambio de condenas más bajas y evitar un juicio oral. 

Entre esos condenados estuvo Giorgio Martelli, principal recaudador de fondos para las campañas de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Michelle Bachelet, quien reconoció haber obtenido más de $342 millones desde SQM a través de facturas falsas, para financiar ambas campañas. Por esos delitos tributarios reiterados recibió una condena de 800 días de pena cumplida en libertad y una multa de casi $3 millones. Por el financiamiento ilegal de la campaña de Frei también fue condenada en un juicio abreviado Clara Bensan, contadora del exmandatario.

Otro de los condenados fue Patricio Rodrigo (PPD), quien recibió una pena de 600 días y una multa por delitos tributarios. La investigación acreditó que fue parte del entramado que armó el PPD para, entre 2011 y 2012, canalizar $57 millones provenientes de SQM Salar, filial de SQM, para financiar actividades del partido a través de un contrato por servicios que no se prestaron. 

Giorgio Martelli (Créditos: Víctor Pérez / Agencia Uno)

Según publicó CIPER en 2016, Sergio Ortega, exjefe de Administración y Finanzas del PPD, también imputado, declaró que la fórmula implicaba recibir los dineros a través de la Corporación Chile Ambiente, entidad dirigida por Patricio Rodrigo, histórico colaborador de Guido Girardi, para luego redirigir esos fondos hacia el PPD. El mismo Ortega declaró que cuando Carolina Tohá presidía el PPD, ella supo de esta fórmula.

Quien también recibió condena a través de un juicio abreviado fue Humberto de la Maza, expresidente del Partido Regionalista Independiente (PRI). La investigación determinó que armó una red de boleteros y se coordinó con el fallecido senador Adolfo Zaldívar para mover más de $164 millones desde SQM. 

Claudio Eguiluz, exvicepresidente de RN, reconoció en un juicio abreviado haber emitido 25 boletas por $125 millones, además de facilitar boletas a la minera por otros $340 millones. Por ese delito tributario reiterado fue condenado a 800 días de pena cumplida en libertad y al pago de una multa de unos $3 millones.

El resto de los condenados por juicio abreviado en 2017 fueron Andrés Antonio Fuentes Echevarría (independiente de derecha), Roberto Guzmán Lyon (exmano derecha del controlador de SQM, Julio Ponce Lerou) y Luis Saldías Varas (empresario y amigo de Contesse). 

En todas esas condenas se determinó que quien canalizó los pagos desde el interior de SQM fue su entonces gerente general, Patricio Contesse, formalizado al menos diez veces durante la investigación. Según la fiscalía, Contesse acordó pagos indebidos por más de $6.900 millones desde SQM y sus filiales involucradas. El exgerente general no se acogió a un juicio abreviado y optó por llegar a juicio oral, donde obtuvo la absolución el pasado miércoles.

La última condena del caso llegó en marzo de 2020, cuando la causa ya se encontraba en manos de la actual fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. La condena fue contra el hijo del exsenador Jorge Pizarro (DC), Sebastián Pizarro Cristi. En la investigación se comprobó que el hijo del senador emitió facturas falsas a través de una de sus empresas, para recibir $45 millones de SQM. La fiscalía insistió en que, de esos dineros, al menos $28 millones fueron entregados al entonces senador. Pero el Ministerio Público no pudo perseguir al parlamentario, pues la Corte Suprema rechazó la solicitud de desafuero en su contra.

UN CAMBIO EN LA LEY DE ROYALTY

En 2016, justo después de que el fiscal Pablo Gómez —aún a cargo del caso— advirtiera que los delitos tributarios por financiamiento ilegal a la política no tendrían pena de cárcel, un reportaje de CIPER hizo estallar la segunda bomba del caso: un episodio hasta ese momento desconocido de la cercana relación entre Patricio Contesse y Pablo Longueira, exsenador, líder de la UDI y exministro de Economía durante el primer periodo de Sebastián Piñera.

El reportaje mostró cómo, en plena tramitación de la Ley de Royalty Minero, mientras Longueira era senador, Patricio Contesse le envió la redacción de un artículo para incluirlo en el proyecto de ley, cuyo contenido le aseguraba a SQM beneficios tributarios. Ese artículo finalmente se incluyó de manera casi textual en la normativa, que fue aprobada, y luego sería el propio Longueira quien firmaría los contratos que permitieron que se concretara el beneficio tributario, mientras ejercía como ministro de Economía (vea ese reportaje de CIPER). 

Un estudio encargado por la propia minera a la consultora estadounidense Shearman & Sterling determinó que SQM le entregó más de $700 millones a personas que integraban una extensa red de “boleteros” relacionados con Longueira y que el exsenador fue, por lejos, el político cuyo entorno recibió más dinero desde la minera. De hecho, en el documento en el que SQM reconoció ante la justicia de Estados Unidos los pagos indebidos, se incluyeron a modo de ejemplo algunos casos que no fueron individualizados, pero las descripciones que se hacen en el texto permiten identificar a cuatro políticos, dos de los cuales son Longueira y Marco Enríquez Ominami, quienes ahora fueron absueltos en primera instancia (vea aquí ese veredicto).