Defensa de Sabaj argumenta que caso de Ulloa es más grave; Miguel Crispi y Javiera Martínez apuntan a responsabilidad del GORE en el traspaso de fondos a ProCultura y 70 menores afectados por contaminación en Puchuncaví

La defensa de la removida jueza Verónica Sabaj, liderada por los abogados Isidro Solís y Alejandro Usen, presentó un recurso de reposición ante la Corte Suprema para impugnar la destitución de su clienta, quien fue expulsada del Poder Judicial el pasado 10 de septiembre por sus vínculos con Luis Hermosilla. En una declaración pública, los abogados sostienen que se ha producido un “trato extremo desigual” ya que el máximo tribunal determinó no sancionar al ministro de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa, “a quien se le atribuyen conductas más graves y aún así se decidió su mantención en el cargo”.

El argumento apunta a que según los chats del juez Ulloa con Luis Hermosilla, cuya remoción fue rechazada por siete ministros de la Corte Suprema, buscó interceder junto al penalista en al menos 14 nombramientos de altos cargos judiciales. Asimismo, no se inhabilitó en una causa en que sus cercanos los abogados Hermosilla y Samuel Donoso eran intervinientes.

El recurso pretende que se corrija lo que a juicio de su defensa es una «injusticia», porque Sabaj fue “tratada de forma desigual y desproporcionada”. En esa misma línea, argumentaron que no se respetó el principio de proporcionalidad y de no discriminación, dado que, de acuerdo a los abogados, las imputaciones contra la exjueza son un castigo por expresiones y opiniones personales.

La defensa de Sabaj además negó que su representada redactara algún escrito para Luis Hermosilla “ni entró a decidir ninguna causa alegada por él, ni intercedió en su beneficio con terceros o realizó gestiones para la formación o integración de salas”.

La exministra de la Corte de Apelaciones fue removida de su cargo porque, según consignó el máximo tribunal, incurrió en un mal comportamiento al vulnerar su obligación de privacidad de los acuerdos de la Corte, compartir información sobre supuestas tendencias políticas de otros ministros y elaborar una estrategia procesal para Luis Hermosilla.

Verónica Sabaj (Créditos: Poder Judicial)

Según información publicada por Emol, el exjefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, y la directora de la Dirección de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, declararon ante la fiscalía por el caso ProCultura poniendo en los gobernadores regionales, la responsabilidad por la suscripción de convenios y la asignación de fondos a las fundaciones (vea aquí la nota).

El Ministerio Público investiga las eventuales irregularidades en la asignación directa de un proyecto de más de $1.600 millones a la Fundación ProCultura por parte del Gobierno Metropolitano encabezado por Claudio Orrego. Este fue visado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (que encabezaba Crispi) y solo $600 millones fueron rendidos. Crispi fue citado en calidad de imputado y Martínez como testigo.

La directora de la Dipres señaló que los convenios de los gobiernos regionales deberían haber asegurado que los recursos estuvieran debidamente planificados para evitar un mal uso, manteniendo un control adecuado de las transferencias y asegurando los hitos específicos asociados al desembolso. Sobre esto último, Martínez indicó que “no me parece lo más óptimo presupuestariamente, entregar el total de un proyecto de inmediato”, lo que calificó como un posible perjuicio fiscal.

Por su parte, Crispi aseguró que los Gores son los encargados del control de los fondos asignados por ese mismo organismo regional respecto a “cómo se utilizan y sobre detalles de cómo se analizan o fiscaliza la idoneidad del personal de alguna fundación”.

Cuando Miguel Crispi estuvo a cargo de la Subsecretaría del Desarrollo, esa entidad autorizó un aumento del presupuesto del GORE Metropolitano para el programa “Quédate” -dedicado a la prevención del suicidio-, el cual fue adjudicado a la Fundación ProCultura. Las resoluciones que modificaron el presupuesto para este convenio fueron autorizadas por Martínez.

(Créditos: Pablo Ovalle Isasmendi / Agencia Uno)

Bomberos dio a conocer que cerca de 70 menores de edad fueron atendidos en el Cesfam del sector de Ventanas en la comuna de Puchuncaví tras presentar síntomas como cefalea, náuseas y dolores de estómago por fuerte olor a gas y cloro en la zona de sacrificio Quintero-Puchuncaví. La Seremi de Salud de Valparaíso informó, según Bío-Bío, que se realizaron fiscalizaciones en una empresa y en cuatro colegios y un jardín infantil (vea aquí la nota).

Este evento se suma a la seguidilla de episodios de contaminación que afectan a la región. Hasta ahora, se han aplicado medidas de prevención para los estudiantes, quienes deben utilizar obligatoriamente mascarillas al aire libre y quedarse dentro de las salas de clases con purificadores de aire, además de la suspensión de las actividades físicas.

Puchuncaví (Créditos: Leonardo Rubilar / Agencia Uno)