Caso Lexus: diez ministros de la Corte Suprema se inhabilitan en proceso por la fallida compra de autos

El 13 de marzo pasado, el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial revisó los resultados de la investigación interna por la fallida adquisición de autos Lexus para 22 ministros de la Corte Suprema y su fiscal judicial. Por mayoría de votos, se resolvió sancionar al director y subdirector de la corporación con suspensiones de hasta un mes y la mitad del sueldo, dejando abierta la opción de abrir un cuaderno de remoción. Ambos funcionarios apelaron. En su recurso, el subdirector no solo busca revertir la sanción, sino también que 11 ministros supremos se inhabiliten. CIPER confirmó que, hasta el pasado 9 de junio, 10 magistrados de esa corte ya habían estampado su inhabilidad. El fallo detalla, además, episodios claves en la trama de los Lexus, como la reunión entre varios supremos y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y las ocasiones en que fueron llevados los autos a la corporación para exhibirlos a los magistrados.

El caso por la fallida compra de 22 vehículos Lexus para los ministros de la Corte Suprema no solo tiene a dos altos funcionarios administrativos enfrentados a una dura sanción adoptada en primera instancia. Ahora, también quedó bajo la lupa buena parte del máximo tribunal. El pasado 16 de mayo, uno de los sancionados, el subdirector de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), Zvonimir Koporcic, presentó un recurso de apelación contra el fallo que lo suspendió por un mes con goce de la mitad de su sueldo. Pero el escrito no se limitó a impugnar la sanción: solicitó también la recusación de 11 ministros de la Corte Suprema, argumentando que no están habilitados para revisar su apelación.

Entre los ministros recusados están el presidente del tribunal, Ricardo Blanco, y otros diez magistrados que tuvieron algún grado de participación en el caso: algunos intervinieron en las sesiones del Consejo Superior cuando se discutió la adquisición de los vehículos, y otros durante la tramitación de la investigación disciplinaria. En la lista figuran las ministras Gloria Ana Chevesich, María Angélica Repetto, Adelita Ravanales, María Teresa Letelier, María Cristina Gajardo y María Soledad Melo, y los ministros Leopoldo Llanos, Mario Carroza, Jean Pierre Matus y Diego Simpértigue.

En el Departamento de Comunicaciones del Poder Judicial confirmaron a CIPER que el pasado 9 de junio, veinte días después de que el subdirector Koporcic presentó su apelación, diez ministros de la Corte Suprema se inhabilitaron de conocer esta causa disciplinaria por haber formado parte de la decisión apelada, haberse desempeñado como ministros instructores o haber declarado como testigo en el expediente: “Estas inhabilidades quedaron certificadas en los antecedentes administrativos respectivos”.

El caso saltó a la luz el 12 de febrero de 2024, cuando un artículo de La Tercera reveló que la Corte Suprema había aprobado la compra de 22 vehículos Lexus por un total de $1.253 millones. Tres días después, el mismo pleno de ministros decidió dejar sin efecto su decisión. Luego vino la investigación, porque el máximo tribunal aprobó la adquisición sin que existiera autorización de la Dirección de Presupuestos (Dipres) para utilizar los fondos necesarios. 

El Consejo Superior de la CAPJ -integrado por el presidente de la Corte Suprema y cuatro ministros elegidos por un periodo de dos años- resolvió abrir un sumario administrativo al director y al subdirector de la corporación. La instrucción del proceso quedó primero en manos de la ministra María Angélica Repetto y posteriormente en las de la magistrada María Soledad Melo. El 13 de marzo, el Consejo Superior resolvió sancionar a los dos investigados, tras revisar el informe de la ministra instructora. CIPER accedió a esa resolución -un documento de 38 páginas, fechado el 8 de mayo de 2025- y al recurso de apelación presentado por Zvonimir Koporcic el 16 de mayo. El director de la corporación, Ricardo Guzmán, también apeló. 

En esos documentos se revelan episodios como una reunión en la que participó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y ministros de la Corte Suprema: Juan Eduardo Fuentes (entonces presidente de la corte), María Teresa Letelier y Mario Carroza. Allí se habría conversado sobre el presupuesto para la compra de los autos.

Corte Suprema

REUNIÓN CON MARCEL

La resolución consigna que la ministra Letelier relató en su declaración que, en conversaciones con el ministro de Hacienda sobre el presupuesto 2024 del Poder Judicial, este les habría dicho que autorizaría “el fondo inicial de caja”, que ahí estarían “los vehículos que ustedes quieren cambiar” y que “ustedes los van utilizando a medida que se vaya necesitando y se va haciendo el decreto porque esos fondos se utilizan”. 

El director de la corporación, Ricardo Guzmán -quien presentó su renuncia en febrero de 2024, la que fue suspendida por la Corte Suprema hasta que finalice el proceso disciplinario-, también recordó el episodio que mencionó la magistrada Letelier: “Obteniéndose de palabra el compromiso de presupuestar para el año 2024 el gasto que significaba la compra de autos marca Lexus, lo que habría transmitido en forma presencial el ministro de Hacienda en reunión a la que asistió la ministra Sra. Letelier, el ministro Sr. Carroza y el presidente del consejo superior, ministro Sr. Fuentes”.

En la agenda del ministro Marcel la única reunión con miembros de la Corte Suprema figura el jueves 2 de noviembre de 2023, a las 11:00, en las oficinas del ministerio. Fue registrada como “Reunión Presidente Corte Suprema”, cargo que entonces ocupaba Fuentes. Sobre lo tratado en ese encuentro, en el Departamento de Prensa de Hacienda respondieron por escrito a CIPER: 

“En aquella reunión, se conversó sobre la posibilidad de usar el saldo final de caja 2023 y se autorizó el uso parcial de este en 2024, en el subtítulo 29, para adquisiciones por una sola vez. El subtítulo 29 permite la adquisición de mobiliario, equipamiento y equipos informáticos y automóviles, entre otros. Cabe recordar que el uso del saldo final de caja ha sido objeto de un acuerdo desde hace varios años. El Ministerio de Hacienda descarta que en aquella ocasión se haya mencionado específicamente la adquisición de vehículos de alta gama”.

De acuerdo con lo señalado en la resolución, se habrían dispuesto la exposición de modelos de autos ante los ministros. Según extractos consignados en el fallo, la ministra Letelier lo cuenta así en su declaración: 

“Con la anuencia del director y del consejo, empezaron a buscar auto y empezaron a llevar autos a la corporación para que nosotros los viéramos. Y vimos muchos autos que llevaron y pasó el 2022 y llegamos al 2023, y seguimos buscando vehículos en la corporación y seguían llegando, se llevaron Volvo, se llevaron Toyota, entre los Toyotas se llevó el Lexus…se llegó a una conversación en el consejo con todos los autos que se habían visto y se dijo cuáles no cumplían con los requisitos que había en un acta o un acuerdo que se había hecho en la presidencia del ministro Muñoz y que era que los autos tenían que ser híbridos. Esto a raíz de un convenio que había por el medio ambiente…Y ahí se empezaron a descartar los autos… Al final quedó la Toyota…tenía vehículos híbridos…cuatro por cuatro híbridos, sedan y seguimos con la misma marca de vehículo…con los mismos...».

LAS SANCIONES

La resolución establece que el director de la CAPJ, Ricardo Guzmán Sanza, no “cumplió de manera eficiente con la función asociada a su cargo de dirigir, organizar y administrar la CAPJ (…), lo que se tradujo en la falta de fiscalización efectuada al procedimiento llevado a cabo para la fallida renovación de los vehículos institucionales (…), permitiendo que se realizaran acciones sin contar con la aprobación previa del Consejo Superior, entregando una información incompleta a sus superiores respecto de la existencia de los recursos para la adquisición de vehículos”.

En el caso del subdirector Koporcic, la mayoría del consejo concluyó que actuó de forma “apresurada e inconsulta” al gestionar directamente con Toyota, “concurriendo personalmente a dicha empresa, lo que no se ajusta a la normativa dispuesta en materia de adquisición de bienes, proponiendo el vehículo en cuestión sin existir antecedentes que lo avalaran, y actuando como si se hubiera autorizado el trato directo con la empresa, situación que no había sido autorizada por el Consejo Superior”. 

En la resolución, se indica que el subdirector, en compañía de un funcionario del Subdepartamento de Mantenimiento, concurrió el 19 de abril de 2023 a las dependencias de Toyota, en Pudahuel, “sin autorización del Consejo Superior”. También se le reprochó haber enviado un correo con el asunto “Nuestro Presupuesto 2024”, incluyendo un ítem sobre vehículos, cuando, según relata el fallo, los fondos aún no habían sido aprobados por la Dipres.

En la sentencia de primera instancia, además, se dejó abierta la posibilidad de revisar la apertura de un cuaderno de remoción a Guzmán y Koporcic o aplicar la facultad que tiene la Corte Suprema para removerlos “a su arbitrio”, por tratarse de cargos de confianza del tribunal. Esta decisión fue tomada por cuatro de los cinco ministros que actualmente integran el Consejo Superior: el presidente Ricardo Blanco, las ministras Adelita Ravanales y María Cristina Gajardo, y el ministro consejero suplente Leopoldo Llanos. La magistrada Chevesich también estuvo por sancionar, pero con medidas más leves: amonestación privada para Guzmán y censura por escrito para Koporcic.

LAS VECES QUE SE TRATÓ LA COMPRA EN EL CONSEJO SUPERIOR

Una de las conclusiones de la ministra instructora fue que, a pesar de las múltiples declaraciones de los magistrados que integraban el Consejo Superior que dan cuenta de conversaciones reiteradas sobre el recambio de la flota y gestiones presupuestarias, no existía un “acuerdo expreso sobre la materia que conste en algún acta levantada al efecto”. Ese razonamiento es importante, porque uno de los argumentos de los ministros que votaron la sanción es que no existía una decisión “expresa” del consejo sobre la forma en que se debía llevar a cabo la compra, por licitación o trato directo. 

Lo cierto es que las declaraciones reunidas durante la investigación evidencian que los consejeros no solo estaban informados del proceso, sino que también participaron activamente en las conversaciones relativas a los modelos de vehículos e, incluso, a la pertinencia de realizar una licitación. Así lo manifestó la ministra María Teresa Letelier en su testimonio: “Preguntándole a Pablo, el abogado Maccioni [se refiere a Pablo Maccioni, jefe del Departamento Jurídico de la CAPJ], si nosotros estábamos autorizados para hacer todas estas cosas. Cuando se decidió una compra directa, se decidió una compra directa. Sí se conversó…”, declaró la magistrada. Y agregó: “Estaba el contralor, que nosotros hicimos que él estuviera en todas las reuniones. Siempre se le preguntó, entonces, si así no hay problema, esto se puede hacer”.

La magistrada Letelier también relató que se optó por Lexus porque cumplía con todos los requisitos establecidos: “Había la cantidad que se necesitaba y era híbrido…”. Según explicó, se le consultó a Maccioni y al contralor: “Y dijeron bueno, primero que nosotros…”. La magistrada continuó: “Ya entonces, bueno, si esto se puede, ¿para qué vamos a llamar a licitación si ya se ha revisado todo el mercado, se han traído los autos, no hay cantidad ni marca? Entonces, lo único que cumple con las condiciones es la Toyota. Entonces el Lexus de la Toyota. Ya. Y ahí eso, yo absolutamente convencida, ministra, que esto está en el acta. Este fue un acuerdo que se tomó”.

Y reafirmó: “Nosotros teníamos acuerdo ya de comprar los vehículos… Lo único que faltaba era la orden de compra para pedirle a Hacienda que hiciera el decreto y girara los fondos”.

Finalmente, Letelier sostuvo que todo fue tratado en el consejo: “No hubo nada extraoficial. Estaban el director, el subdirector o quien lo reemplazara. Si no estaba el contralor, que siempre habíamos pedido nosotros y siempre estuvo en nuestras reuniones. Cuando había cualquier observación, la hacía presente, cosa que no pasó tampoco”.

En la resolución disidente de la ministra Chevesich, se subraya que resulta “llamativo que el presidente del Consejo Superior y los cuatro ministros consejeros, al suscribir las actas que recogen todos los acuerdos adoptados en la respectiva sesión, no se hayan dado cuenta que no contenían ninguna mención a las decisiones referidas a la materia”.

En sus descargos, Ricardo Guzmán reforzó que el tema fue tratado de forma reiterada. Se refirió, por ejemplo, a la declaración del ministro Mario Carroza, quien habría relatado que se discutió “informalmente” el tipo de autos y que no se habló de licitación pública “porque ya se habían revisado las posibilidades”. Otro testimonio citado por Guzmán es el del ministro Simpértigue, quien habría sostenido que se informaba al consejo sobre los avances y que la compra era una preocupación de larga data. Según Guzmán, el entonces presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, también señaló que la búsqueda de vehículos se conversaba “informalmente” en el consejo.

A pesar de lo anterior, la ministra instructora descartó que estas menciones constituyeran una decisión formal y consideró que no existía un “acuerdo expreso” del consejo. CIPER consultó a través del Departamento de Comunicaciones del Poder Judicial por qué los ministros que formaban parte del consejo en ese momento no alertaron, antes de ser aprobada la compra por el pleno, sobre la inexistencia de un acuerdo formal. Más aún, cuando -como consta en la resolución del sumario- se llegaron a exhibir vehículos para ser evaluados por ellos. Sin embargo, la respuesta es que no se abordará el asunto por tratarse de un proceso disciplinario en curso.