La falla de seguridad que permite al Tren de Aragua operar desde la cárcel: al menos 11 de sus miembros tenían celulares en los penales

Entre septiembre de 2023 y marzo de 2025, al menos 11 reclusos del Tren de Aragua fueron sorprendidos con celulares y otros tres con chips, pendrives y modems. Las incautaciones se registraron en penales de distintas regiones e involucran a internos imputados por homicidio, tráfico de armas, drogas y trata de personas con fines de explotación sexual. El ingreso de celulares, por fallas en los controles de Gendarmería, permite a la organización dirigir crímenes desde las cárceles. Según datos obtenidos por Transparencia, entre 2019 y 2025 esa institución abrió 209 sumarios por internación de celulares u objetos prohibidos. Hasta ahora, solo el 22% ha terminado con sanciones. Nueve de los sumarios cerrados no registran ni sanciones ni sobreseimientos. Uno de estos últimos coincide con el caso de uno de los principales líderes del Tren de Aragua al que le incautaron celulares comprados por un gendarme. Además, se han decomisado al menos 67 teléfonos a funcionarios de 21 penales del país.

Créditos imagen fondo (Cárcel de San Miguel): Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno

Créditos imagen celulares: Víctor Huenante / Agencia Uno

La celda 17 está en el segundo nivel del ala sur del Complejo Penitenciario de Acha, en Arica. Allí, el 25 de febrero de 2024, personal de Gendarmería encontró un celular oculto entre las pertenencias de Luis López Bermúdez. El hallazgo era significativo: López Bermúdez es sindicado como integrante de Los Gallegos, una de las células más violentas del Tren de Aragua en Chile.

Un año y tres meses después, el 3 de junio de 2025, cuando el Juzgado de Garantía de Arica dictó sentencia contra López Bermúdez -quien ya acumulaba una condena de diez años por tráfico de armamento-, ya se habían revelado una serie de hallazgos similares. Entre septiembre de 2023 y febrero de 2024, Gendarmería incautó celulares, chips y armas blancas en otras tres celdas ocupadas por miembros del Tren de Aragua. 

El 21 de septiembre de 2023, personal de Gendarmería allanó la celda número cuatro del segundo piso del mismo penal de Arica, donde se encontraba recluido Williams Celas Garrido, otro imputado de Los Gallegos, condenado por homicidio y posesión de arma de fuego prohibida. En su celda se encontró un arma blanca de fabricación artesanal y un teléfono celular con chip. 

El decomiso de celulares que están en manos de miembros del crimen organizado recluidos en penales es de la máxima gravedad para los especialistas del Ministerio Público, porque la fiscalía ha advertido que integrantes de esas organizaciones siguen en contacto con sus grupos, dirigiendo y coordinando operaciones delictivas en el exterior, a través de comunicaciones por aplicaciones cifradas, como Signal.

Las incautaciones realizadas a Los Gallegos en Arica dieron origen a una serie de allanamientos simultáneos a internos acusados de pertenecer al Tren de Aragua en diversos centros penitenciarios del país. 

Uno de ellos ocurrió un día después, el 22 de septiembre, en la cárcel de Rancagua. Ese día, a Alexander Gabay Varela, también en prisión preventiva por la misma causa, se le incautó un celular con chip. Un mes y medio más tarde, el 7 de noviembre, en el penal de Acha, fue el turno de José Daniel Rodríguez Morillo. En su poder, además de un teléfono y un chip, Gendarmería encontró dos armas blancas artesanales, cannabis, clonazepam y cables USB escondidos entre sus pertenencias.

Según documentos judiciales a los que accedió CIPER, entre septiembre de 2023 y marzo de 2025 al menos 11 miembros del Tren de Aragua fueron sorprendidos con celulares dentro de recintos penitenciarios en distintas regiones del país y otros tres con chips telefónicos, pendrives o modems. Los internos sorprendidos están imputados por delitos como homicidio, trata de personas, tráfico de armas y drogas.

Pero, el problema no solo radica en la capacidad de estas bandas para seguir operando desde prisión. Lo más grave es que reciben ayuda de funcionarios de Gendarmería para acceder a los dispositivos. Los especialistas coinciden en que el crimen organizado termina controlando desde la cárcel las actividades delictuales, por lo que requiere un alto grado de colaboración de las entidades encargadas de su custodia, cooperación que consiguen a cambio de dinero o bien bajo amenazas. Por eso, a los expertos les preocupa que Gendarmería aplique respuestas acorde a la gravedad del problema.

Créditos: Víctor Huenante / Agencia Uno 

209 SUMARIOS Y 19 DESTITUCIONES

Información obtenida por CIPER, vía Ley de Transparencia, revela que entre 2019 y 2025 se abrieron 209 sumarios administrativos en Gendarmería por el ingreso de celulares y otros elementos prohibidos. De ellos, solo 47 terminaron en sanciones. La mayoría fueron amonestaciones escritas; apenas cuatro funcionarios fueron suspendidos de sus cargos, y 19 fueron destituidos.

Incluso, nueve de los sumarios concluidos no registran ni sanciones ni sobreseimientos, de los cuales cuatro fueron instruidos por la Dirección Regional de Valparaíso. Uno de estos últimos destaca en la nómina: fue iniciado el 16 de agosto de 2022. La fecha coincide con el periodo en que, en la cárcel de Valparaíso, se incautaron cuatro celulares a Carlos González Vaca, alias “Estrella”, uno de los líderes del Tren de Aragua en Chile (lea artículo relacionado). Según la información difundida en ese momento, tres de esos aparatos habrían sido adquiridos por un funcionario de Gendarmería.

En los registros entregados ahora a CIPER, el único sumario correspondiente a esas fechas y a ese recinto penal aparece como finalizado, pero no consigna ninguna medida disciplinaria. Consultada por el resultado de esa investigación, Gendarmería respondió, a través de su departamento de prensa, que la institución no se pronuncia sobre casos particulares. Es decir, es probable que el sumario por haber facilitado cuatro celulares -tres de ellos eventualmente comprados por un funcionario de prisiones- al principal líder del Tren de Aragua recluido en Chile haya terminado sin sanciones y Gendarmería señala que no responderá consultas sobre ese tema. 

CIPER también solicitó información -al departamento de prensa y vía Ley de Transparencia- sobre la cantidad de celulares incautados específicamente en módulos de alta seguridad. Pero Gendarmería no entregó cifras. Sin embargo, en los registros aparecen al menos dos sumarios instruidos en la Unidad Especial de Alta Seguridad. Uno, en 2019, terminó sin sanciones. El otro, en 2020, concluyó con el sobreseimiento del funcionario investigado.

Según datos entregados por la institución a través de su departamento de prensa, entre 2023 y 2024 se iniciaron 66 nuevos sumarios por este tipo de faltas. Hasta ahora, solo nueve, algo así como el 13%, han finalizado con sanciones. 

Otro dato relevante: entre el 1 de enero de 2023 y el 15 de mayo de 2025, se incautaron 67 celulares a funcionarios de 21 centros penitenciarios del país. Solo en la Región Metropolitana se registraron 13 decomisos, 12 de ellos en el centro de detención preventiva de Puente Alto y uno en el CIP-CRC Arrayán, destinado a menores de edad.

Créditos: Cristofer Devia / Agencia Uno

OPERANDO DESDE LA CÁRCEL

Los amarraron, los golpearon y luego los enterraron en el cerro Chuño, en Arica. Antes de cubrir los cuerpos, los rociaron con pintura para evitar que el olor revelara su ubicación. Murieron por asfixia. Según la acusación del Ministerio Público, el doble homicidio, ocurrido en diciembre de 2022, fue ejecutado por cuatro integrantes de Los Gallegos. Uno de ellos era Misael Zambrano Jiménez, alias “Kiko”.

Para ese entonces, Zambrano Jiménez -venezolano, dedicado a la conducción de autos en la aplicación Uber- ya no era un miembro más dentro de la estructura criminal. Según antecedentes judiciales, fue a mediados de 2022, tras un proceso de reestructuración interna, cuando asumió el liderazgo de la facción en Chile.

En el celular de su pareja, incautado durante una investigación, la fiscalía encontró conversaciones que lo vinculaban directamente con otro de los negocios centrales de Los Gallegos: el ingreso de mujeres extranjeras para ejercer el comercio sexual en Chile. El 16 de febrero de 2023, Zambrano fue detenido junto a otros miembros de la organización. 

Según la indagatoria del Ministerio Público, “Kiko” siguió operando desde prisión. Su enlace era Yonahairy Navarro, alias “La China”, quien mantenía contacto con varios miembros encarcelados -entre ellos Zambrano- y recibía instrucciones sobre la recaudación de “vacunas” (pago de extorsiones), la distribución de drogas y el ingreso de estas a distintos penales del país.

El 28 de noviembre de 2024, Misael Zambrano fue sorprendido dentro del Complejo Penitenciario del Biobío, en Concepción, con un teléfono celular Motorola, dos chips telefónicos, una agenda con contactos y un lector de tarjetas de memoria. Según información confirmada por CIPER, ese mismo día se decomisaron teléfonos a otros cinco imputados, además de módems, chips y pendrives a otros tres internos, todos vinculados a Los Gallegos. Meses después, el 5 de marzo de 2025, se incautaron nuevos celulares a otros dos integrantes del grupo. En total, entre noviembre y marzo, se han requisado teléfonos a ocho miembros de esta organización en cinco cárceles del país.

Para este reportaje, CIPER consultó a Gendarmería por las condiciones en que ingresaron los dispositivos decomisados y cuántos de los reos involucrados se encontraban en módulos de alta seguridad. Sin embargo, la institución no respondió esas consultas.

A 445 kilómetros al norte, en el penal de Rancagua, también fueron incautados dos teléfonos a Edwin Gutiérrez Sánchez y a Alexander Gabay Varela, alias “El Fresa”, acusado de ser uno de los sicarios del Tren de Aragua. Gutiérrez está identificado como uno de los “cocineros” de la droga que distribuía la organización. Mientras que Gabay figura como miembro activo del Tren de Aragua en Lima, Perú, y según los antecedentes del caso, fue trasladado a Chile por instrucción directa del liderazgo internacional para colaborar en la conformación de esta célula en el país. En 2023, como se relató al inicio de este artículo, otro celular ya había sido decomisado a “El Fresa”.

Otro teléfono, junto a tres chips, fueron incautados en Rancagua a Orianny Aguilera Quintana, venezolana miembro de la organización. Tiempo atrás, mientras cumplía prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Femenino de Arica, Aguilera fue sorprendida utilizando un teléfono institucional -facilitado a internas extranjeras sin red de apoyo- para enviar una fotografía a contactos en Venezuela y Ecuador.

Según antecedentes judiciales, la imagen contenía amenazas contra tres funcionarios de Carabineros, con nombres, fechas de nacimiento y el nombre del fiscal del caso: «Aquí le voy a mandar los nombres de los 3 policías que nos están acusando para que Frank los trabaje y declaren a nuestro favor, que los pongan de nuestro lado». También pidió presionar a dos coimputados, entre ellos Luis López Bermúdez: «Y estos dos son los nombres de los chamos que cayeron con nosotros. Para que Frank los ponga a que digan la verdad y que las pistolas son de ellos, que los atormente y no los deje ni dormir.»

En el penal de Valparaíso, Gendarmería decomisó un celular, un cargador de teléfono y un chip a Wilder Salazar Manríquez, conocido como “El Aragua”. En la cárcel de Huachalalume, en La Serena, se le requisó un modem, un chip de teléfono y siete envoltorios con droga a Jefferson Marcano Hernández. Otro celular fue requisado a Eudiel González Flores, alias “El Bemba”. Y a Jonathan Mota Carballo, “El Mota”, identificado como sicario, un módem y un chip de teléfono.

Marcano Hernández tenía un rol operativo: cobraba “vacunas” a víctimas de trata sexual. Según la investigación, mantenía contacto directo con los líderes nacionales e internacionales de Los Gallegos. González, en tanto, fue vinculado al laboratorio clandestino de drogas que operaba en Arica. 

En el Complejo Penitenciario de Antofagasta, también el 28 de noviembre pasado, se encontró un modem, dos pendrives, un chip, seis trozos de papel con números de teléfono y 89 envoltorios con droga en poder de Deiker Pérez Pérez. Meses después, en marzo, se incautaron teléfonos a otros dos internos en Rancagua: Julio Mora Hernández y Wilder Colmenarez Colmenarez. Según reveló El Mostrador, ya en julio de 2024 ambos habían sido sorprendidos con dispositivos móviles, que usaban para subir contenido a redes sociales desde el interior de la cárcel.

Créditos: Diego Martin / Agencia Uno

EXTORSIÓN TRAS LAS REJAS

El 14 de agosto de 2023, el cuerpo de guardia del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó recibió una denuncia. Los familiares de dos internos -J.S.C. y J.F.G.- alertaban que estos estaban siendo golpeados, amenazados y secuestrados dentro de la cárcel.

Era una operación de extorsión planificada al interior del penal. Cuatro presos -Willian Valencia Rodríguez, Wilmer Montaño Valencia, Omar Santoya Maya y Herbert Hernández Rodríguez-, todos de nacionalidad extranjera, usaron un celular para comunicarse con las familias de sus víctimas. Llamaron a la madre de uno y a la abuela del otro. Les exigieron $100 mil pesos a cada una, bajo amenaza de represalias físicas contra los internos si no cumplían.

Las mujeres no transfirieron el dinero. Y esa misma tarde, las amenazas se concretaron.

Los registros de las cámaras de seguridad, presentados luego como prueba en el juicio, mostraron la golpiza. J.S.C terminó con una herida abierta en la cabeza, cortes en el rostro y el antebrazo. J.F.G, con hematomas múltiples y contusiones en el cráneo y torso. En uno de los videos se ve incluso a uno de los agresores con un celular en la mano. 

Uno de los acusados declaró que el celular había sido prestado por un interno que ya no estaba en el penal. Uno de los abogados defensores no lo negó: reconoció que la existencia de celulares en las cárceles “es una realidad”, pero aseguró que no era posible acreditar que el teléfono de aquellas imágenes haya sido utilizado en la extorsión. El abogado entregó un dato clave: pese a que Gendarmería realizó un allanamiento tras el ataque, no se encontró ningún dispositivo.

En el juicio no se explicó cómo un celular ingresó al penal sin ser detectado. Ni cómo se organizaron llamadas extorsivas desde un módulo supuestamente vigilado. El 23 de septiembre, el Tribunal Oral en lo Penal de Copiapó fue categórico: condenó a los cuatro reos a diez años y un día por extorsión en grado frustrado.

LAS OTRAS CIFRAS

Entre el 1 de enero de 2023 y el 15 de mayo de 2025, se han incautado 12.316 teléfonos en manos de internos de 97 establecimientos penitenciarios del país. La información, obtenida vía Ley de Transparencia, revela que la cifra de decomisos es sostenida: 5.426 se realizaron en 2023, 5.053 en 2024, y otros 1.837 solo en los primeros meses de 2025 (vea esta respuesta).

El penal que lidera el ranking de hallazgos es el Centro Penitenciario de Rancagua, donde se han decomisado 1.308 celulares, lo que representa el 93% del total incautado en la Región de O’Higgins. A nivel nacional, esta cifra solo es superada por el total de decomisos realizados en toda la Región Metropolitana, que suma 2.631 equipos confiscados.

Le siguen, en número de hallazgos, el Centro Penitenciario de Puerto Montt, con 1.084 dispositivos incautados; la cárcel de Valdivia, con 958; Valparaíso, con 693, y el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó, donde se han requisado 652 teléfonos.

A estos números se suman los decomisos realizados a las visitas de internos, que en el mismo período alcanzaron un total de 739 incautaciones. El Centro Penitenciario del Biobío encabeza esta lista con 146 celulares confiscados, de los cuales 122 fueron incautados solo en 2023. Le siguen el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, con 44 teléfonos, y el Centro Penitenciario de La Serena, con 42 dispositivos. Además, en 2024 se registraron dos decomisos de este tipo en la Unidad Especial de Alta Seguridad de Santiago, un recinto de alta vigilancia. 

De acuerdo a la respuesta, también se registraron incautaciones a abogados en las cárceles: entre 2023 y 2024, se registraron 11 celulares decomisados, tres de ellos en 2023 y los otros ocho en 2024. 

Desde Gendarmería señalaron a CIPER -a través de su departamento de prensa-, que la principal vía de ingreso de “elementos prohibidos es a través de lanzamientos desde el exterior de las cárceles, seguido por el ingreso de visitas, y por ciudadanos o trabajadores que concurren desde el exterior hacia los centros penitenciarios”.

La institución aseguró que los allanamientos se realizan a diario en todos los penales del país, bajo la responsabilidad del personal de cada unidad. “Estos se hacen por sectores determinados, en cualquier momento del día. Se trata de una práctica básica del control que tiene Gendarmería de los recintos”, señalaron.

Como parte de sus medidas, Gendarmería sostuvo que ha fortalecido la incorporación de equipamiento para la revisión de personas, tanto visitantes como personal o funcionarios externos. Entre los dispositivos mencionados están máquinas de rayos X, escáneres corporales de ondas milimétricas, paletas electrónicas, arcos detectores de metales y equipos de rayos X para bolsos y paquetes.

También relevaron la implementación progresiva de un sistema de bloqueo de señal telefónica en tres recintos de la Región Metropolitana -Repas, Santiago I y Santiago Sur-, y aseguraron que esta tecnología se extenderá a otros nueve establecimientos a nivel nacional, en un proceso “actualmente en desarrollo” (vea la resolución de Gendarmería sobre control e ingreso de visitas a cárceles).