Para este sábado 31 el Consejo de Administración de la Cooperativa Capel convocó a una junta general clave. En ella se votará la autorización para pedir un préstamo que obligaría a dejar en garantía parte del patrimonio de la pisquera. Un grupo de asociados se opone, pues temen que provoque la quiebra. Esto, porque acusan que los administradores han hecho una mala gestión. Según dicen, mientras bajan los ingresos para los asociados, los jefes administrativos se pagan bonos millonarios. El año pasado, se quejan, los pagos para los socios que deciden retirarse triplicaron las ganancias. Por eso, el grupo rebelde se organizó en secreto para objetar el préstamo este sábado. Pero, tenían un soplón que filtraba información al presidente del Consejo de Administración.
“Egidio, buenos días te envío esta información del grupo para que estés informado, después de leerla eliminarla gracias”. Ese fue el mensaje que el pasado 6 de mayo un socio de la Cooperativa Capel intentó enviar al presidente del Consejo de Administración de la pisquera, Egidio Rigotti. La información que quería compartirle provenía de un grupo de asociados de la cooperativa que se oponen tenazmente a la gestión de Rigotti. El autor del mensaje estaba infiltrado entre ellos e intentaba advertir a Rigotti que el grupo se preparaba secretamente para intervenir en una junta extraordinaria clave para el futuro de la cooperativa, la que se realizará este sábado 31 de mayo. Pero, el espía se equivocó: se la reenvió al mismo grupo de WhatsApp de los “rebeldes” y quedó al descubierto como soplón.
CIPER tomó contacto con algunos de los opositores que el infiltrado sacó a la luz, quienes acusan que los socios de la cooperativa reciben información incompleta de parte del Consejo de Administración y se manifiestan disconformes con el manejo económico de la agrupación. Efectivamente, se estaban preparando reservadamente para intervenir en la Junta General de Socios Extraordinaria programada para este sábado. La cita, convocada por el consejo, tiene como punto principal aprobar la última propuesta de los directivos: financiar el funcionamiento de la pisquera mediante la suscripción de un crédito multimillonario. Los “rebeldes” se oponen a autorizarlo y han coordinado esfuerzos para objetar esa proposición en la junta clave de este fin de semana.
El préstamo que debe votarse, según señalaron a CIPER dos personas que conocen detalles de la operación financiera, obligaría a dejar en garantía parte del patrimonio de la cooperativa. En la junta también se decidirá la posible venta de seis propiedades para conseguir liquidez, a objeto de financiar las operaciones de este año. Los opositores al consejo temen que estos movimientos financieros provoquen la quiebra de la agrupación, pues no confían en la capacidad de los administradores, ya que consideran que hasta ahora han hecho una mala gestión. Entre los antecedentes que citan se cuenta una “auditoría especial (realizada por) la consultora Price”, cuyos resultados fueron mencionados en la junta general de socios de febrero del 2020, la que informó “un descontrol por parte de la Gerencia Comercial Capel” y que “muchos de los acuerdos comerciales eran informales, (suscritos) sólo (mediante) correos electrónicos”.
Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Limitada (Capel) es una persona jurídica de derecho privado fundada en 1939. Su objetivo, según sus estatutos, es la “ayuda mutua” para “mejorar las condiciones de vida de sus cooperados”, como se llama a quienes participan en una agrupación de este tipo. Para ingresar es requisito pagar una cuota de incorporación, calculada sobre la base de las hectáreas de uva pisquera de cada agricultor. Los asociados tienen la “obligación esencial de entregar toda la uva proveniente” de sus terrenos registrados. El bajo valor pagado por esa materia prima, según sostuvieron productores contactados por CIPER, inició el actual conflicto.
Desde febrero de 2020, según actas revisadas por CIPER, los agricultores asociados reclaman por el valor que se les paga por kilo de uva. El 17 de enero de este año, un grupo reiteró su descontento mediante una carta enviada a la administración: “Qué se haga un esfuerzo serio y consciente por no pagar un precio paupérrimo por la uva de la temporada 2025 y que éste informado a la mayor brevedad” (lea acá ese documento). Actualmente, el kilo se paga a $208, y los montos se abonan en 12 cuotas.
En octubre de 2021, según documentos a los que CIPER accedió vía Ley de Transparencia, se realizó una Junta General de Socios en la que un grupo expresó su disconformidad con la administración económica: “Desde hace muchos años los cooperados estamos exigiendo de la Cooperativa una mayor transparencia en la forma de actuar del Consejo de Administración, gerente y ejecutivos, una mayor eficiencia en las operaciones y un ahorro en los gastos, en especial en sueldos e indemnizaciones”.
Dos años antes se habían producido los primeros campanazos de alerta, con la auditoría externa ya mencionada que acusó “descontrol” en la gerencia comercial.
Aquellos antecedentes llevaron a un grupo de cooperados a cuestionar las decisiones de las gerencias y administración. El mayor temor, según comentaron tres fuentes relacionadas con los agricultores, es que la pisquera no pueda solventar sus deudas. Un crédito millonario, a su juicio, los expone a profundizar aquella situación. Ante esto, algunos socios decidieron coordinarse secretamente para objetar el préstamo y pedir respuestas a las denuncias que se han hecho en los últimos años.
Los cooperados “rebeldes” se organizaron en un grupo de WhatsApp en donde discuten y coordinan los argumentos que esperan presentar este sábado 31 en la junta general. Sin embargo, hace tres semanas, a través del mensaje enviado equivocadamente por uno de sus integrantes, se percataron de que esta persona filtró sus conversaciones al presidente del Consejo de Administración.
CIPER consultó al Consejo de Administración de Capel por los antecedentes expuestos por el grupo de asociados críticos, además de datos contenidos en sus balances financieros y la propuesta para suscribir el crédito que será presentada este sábado. Sin embargo, desde la entidad indicaron que no se referirían a estos temas: “Estimamos que este tipo de requerimientos no resulta procedente ni necesario, toda vez que nuestra rendición de cuentas se realiza directamente ante quienes corresponde: nuestros socios” (revise acá la respuesta completa).
La División de Asociatividad y Cooperativas del Ministerio de Economía es el organismo público encargado de fiscalizar a las cooperativas. Aquel departamento se encuentra facultado por ley para requerir que esas organizaciones autónomas remitan sus informes de administración y finanzas (revise aquí la letra i del artículo 108 de la Ley General de Cooperativas). CIPER solicitó vía Ley de Transparencia copia de los balances generales de Capel entre 2019 y 2024. También, las actas de las juntas generales de socios del mismo período. Sin embargo, solo fueron enviados los registros de las reuniones efectuadas en febrero de 2020 y octubre de 2021.
Los registros de los últimos seis años muestran que el margen de explotación, es decir, los ingresos obtenidos tras restar los gastos de producción (materia prima y sueldos), sin considerar los costos de administración, pasó de $19.087.825.000 a $11.571.131.000. En el mismo período el gasto por los conceptos de Administración y Ventas se han mantenido en un promedio de poco más de $10 mil millones.
En ese mismo lapso la deuda de Capel con sus filiales aumentó. En 2019, las “deudas por pagar con empresas relacionadas” fueron por $17.306.875.000. El año pasado ascendieron a $28.256.088.000. CIPER consultó a la cooperativa por este incremento de la deuda asociada, pero en el comunicado enviado no se refirieron al tema.
LAS DEUDAS DE CAPEL
“El 2024 fue un año desafiante para nuestra Cooperativa, marcado principalmente por la sequía. Iniciamos el año, con la vendimia más baja en volumen de la historia (…). Como consecuencia, nuestros flujos de caja se vieron afectados tanto por menores ingresos como por una reducción en los resultados proyectados”. Así, la gerencia general de Capel, en la Memoria Anual publicada en abril de este año, explicó a los cooperados el contexto económico de la pisquera.
En todo caso, el año de inflexión económica de la pisquera no fue el 2024. En 2019, según los balances generales revisados por CIPER, se registró una pérdida de $10.494.432.000.
El acta de la Junta Acta de Accionistas del 9 de octubre de 2021, a la cual CIPER accedió vía Ley de Transparencia, asociados y directivos se refirieron a las pérdidas económicas de 2019. En una de sus intervenciones el entonces presidente del Consejo de Administración, Arturo Jiménez Soto, comentó: “Se han revertido las pérdidas de manera importante ya teniendo resultados positivos. Se presentarán alternativas para absorber las pérdidas generadas en el 2019. Compromiso con los cooperados para volver a tener las rentabilidades positivas”.
El acta de aquella reunión también registró una de las intervenciones del gerente general en ejercicio, Javier Marcos: “Explicó que la rentabilidad de comercialización nacional se vio afectada por el proyecto Cumbre (representaciones) que hizo perder el foco. El 2019 se produjo un impacto en las ventas del último trimestre por el estallido social y los gastos de comercialización a lo que hay que sumar un resultado no operacional negativo que incluye los intereses generados por los créditos que se tenían”.
Hugo Miranda, en ese entonces uno de los tres miembros de la Junta de Vigilancia (organismo interno de fiscalización), también intervino en la discusión por los malos resultados económicos: “(Si) estábamos a punto de quebrar porque se ocultó ese tema y debería haberse dicho en ese momento ya que de ser así no había otra alternativa y no había entonces que haber perdido el tiempo haciendo reuniones para explicar la situación y además gastar en asesorías. Bastaba una reunión para haber dicho que era la única alternativa. Le molesta la falta de transparencia y que no se haya dicho en su oportunidad”.
Desde ese mismo año, según los balances revisados por CIPER, el endeudamiento de la pisquera también aumentó. Aunque las acreencias, para obtener liquidez para mantener las operaciones, se concentraron en las filiales de la cooperativa. Desde 2019 a 2024 los “documentos y cuentas por pagar con empresas relacionadas” aumentaron en 63,26%. La Viña Francisco de Aguirre S.A. concentra casi la totalidad de lo adeudado por Capel.
CIPER consultó a Leonardo Torres, docente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, sobre la concentración de la deuda de Capel con sus filiales. Torres, especializado en contabilidad forense (rama enfocada en detectar irregularidades financieras), señaló: “Siempre es posible que haya un vínculo entre las empresas de un mismo grupo y muchas veces puede haber compensación entre las empresas. Es algo normal, siempre y cuando no afecte los intereses de las partes que están involucradas en cada una de esas empresas (…). Sería importante analizar si eso pudiera ya no ser una cuenta por cobrar y por pagar, sino más bien una inversión de una empresa a otra con el incremento normal del patrimonio”.
En 2020, Capel, tras la pérdida registrada en 2019, volvió a obtener ganancias. Aquel año el saldo positivo fue de $1.301.649.000. Respecto de 2021, CIPER no logró acceder al estado de flujos en efectivo (informe que muestra los ingresos y salidas reales de dinero). En 2022 la ganancia fue de $657.483.000. Mientras que en 2023 se elevó a $1.525.244.000 y el año pasado retrocedió a $1.079.300.000.
Aunque desde 2022 la pisquera registra un gasto que supera las ganancias, ese año la devolución de la cuota de incorporación, solicitada por los agricultores que decidieron abandonar la Cooperativa, aumentó un 174,87% respecto de 2019. El año pasado, según el estado de flujos, Capel pagó un total de $3.716.900.000 a los cooperados que solicitaron devolución de su cuota.
En enero de este año, un grupo de cooperados envió una carta a la administración respecto de cómo se estaría realizando la devolución de las cuotas de incorporación: “Qué se haga un esfuerzo serio y consciente por corregir el abuso a que hemos sometido a los socios que se han retirado y se retiren en futuro, pagándoles el 100% de su capital social”. Dos fuentes cercanas a la operación diaria de la pisquera confirmaron que en varios casos se negoció y se pagó el 50% de lo que los exsocios abonaron cuando se integraron a Capel.
Otro de los mayores gastos de la cooperativa corresponde, según los balances generales, a “construcciones y obras de infraestructura”. En 2019 se gastó un total de $22.107.297.000 en esas operaciones, el año pasado el monto ascendió a $26.363.576.000. La Memoria Anual de 2024 explica para qué se ha utilizado parte de ese dinero: “Durante el año 2023, se paralizó la Planta de Sotaqui, como medida para optimizar costos de producción y se generó un plan de desmantelamiento para preparar la venta de ese activo”. Este sábado los asociados también deberán votar para aprobar o rechazar la venta de esas instalaciones.
Respecto a la obtención de un nuevo crédito para financiar el funcionamiento de este año, Leonardo Torres señala: “La decisión de endeudarse tiene que estar vinculada con la fortaleza que tenga la entidad. Si ya tiene una deuda superior al patrimonio, siempre va a ser peligroso comprometer a la entidad. Al parecer en esta empresa, me refiero a la cooperativa (Capel), la deuda que existe con contrapartes relacionadas no supera el valor del patrimonio. Pero, un endeudamiento adicional, generaría una relación deuda patrimonio que pudiera ser peligrosa. Pero, eso es un análisis que deben desarrollar los propios cooperados”.
"NADIE CONOCE CÓMO SE PAGAN LOS BONOS”
Las discusiones por los precios de la uva, falta de transparencia y remuneraciones de las gerencias, han sido presentadas por los cooperados al menos desde 2020. Los bonos que se pagan a los empleados administrativos han sido cuestionados en las juntas de socios, en específico los llamados bonos KPI. Personas que conocen el funcionamiento de la cooperativa, que pidieron mantener en reserva su identidad, indican que estos beneficios son una recompensa por desempeño administrativo. La disputa está en que los cooperados indican que no les informan los requisitos para obtener estos bonos y sus montos. CIPER consultó a Capel por la forma en que se calculan estos bonos, sus montos y beneficiarios, pero la cooperativa rehusó facilitar esos datos.
Respecto del monto de los bonos que se pagan a jefes del área administrativa, CIPER tuvo a la vista el Acta Sesión 237, de una junta general de socios, fechada el 3 y 4 marzo de 2022, en la que se registró que el entonces gerente general podía recibir hasta dos sueldos como bono. Los asociados que critican el pago de estos incentivos indican que, por contraste, un cooperado recibe $173 mil mensuales por la venta de su producto, cálculo que considera que el promedio de producción de un socio es de al menos 10.000 kg y el precio que se le paga por kilo de uva es de $208.
Creo que pueden buscar más información en las actas de consejo, si bien la asamblea mandara, las decisiones administrativas se toman en las reuniones de consejo, por lo cual pueden solicitar esta información al consejo y es en esta reunión que el gerente rinde cuentas y hace las rexomendaciones
